(Diario de Mallorca, 9/02/2010)

LORENZO GUTIÉRREZ. ANDRATX. El PP de Andratx ha denunciado que el PSOE local ha efectuado obras sin la correspondiente licencia municipal en su sede ubicada en la calle Escultor Onofre Alemany de la localidad. El portavoz popular, Jaume Porsell, asegura que en la sede socialista "se han efectuado una serie de reformas sin licencia", cuestión que ya se planteó en el pasado pleno ordinario.

En esa sesión, el líder de los socialistas, Xisco Femenias, indicó que no existe un número de expediente urbanístico de las obras porque éstas "no han existido". A su entender, cambiar una puerta metálica por una vidriera y quitar una jardinera móvil "no se considera obra y menos reforma urbanística".

Aun así, el regidor de Urbanismo, Epifanio Méndez (PSOE) indicó que, al conocer los hechos, ordenó paralizar la intervención y someterla a criterios técnicos como medida de precaución.

(Menorca, 6/02/2010)

Los ex empleados de la empresa que trabajó en la reforma de la vivienda en Santandria del ex presidente del PP de Ciutadella aseguran que se realizó la excavación, pero se paralizó cuando estalló el caso Malaya

LL.A.C., Ciutadella. Quieren permanecer en el anonimato, pero no desean que su historia quede silenciada, y por ello han acudido a los medios de comunicación para hacerla pública. Dos ex empleados de la empresa Obres Vinent Juanico denuncian que Avel·lí Casasnovas, ex concejal de Urbanismo de Ciutadella y ex presidente de la agrupación local del PP, intentó construir un chalet ilegal en la finca donde ya se ubica el chalet de su padre en Santandria.

La historia está repleta de curiosidades. Estos dos ex obreros trabajaban en una obra pública, la construcción de una rotonda en Cala en Blanes, cuando se les destinó a tareas de reforma y mejora del chalet del padre de Casasnovas. Ya en la finca, aseguran que el constructor les destinó a tareas de mejora mientras unos metros más allá, en la misma finca, se realizaba una excavación. “El propio constructor nos dijo que era para un chalet para Avel·lí”, explican los ex empleados. Un chalet con una planta de 200 metros cuadrados, planta sótano, planta baja y un pequeño ático cuya superficie rondaría los 500 metros cuadrados, y con una piscina.

Los ex obreros de Obres Vinent Juanico aseguran que las tareas de excavación las realizaba la empresa Valeriano Allés Canet, “y teníamos órdenes de que, una vez acabada la excavación, comenzáramos el encofrado de los cimientos de la futura construcción”, explican los obreros, quienes dudan de que hubiera licencia alguna para esta tarea, como también dudan de que el chalet en sí tuviera permisos. “Vimos los planos del chalet, pero nunca pudimos ver si estaban sellados o no”, dicen.

Las obras de excavación, realizadas entre febrero y abril de 2006, dicen, se paralizaron de golpe cuando estalló en Marbella el Caso Malaya, y fue detenido Julián Muñoz, alcalde de la famosa ciudad andaluza. “No sabemos si fue una coincidencia o no, pero entonces el constructor nos dijo que paraban la obra, que ya se haría más adelante”, explican. De hecho, el agujero de la excavación se tapó, tal y como se puede ver en las fotografías aéreas reproducidas más arriba. En la de 2006 se ven las máquinas trabajando en la excavación, mientras que en la de 2007 se puede percibir cómo la excavación está cubierta de tierra. Cabe recordar que también fue en 2006 cuando estalló en Andratx uno de los casos de supuesta corrupción urbanística más importantes de Balears, y entonces corrió un rumor por toda la comunidad de que serían investigados otros Ayuntamientos, incluso se habló de posibles intervenciones policiales que luego nunca se produjeron.

Los albañiles aseguran tener la certeza de que el chalet estaba destinado a Avel·lí Casasnovas. “Él mismo venía muchas tardes, después del trabajo, a pasearse por la zona, por los algarrobos, y comentaba las obras”, dicen. De hecho, aseguran que la construcción de este chalet no era el único proyecto que tenía el ex concejal en la parcela en cuestión. Explican que en una parte de la misma parcela el ex concejal tenía previsto edificar varias casetas con la intención de alquilarlas.

