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El arquitecto de Sant Josep utiliza su despacho público para negocios privados

(Diario de Ibiza, 9/12/2006)

El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, imputado judicialmente por presuntos delitos medioambientales, desvía hacia su despacho particular a empresarios interesados en contratar proyectos de construcción. Aunque la ley considera incompatible simultanear el cargo de arquitecto municipal con actividades privadas en este campo profesional cuando se desarrollan en el mismo municipio, Huerta aparece en una grabación aceptando proyectos para su gabinete privado y participando en otras compraventas, siempre en Sant Josep. En la grabación, el arquitecto admite encargarse de «toda» la gestión de proyectos privados.

Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, redacta proyectos de obras, gestiona contratos de construcción, promueve compraventas de terrenos y realiza todos los trámites necesarios para la edificación de inmuebles y urbanizaciones en el propio municipio del que es técnico municipal, vulnerando así la legislación que prohíbe realizar este tipo de prácticas privadas en el municipio donde desempeña su función pública.

Así se desprende de una grabación de audio y vídeo de dos horas de duración, efectuada en ocasiones con cámara oculta y que capta distintas entrevistas y actuaciones profesionales como arquitecto privado de Antonio Huerta. En este testimonio audiovisual, personas que se hicieron pasar por promotores urbanísticos obtuvieron del propio Huerta su ofrecimiento de redactar, desde su despacho particular, el anteproyecto, el proyecto básico, el de ejecución, la licitación de las obras y la gestión de las mismas para actuaciones urbanísticas en el municipio de Sant Josep. También confirma que se dedica a gestionar la venta de las propiedades.

Estas grabaciones, realizadas por una empresa de detectives para el Colegio de Arquitectos de Balears, que quería investigar la veracidad de las quejas presentadas por diversos colegiados sobre el comportamiento profesional de Huerta, dieron pie finalmente a una denuncia judicial del Colegio contra el técnico municipal.

Los supuestos promotores urbanísticos de la Península entablaron contacto con Huerta al acudir al Ayuntamiento a interesarse por la posibilidad de construir un edificio en una parcela de Cala de Bou. Desde ese primer momento, Huerta les invita a usar los servicios profesionales de su despacho privado: «Bueno... yo lo que os puedo hacer es echaros una mano a través de mi despacho particular», situado en el Paseo Joan Carles I, de Eivissa. Este primer contacto se produce el 8 de abril de 2003.

Posteriormente, el 12 de junio de 2003, el falso promotor y Antonio Huerta se entrevistan en el despacho privado de éste último. Cuando el supuesto empresario le pregunta si su gabinete se haría cargo de la elaboración del proyecto, Huerta no pone reparo alguno a ello ni tampoco advierte de la incompatibilidad legal que le afecta cuando son encargos situados en el municipio de Sant Josep.
Lejos de ello, responde: «Nosotros te hacemos todo lo que es la gestión, si quieres; proyecto, contratación...», y se compromete a tener un precio aproximado en una semana. «Nosotros haremos un coste de lo que es el proyecto y un coste de lo que es la gestión», agrega Huerta en otro momento. Al aclarar en qué consiste la gestión, el técnico de Sant Josep afirma: «La gestión de hacer el concurso entre las empresas constructoras, adjudicación de la empresa, control, seguimiento, certificaciones».

La consulta del fingido promotor se refería a un solar de la zona de Cala de Bou, exclusivamente. Sin embargo, sin que el cliente lo preguntara, el propio Huerta le ofrece de repente otro posible negocio en Sant Josep.

Oferta de Huerta

«Otro tema», tercia Huerta para introducir la cuestión: «Aquí hay unos clientes que también están interesados en vender el paquete completo que tienen» y le sugiere que «sería interesante hablar también con ellos». En concreto, se trata del desarrollo de un solar de 30.000 metros cuadrados en Cala Tarida.

El promotor simula estar «abierto a todo» ante este ofrecimiento y pide más detalles.
Huerta prosigue explicando que dichos clientes «piden 1.000 millones [de pesetas] por él, está en primera línea».

En este lugar se podrían edificar, según Huerta, «80 ó 85 apartamentos» y agrega que «es un cliente que incluso estaría dispuesto también, a lo mejor, a hacer aportación de dinero; es cuestión de hablarlo y ponerse de acuerdo». Poco después agrega: «Ellos te lo venderían con licencia, ¿eh?». «Sí, sí, con la licencia para empezar a construir ya», añade.

