Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Santa Eulària: protesta ecologista en Tagomago

(Diario de Ibiza, 15/90/2014)

El GEN exige al Ayuntamiento y al Consell que pidan la ejecución de la sentencia que obliga a demoler el quiosco

j. ll. ferrer | tagomago. Una veintena de activistas del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) y del colectivo Tagomago Parc Nacional desembarcaron ayer en este islote de Santa Eulària para exigir en rueda de prensa la demolición del quiosco allí existente, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en 2004. Los ecologistas pidieron al Ayuntamiento de Santa Eulària y al Consell de Ibiza que soliciten a los juzgados «la inmediata ejecución de la sentencia que obliga a demoler el quiosco, al ser ilegal y no estar amparado en ninguna normativa».

«Solo de esta manera se conseguirá garantizar que no habrá un beach club en el islote en un futuro cercano; confiar en otras posibilidades para impedirlo es un ejercicio totalmente ingenuo», señala el manifiesto que leyó el GEN en el islote. El propietario de Tagomago, el empresario inmobiliario Matthias Khün sostiene que no existe ninguna obligación de demoler, como demuestra la concesión del quiosco otorgada por la Demarcación de Costas.

La comitiva ecologista se reunió sobre las diez de la mañana en la playa de Pou d’es Lleó para embarcar en tres lanchas y una decena de kayaks, que pusieron rumbo al islote, en cuyo muelle desembarcaron sin ningún incidente.

Los promotores mostraron a los periodistas la ampliación sufrida por esta instalación así como los bloques sumergidos casi a nivel de superficie que impiden el amarre de barcas en la cara exterior del muelle; la propiedad niega la ampliación y dice que se han limitado a reparar el muelle y que los bloques no los colocaron ellos y que llevan años allí. A continuación los participantes pasaron al lado del quiosco, que a esas horas no presentaba actividad alguna, y luego se encaminaron por la carretera hacia el faro, situado en el extremo más meridional. Sin abandonar en ningún momento terrenos de titularidad pública, los ecologistas desplegaron en el faro una pancarta con el lema ‘Tagomago per al poble de Ibiza’, el mismo que había usado el GEN en 1984 cuando ya realizó un desembarco parecido para protestar por la construcción de la actual vivienda.

Retirada de las boyas

En el manifiesto que leyó el presidente del GEN, Joan Carles Palerm, se pide también «la retirada de las «mal llamadas boyas ecológicas» que se han instalado en la bahía de Tagomago», por el daño que causan a la posidonia y la privatización «de facto» de este espacio. Asimismo, reclaman «la denegación por las instituciones, ahora y en el futuro, de cualquier petición que hagan los explotadores de este islote para cualquier uso o actividad que vaya en contra de la preservación de los valores naturales del islote». «Ningún otro fondeo, ni solarium, ni plataforma flotante, ni quiosco, ni nada parecido debe volver a ser tramitado jamás en Tagomago», afirma el manifesto.

Aparte de solicitar a la Fiscalía de Ibiza «la contundencia que no ha demostrado hasta ahora» en este asunto, piden la «máxima severidad» a los jueces que tramitan las denuncias penales sobre Tagomago.

Más rotundo se expresó el GEN al referirse a Khün: «Pedimos que sencillamente se vaya de Tagomago y de Ibiza si no es capaz de convivir en armonía con los valores naturales de los que está rodeado y si continúa mostrando una actitud prepotente e intolerable».

De hecho, el empresario alemán hizo acto de presencia cuando la protesta ya finalizaba. A la altura del quiosco, interceptó a los periodistas que bajaban por el camino hacia la lancha para regresar a Ibiza. Al tiempo que fotografiaba a todo el grupo con una cámara, les exigía que se identificaran, a lo que se negaron los informadores recordando que estaban en zona de dominio público. También afirmaba Khün que por el camino asfaltado del faro tampoco se podía transitar. Empleados del empresario advirtieron a los ecologistas de que serían denunciados «por haber entrado en una propiedad privada», acusación que los responsables del GEN negaron categóricamente alegando que en todo momento pisaron suelo público.

