Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Defensa del Territorio advierte: no pueden ubicarse casas modulares en rústico

(Diario de Mallorca, 7/01/2020)

La Agencia recuerda que estas construcciones prefabricadas requieren licencia, por más que algunas empresas aseguren que no es necesaria

Mar Ferragut. La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT) ha lanzado un aviso para navegantes: las casas prefabricadas requieren licencia y no pueden ubicarse en suelo rústico.

La ADT así lo ha advertido en redes sociales, a raíz de un anuncio de una inmobiliaria (Casas de Lujo Modulares) que se promociona en Twitter asegurando que "construyen viviendas modulares de lujo, con todas las comodidades sin licencias,en zonas no urbanizables al mejor precio".

El organismo insular ha indicado que esta idea de que las casas prefabricadas o modulares "se pueden implantar por todo y sin licencia urbanística" no es más que "una leyenda urbana" que algunos negocios "por intereses comerciales" insisten al difundir.

Para que no queden dudas, las ADT recuerda que la Ley de suelo rústico de Balears "prohíbe la implantación de cualquier elemento móvil que pueda resultar habitable en todo el suelo rústico", con excepción de "zonas expresamente habilitadas para ello por los planeamientos urbanísticos municipales".

Además de está prohibición sobre la ubicación de estas instalaciones modulares en suelo rústico, añade la Agencia de Defensa del Territorio, la ley balear de urbanismo establece que cualquier casa prefabricada o instalación similar, ya sea provisional o permanente, "necesita previamente de licencia urbanística municipal".

Esta picaresca (la de promocionar las casas prefabricadas como vía para lograr tener una vivienda en suelo rústico sin problemas) no es nueva. En Mallorca autoridades insulares y municipales han intervenido más de una vez en las últimas décadas al detectar esta práctica en municipios como Alcúdia, Montuïri o Sencelles.

La propia ADT ha retirado construcciones de este tipo. El año pasado, por ejemplo, actuó en Marratxí (dónde encontró una casita prefabricada de madera) y Fornalutx (dónde mandó desmontar dos bungalós).

En mayo de 2019 también actuó al detectar una caravana que se utilizaba como vivienda y que estaba aparcada en una zona de máxima protección de la Serra de Tramuntana, en el municipio de Esporles ya que la ley del suelo rústico también prohíbe la implantación de caravanas u otros elementos móviles que puedan resultar habitables".

Al margen de estas promociones que tratan de hacer creer que las casas prefrabricadas son la vía para saltarse las limitaciones urbanísticas y de promoción del territorio, también existen empresas que ofertan las casas modulares con garantías y dentro de la legalidad. La demanda de información sobre esta modalidad constructiva va al alza en Mallorca, según han detectado en empresas como Habitissimo.

Llucmajor: nueva tala de pinos en la zona de dominio público del chalet ya denunciado en Son Verí

(Última Hora, 3/01/2020)

En la zona de dominio público marítimo terrestre de Son Verí, Llucmajor, se han vuelto a talar árboles. En este caso se trata solo de un pino pero que se añade al resto de ejemplares talados o podados hace casi tres años por la propiedad de uno de los chalets ubicados al otro lado del pequeño paseo peatonal de la zona.

En esta ocasión, han vuelto a ser los vecinos los que mediante las redes sociales han dado la voz de alarma por la tala de uno de los pocos ejemplares que quedan en pie ante este edificio. Al cabo de pocas horas desde el Ajuntament se señaló que se investigará la nueva tala.

Pasado

En aquella primera tala y limpieza de matorrales que realizó la propiedad del chalet en la zona de dominio público se le impuso una multa de 666.818 euros. Una sanción de la que pagaron 60.000 euros que han de servir para la replantación de la zona y el resto sigue pendiente del recurso presentado por la promotora.

En la actualidad y desde hace dos años el edificio sigue a la venta por 6.450.000 millones.

2020-01-03 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

L'Agència de Defensa del Territori ordena set demolicions d'obres il·legals a Mallorca

(Ara Balears, 2019/12/25)

Les ordres corresponen a construccions il·legals a Santanyí, Llubí, Palma, Son Servera, Artà, Campanet i Montuïri

L'Agència de Defensa del Territori ha ordenat l'enderrocament de set obres il·legals o la restitució a l'estat anterior a diferents punts de l'illa de Mallorca, segons ha informat Efe. En concret, les ordres corresponen a obres il·legals a Santanyí, Llubí, Palma, Son Servera, Artà, Campanet i Montuïri i a expedients, la majoria, del 2018 i el 2019, encara que també hi ha un cas del 2016 i el més antic és del 2013.

Les ordres les va aprovar per unanimitat el consell de direcció de l' ADT a l'última reunió de l'any, en el marc de les actuacions d'aquest organisme per fer complir la normativa urbanística i territorial en el sòl rústic de Mallorca.

