Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Acusan al edil de Urbanismo de Pollença de ocultar infracciones de sus familiares

(Última Hora, 20/07/2017)

E. Ballestero. La concejala de Tots Francisca Cerdà acusa al regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre (Junts), de ocultar información de expedientes de presuntas infracciones urbanísticas cometidas por él mismo y por sus familiares con el «silencio cómplice» del alcalde Miquel Àngel March. Ambos lo niegan.

Tras advertir al Consell de Mallorca de la «inactividad» del Consistorio frente a las denuncias que ella misma ha presentado sobre presuntas infracciones urbanísticas del propio edil de Urbanismo, del padre y del padre del cuñado de este, la concejala advierte ahora de que si no hay respuesta denunciará el caso ante el juez ante la sospecha de que puede haber un delito de prevaricación.

Las acusaciones de Francisca Cerdà, que hace a título personal y no como concejal de Tots, pueden pasarle factura. El edil de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, envió el pasado mes de enero un escrito a la Fiscalía denunciando «coacciones» de Francisca Cerdà, a la que acusa de denunciar obras realizadas en propiedades de él y de sus familiares con el objeto de presionarle para que, a su vez, presione al Consell y evitar la demolición de una vivienda de ella sobre la que pesa una orden de derribo que en estos momentos está recurrida en la vía judicial. Por si el enredo no fuera suficiente se da el caso de que Francisca Cerdà le compró precisamente al padre del cuñado de Cifre la vivienda sobre la que pesa la citada orden de demolición.

Ha sido el propio regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, quien ha confirmado que remitió el escrito al fiscal el pasado enero, seis meses después de que Cerdà pidiera al Consistorio que comprobara si se habían producido infracciones urbanísticas en propiedades del propio regidor Cifre Bennàssar, de su padre y del padre de su cuñado.

De los tres casos denunciados por la edil de Tots, el Ajuntament ha tramitado dos, concretamente el de la propiedad del padre del cuñado del edil de Junts y el del propio edil. En el primer caso se ha ordenado el derribo de la construcción ilegal. En el segundo, tras una visita del celador, el Ajuntament concluyó que no había infracción en la vivienda del regidor de Urbanismo, informan técnicos de la casa.

En el tercer caso, el del padre del regidor de Urbanismo, el Consell se ha subrogado las competencias porque «el Ajuntament no ha acreditado que esté actuando», informan fuentes de la Agència de Disciplina. Las mismas fuentes explican que «la Agència iniciará el procedimiento sancionador y de restitución» siguiendo el orden de prioridades habitual que da preferencia a los expedientes a punto de caducar o que están en suelo de máxima protección. No es el caso.

Santa Eulària denuncia a los dueños del Polvorín por desobediencia

(Diario de Ibiza, 19/07/2017)

El Ayuntamiento presenta un escrito en Fiscalía en el que acusa a los responsables de no acatar la orden de cancelar el encuentro de chamanes

José María Alonso. Santa Eulària presentó ayer una denuncia en Fiscalía contra los responsables del Polvorín de Santa Gertrudis por la presunta comisión de un delito de desobediencia, ya que no acataron la orden municipal de suspender la reunión de chamanes que se celebró en estas instalaciones entre el jueves y el domingo pasados, informó ayer el Consistorio.

Un día antes del encuentro se presentaron en el Polvorín varios técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària, así como algunos agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Tras la inspección, el Consistorio anunció que abrirá un expediente urbanístico porque, según observaron los técnicos, en el lugar se están realizando algunas obras sin licencia. Además, dio orden de cancelar la reunión de chamanes prevista para los días siguientes. Como los responsables no acataron esta orden, el Ayuntamiento les ha denunciado en Fiscalía, la cual se incorporará al expediente urbanístico una vez que esté cumplimentado, añadieron desde Santa Eulària.

