Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El TSJB declara nula la licencia de obras del Lidl de Sant Antoni que dio Sala en 2011

(Diario de Ibiza, 7/08/2018)

El Ayuntamiento asegura que la sentencia «no tendrá consecuencias» porque en 2016 se concedió un nuevo permiso de obra tras la modificación del plan urbanístico

Eugenio Rodríguez. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha declarado nula la licencia de obras que el gobierno municipal del PP de José Sala, en funciones tras las elecciones municipales de 2011, concedió el 3 de junio de ese año para la construcción de la nave del Lidl en la finca Sa Tanca, en la entrada de Sant Antoni, de 1.916,5 metros cuadrados de superficie.

La sentencia estima el recurso de apelación de un empresario del sector de la alimentación del municipio (la cadena Suma) en contra del fallo, de primera instancia, que había inadmitido la impugnación de la licencia por considerarla extemporánea.

El TSJB no sólo rechaza este argumento y revoca la sentencia anterior sino que concluye que se incurrió en un «fraude de ley» porque la promotora, como no cumplía los requisitos legales para abrir un centro comercial (el plan urbanístico no permitía entonces edificar superficies comerciales de más de 350 metros cuadrados), lo hizo dividiéndolo en cinco locales comerciales distintos de menos de 350 metros que compartían servicios comunes (muelle de carga y descarga y la instalación del grupo electrógeno, entre otros), las oficinas, los baños, las dependencias del personal.... El Consistorio concedió cinco licencias de actividad para cada uno de estos locales, dos de ellas ya fueron declaradas nulas por sentencia.

No tendrá ningún efecto

El actual equipo de gobierno avanza que esta sentencia «no tendrá consecuencias» porque en noviembre de 2016, la cadena de supermercados de origen alemán obtuvo una nueva licencia de obras al amparo de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, precisamente, aprobó el anterior gobierno del PP, bajo la alcaldía de Pepita Gutiérrez, para «legalizar» el Lidl, tal como advirtieron entonces el PI y el PSOE-Pacte. La nueva licencia se obtuvo con un proyecto básico de reforma y ampliación de la nave existente, ya que, según advirtió la arquitecta municipal en octubre de 2012, se habían llevado a cabo ampliaciones y modificaciones del centro comercial sin permiso. La técnica municipal consideraba que se tenía que abrir un expediente de disciplina urbanística, pero el equipo de gobierno de entonces, del PP, no hizo caso, según explicó a este diario en febrero de 2016 el entonces concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, del PI.

La modificación de la normativa

El gobierno de Gutiérrez aprobó una modificación puntual del planeamiento urbanístico para permitir en zona hotelera A, donde se ubica la nave del Lidl, establecimientos comerciales de hasta 5.400 metros cuadrados. El TSJB apunta, a la hora de razonar sobre la nulidad de la primera licencia, que «poco importa» este cambio normativo a medida porque cuando se concedió el permiso de obra, en junio de 2011, el proyecto «no se ajustaba» al planeamiento urbanístico, ya que se edificó «un solo establecimiento comercial que excedía en mucho la superficie de 350 metros cuadrados».

Además, cuando el equipo de gobierno otorgó la autorización para la construcción de la nave del centro comercial, no se había obtenido aún la licencia autonómica de gran establecimiento comercial, que, según la ley 11/2001, «era preceptiva», motivo suficiente, según la sentencia, para declarar «la nulidad radical» del permiso de obra. El Lidl obtuvo la licencia autonómica de grandes superficies el 12 de abril de 2012.

El PP inició la revisión de oficio pero la dejó caducar
La arquitecta municipal dijo en 2012 que había que abrir un expediente de infracción urbanística, pero no se hizo

En junio de 2012, un año después de la concesión de la licencia de obra, el demandante, un empresario del sector de la alimentación en Sant Antoni (la cadena Suma), solicitó en el Ayuntamiento la suspensión inmediata de la efectividad de las licencias concedidas al Lidl. Los servicios jurídicos del Consistorio emitieron un informe en el que concluían la necesidad de que se iniciara la revisión de oficio de las autorizaciones dadas (la de construcción de la nave y de las cinco de actividad de cada uno de los locales en que se dividió el centro comercial).

El 12 de septiembre de 2013, la junta de gobierno (del PP entonces) acordó el inicio de la revisión de oficio de las licencias, con lo que se paralizó el proceso judicial. Sin embargo, según explicó, en febrero de 2016, el entonces concejal de Urbanismo Juanjo Ferrer, del PI, el gobierno del PP «no hizo nada y dejó caducar el expediente».