L' ADT del Consell de Mallorca va ordenar demolir 97 construccions il·legals el 2018, que són 16 més que l'any anterior.

2019-12-25 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Terraferida denuncia la construcción de vivendas en una zona protegida de Banyalbufar

(Diario de Mallorca, 2019/12/24)

El colectivo ecologista insta a la Agència de Defensa del Territori a investigar si las edificaciones son ilegales

J. Frau. El colectivo ecologista Terraferida ha denunciado hoy ante la Agència de Defensa del Territori del Consell dos casos de urbanismo presuntamente ilegal en espacios protegidos de Banyalbufar. Se trata de dos edificaciones con apariencia de viviendas que se ejecutan en el ámbito de Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP-boscoso) en la zona de Son Creus, en el paraje natural de la Serra de Tramuntana. Las parcelas donde se ejecutan las obras tienen superficies de 6.000 y 9.000 metros cuadrados que "no tienen la condición de edificables", según Terraferida.

Según el colectivo, los promotores habrían obtenido licencia del ayuntamiento de Banyalbufar para realizar edificaciones de nueva planta y reconstrucciones para usos exclusivamente agrícolas. "Para obtener estas licencias se habrían acogido a la exoneración del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la Ley Company, aprobada en 2014 por el Govern Bauzá", explica Terraferida, que añade que estas autorizaciones de la conselleria de Agricultura "estarían condicionadas a usos apícolas y a un punto de venta de productos agrícolas". No obstante, Terraferida destaca que la apariencia de las construcciones es de vivienda, "en ningún caso de edificaciones agrícolas".

El colectivo ecologista sospecha de la existencia de un "fraude de ley" porque las construcciones se ubican en una zona boscosa de difícil acceso donde "difícilmente serían viables" las actividades agrícolas registradas. Por este motivo ha denunciado los dos casos a la Agència de Defensa del Territori para que inicie una investigación al respecto.

Terraferida denuncia que la ley agraria es un "colador de ilegalidades urbanísticas" que deben ser revisadas y recuerda que cuando se aprobó el texto legislativo, diversas entidades ya advirtieron que la exoneración de los parámetros urbanísticos "podría ser un colador para edificar chalés en lugares no edificables".

Por este motivo, el colectivo reclama al Govern que "revise" todos los expedientes parecidos a los dos casos de Banyalbufar para comprobar si las autorizaciones que se han concedido en los últimos años se ajustan a la actividad agrícola solicitada por los promotores. [Nota de Disúrbia: com que el Govern no té cap competència en disciplina urbanística, demanar això és completament inútil...]

Santa Eulària ordena el derribo de cinco piscinas construidas sin licencia

(Diario de Ibiza, 23/12/2019)

Los propietarios tendrán que pagar una sanción de entre el 50 y el 250% del valor

Joan Lluís Ferrer. En una acción encaminada a llamar la atención sobre las consecuencias de construir piscinas sin la preceptiva licencia de obras, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha obligado a derribar cinco de estos elementos en diferentes partes del municipio. A pesar de que todas ellas han sido ya eliminadas por los propios dueños de las obras, ello no les eximirá de la correspondientes sanciones económicas, que pueden ser especialmente elevadas en suelo rústico y suelo protegido, tal y como prevé la vigente Ley de Urbanismo de Balears.

Las cinco primeras piscinas expedientadas y demolidas se encontraban en las zonas de Santa Gertrudis, Can Fornet, Can Ramon y Roca Llisa, «y han sido motivadas tanto por denuncias vecinales como por inspecciones de los propios servicios municipales, que detectaron las obras ilegales y abrieron el respectivo expediente sancionador».

En el caso de obras ilegales como esta, el primer paso es ordenar a los propietarios que las derriben por completo, para que «no puedan beneficiarse de su acción ilegal» y, acto seguido, se procede a tramitar la sanción económica.

Multas del 250%

Las multas tienen una cuantía que varía en función del coste invertido en la obra ilegal y del tipo de terreno donde se ha edificado. En los casos de viviendas en zonas urbanas, el importe de la sanción puede ser equivalente a entre el 50% y el 100% de la obra realizada, mientras que si en suelo rústico común la multa va desde el 100% al 250% del coste. En el supuesto de encontrarse en un suelo protegido, el expediente se traslada al Consell Insular, que es competente para las infracciones en este tipo de terrenos, según añade la nota emitida por el equipo de gobierno municipal.

