(Diario de Mallorca, 14/03/2010)

J. F. S. ALCÚDIA. El pleno extraordinario celebrado el viernes en Alcúdia aprobó la demolición de parte de una vivienda denunciada por infracción urbanística en el ámbito de la reserva natural de la Albufereta, situada entre Alcúdia y el Port de Pollença.

La sesión también dio el vistobueno a obligar al propietario de una chatarrería situada entre Alcúdia y el Port a retirar chatarra situada en el exterior de las instalaciones. Al parecer, el caso había sido denunciado por la asociación hotelera de Alcúdia por la "mala imagen" que provocaban los trastos amontonados.

El equipo de gobierno aprobó, con el voto en contra del PP, una relación de facturas extrajudiciales por valor de 42.214 euros.

(Diario de Ibiza, 13/03/2010)

IBIZA | E. R. El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) apoya la decisión de la Fiscalía de renunciar al peritaje solicitado para determinar el posible daño de la construcción de la mansión de Cretu en Santa Agnès sobre el medio natural de la zona protegida para evitar más demoras en la instrucción. Eduard Clavell, abogado del grupo ecologista, recuerda que hace medio año pidió al juez instructor que, ante los problemas para contratar los servicios de un perito, se pidiera este trabajo a la Administración, ya fuera el Ministerio de Medio Ambiente o el Govern balear. Sin embargo, el juez no se ha pronunciado sobre esta cuestión, según explica el letrado.

Al igual que el Ministerio Público, el abogado del GEN considera que se puede dar por cerrada la instrucción de la causa e instar a las partes para que presenten, si consideran probada la comisión de algún delito, escrito de acusación. Eduard Clavell apunta que el juez tampoco se ha pronunciado todavía sobre una diligencia documental solicitada hace «un año, aproximadamente». Se trata del informe que redactó un técnico del Ibanat, que por entonces dependía del Ministerio de Medio Ambiente, tras inspeccionar las obras de nivelación del terreno. El abogado dice que en ese informe, que «parece que se ha perdido», el técnico ya advertía de que «la obra era ilegal».

Este técnico declaró ante el juez en calidad de testigo y, según el abogado del GEN, en su declaración explicó el contenido del informe. Clavell explica, no obstante, que la solicitud de este documento «no es imprescindible» para que el juez instructor pueda dar cerrar la instrucción, ya que, explica, se puede pedir como «prueba anticipada» antes del juicio.

(Diari de Balears, 13/03/2010)

Marc Field, membre del Partit Conservador, realitza presumptament una ampliació de la seva casa sense tenir llicència d’actuació

Magdalena Serra. L'Ajuntament d'Alaró ha obert un expedient de disciplina urbanística contra les obres de construcció d'un annex de quaranta metres quadrats que el polític anglès Marc Christopher Field està realitzant en un habitatge de la seva propietat situat a Alaró. Després de diverses denúncies veïnals, l'Ajuntament es va adonar que Field estava ampliant les dependències sense haver sol·licitat prèviament la llicència d'obres i sense presentar el projecte davant el Consistori.

L'Ajuntament alaroner ja hi ha paralitzat la feina i ha comunicat a l'advocat de Field que disposa de dos mesos per presentar el projecte, perquè els tècnics en urbanisme del Consistori estudiïn si les condicions de l'ampliació de l'habitatge són viables i concedir-li, si és procedent, la el permís d'obres. Field, que forma part del Partit Conservador i és membre del Parlament del Regne Unit representant les ciutats de Londres i Westminster, haurà de fer front a una multa inicial de 150 euros. Si els tècnics consideren que la nova construcció no és vàlida, haurà d'assumir la demolició de l'ampliació realitzada sense permís.

No és la primera vegada que Field du a terme treballs il·legals als voltants del terreny de 4.000 metres en sòl rústic que posseeix a Alaró. El 2007 ja va fer la reforma de la seva residència sense tenir els permisos pertinents.

El parlamentari britànic va reformar una discreta caseta de camp i la va convertir en un xalet de 200 metres quadrats, amb dues plantes i piscina. Per això, l'Ajuntament d'Alaró el va sancionar, però a dia d'avui la construcció ja ha estat legalitzada i disposa del final d'obra.

Joan Simonet, batle d'Alaró, assegura que Marc Field "rebrà el mateix tracte que els altres veïns d'Alaró quan infringeixen les normes municipals. No farem distincions". Des de l'Ajuntament no creuen que Field "sigui el responsable directe de les accions", perquè durant l'hivern viu a Anglaterra, i consideren que tot pot deure's "a un mal assessorament o a una mala gestió per part dels seus advocats".