«Estamos sorprendidos con la visita del Ayuntamiento y demás autoridades, ya que sentimos que han llegado con una predisposición hacia nosotros, pensamos que nos juzgan por sucesos anteriores totalmente ajenos a los objetivos de este encuentro, que es un ejemplo de vida al cual deberíamos dar la bienvenida», dijo Alejandro Lozano, administrador del Polvorín.

Lozano explicó que tomaron la decisión de no pedir permiso al Consistorio para organizar la reunión de líderes espirituales porque, a su entender, no lo necesitaba. «El derecho de reunión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución», subrayó Lozano, quien, además, piensa que el Ayuntamiento no ha justificado la orden de suspender la reunión.

En ese encuentro de líderes espirituales participaron representantes de numerosos pueblos indígenas americanos, así como conferenciantes como Jeremy Narby, Charles Eisenstein y Daniel Pinchbeck, autores mundialmente reconocidos en materia de culturas indígenas y comunidades alternativas, según explicó el propio Lozano.

Sant Joan: fin a un poblado «ecológico» en Sant Miquel

(Diario de Ibiza, 18/07/2017)

Sant Joan ordena el desalojo de las ocho personas que actualmente viven en el terreno

josep àngel costa. La picaresca creada por el elevado precio de la vivenda en Ibiza genera también ofertas de alquiler en el mercado negro de pretendida voluntad ecológica y de fomento de estilos de vida acordes con la naturaleza. Esta es la explicación que esgrimen los moradores de un asentamiento ilegal junto al torrente de Sant Miquel, que llevan una semana incumpliendo la orden municipal de desalojo y retirada de los residuos allí acumulados.

El sueño de un grupo de jóvenes de crear un modo de vida alternativo y ecológico en plena naturaleza, junto al torrente del Port de Sant Miquel, llega a su fin. O tal vez lo que tenga los días contados es un negocio de alquiler de un terreno para caravanas y tiendas de campaña, auspiciado por la falta de vivienda en Ibiza.

En cualquier caso, el asentamiento, que se ha ido levantando sobre una pequeña elevación en el torrente del Port de Sant Miquel, se enfrenta a una resolución de alcaldía que, a raíz de una inspección de la Policía Local de Sant Joan, ordena que el campamento sea evacuado y se retire todo el material de desecho que en él se ha acumulado para levantar cabañas, corrales, huertos, sombrajos y almacenes. Pero el plazo para abandonar la zona acababa la semana pasada y sus moradores ni se han presentado en el Ayuntamiento ni han facilitado ningún documento que acredite que cuentan con permiso o alquiler que avale su estancia en el lugar.

El terreno en cuestión es un pequeño solar de unos dos mil metros cuadrados, «dos feixes sin agua» que vendió un payés ya fallecido y cuyo actual propietario no pudo edificar con licencia legal al ser terreno rústico. A partir de marzo, un grupo de hasta ocho personas levantó unas tiendas de campaña, que poco a poco se fueron ampliando con cabañas sostenidas por maderas, palés y toldos, a las que se añadieron caravanas.

Anuncio de alquiler

A la vez, en la página de Facebook 'Ibiza Alquiler Venta Cambio Trabajo' aparecía este anuncio: «Alquilo trozo de terreno con agua asta (sic) el mes de julio con furgoneta o tienda».

El solar carece de agua, pero un vecino da permiso para que se abastezcan con garrafa. A las doce del mediodía de ayer, allí sólo se encontraban un perro, algunas gallinas y un turismo junto a todos los habitáculos improvisados con muros de palés, entre los que se divisaban numerosas maletas. Esparcidas por todo el solar, toneladas de material. Parece una chatarrería o un vertedero al aire libre.

«Es gente muy maja, en plan buscavidas, me he encontrado con uno de ellos ahora en el supermercado del pueblo», califica una vecina de la zona a sus habitantes. Otro, Joan des Turs, dice que nunca le han causado «ningún problema, hasta ahora, aunque la verdad es que lo que han montado duele a la vista». Añade que no sabe cuánta gente vive allí, pero que alguna tarde se pueden juntar «una quincena de personas con las furgonetas, pero no hacen ruido».