(Menorca, 5/02/2010)

La resolución, que se publicó ayer en el BOIB, afecta a dos inmuebles que se encuentran en la finca de Ses Penyes y a otro en la urbanización de Es Grau

Redacció. El Butlletí Oficial de les Illes Balears publicó ayer dos propuestas de demolición relativas a inmuebles construidos en la finca de Ses Penyes y en la urbanización de Es Grau dictadas por el Ayuntamiento de Maó. Las resoluciones firmadas por el alcalde Vicenç Tur establecen un plazo de diez días a los afectados para que puedan presentar alegaciones antes de que se proceda a la resolución definitiva del expediente.

En el primer caso se trata de dos viviendas construidas en la finca de Ses Penyes, en el Camí des Pontarró. Se informa mediante el BOIB que en febrero de 2003 se detectó la construcción de dos viviendas sin la correspondiente licencia municipal. La documentación presentada al respecto por el promotor dentro del mismo año no ha evitado que ahora se proponga la concesión de un plazo de dos meses para que proceda a la ejecución de la demolición de las indicadas obras, con el advertimiento de que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Maó.

El caso de Es Grau, se refiere a un cambio de uso de un garaje para pasar a ser utilizado como vivienda. También en 2003 se detecta que el promotor lleva a cabo el acondicionamiento del espacio como residencia sin disponer de la correspondiente licencia municipal. En febrero de 2004 la Junta de Gobierno denegó la petición de licencia de legalización de las obras ejecutadas. Por este motivo, se propone la demolición de las obras a costa del interesado, para lo que se concede un mes al promotor, con la advertencia de que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Maó.

Fuentes del Consistorio comentaron ayer que este paso supone la finalización de ambos expedientes. Además señalaron que las órdenes de demolición son muy pocas al cabo del año, de allí su carácter excepcional.

(Diario de Mallorca, 5/02/2010)

BIEL GOMILA. MONTUÏRI. El Ayuntamiento ejecutará la orden de demolición de cerramiento ilegal de la finca propiedad de Sebastiana Servera Nicolau, en las proximidades del Camí de Ses Rotes de Montuïri. Servera es madre de Miquel Oliver, excoordinador de la oficina de Caza del Consell.

Así lo acordó por unanimidad el pleno celebrado anteayer. De esta forma, será el Consistorio, de forma subsidiaria y con cargo económico a la propietaria, quien dará cumplimiento a la orden de demolición.

Estas obras de cerramiento han consistido en la colocación de una rejilla y unos postes en la zona rústica que invaden un camino público. El proyecto técnico estará redactado en quince días.

(Diario de Mallorca, 4/02/2010)

El político reconoció ante el juez que en 2006 archivó una infracción urbanística de un socio

PEP CÓRCOLES. MURO. Miquel Ramis, que fue alcalde de Muro durante varias legislaturas, presidente y fundador del partido Convergència Democràtica Murera, ha sido condenado a diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. La sentencia condenatoria, emitida por la titular del Juzgado de lo penal número 6 de Palma, es firme ya que el acusado admite los hechos y acepta la pena máxima solicitada por la acusación.

Ayer se celebró el juicio contra Miquel Ramis, aunque éste estuvo ausente. Su abogado, Rafel Perera presentó documentos acreditativos de que Ramis padece una enfermedad grave por la que recibe tratamiento en Barcelona. No obstante, Perera presentó también un escrito, que ya había remitido con anterioridad a la juez instructora. En ese documento su representado se declara culpable de prevaricación.

Aun así, el acusado pedía la pena mínima. Cabe destacar que el fiscal solicitaba siete años de inhabilitación y la acusación particular, que ejercía, Jaume Perelló (UM), pedía diez años.

Los antecedentes

Los hechos que han ocasionado el proceso y la consecuente condena se remontan a 1998. En septiembre de ese año se abrió un expediente por infracción urbanística contra un vecino de Muro y la entidad Construcciones Es Moyà SL. Dicho documento relataba que en 1997 se habían ejecutado obras de ampliación de una vivienda en suelo rústico sin la preceptiva licencia municipal.

Como consecuencia de ese expediente se efectuó una propuesta del instructor en la que pedía una serie de sanciones económicas al propietario y a la empresa constructora. La resolución se notificó en abril de 2005 y posteriormente se desestimaron alegaciones de la propiedad. En ellas, el dueño solicitaba la caducidad y prescripción del caso argumentando que las obras habían finalizado antes de 1997, y que el expediente hablaba de trabajos inconclusos. El celador municipal de Muro emitió un informe ratificando que las obras "estaban en construcción y no acabadas en la fecha de la inspección", según reza textualmente.

Como consecuencia se dictó un decreto de Alcaldía el mes de noviembre de 2005 con una sanción al propietario y al constructor por un importe total de 8.870 Euros.