Alaró és un dels municipis de l'Illa que té, en proporció, més residents anglesos. De fet, dels 5.000 habitants empadronats al poble, aproximadament 500 provenen del Regne Unit, més els que estiuegen al municipi sense estar-hi censats.

(Diario de Mallorca, 12/03/2010)

El alcalde calibra la responsabilidad última de los pagos a afrontar

T. OBRADOR. CAMPOS. En 1994 se iniciaron las obras de construcción de 67 apartamentos que cambiaron radicalmente la imagen de ses Covetes. Trece bloques de edificios situados en primera línea de mar, a pocos pasos del emblemático arenal des Trenc. Miembros del GOB y del PSM se movilizaron en contra, depositaron dinero de sus bolsillos y en 1995 las obras se paralizaron. Quince años después, la promotora afectada, Marina Ernst SL, advierte que llevará el caso al Tribunal Europeo si no se le indemniza.

Recientemente presentó un escrito en el Ayuntamiento reclamando 27,3 millones, en base a una "tasación independiente". Los propietarios de la empresa, unos seis, entre los que se encuentran conocidos rostros, como Sebastià Sagreras, lamentan los "daños y perjuicios" y remarcan que "si no hay acuerdo entre instituciones para pagarnos se llegará donde haga falta, hasta el Tribunal Europeo, y si se gana el pleito se finalizará la urbanización".

Joan Juan, actual alcalde, de Campos pel Canvi, señaló ayer que hay un plazo de seis meses para contestar este escrito. Apuntó que el Ayuntamiento realizará una hoja de ruta para aclarar si Marina Ernst tiene derecho o no a ser indemnizada, así como otros múltiples aspectos como si la empresa cumplió o no estrictamente con la licencia que se le otorgó (entrega de aval, etc).
Según Juan, existen "suficientes argumentos para resolver que el Ayuntamiento no tendrá la obligación de afrontar la indemnización solicitada", si bien se muestra cauto a la espera de conocer la investigación municipal abierta.

En cuanto al complejo y largo proceso judicial, Juan recuerda que la Justicia ya concluyó que la licencia se otorgó mal por el hecho de afectar a zona de dominio público marítimo-terrestre. Así, ´sólo´ falta por resolver lo referente a las normas urbanísticas (NNSS), si los terrenos en cuestión eran o no urbanos. El nuevo pacto CpC-UM optó, a diferencia del PP, por no recurrir más sentencias de ses Covetes, procurando aliviar el delicado estado de las arcas. Hasta la fecha, lo defendido por PSM y GOB se ha ido imponiendo de forma rotunda en contraste de lo mantenido y reiterado por PP y Marina Ernst.

Juan reconoció que, a modo personal, está satisfecho porque se da la razón a PSM y GOB. "La petición de indemnización respalda nuestra postura pero no se tendría que haber llegado nunca a esta situación. Ahora, como alcalde, se intentará encontrar la mejor solución". Del PP, el alcalde lamentó que "no tiene sentido que este partido siga escudándose con la licencia, más de 15 años de pleito han de servir para clarificar que no tenían ni tienen (los conservadores) razón". En esta línea, el GOB pide "que se depuren responsabilidades a los políticos y técnicos".

Versión del PP. ´El Ayuntamiento concedió de forma correcta la licencia´

Margalida Ginard, edil portavoz del PP, en la oposición municipal, manifestó ayer: "Siempre hemos defendido que el Ayuntamiento concedió de forma correcta la licencia, y así lo avalan los informes jurídicos". En cuanto a las millonarias indemnizaciones que reclama la promotora, la número uno conservadora remarcó: "El Consistorio no debe asumirlas, sería el Consell de Mallorca, Govern o Costas". [Nota de Disúrbia: i per què no també la federació balear de patinatge, el bisbat de Mallorca o la Creu Roja?]

(Diario de Ibiza, 12/03/2010)

La instrucción está encallada desde hace un año por la negativa del perito a efectuar la prueba sin una provisión de fondos. El fiscal entiende que las posibles consecuencias de la edificación sobre el medio natural son notorias

IBIZA | E. R. La Fiscalía ha decidido renunciar al peritaje del caso Cretu para evitar más retrasos en el proceso, en el que figuran como imputados el ex alcalde de Sant Antoni Antoni Marí Tur y el músico rumano Michael Cretu, entre otros, y que se prolonga desde hace ya casi siete años.