En Sant Miquel, poca gente parece conocer este asentamiento («eso es yendo al Port»). A la una del mediodía también se encuentra en el asentamiento una furgoneta de una empresa de suministro de material eléctrico, abierta en Ibiza el pasado mes de abril. Un joven asoma su cabeza entre el hueco de un palé y una lona y atiende amable pero apresuradamente («estoy haciendo la comida y debo volver a trabajar en 20 minutos», se justifica).

Se niega a dar su nombre ni a participar en una entrevista («el tema de la vivienda es muy miserable en la isla y estas noticias nos perjudican», argumenta»). No quiere facilitar datos de cuánta gente vive en el asentamiento, admite que pagan «muy poco alquiler» por el terreno (unos 400 euros, según dos vecinos) y asegura que su intención era crear y fomentar «un sitio de vida ecológico y alternativo».

«Como no podemos y nos dan muchos problemas, nos vamos» asegura, además de negar que vivan allí: «Sólo venimos aquí a reunirnos y a cuidar nuestro huerto y a los animales, vivimos en Santa Eulària», relata.

Otros vecinos confirman que allí han vivido regularmente ocho personas y que la furgoneta que ha llegado al mediodía «vuelve todas las tardes y no se va hasta la mañana». En el campamento también se observan numerosos utensilios y pistas de actividad cotidiana, como pilas de vajillas y ollas limpias, tendederos con ropa, motores, una piragua en buen estado, una barbacoa con carbón e incluso una lavadora. El huerto, pequeño y no muy cultivado, se encuentra en buen estado, al igual que las gallinas que hay en un pequeño corral. Los vecinos de la zona consultados explican que la pequeña granja de este asentamiento con voluntad alternativa y ecológica también contaba con ovejas.

Ahora, el Ayuntamiento sigue adelante con el expediente para que la zona quede libre de nuevo y se retire todo el material.

«Es más fácil infringir la ley que echarlos fuera»

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ayer se recalcó que, avisados por los vecinos del levantamiento de este asentamiento y una vez presentadas las denuncias, envió una patrulla de la Policía Local para inspeccionar el terreno y abrir el preceptivo expediente. Una resolución de alcaldía dictaminó que los responsables del campamento no sólo debían abandonarlo, sino también retirar las toneladas de material que allí se han acumulado a lo largo de los últimos cinco meses.

Sin embargo, y pese a que el plazo de la orden venció la semana pasada, el campamento sigue en pie y con inquilinos. Desde el Ayuntamiento, ayer se recalcaba que el expediente continuaba en vigor y ahora cabrá determinar las normas que han infringido al no cumplir con la orden de abandono y si el caso puede derivarse a fiscalía. «Es más fácil infringir la ley que echarlos fuera del terreno», lamentaba ayer un portavoz.

Sant Josep: el Colegio de Arquitectos fuerza la reapertura del caso Huerta

(Diario de Ibiza, 15/07/2017)

La Audiencia estima el recurso y ordena que se le dé traslado para que, si lo estima, presente escrito de acusación

Eugenio Rodríguez. La Audiencia Provincial ordena la reapertura del caso Huerta después de estimar el recurso de apelación del Colegio de Arquitectos de Balears contra el archivo de la causa. Según avanzó ayer el digital Noudiari, el tribunal obliga a dar traslado de la causa a los arquitectos, que ejercen la acusación particular, para que presenten escrito de acusación contra las personas investigadas o pidan el archivo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza decretó el archivo del caso del difunto Antonio Huerta, exarquitecto municipal de Sant Josep, después de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento. Inicialmente, el Ministerio Público sostenía que el exarquitecto municipal dirigía supuestamente una trama, aprovechando su condición de funcionario, para monopolizar los proyectos arquitectónicos que se ejecutaban en Sant Josep. También figuraban como investigados la esposa de Huerta, su hijo y la que era entonces su nuera, entre otras personas, como el exconcejal de Urbanismo Josep Marí Ribas, Reganes. La que era pareja del hijo de Huerta firmó 52 proyectos en el municipio de Sant Josep en un periodo de seis años.