Construcciones Es Moyà recurrió argumentando que no había sido la empresa que llevó a cabo las obras y que, por tanto, no era responsable de la infracción. Esta entidad era propiedad de los padres de la concejala Catalina Alzamora, del mismo partido que Ramis. El padre de la edil, Jorge Alzamora, era socio entonces del alcalde Ramis en el Hotel Alcúdia Suite.

La prevaricación

A pesar de ello, Ramis, ejerciendo de alcalde, dictó un decreto en abril de 2006 en el que estimaba el recurso del constructor y ordenaba el archivo del expediente. Dicho archivo se hizo en contra del criterio del instructor de los servicios jurídicos municipales y del propio celador. Éste ratificó que el 4 de septiembre de 1997 la empresa Construcciones Es Moyà era la que realizaba las obras objeto del expediente por infracción urbanística.

(Diario de Ibiza, 4/02/2010)

Autocares San Antoni, Voramar El Gaucho y HF Vilás S.L. solicitan la intervención del conseller de Movilidad para que se subsanen las anomalías detectadas en un estudio y «la posible exigencia de responsabilidades»

IBIZA | E. RODRÍGUEZ. Ibizabus, la agrupación de interés económico formada por todas las compañías concesionarias del servicio de transporte regular de viajeros por carretera en la isla, salvo Lucas Costa, ha remitido un escrito al Consell en el que le pone sobre aviso de «las posibles deficiencias e irregularidades» detectadas en la futura estación de autobuses de sa Colomina (Cetis) y le insta a que intervenga para que se solucionen antes de su puesta en marcha.

Las empresas de transporte público acompañan su solicitud con un dictamen elaborado por el arquitecto mallorquín Bartomeu Marc Obrador, que es miembro de la Asociación de Arquitectos Periciales Forenses, en el que pone de manifiesto unas supuestas irregularidades urbanísticas en la autorización y tramitación del edificio del Cetis y el posterior funcionamiento de la estación de autobuses.

Los empresarios advierten al Consell de que hasta que no se subsanen las deficiencias «resulta imposible» el uso de la estación, tanto por razones de seguridad y funcionalidad, como por el hecho de que en tales condiciones «no pueden hacerse responsables de cualquier siniestro o accidente que pueda sobrevenir, como tampoco lo harían las compañías aseguradoras del material móvil y de la responsabilidad civil».

Ibizabus va más allá y pide al conseller de Movilidad, Albert Prats, como autoridad competente sobre este servicio, que «inicie las actuaciones de todo orden que en Derecho son procedentes, tanto para la subsanación de las deficiencias y anomalías que se constatan, como, en su caso, su traslado a los órganos y autoridades competentes para dichas correcciones, así como la posible exigencia de responsabilidades».

Traslado no forzado

Este colectivo, formado por la unión de las empresas Autocares San Antonio S.L., Voramar El Gaucho S.L. y HF Vilás S.L. como el primer paso hacia la unificación del servicio en toda la isla, solicita al Consell que en tanto «no se esclarezcan» y subsanen las deficiencias apuntadas no le obligue a utilizar la nueva estación de autobuses.

Aparte de las supuestas deficiencias urbanísticas en la tramitación de la construcción del Cetis (denunciadas también por un particular en el Ayuntamiento), el dictamen del arquitecto mallorquín señala que «pretender que los autobuses suban y bajen al mismo tiempo por las rampas proyectadas con dos ángulos rectos para entrar y para salir de la estación es una temeridad». En este sentido, apunta que «los autobuses articulados invadirán el carril contrario y no será posible entrar y salir al mismo tiempo, por lo que se tendrá que habilitar un semáforo para las entradas y salidas, lo que producirá atascos en la entrada».

El dictamen señala que otro aspecto que no se ha tenido en cuenta es la situación de los muelles o andenes para subir y bajar de los autobuses, ya que «están diseñados al revés». Así, los pasajeros que tengan que subir y bajar de los vehículos, «lo deberán hacer desde el pavimento de rodadura, con grave peligro de accidentes». Asimismo, apunta que tampoco se ha pensado en la posibilidad de que un autobús se estropee dentro del sótano, «porque el camión-grúa no podrá maniobrar dentro de la estación para sacarlo por la rampa y deberá salir a trozos». De la misma manera, el informe alerta de qué sucederá cuando se produzca un apagón eléctrico. «No funcionarán los semáforos ni las escaleras mecánicas ni los ascensores y las personas discapacitadas no podrán acceder o salir de la estación», indica.