Fiestas nocturnas

El presidente del colectivo vecinal Tagomago Parc Nacional, Lluís Ferrer, aseguró que «las fiestas nocturnas han continuado celebrándose en el islote» desde que se tuvo lugar el concierto en la vivienda el 27 de agosto. También afirmó que los despegues y aterrizajes del helicóptero que suelen usar Kühn, su pareja y sus invitados son «constantes» durante los meses de verano. Según dijo, utilizan para aterrizar en Ibiza un descampado que hay junto a la torres d’en Valls, enfrente del islote.

Precisamente, estas actividades y el ruido que causan es motivo de preocupación para el GEN, por los daños que puede causar a la colonia de halcones de Eleonor de Tagomago, «la tercera colonia más importante de España» en número de individuos, unos 200, según afirmó el presidente de la entidad ecologista, Joan Carles Palerm, y uno de los valores científicos del islote.

El biólogo recordó que actualmente «el halcón está en plena época de nidificación» en Tagomado y señaló que estos ruidos ahuyentan a las aves de sus nidos, con lo que pueden tirar los huevos fuera de forma accidental, perdiendo así muchos polluelos. «Cada vez que despega o aterriza el helicóptero puede perderse algún huevo», afirmó Palerm, quien consideró que por este motivo ya se está reduciendo la población de halcón de Eleonor en Tagomago.

Sant Antoni paraliza las obras ilegales de una vivienda situada en una ANEI

(Diario de Ibiza, 13/09/2014)

redacción | ibiza. El Ayuntamiento de Sant Antoni ordenó ayer la paralización de las obras de una vivienda particular de Sant Mateu situada en suelo rústico protegido de un Área Natural de Especial Interés (ANEI) ya que no se ajustaba a la licencia concedida, según comunicó el Consistorio.

La finca se encuentra en unos terrenos de Sant Mateu calificados por el Plan Territorial Insular (PTI) como suelo rústico protegido. Además, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni califica la superficie donde se estaba construyendo como un suelo no urbanizable con la clasificación de forestal en paisaje protegido.

Los técnicos municipales llevaron a cabo el pasado jueves una inspección en el lugar durante la cual comprobaron que se habían realizado una serie de obras sin ajustarse a la licencia concedida por el Consistorio. Ayer, un día después, el Ayuntamiento procedió a notificar a la propiedad la orden de paralización de esos trabajos.

Sant Josep: el Consell se escuda en que la sentencia de ses Salines no cita la palabra «derribo»

(Diario de Ibiza, 11/09/2014)

La sentencia confirmó que la vivienda se construyó ilegalmente en suelo no edificable y no es legalizable

j. ll. f. | ibiza. El Consell de Ibiza matizó ayer que la sentencia recaída en su día sobre la obra de Skaren SA en ses Salines no afirma expresamente en ningún momento que la obra deba ser derribada, si bien se confirma su ilegalidad, dado que está en suelo no edificable, y además, según otros informes del propio Consell, no puede ser legalizada por encontrarse en terreno protegido.

En estas condiciones, el GEN considera que legalmente la vivienda no tiene otra salida que la demolición, pero el Consell se apresuró en un comunicado a marcar distancias respecto a esa posibilidad, aferrándose a la literalidad de la sentencia.

En la nota, la institución insular dijo que el juzgado de lo contencioso de Palma de Mallorca no puede haberle solicitado en ningún momento que informe de las actuaciones que ha realizado para cumplir la «sentencia de derribo», puesto que dicho fallo, de 2002, no especifica literalmente la obligación de demoler.

«La sentencia no establece el derribo de la vivienda, sino la anulación parcial (y confirmación del resto) del acuerdo de la Comisión Insular de Urbanismo que denegaba el expediente de legalización», afirma la misma nota.

Ese acuerdo de la Comisión desestimó la pretensión de la promotora de legalizar la casa. Una de las razones usadas por el Consell (la altura de la vivienda) fue desestimada, pero la otra (ser suelo inedificable) fue aceptada, con lo que la legalización fue rechazada.