La Fiscalía justificó la petición de archivo en la falta de pruebas y algunos «errores» en la instrucción. La jueza dio carpetazo al caso sin esperar a conocer la posición del Colegio de Arquitectos.

El juzgado trasladó a este colectivo el pasado 21 de noviembre la petición de la Fiscalía al objeto de que se sumara a esta o bien presentara escrito de acusación. Sin embargo, el letrado que defendía los intereses de los arquitectos renunció al caso el 2 de diciembre sin haberse pronunciado, aunque en ese momento solicitó la suspensión del plazo para calificar la causa hasta que los que habían sido sus clientes contrataran a un sustituto. Pese a ello, la jueza siguió adelante y archivó la causa. Los arquitectos presentaron un recurso (la nueva defensa se formalizó seis días después de que se decretara el sobreseimiento), pero la jueza lo desestimó. Ahora, la Audiencia considera que la jueza debería haber sido «escrupulosa en extremo» a la hora de velar por los derechos de la acusación particular y le obliga a reabrir el caso.

Santa Eulària abre expediente por infracciones urbanísticas en el Polvorín

(Diario de Ibiza, 14/07/2017)

El Ayuntamiento también ha prohibido la celebración de un evento de carácter «espiritual» que la propiedad estaba organizando

josé maría alonso. El Ayuntamiento de Santa Eulària ha abierto un expediente por posibles infracciones urbanísticas en el Polvorín de Santa Gertrudis, y también ha prohibido la celebración de un acto que estaba previsto realizar en este lugar. Por su parte, Alejandro Lozano, uno de los organizadores del acto, dijo que «el ejercicio de derecho de reunión está recogido en la Constitución y no precisa de autorización ni de licencia de actividad». Lozano añadió que presentarán alegaciones en el Ayuntamiento Santa Eulària en este sentido. Explicó también que el acto que están organizando consiste en una reunión de «líderes espirituales que han venido desde muy lejos para rezar por la paz en el mundo y la madre tierra».

Ayer por la mañana, personal de los departamentos de Urbanismo y Actividades del Consistorio, así como de la Policía Local y una representación de la Guardia Civil, se presentaron en el Polvorín.

Durante la inspección, informaron desde el Ayuntamiento, estuvieron acompañados por un representante de la propiedad. El objetivo de la inspección era comprobar si las denuncias de obras y actividades no permitidas formuladas por los vecinos ante el Ayuntamiento eran ciertas.

A raíz de esta revisión, el Ayuntamiento ha decretado «la suspensión de la actividad prevista en el interior de la parcela y la incoación de un expediente urbanístico por las irregularidades detectadas, además de requerir a la propiedad que impida el uso como residencia de las edificaciones».

El Ayuntamiento añadió que, aunque la comisión inspectora no pudo acceder a todas las dependencias, ya que la propiedad alegó que son edificaciones alquiladas a terceros y que no disponía de llaves, «lo que observaron fue suficiente para decretar una medida provisional de prohibición de cualquier actividad, de manera que queda totalmente imposibilitada la celebración del evento que la propiedad reconoció que estaba preparando». En caso de no respetar esta prohibición, el Ayuntamiento denunciará por desobediencia a la propiedad y considerará este hecho un agravante en la tramitación del expediente.

Los inspectores también constataron y documentaron la realización diferentes obras e instalación de viviendas desmontables ( tipis y tiendas), por lo que se abrirá también un expediente de infracción urbanística.

