(Diario de Ibiza, 8/10/2008)

 La Agencia Tributaria investigaba desde hace al menos un año los movimientos económicos de las sociedades vinculadas con la familia Huerta relacionadas con la promoción inmobiliaria y la ejecución y asesoramiento de proyectos arquitectónicos. Los investigadores apuntan que en un periodo de diez años estas sociedades (seis o siete) han movido más de 12 millones de euros. Los agentes también apuntan que los ingresos de Huerta eran muy superiores a lo que se debería corresponder por su función pública en el Ayuntamiento como arquitecto y la actividad privada que pudiera desarrollar aparte.

EIVISSA | A. FERRER / E. RODRÍGUEZ. Las sociedades vinculadas a la familia Huerta ingresaron más de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) en los últimos diez años, según la investigación realizada durante el último año por la Agencia Tributaria. Se trata de seis o siete sociedades en las que aparecen como administradores o socios el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, su esposa, Rosario Chamorro, o bien el hijo de ambos, Antonio Huerta, y la pareja de éste, Pilar Fernández. Durante la intervención policial iniciada el lunes se han realizado registros en las sedes sociales de estas sociedades y se ha procedido el embargo de cuentas bancarias. La operación se cerró anoche tras la detención de Antonio Huerta Briz y su esposa, Rosario Chamorro, nada más aterrizar en Eivissa. Los dos detenidos fueron traslados desde el aeropuerto al cuartel de la Guardia Civil en Sant Antoni (ver página 4).

El juez argumenta en el auto en el que autoriza los registros e intervenciones de la llamada Operación Pitiusa, que el ex arquitecto municipal tenía unos ingresos muy superiores a lo que le correspondería por la función pública que desarrollaba y la actividad privada que desempeñaba, según se desprende de la investigación realizada por la Agencia Tributaria. De hecho, la operación policial que se inició el lunes se gestó hace más de un año, cuando la Fiscalía de Eivissa pidió al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, una investigación del grupo anticorrupción de la policía judicial de la Guardia Civil de Balears sobre las cuentas y las relaciones comerciales entre las sociedades de la familia Huerta, especialmente entre el ex arquitecto municipal y su nuera, Pilar Fernández. También pidió entonces el registro de las sedes sociales de las empresas.La Guardia Civil pidió la intervención de la Agencia Tributaria, que llevó a cabo la ardua tarea de investigar todas las conexiones financieras de las sociedades en las que figura algún miembro de la familia, como Keltike S.L., cuyo administrador único es Pilar Fernández, Arkimer (Rosario Chamorro y Antonio Huerta e hijo son los socios principales), o Arkirent (Rosario Chamorro es la administradora única y Antonio Huerta padre aparece como apoderado), entre otras, con objetos sociales variados relacionados con la promoción inmobiliaria y la ejecución de proyectos arquitectónicos.

Los proyectos de Fernández

Inicialmente, al ex arquitecto municipal de Sant Josep se le imputaba un supuesto delito de negociaciones prohibidas para funcionarios y otro de tráfico de influencias, pero, según ha podido saber este periódico, también se podrían añadir los de cohecho, delito tributario o falsedad documental, en función de las pruebas obtenidas en el transcurso de la investigación y los registros efectuados entre el lunes y ayer. De hecho, los agentes de la Guardia Civil registraron ayer durante toda la mañana la vivienda de Cala de Bou de los dos detenidos, Antonio Huerta hijo y su pareja. En esta misma dirección tiene su sede social Keltike S.L.

Otro de los argumentos que expone el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa a la hora de justificar la intervención policial es el elevado número de proyectos realizados por Pilar Fernández, la nuera de Huerta, en Sant Josep, poco después de haber iniciado su carrera profesional. De hecho, toda la actividad profesional de la arquitecta Pilar Fernández desde que comenzó a ejercer en Eivissa se ha desarrollado en el municipio donde el padre de su pareja ejercía de arquitecto municipal. En este Ayuntamiento presentó más de medio centenar de proyectos, alguno incluso fue informado favorablemente por Huerta. Varias de estas obras proyectadas por Fernández, además, han acumulado irregularidades en su ejecución, como la promoción urbanística de Cala Molí que invadía un área protegida o un bloque de apartamentos en Cala Carbó que sobrepasaba la altura máxima autorizada. Estas irregularidades, denunciadas por el GEN, provocaron la apertura de una investigación judicial hace tres años, ampliada posteriormente con una denuncia del Colegio de Arquitectos de Balears.

La cámara oculta
El vídeo grabado por un detective con cámara oculta por encargo del Colegio de Arquitectos de Balears puede resultar fundamental en la causa. Huerta dimitió de su cargo en el Ayuntamiento, que ocupaba desde mediados de los 90, poco después de que Diario de Ibiza publicase el contenido de la grabación.

Despacho particular
Los detectives se presentaron en el Ayuntamiento como supuestos promotores urbanísticos interesados en construir un edificio en Cala de Bou. Entonces, el ex arquitecto municipal les invitó a usar los servicios profesionales de su despacho privado: «Bueno... yo lo que os puedo hacer es echaros una mano a través de mi despacho particular»