El GOB diu al jutjat que Andratx fa el sord i no toma 24 xalets

(Ara Balears, 11/09/2014)

L’Ajuntament ha de complir la sentència que n’anul·là la llicència

JAUME PERELLÓ. Tal com s’esperava, els promotors dels 24 apartaments declarats il·legals per la justícia a Cala Llamp, amb piscina i aparcament inclosos, i als quals la Fiscalia atribueix una relació directa amb l’exbatle Eugenio Hidalgo, no han complit el mandat d’enderrocar-los.

El demandant del cas, el GOB, ha presentat un escrit davant la justícia en el qual recorda que l’Ajuntament de la localitat, ara presidit per Llorenç Suau (PP), tampoc ha fet allò a què s’havia compromès, que no era altra cosa que assumir-ne la demolició subsidiària. En un document presentat al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma, que vetla pel compliment de la sentència, l’Ajuntament d’Andratx assegura que “el termini de set mesos per executar de manera voluntària la demolició per part dels propietaris comença a comptar el 7 de gener de 2014 i finalitza el 7 d’agost de 2014. Si arribada aquesta data no s’ha executat de manera completa la demolició, l’Ajuntament d’Andratx iniciarà tot d’una l’execució subsidiària”.

Segons el denunciant, l’Ajuntament ha actuat amb total “manca de sinceritat”, ja que segons còpia de l’ofici municipal que s’ha aportat al jutjat, de data 17 de desembre, el Consistori ja es va comprometre que si els propietaris feien el sord, ell actuaria subsidiàriament, no només pel que fa la demolició, sinó també quant a “la restitució completa dels terrenys a la situació anterior a l’inici de les obres”.

L’entitat ecologista assegura que la sentència de l’any 2009, confirmada el 2011 pel Tribunal Superior de Justícia, que va anul·lar la llicència, ja indica clarament que l’Ajuntament està obligat a dictar “totes les actuacions necessàries per a la restauració de l’ordre urbanístic infligit”. A més, afegeix que, si és necessari, s’encarregarà de “les obres de demolició”.

El demandant recorda en el seu escrit al jutjat contenciós la gran quantitat de casos en què els ajuntaments han decidit ignorar les ordres de demolició, sovint amb el mateix argument de la inacció dels propietaris, quan precisament els magistrats ja preveuen aquesta circumstància i decreten que sigui el consistori el que assumeixi subsidiàriament la conseqüència d’haver atorgat una llicència irregular, com és el cas.

És allò que el ha passat en obres il·legals de Palma, Santa Margalida, Sant Lluís, Deià, Pont del Riuet de Manacor, Sant Antoni de Portmany, Cal Cretu, Santa Eulària del Riu, ses Covetes (Campos), Ruberts (Sencelles), Pollença i Sant Josep de sa Talaia, entre d’altres, indica l’escrit ecologista, que ja és en mans de la justícia, que amb tota probabilitat estirarà les orelles, una vegada més, al batle Llorenç Suau.

Hidalgo, quan encara era regidor d’Urbanisme i no havia assolit la batlia, va concedir una llicència en només quinze dies, en un solar que no era urbà, en un pendent de Cala Llamp, al seu suposat soci Manuel Zapata, amb qui tenia “relació directa”, segons va relatar la Fiscalia Anticorrupció. En sòl rústic protegit de 7.000 metres, es varen aixecar blocs de tres plantes. El preu dels 24 apartaments de 85 metres quadrats era de 390.000 euros cada un. La persona que va vendre aquella parcel·la, perquè era inedificable, no va cobrar ni el preu d’un dels 24 apartaments que s’hi feren. El cost de l’obra va ser d’uns 1,3 milions d’euros, i això suposa que la pilotada de Zapata i dels seus socis podria haver arribat als 10 milions d’euros.