El Consistorio de Sóller, multado con 75.000 euros por anular una licencia

(Diario de Mallorca, 13/07/2017)

El Ayuntamiento suspendió el permiso de obras de reforma de la antigua fábrica de tejidos de Can Bac

J. Mora. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ha condenado al ayuntamiento de Sóller a abonar una indemnización de 75.000 euros a una empresa promotora por retirarle la licencia de obras que previamente le había concedido para rehabilitar un edificio y transformarlo en viviendas. Poco después de que las obras de reforma comenzaran, el ayuntamiento revocó el permiso de obras. [Nota de Disúrbia: això no es tracta de cap multa, sinó d'una responsabilitat patrimonial pels danys causats a conseqüència d'haver concedit incorrectament la llicència]

De acuerdo con la sentencia dictada por Juan Francisco López de Hontanar, el tribunal da por buena la reclamación patrimonial que interpuso la sociedad mercantil Arquitor Sur de Promociones contra el ayuntamiento, que le fue desestimada por silencioadministrativo.

Antigua fábrica de tejidos

Esta sociedad la presentó en junio de 2009 poco tiempo después de que el municipio le paralizase las obras de remodelación que estaba ejecutando en la antigua fábrica de tejidos de Can Bac.

Las obras se realizaban de acuerdo con la licencia concedida, pero el ayuntamiento anuló el permiso y ordenó su suspensión al percatarse que no podía otorgar la autorización municipal de acuerdo en lo previsto en el plan general.

Después de revocar la licencia, los afectados presentaron una reclamación contra el ayuntamiento pidiendo una indemnización de 75.000 euros que le fue denegada por silencio administrativo. Por ello, la promotora acudió a los tribunales que han terminado por fallar a su favor.

La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Cambio de alineación

El punto de partida del conflicto urbanístico fue un cambio en la alineación de los edificios, algo que para los técnicos municipales era incompatible con la licencia concedida.

El batle de ses Salines es compromet a fer tomar totes les obres il·legals

(Ara Balears, 11/07/2017)

Roig: "No vull anar a la carretera de Sóller. La regidora Maria Bonet està imputada per no voler firmar"

Miquel Barceló. El batle de ses Salines, Bernat Roig (Endavant), s'ha compromès a aplicar la disciplina urbanística i a signar totes les ordres de demolició que calguin "per no acabar a la carretera de Sóller", en al·lusió a la presó. Aquesta és la resposta donada, en el ple d'aquest dilluns vespre, a l'Associació de Comerciants, que li preguntà sobre la tramitació d'expedients d'infracció urbanística i l'instà a complir la paraula firmant per ordre la primera obra amb sentència de demolició que hi ha a ses Salines.

Roig insistí que firmarà tots els expedients d'acord amb la resolució que proposin els serveis municipals competents, a la qual cosa el president dels comerciants, Xisco Garí, etzibà que "tal vegada te n'hauràs d'anar a ca teva, perquè no te la tomin". Aquest fou el punt de màxima tensió d'un ple en què els comerciants es queixaren també de la falta d'homologació dels contenidors que l'empresa concessionària de recollida de residus facilita als establiments que manipulen aliments, "cosa que ens posa en situació de ser sancionats per Consum", segons Garí.

La problemàtica urbanística ha generat en els darrers anys llargues polèmiques en els respectius consistoris. El batle actual, en declaracions a l'ARA Balears, recordà que l'exbatlessa i regidora del PP Maria Bonet "està imputada per no voler firmar" una demolició i es reafirmà en la determinació que ell firmarà els expedients urbanístics d'acord amb el que explicitin els informes relatius a sancions i demolicions. Cal recordar que l'Ajuntament de ses Salines està sota la lupa de la Fiscalia arran d'una denúncia posada per l'exarquitecte Toni Campins, que segueix el curs judicial.

Quant a la sentència del president dels comerciants saliners amb què digué al batle que se n'hauria d'anar a ca seva per evitar que la tomin, Bernat Roig va dir: "Jo no tinc cap propietat". Pel grup de govern progressista, les paraules de Xisco Garí tenien un accent amenaçador i anunciaren que estudiaran el contingut de les seves manifestacions.