El dictamen

Usos incompatibles
El informe señala que el Cetis incumple la normativa del PGOU, que, según el dictamen, dice que «en las estaciones de autobuses podrán construirse edificios para la atención del usuario, naves de estación y servicios complementarios». «Evidentemente 19.214 metros cuadrados de oficinas y locales no son usos complementarios a una estación de 3.202 metros cuadrados», añade el informe.

Muelles al revés
Los muelles o andenes están al revés, según el dictamen, que indica que «las personas que tengan que subir y bajar de los autobuses, lo deberán hacer desde el pavimento de rodadura de los autobuses con grave peligro».

Rampas de acceso
El dictamen dice que pretender que los autobuses suban y bajen al mismo tiempo por rampas con dos ángulos rectos es «una temeridad». «No es posible que suban y bajen autobuses de 12 metros de largo por rampas curvas de 3,5 metros».

Camión-grúa
No se ha previsto la posibilidad de que un autobús se estropee dentro del sótano, según apunta el dictamen, que advierte de que un camión-grúa no podrá maniobrar dentro de la estación.

(Diario de Mallorca, 4/02/2009)

F.A. PALMA. Tres antiguos funcionarios del ayuntamiento de Andratx, el celador de obras Jaime Gibert, la arquitecta Maribel Seguí, y la administrativa Ángela Hernández, protagonizaron ayer dos careos ante el juez Francisco Pérez, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en dicha localidad. Gibert mantuvo un cara a cara con Hernández y ésta protagonizó también el segundo careo con Seguí.

La prueba se hizo dentro de una pieza separada por la construcción de una vivienda en una zona protegida y propiedad de la pareja de Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde Eugenio Hidalgo. Gibert dijo que él no había emitido un certificado sobre esa finca y Hernández mantuvo lo contrario

(Diario de Ibiza, 3/02/2010)

Los técnicos comprueban que no se trata de la reforma y ampliación de una vivienda existente y que la información que se aporta en el proyecto «no es veraz»

IBIZA | E. RODRÍGUEZ. La Junta de Gobierno de Sant Josep resolvió ayer suspender los efectos de la licencia concedida en septiembre de 2007, con informes técnicos y jurídicos favorables, para la ampliación de una casa payesa en Cala d´Hort e iniciar los trámites para su revisión y anulación dando el correspondiente traslado de la orden al juzgado de lo Contencioso Administrativo. El Consistorio autorizó «la reforma y ampliación» de una casa payesa de Cala d´Hort, con la que la propiedad construyó 616 metros cuadrados más —el cuádruple de la superficie original— distribuidos en siete bloques diferentes (de los que seis semejan bungalows) y una piscina de 100 metros cuadrados, todo ello en una zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, la licencia no obtuvo el preceptivo informe favorable de la Comisión balear de Medio Ambiente.

El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció los hechos, lo que provocó que el Ayuntamiento ordenara la paralización de las obras. Posteriormente, el Consell instó al Consistorio a suspender dicha licencia, ya que constituye «una grave y manifiesta infracción urbanística» y es, por tanto, «de nulidad radical», según el informe técnico de la institución.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ordenó a sus servicios técnicos un nuevo informe, del que se desprende que la información del proyecto que se utilizó para la obtención de la licencia de obra «no era veraz», según explica el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats. «Hemos analizado bien la documentación. Se decía que era una vivienda existente de determinados metros y volúmenes. Hemos hecho un trabajo de investigación con fotografías aéreas existentes y hemos visto que se aportaron datos en el proyecto que no se correspondían con la realidad», explica. Prats señala que ahora los técnicos han comprobado que, en verdad, «no se trata de la reforma y ampliación de una casa existente porque se ha desarrollado nueva construcción», al tiempo que indica que incluso «ni se puede considerar la existencia previa de una vivienda» a tenor de «la definición» de ello del Plan Territorial Insular (PTI). Además, los técnicos han comprobado que los parámetros de construcción, en cuanto a volumen, incluidos en el proyecto tampoco eran correctos.

El Consell dedujo en su momento que la construcción, consistente en siete bloques nuevos dotados cada uno de ellos de dormitorio y cuarto de baño, así como una piscina, tenía la finalidad de poner en marcha un establecimiento turístico en suelo rústico, lo cual requeriría la declaración de Interés general previa por parte de la institución y una evaluación de impacto ambiental específica. Los técnicos del Consell también alertaron del «gran impacto visual» que provoca esta construcción, que ha comenzado a ejecutarse mediante la ejecución de grandes desmontes y el levantamiento de la estructura.