Era aquesta una de les pràctiques més habituals de la trama corrupta d’Andratx: aconseguir solars inedificables o amb poc aprofitament, i atorgar llicències impossibles i il·legals. En algunes de les operacions, hi apareixia directament el batle d’aleshores, Eugenio Hidalgo.

Sant Josep: un juez reactiva los trámites para el derribo de una casa en ses Salines

(Diario de Ibiza, 10/09/2014)

La vivienda se levantó en suelo inedificable y tiene sentencia de demolición, pero Sant Josep se ha desentendido de hacerla cumplir | Vicent Serra: «Es un tema del Ayuntamiento»

joan lluís ferrer | ibiza. ­Un escrito enviado al Consell de Ibiza por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma de Mallorca ha dado diez días de plazo al presidente, Vicent Serra, para que explique qué actuaciones ha realizado para cumplir la sentencia de derribo de una mansión construida ilegalmente en ses Salines en 1996 y para que detalle cuál es el órgano o persona responsable de materializar ese derribo. El Consell ya ha respondido al juez, según la institución.

El juzgado recuerda que esta es la segunda vez que pide estos datos y que, de seguir haciendo caso omiso al requerimiento, «se entenderá que la persona responsable es el presidente del Consell de Ibiza», y le advierte de las medidas que se pueden tomar contra él, como es «imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar», además de exigirle posibles responsabilidades penales.

La vivienda en cuestión fue construida en un suelo inedificable del Puig des Corb Marí, en ses Salines, y por ello fue denunciado por el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) desde el primer momento. Sin embargo, pese a los requerimientos de paralización que también hizo entonces el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep no solo no actuó contra las obras, sino que trató de legalizarlas.

Después de un largo periplo judicial, los tribunales dictaron sentencia de demolición hace aproximadamente 12 años, si bien nunca llegó a ejecutarse. El GEN, ante «la absoluta desidia de las administraciones implicadas» y para evitar que el asunto caiga en el olvido, se terminó personando en la causa para impulsar el derribo y, como consecuencia de ello, el juzgado ha apremiado ahora al Consell a aclarar en qué situación se encuentran los trámites.

El GEN, además, detectó el pasado verano que la vivienda en cuestión se estaba comercializando como vivienda turística en una web extranjera por 50.000 euros semanales, «usándose así la obra ilegal para obtener beneficios ilícitos», señaló la entidad al dar a conocer la orden judicial.

Los ecologistas aseguran que continuarán las acciones judiciales «hasta conseguir la efectiva demolición y restablecimiento del lugar a su estado natural».

El Consell de Ibiza, por su parte, aseguró tras difundirse esta noticia que ya ha notificado al juzgado mallorquín los datos que se le reclaman.
«En la sentencia no explica que se tenga que tumbar la casa», afirmó el presidente, Vicent Serra. Al parecer, la última resolución habla de «restituir la legalidad infringida», si bien el GEN considera obvio el mandato de demolición.

Serra también dijo que «lo que se ha de ver ahora es la situación legal de esta casa, porque podría ser que hubiera iniciado trámites de legalización, o que estuviera legalizada por algún tipo de normativa». Serra admitió que «en principio, todas las casas [ilegales] en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) son ilegales». A partir de hoy, los técnicos del Consell y el Ayuntamiento «mirarán este asunto».
En cualquier caso, el GEN recordó que en un informe elaborado por el propio Consell y enviado al Ayuntamiento de Sant Josep, se destacaba la imposibilidad de legalizar esta vivienda.

El Consell considera que, en todo caso, «no es un tema del Consell, sino que es un tema municipal».

Derribos | Tercera mansión en el punto de mira del GEN

La casa de la empresa Skaren SA, casi en la cima del Puig des Corb Marí, es la tercera vivienda ilegal en la que se personan los ecologistas del GEN para lograr su derribo. Después de la Michael Cretu, ya demolida, y tras la del Puig d’en Serra (que quema sus últimos cartuchos antes de caer bajo las excavadoras), ahora le toca el turno a la de Skaren. Las tres tienen en común que son casas ilegales y con sentencia de demolición, pero que ninguna Administración se ha encargado de hacer cumplir jamás. Sin embargo, el proceso de la casa de ses Salines deberá sortear aún un largo y tortuoso periplo antes de llegar a adjudicarse el proyecto de demolición, pues para empezar las administraciones deben tener claro quién debe derribarla.