Que l'Associació de Comerciants i l'equip de govern no es duen bé quedà demostrat pel reconeixement públic del batle quan es reafirmà que a l'associació "són pocs", referint-se al nombre de socis. "Representam comerços i empreses amb 400 treballadors", li remarcà Garí, que després acusà el grup de govern "d'anar contra el progrés del municipi".

arí també acusà el batle "de mentir al poble" quan Roig assegurà que l'aplicació de la taxa de recollida de fems com a establiment turístic a les cases vacacionals, amb recàrrec de tres anys enrere, havia estat iniciativa de l'Agència Tributària de Balears (ATIB). "Vàreu ser vosaltres qui demanà que s'aplicàs la taxa", subratllà Garí, i Roig el convidà a presentar-li la persona que li havia assegurat tal cosa, després de reconèixer que membres de l'equip de govern sí s'havien reunit amb l'ATIB abans que aquesta passàs al cobrament de la taxa.

Moció de censura, fora de l'agenda de l'oposició

Des de l'Associació de Comerciants de ses Salines es va demanar al PP (5) i al grup El Pi (4) si "en un acte de responsabilitat" feien comptes presentar una moció de censura. Joan Rodríguez (PP) i Tolo Salvà (El Pi) contestaren que de moment no es preveu un escenari de canvi de govern i que, per tant, Endavat (4), una amalgama de forces d'esquerra i independents, continuarà al capdavant de la gestió municipal amb una dèbil minoria, 4 de 13 regidors que integren el Consistori.

Dimissió del portaveu d'El Pi

De manera sorprenent, aquest dimarts dematí, el portaveu d'El Pi, Tolo Salvà, ha presentat la dimissió com a regidor per "donar pas a gent nova que pugui fer front de la millor manera possible al nou rumb que necessita l'Ajuntament". Tolo Salvà fou primer tinent de batle fins al novembre del 2016, quan Bernat Roig expulsà els quatre regidors d'El Pi del grup de govern, al·legant desconfiança i incompliments d'acords de governabilitat. A Tolo Salvà li corresponia ser batle a partir de la segona meitat de l'actual mandat municipal. Darrerament se'l situava dins el corrent contrari a la moció de censura. En dimitir, Salvà deixa clar que l'Ajuntament necessita "un nou rumb" que ell s'havia negat a apuntalar.

2017-07-11 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

La agencia de disciplina logra ya aglutinar a una tercera parte de los municipios

(Diario de Mallorca, 1/07/2017)

El consejo de dirección aprobó ayer la adhesión de los ayuntamientos de Campos y Fornalutx

S. Sansó. El consejo de dirección de la Agència de Defensa del Territori, dependiente del Consell de Mallorca, aprobó ayer la adhesión de los municipios de Campos y Fornalutx (ya aprobada por los plenos de ambos ayuntamientos y por unanimidad de sus concejales) para que sea la administración insular quien se encargue de la disciplina urbanística en sus espacios rústicos.

Además la Agència dio su visto bueno a diez nuevas órdenes de demolición de obras ejecutadas sin licencia en Mancor de la Vall, Andratx, Algaida, Montuïri, Marratxí y Son Servera. Entre ellas, la demolición de una vivienda de 130 metros cuadrados levantada en una parcela de unos 3.000 m2 en suelo rústico, protegido como ARIP del municipio de Mancor de la Vall, muy lejos de los 50.000 metros cuadrados requeridos por la normativa.

Asimismo con la cesión hace una semana de la disciplina urbanística de Capdepera y Llubí, la Agència ha casi triplicado ya los ayuntamientos adheridos en el último año y medio de legislatura, y ya son un tercio de los municipios de Mallorca lo que confían en la institución. En las próximas semanas. Actualmente ya son veinte los municipios mallorquines que lo han hecho.

Muchos de ellos, como es el caso de Campos, se muestran especialmente satisfechos de poder descargar parte del trabajo de las áreas de Urbanismo, para centrarse más en el ámbito del núcleo urbano.

2017-07-01 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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