Poco después, el supuesto empresario recibe por fax -sin carátula- el listado de trabajos que incluiría la contratación del despacho de Huerta como autor del proyecto. En la firma del documento se lee: «Toni». En el despacho privado del arquitecto de Sant Josep trabaja también su hijo, Antonio Huerta Chamorro.

Visita a Cala Carbó y Cala Tarida

El 21 de julio de 2003 Antonio Huerta y el supuesto promotor, con la intermediación del hijo del arquitecto municipal, conciertan una cita para ir a visitar los terrenos de Cala Tarida. Sin embargo, antes efectúan un recorrido por una urbanización de Cala Carbó que en esos momentos estaba construyéndose, y que podría tratarse del mismo complejo cuya paralización se levantó gracias a un informe del propio Huerta como técnico del Ayuntamiento.

El supuesto empresario pregunta a Huerta, ya en las obras de Cala Carbó: «Todo esto ¿qué es, una promoción que llevan también ustedes ahora?, a lo que el técnico municipal contesta afirmativamente. «Son 22 viviendas», aclara». Tras recorrer uno de los inmuebles y elogiar la calidad de los materiales y la belleza de las vistas hacia es Vedrà, salen de la casa y Huerta señala con el dedo otra promoción contigua, ya terminada: «Este edificio también lo hicimos».

Volviendo a referirse a la urbanización de Cala Carbó, el promotor pregunta a Huerta si él también se encarga de vender viviendas, a lo que éste responde: «Sí, si queréis». «Si lo que hacéis es simplemente, o lo que quieren hacer tus clientes, es colocar un dinero, pues bueno. A partir de ahí, lo que hay que hacer es la venta y la venta se ha hecho desde mi despacho también», en alusión a las obras que están contemplando.

Posteriormente, se dirigen a Cala Tarida, y en los terrenos que ofrece Huerta, éste explica los límites del solar, situado en primera línea de mar, y las virtudes urbanísticas del emplazamiento. Allí aprovecha para dejar constancia de que algunas viviendas del lugar «las construí yo hace años».
Dos juzgados ibicencos investigan a Huerta por delitos urbanísticos

El arquitecto municipal de Sant Josep está imputado en un presunto delito contra el medio ambiente. Los jueces investigan su intervención en Cala Molí y Cala Carbó

Eivissa | J. Ll. F.
Antonio Huerta Briz fue contratado a mediados de la década anterior como arquitecto municipal de Sant Josep -el máximo responsable técnico de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento- para reforzar este área después de que el aparejador, Julio Blanco, hubiera sido inhabilitado por una sentencia judicial, a raíz de su intervención irregular en una obra de escasa envergadura vinculada a su familia en este municipio. La incompatibilidad que le afectaba le mantuvo suspendido de su empleo durante un año.

Sin embargo, en opinión de la oposición, los arquitectos y los ecologistas, el remedio resultó ser peor que la enfermedad, pues Antonio Huerta comenzó rápidamente a acumular denunciar administrativas y, más tarde, penales por supuestas actividades irregulares.

Su nombre ha aparecido vinculado a muchas de las obras ilegales denunciadas y, en ocasiones, paralizadas por las instituciones en Sant Josep.

Sin embargo, las sospechas acerca de su conducta adquirieron dimensiones mucho mayores cuando se supo que Huerta dictaminó favorablemente obras cuyo proyecto firmaba su propia nuera, Pilar Fernández, en varios puntos del municipio. Alguna de estas obras proyectadas por Fernández, además, han resultado estar envueltas en irregularidades, como la de Cala Molí -invadía un área protegida- o un edificio de Cala Carbó -tenía una planta de más-. Además, Pilar Fernández ha desarrollado todos los proyectos profesionales que se le conocen, alrededor de cuarenta, precisamente en el municipio donde su suegro es arquitecto municipal.

Por ello, los juzgados de instrucción números 1 y 3 de Eivissa siguen diligencias penales contra Huerta, su hijo y Pilar Fernández, por delitos de tipo urbanístico y medioambiental.

El arquitecto ya ha declarado como imputado, mientras su nuera lo hará en los próximos días.

2006-12-09 | Etiquetes: | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

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