El Ministerio Público ha optado por pedir finalmente que no se efectúe el peritaje solicitado para determinar los posibles daños sobre la fauna y la flora de la zona protegida (Área Natural de Especial Interés) de Santa Agnès donde se construyó la vivienda porque considera que saltan a la vista y son notorios. La mansión fue derribada por orden judicial a mediados del año pasado. Las otras partes personadas en la causa, entre ellas la defensa del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), que ejerce la acusación popular, deben pronunciarse ante el juez sobre la petición del fiscal.

La instrucción del caso Cretu por la vía penal se encalló hace un año en la tramitación del peritaje solicitado por la Fiscalía, con el apoyo del GEN. El fiscal considera que la edificación de la casa al amparo de una licencia declarada nula por los tribunales podría suponer un delito contra el medio ambiente. Por ello, pidió un análisis de los posibles daños de la construcción sobreel medio natural. La negativa del perito asignado a efectuar la diligencia solicitada sin una provisión de fondos para cubrir los gastos ha demorado el proceso, que ha quedado paralizado en torno a esta prueba pericial.

La gerencia territorial de Justicia informó posteriormente (en agosto del año pasado) al juez instructor, Juan Carlos Torres, que en las causas penales «no se satisfacen los honorarios de los peritos aunque la prueba la haya solicitado el Ministerio Público porque no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta que no recaiga sentencia firme con insolvencia del condenado o en caso de sobreseimiento o archivo». El Ministerio de Justicia justificaba que estos son los dos únicos casos en los que la Administración satisface los honorarios a los peritos y que en cualquier otro supuesto quien debe abonar estos emolumentos es la parte que ha sido condenada al pago de las costas.

Instrucción cerrada

La Fiscalía entiende que la instrucción se puede dar por cerrada y que, por tanto, el juez puede iniciar ya un procedimiento abreviado para que las partes, si lo consideran oportuno, presenten escrito de acusación.

El juez instructor, Juan Carlos Torres, archivó la causa en diciembre de 2006 argumentando la falta de indicios de los delitos denunciados por la Fiscalía y el grupo ecologista GEN (contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y prevaricación) y la prescripción de dos de estos tipos penales. Sin embargo, la Audiencia Provincial obligó al juez a retomar la investigación a raíz del recurso presentado por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento.

(Diari de Balears, 11/03/2010)

Marina Ernst SL ha presentat un escrit a l’ajuntament de Campos en què exigeix una indemnització milionària de gairebé 400.000 euros per cada un dels xalets que es construïren a la famosa urbanització

J. Socies. Ja hi han posat una xifra. Els propietaris de la promotora Marina Ernts SL, declarada en fallida, reclamen al Consistori de Campos una indemnització de 27.324.015 euros pels 69 apartaments de les Covetes. Els promotors han registrat aquesta mateixa setmana un escrit a l'ajuntament en el qual exigeixen aquesta quantia a la Sala pels danys i perjudicis produïts "per l'anul·lació de la llicència". Així mateix, la promotora, que per primer cop fa efectiva la reclamació d'aquesta indemnització, ha presentat la valoració dels terrenys i dels edificis feta pel Colectivo Arquitectos Tasadores SA. L'informe assenyala que el valor actual és de 27.496.058 euros, al qual els promotors descompten 172.043 euros, que equivaldrien al valor dels terrenys. Així el resultat total de la indemnització és de 27.324.015 euros "pels danys i perjudicis ocasionats als titulars de la llicència, en aquest cas l'entitat Marina Ernts SL. Aquestes xifres suposen uns 400.000 euros per xalet.

La Sala

L'Ajuntament de Campos, segons manifestà el regidor d'Urbanisme, Guillem Ginard, "just acaba de rebre la petició de la promotora i el primer que farem serà estudiar aquesta proposta des del punt de vista tècnic i jurídic. Acte seguit, o al mateix temps, el que cal fer és remetre aquest escrit a les altres administracions implicades, com són el Ministeri de Medi Ambient, mitjançant Demarcació de Costes, el Consell de Mallorca i el Govern balear".

De tota manera, tant el regidor d'Urbanisme com el batle de Campos, Joan Juan, allò que volen deixar ben clar és que "l'Ajuntament no pot estar d'acord a abonar aquests 27 milions d'euros. Primer, perquè no els tenim i, segon, perquè significaria hipotecar el poble per a tota la vida".

Ginard també remarcà que amb tota seguretat hauran de ser els jutjats qui determinin aquest contenciós. El regidor d'Urbanisme , a més, deixa enlaire unes preguntes, com "si tenen dret a la indemnització?, quina quantia? i qui l'ha de pagar?". Aquest procés durarà molt de temps i suposa, segons Ginard, "una herència que haurem de resoldre entre tots".