La plaga de las piscinas

La construcción de piscinas sin la preceptiva licencia de obras se ha convertido en un fenómeno frecuente en Ibiza, especialmente en los municipios de Santa Eulària y, sobre todo, Sant Josep, donde apenas hay vivienda en suelo rústico que no disponga de este elemento, unas veces amparado en licencia y otras veces sin ella. La habitual indolencia institucional en la persecución de estas infracciones ha estimulado también su proliferación. La comercialización cada vez más habitual de casas para la temporada turística impulsa a muchos propietarios a añadir este elemento, a pesar de no disponer permiso para ello.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha dado el primer paso para terminar con esta situación mediante unos primeros expedientes que podrían ir seguido de otros en el futuro, al objeto de restablecer la legalidad urbanística infringida.

2019-12-25 | Etiquetes: , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Paralizan las obras de un agroturismo en suelo rústico de Sant Josep

(Diario de Ibiza, 23/12/2019)

La actuación contra esta presunta infracción enfrenta al Consell de Ibiza y al Ayuntamiento

Europa Press. El departamento de Gestión del Territorio del Consell de Ibiza informó ayer de que ha ordenado la inmediata suspensión de «los actos de construcción o instalación, o cualquier otra transformación o uso del suelo, que se estaban ejecutando en una parcela en [suelo] rústico común de Sant Josep».

Según explicó la institución insular en un comunicado de prensa, tras recibir un escrito de denuncia y fotografías de los trabajos en septiembre de 2019, el celador pudo comprobar cómo en la finca se construían varias edificaciones y una piscina, con características de un establecimiento turístico.

El celador manifestó que la propiedad de la finca reconoció que no disponía de licencia de obras.

En este primer comunicado, el Consell indicaba que «no ha habido actuaciones del Ayuntamiento competente en base a los requerimientos hechos desde del Consell». Horas más tarde, rectificaba: «[Con respecto a la nota] desde el departamento de Gestión del Territorio queremos hacer constar que sobre los procedimientos que manifiesta que no han existido por parte del Ayuntamiento de Sant Josep, esto se deben a que, a pesar de los requerimientos realizados desde el Consell, no han sido comunicados» a la institución insular.

«Esto, no obstante, no quita que no pueda haber algún procedimiento municipal que no ha sido notificado al Consell y que, en todo caso, sería compatible con la suspensión de la obra acordada», agregaron desde la institución.

Poco después de hacerse pública la primera nota del Consell, el Ayuntamiento matizaba que están «actuando desde el principio» ante esta presunta infracción y, de hecho, explicaron que en la primera inspección estuvo presente uno de sus celadores de obras. «[El Consell] no puede alegar que no haya habido actuaciones del Ayuntamiento porque hemos estado encima de todo el procedimiento, al margen de dónde llegara la primera denuncia».

El Consell «no es competente»

Desde el Consistorio advirtieron de que el Consell «no es competente en suelo rústico, por lo que no entendemos el sentido de ordenar la paralización porque estaríamos en una situación en la que el Consell se subrogaría las competencias, que son del Ayuntamiento». [Nota de Disúrbia: els consells sí són directament competents per dictar ordres de suspensió en sòl rústic, no és necessària la subrogació.]

El Ayuntamiento explicó que la primera inspección se produjo hace tres semanas, y «la semana siguiente sólo fue el celador municipal para medir lo presuntamente ilegal». Días después, la propiedad registró en el Consistorio «varios expedientes: de legalización, de segregación y de demolición». Hasta que no se sustancien estos expedientes no se iniciarán los de sanción, porque de ellos puede derivarse la subsanación de las irregularidades, apuntaron las mismas fuentes municipales.

En cualquier caso, el Consell en su nota explica que el incumplimiento de esta orden de suspensión (en su aclaración posterior no mencionan si es o no competente) puede suponer la imposición de multas coercitivas sucesivas para periodos mínimos de diez días y una cuantía en cada ocasión del 10% del valor de las obras ejecutadas y, como mínimo, de 600 euros.

Cabe recurso

Según añade, la medida cautelar no frena la vía administrativa y admite un recurso de alzada en el plazo de un mes. Contra la desestimación expresa del recurso se puede interponer un contencioso administrativo en el plazo de dos meses o cualquier otro recurso que la propiedad considere oportuno.

El Consell destaca que la pasada semana informó de dos demoliciones producidas en dos viviendas ejecutadas de manera ilegal, con la reposición del suelo que ocupaban. El conseller Mariano Juan recordó que es un «compromiso del equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, ser escrupulosos con la preservación del entorno y el cumplimiento de las normas. En Ibiza no todo vale y el Consell debe plantar cara a los posibles incumplimientos».

El Consell de Ibiza obliga a derribar dos obras ilegales en suelo protegido

(Diario de Ibiza, 17/12/2019)

Una casa prefabricada en Santa Agnès y una vivienda de madera en Sant Josep han sido desmanteladas por los propios dueños | Las multas llegan al 300% del valor de la obra ilegal

Joan Lluís Ferrer. El Consell de Ibiza ha obligado a derribar dos construcciones ilegales edificadas en suelo rústico protegido, ejecutadas sin licencia y contrarias a la ordenación territorial, según informó la institución insular este martes en una nota.