Sant Josep tarda 11 días en parar una obra ilegal

(Diario de Ibiza, 10/09/2014)

El Ayuntamiento recibió la denuncia del GEN contra las obras de es Xarco el 29 de agosto y las detuvo ayer

j. ll. f. | ibiza. El Ayuntamiento de Sant Josep no inspeccionó hasta ayer las obras de la zona de es Xarco denunciadas por el GEN el día 29 de agosto por encontrarse en una zona estrictamente protegida. Fue también ayer cuando el Consistorio redactó la correspondiente orden de paralización, según confirmó el equipo de gobierno en una nota de prensa emitida a mediodía, poco después de que este periódico se interesara por las medidas adoptadas al respecto.

«Los técnicos del Ayuntamiento han inspeccionado esta mañana [por ayer] las obras y han comprobado que los trabajos que se están realizando no coinciden con la licencia de obras y, por tanto, se ha redactado una orden de paralización», afirma la nota municipal.
El GEN había denunciado anteayer que desde que presentó su denuncia las obras no solo no paraban, sino que estaban incrementando su actividad.

Los trabajos consisten en la construcción de una vivienda prácticamente en la orilla de este tramo de costa cercano a Porroig, justo detrás de las casetas de pescadores que hay allí.

El GEN señala que en ese lugar el Ayuntamiento otorgó una licencia de «mantenimiento y mejora» de un pequeño habitáculo existente y en ruinas, pero las obras que se realizan «no se parecen en nada a labores de mantenimiento y mejora, pues han supuesto una nueva vivienda, con una volumetría que difiere de la ruina preexistente». Incluso, se ha utilizado maquinaria pesada en estos trabajos, según los ecologistas.
La construcción se halla en una Zona de Protección de Costa que, además, es Área Natural de Especial Interés (ANEI) según la Ley de Espacios Naturales y Área Natural de Alto Nivel de Protección.

Los ecologistas lamentan que infracciones como estas «queden absolutamente impunes», a pesar de desarrollarse en espacios que cuentan con la máxima protección ambiental.

También criticaron la «lentitud» con la que actúan las administraciones encargadas de velar por el cumplimiento de la disciplina urbanística en la isla, y sobre todo en los espacios naturales protegidos.

2014-09-10 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Deià: 450.000 euros per tornar a restituir els terrenys de Llucalcari

(Ara Balears, 10/09/2014)

El TSJIB obliga l’Ajuntament a pagar de nou pel camí cap als xalets esbucats

MARGALIDA BONNÍN. La factura que l’Ajuntament de Deià ha de pagar derivada de la construcció dels xalets il·legals de Llucalcari augmenta a mesura que passa el temps. El Consistori ha pressupostat en 450.000 euros el restabliment dels terrenys on s’ubicaven les edificacions esbucades.

El darrer ple aprovà una modificació de pressupost per habilitar aquesta quantitat de doblers. D’aquesta manera, l’Ajuntament acata la resolució que va emetre la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) el mes de juny passat, la qual l’obliga a “restituir” el camí que es va habilitar a principis dels anys 90 per accedir als edificis ara enderrocats.

La batlessa de Deià, Magdalena López, es mostrà ahir resignada per aquesta nova resolució i indicà que, en l’afer de Llucalcari, el Consistori “es limita a acatar sentències”. López qualificà la decisió del jutge de desproporcionada, perquè obliga a eliminar alguns marges que es varen mantenir per necessitat de contenció del terreny. També apel·là a l’herència rebuda, ja que el primer projecte -igualment pagat per l’Ajuntament- el va elaborar l’Agència de Disciplina Urbanística [Nota de Disúrbia: això no és correcte, el projecte el va elaborar el Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca].