(Diario de Mallorca, 11/03/2010)

Un vecino pide que Anticorrupción llame también a declarar a Sureda

S. SANSÓ. FELANITX. El grupo socialista de Felanitx ha anunciado la presentación de un requerimiento notarial para que la secretaria del alcalde y del PP local, Margalida Sureda, aclare si conoce obras ilegales en la zona de interés paisajístico de es Molins, tal y como publicó ayer DIARIO de MALLORCA.

"Es muy grave que una señora que cobra 2.400 euros al mes en catorce pagas, sin que por el momento conozcamos su trabajo exacto ni sus estudios concretos o experiencia laboral, se dedique a hacer ese tipo de acusaciones", estimó el portavoz del PSOE, Antoni Nadal, "es por ello que pedimos que diga ante notario dónde se encuentran exactamente las infracciones para que se pueda actuar en consecuencia y sancionar a los propietarios".

Por otra parte, el portavoz de la agrupación vecinal de es Molins, señaló también ayer que pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que Sureda sea llamada a declarar, "y pueda contar su versión y todo lo que sabe respecto a las supuestas ilegalidades. Estarán encantados de escucharla".

Cabe recordar que el propio colectivo fue quien anunció el martes que denunciará en breve ante el Consell de Mallorca lo que considera una "construcción claramente ilegal" y que no concuerda "en absoluto" con la licencia de obra menor otorgada el pasado cinco de marzo por el ayuntamiento de Felanitx. La zona de es Molins está declarada como ´paisaje pintoresco´ y en ella sólo es posible emprender obras de reforma. "Lo que hay por ahora edificado es un búnker de dos metros y medio de alto, iniciado hace aproximadamente un mes", recordó la agrupación, que estudia denunciar al alcalde Biel Tauler (PP) por una presunta falsedad documental y por dejar iniciar obras antes de firmar la licencia.

La solicitud de construcción entró en el registro municipal el pasado 23 de febrero, a nombre de Francisco Monserrat, suegro de la secretaria del PP local. Obras que según el informe, tienen un coste de 6.130 euros más tasas.

Por su parte, el líder de UM felanitxer, Antoni Peña, subrayó que "es necesaria más información para conocer si realmente Sureda ha incurrido en una ilegalidad. Si lo ha hecho, está claro que debe pagar como cualquier otro ciudadano".

(Diario de Mallorca, 11/03/2010)

Juristas del Ayuntamiento no descartan que haya que derribar varias plantas

S. SANSÓ. MANACOR. El alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), pretende utilizar el remanente de los presupuestos de 2009 para rehabilitar parte del edificio de Muebles Can Bauçà y trasladar hasta allí el área de Urbanismo, actualmente situada en el viejo claustro de Sant Vicenç. El problema de la finca de ocho pisos de altura, comprada por el propio Ayuntamiento hace cinco años por un importe total de 900.000 euros y cerrada al público desde entonces, es que se encuentra fuera de ordenación y catalogada como "inadecuada", según los juristas del Consistorio.

"Está claro que no podemos afrontar una rehabilitación total, pero sí ir por fases, según el montante de tesorería que tengamos", confirmó Pastor. Aunque todavía es una incógnita, el dinero que puede ´sobrar´ de 2009 estará cerca de la cifra añadida el año pasado, y que puede rondar los 300.000 euros. "Utilizaríamos las primeras plantas para Urbanismo, un área con numerosos problemas de espacio actualmente".

El técnico del ayuntamiento de Manacor, Joan Toni Salom, recordó que Can Bauçà "nació con licencia en su momento, aunque parezca inexplicable, pero con la modificación de normas posteriores quedó fuera de ordenación". De esta manera, cualquier reforma que se plantee sobre los edificios afectados debe ser analizada pormenorizadamente. "Evidentemente no es lo mismo un edificio de viviendas que uno que sirva de almacén de muebles", indicó Salom, quien no descartó que con las Normas Subsidiarias de 1980, que aún rigen la ciudad, se tengan que eliminar varias de sus ocho plantas.

Sin embargo, la posible aprobación del paralizado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), comportaría la demolición de dos plantas pese a establecer que los edificios fuera de ordenación puedan doblar la legalidad de alturas de la zona.

Un año de espera para conseguir una licencia de obra mayor

En la actualidad, el ayuntamiento ´manacorí´ tarda casi un año de media para otorgar una licencia de obra mayor, lo que supone un incremento de cinco meses respecto a los parámetros manejados por el Consistorio en 2008. El regidor de Urbanismo, Bernat Amer, ya advirtió hace unos meses de que después de un año intenso por los distintos proyectos del Plan E, ahora sería el momento para el PGOU y agilizar trámites burocráticos.