Una de las obras ilegales erradicadas consiste en una casa ubicada en el Pla de Corona, en una zona declarada Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), mientras que la otra es una construcción levantada en la finca de un vecino, en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) en el municipio de Sant Josep.

Los infractores responsables de estas acciones se acogieron a la opción que permite la ley de urbanismo para demoler voluntariamente estas obras ilegales. Las sanciones se impondrán una vez se resuelvan los expedientes.

La casa ubicada en el Pla de Corona es una vivienda prefabricada dotada de instalación eléctrica y de agua, que era visible desde las fincas de su alrededor y desde algunos caminos que discurren por esta zona.

Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil denunció los hechos y los puso en conocimiento del Consell de Eivissa, que tramitó el expediente y el procedimiento sancionador que ha desembocado en el derribo de la edificación. La vigente ley balear de urbanismo otorga a los consells insulares las competencias en disciplina urbanística en suelos protegidos.

La segunda construcción desmantelada era tipo 'yurta' mongola, una vivienda móvil con estructura de madera, levantada sobre una cimentación de hormigón para cuya implantación se deforestó una superficie de unos 150 metros cuadrados, según las averiguaciones practicadas.

En este caso, el infractor construyó la edificación en una parcela que ni siquiera era de su propiedad, sino que pertenecía a su vecino, quien interpuso una denuncia en el Ayuntamiento de Sant Josep. El Consistorio, a su vez, remitió la denuncia al Consell de Ibiza por ser de su competencia.

La institución insular recordó ayer a través de una nota que cualquier actuación no amparada en licencia en suelo rústico protegido comporta sanciones de cuantías muy elevadas que pueden llegar hasta un 300 % del valor de las obras.

«Los ciudadanos deben saber que quien responde de estas sanciones son las personas propietarias, los promotores, las constructoras y todas las demás personas que tengan atribuidas facultades decisorias sobre la ejecución o el desarrollo de los actos sin licencia, así como el personal técnico titulado que sea director de éstos, y el redactor de los proyectos». Además, las multas que se imponen por una infracción se dirigen de forma independiente a cada una de estas personas, aclaró la institución.

Ciutadella: un año de prisión y multa de 7.200 euros por construir una casa ilegal

(Menorca, 12/12/2019)

Miguel Juan Urbano. El acuerdo de conformidad entre su abogado, Francisco Marqués, y el fiscal del caso, Eduardo Norro, permitió este lunes al propietario de una vivienda edificada en el Camí Son Gall, de Ciutadella, evitar la demolición inmediata que solicitaba el Ministerio Público en el escrito de acusación por un delito contra la ordenación del territorio.

En el juicio penal a prevención celebrado por la mañana en Ciutadella ambas partes pactaron el acuerdo que conlleva el pago de una multa elevada al propietario, a razón de 20 euros diarios durante un año (7.200 euros), además de un año de prisión que no cumplirá al carecer de antecedentes penales. El auto para la demolición de la obra ya había sido dictado con anterioridad, aunque el letrado lo había impugnado ante el Juzgado Contencioso Administrativo por defectos de forma [Nota de Disúrbia: frase sense sentit, ja que un jutjat contenciós mai no pot revisar un acte penal], y en principio no se resolverá hasta dentro de un par de años, aproximadamente.

Ese fue el acuerdo alcanzado por el abogado, considerando que el propietario no había edificado para lucrarse sino que se trataba de su propia residencia habitual por lo que no ha tenido que justificar cualquier otra operación relacionada con ella. La conformidad evitó así la demolición inmediata de la vivienda, como pedía el fiscal en su escrito, además del pago de 31.073 euros en que se había peritado el coste de la reposición del suelo a su estado original.

La condena, no obstante, supone que el propietario, natural de Ciutadella de 37 años, acepta la comisión del delito urbanístico al haber levantado la construcción de forma ilegal. Además, la sentencia incluye la condena al constructor que queda inhabilitado por el plazo de dos años.

Los hechos ocurrieron cuando el acusado, en septiembre de 2016, mientras residía en la parcela de un familiar en esa misma finca del Camí Son Gall, pese a tener conocimiento de que el terreno estaba clasificado como no urbanizable de carácter rústico protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de Menorca, construyó una vivienda de nueva planta de 120 metros cuadrados y estructura de hormigón.

La incoación del procedimiento sancionador a cargo del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha supuesto en este caso, como en otros que se consideran de especial relevancia, que también haya sido trasladado al ámbito penal.





		

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