Tot i les queixes, el Consistori no ha presentat cap recurs i durant el ple va rebutjar una proposta de l’agrupació Deia per dur a terme una comissió d’investigació del “nou sobrecost” de Llucalcari. López argumenta que ja depurarà responsabilitats més endavant. El portaveu de l’oposició, Lluís Apesteguia, criticà ahir que els populars no vulguin esbrinar si en el primer projecte hi va haver alguna negligència o un mal planejament de la restauració dels terrenys.

L’agrupació ecologista GOB, per la seva banda, encara no ha rebut resposta del recurs presentat contra aquesta nova sentència. El GOB atribueix la decisió del jutge a un error originat durant la visita judicial que es va fer el maig de 2013, en què el pèrit va donar compte del mal estat del camí com si aquest hi hagués estat sempre.

Un quart del pressupost

Segons informà ahir López, l’Ajuntament ja té enllestit un primer projecte de restitució del camí, que s’ha de presentar al jutge perquè hi doni el vistiplau. Quan aquest estigui aprovat, el Consistori tindrà tan sols dos mesos per executar-lo.

Els 450.000 euros que costaran les obres surten del romanent del Consistori. Aquesta xifra és molt alta si es compara amb el pressupost de Deià, de poc més de 2 milions d’euros per al 2014, 530.000 € dels quals estan destinats a inversions.

Sant Josep: el GEN alerta de que las obras ilegales de es Xarco se aceleran en lugar de parar

(Diario de Ibiza, 9/09/2014)

Los ecologistas denunciaron las obras en el Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell Insular y Costas

a.e | ibiza. El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) informó ayer en un comunicado de que la denuncia que interpuso contra el Ayuntamiento de Sant Josep el pasado 29 de agosto por «la realización de obras ilegales» en la zona de es Xarco, no sólo no ha logrado detener el trabajo sino que ha incrementado la labor de los operarios.

El grupo ecologista hace hincapié en que las obras se están realizando en una zona que cuenta con el máximo nivel de protección urbanística, pues el entorno es Zona de Protección de Costa, Área Natural de Especial Interés y Área Natural de Alto Nivel de Protección.

El GEN considera que las obras que se están realizando «en primerísima línea del mar» son «absolutamente incompatibles con la legalidad», por lo que decidió dirigir la denuncia, además de al Consistorio de Sant Josep, al Consell Insular y a la dirección general de Costas.

El grupo ecologista explica que el Ayuntamiento del municipio, de forma presuntamente irregular, habría otorgado una licencia para «el mantenimiento y la mejora» de una vivienda de pequeñas dimensiones que se encontraba en ruinas en esta zona de la costa.

Sin embargo, el GEN considera que el tipo de obras que se están realizando en es Xarco «no se ajustan «a nada que pueda parecerse a labores de mantenimiento y mejora», pues «han supuesto una nueva vivienda, con una volumetría que difiere de la ruina preexistente». «Según esta interpretación, cualquier casa varadero del municipio podría convertirse en una mansión de dos plantas junto al mar», lamentan.

En la denuncia que los ecologistas remitieron al Ayuntamiento hace diez días adjuntaron una serie de fotografías en las que aparecían máquinas excavadoras junto a la playa, según explican en el comunicado, «lo que evidentemente no forma parte de las herramientas necesarias para labores de mantenimiento y mejora».

Además de las excavadoras, el GEN asegura que en la playa «había maquinaria pesada». La organización asegura que aunque solicitó la paralización inmediata de las obras no ha recibido notificación ni ninguna información sobre el expediente de la denuncia, aunque interpreta que los promotores tienen conocimiento de ella «dado el notable incremento del ritmo de las obras y la multiplicación de los operarios».

La organización lamenta que zonas como esta, «que prácticamente cuentan con el máximo nivel de protección que puede tener un entorno en la isla», y que están protegidas tanto por normativa autonómica como estatal, sean blancos de los infractores de Ibiza y «queden absolutamente impunes».





		

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