Del mismo modo, la arquitecta municipal emitió un informe en octubre de 2012 en el que apuntaba la necesidad de que se abriera un expediente de disciplina urbanística tras constatar que se habían llevado a cabo ampliaciones y modificaciones del centro comercial sin permiso, pero no se hizo, según Ferrer. Con la obtención de la nueva licencia de obra, en noviembre de 2016, quedaron «subsanadas» estas ilegalidades, aunque, según el exedil de Urbanismo del PI, la cadena de alimentación alemana se libró del pago de una sanción.

Pollença cede la disciplina urbanística en suelo rústico

(Diario de Mallorca, 31/07/2018)

P. C. Con este acuerdo la agencia se hace cargo de la disciplina urbanística en suelo rústico común (el rústico protegido ya le correspondía por ley y el suelo urbano continúa siendo competencia municipal). Cabe recordar que esta cesión de competencias lo es sólo a partir de la publicación en el BOIB de la firma del convenio. Los expedientes anteriores a la firma continuarán siendo tramitados por el consistorio.

Con este documento se pretende mejorar la eficiencia en el control de la disciplina urbanística, puesto que la ADT está mucho mejor dotada de personal y recursos que el Ayuntamiento. Se podrá liberar personal municipal de esta tarea que podrá centrarse en otros trabajos (tramitación de licencias y expedientes de infracción anteriores) y se pone al Ayuntamiento en linea con la tendencia creciente en Mallorca de ceder estas competencias puesto que son ya veinticuatro los ayuntamiento adheridos.

2018-07-31 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Ibiza, la isla donde los ayuntamientos más tiempo tardan en dar una licencia

(Diario de Ibiza, 28/07/2018)

El promedio de espera del solicitante es de 28 meses, mientras que en Formentera es de 15, en Mallorca de 14 y en Menorca de 12

Joan Lluís Ferrer. El Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib) ha realizado una encuesta sobre el incumplimiento de los plazos legales en la tramitación de licencias de obras y ha concluido que el plazo promedio de resolución en la concesión de licencias en Ibiza es de 28 meses, mientras que el promedio de Balears es de 16 meses. La ley establece, en cambio, un máximo de tres para conceder un permiso de obras.

Según informó la entidad colegial en un comunicado, la situación es «particularmente grave» en Ibiza, donde el retraso supera holgadamente los dos años. Formentera, por su parte, tiene un plazo de resolución de 15 meses; Mallorca, en su conjunto, de 14 meses y Menorca de 12 meses.

Sant Antoni: 30 meses

Por municipios, uno de los que más tarda en dar una licencia de todo Balears es también de Ibiza: Sant Antoni, donde el plazo alcanza los 30 meses, según este estudio. Sólo es superado por Felanitx, con nada menos que 42 meses de espera. Santa Eulària demora 27 meses este trámite, mientras que Sant Josep invierte 25 meses en ello. Contrastan estas cifras con los 10 meses de Calvià o los 12 de Llucmajor, Maó o Ciutadella.

En el sondeo participaron de manera voluntaria 183 arquitectos, que reportaron la situación de 593 obras en todo el archipiélago balear. Además, la muestra tiene un margen de error bajo (5%) y un nivel de confianza suficiente (95%) para, a juicio del Colegio, ser un fundamento de opinión y diagnóstico.

Asimismo, la institución se ha puesto a disposición de todas las administraciones públicas para trabajar en la mejora de la tramitación, desde la actividad que hace el propio Colegio, hasta la desarrollada por el arquitecto profesional liberal, el arquitecto funcionario público y la Administración pública afectada.

Además, defendió la necesidad de simplificar la normativa y generar un marco jurídico estable y posible de cumplir, ya que, a su juicio, «los anuncios legislativos tan solo conllevan efectos llamada, la producción de cuellos de botella, el oportunismo y la inestabilidad económica».

«Más recursos»

«La intención del Colegio», señala la nota de la entidad, «no es señalar a los profesionales públicos como causantes del retraso, todo lo contrario, queremos ayudarles dando luz a una realidad para que los poderes públicos, en última instancia el estamento político, tomen las decisiones necesarias para mejorar la organización de los servicios y aumenten, allí donde sea necesario, los recursos humanos, tecnológicos y financieros». «La Administración pública necesita mejorar su gestión para aprovechar todo el potencial y buen hacer de los funcionarios públicos», añade.

Precisamente, durante el último pleno de Sant Antoni la oposición del Partido Popular denunció la tardanza que sufren los solicitantes de licencias en el municipio como consecuencia de la falta de personal en el departamento de Urbanismo. En los últimos meses varios profesionales y técnicos han dejado sus puestos, con lo que la situación se ha agravado.

Manacor: paralizadas las polémicas obras en Cala Domingos

(Diario de Mallorca, 27/07/2018)

Vecinos y el GOB denunciaron los trabajos ejecutados junto a un conocido hotel y la Agència de Defensa del Territori ha suspendido los actos

Tomeu Obrador. La Agència de Defensa del Territori, vinculada al Consell de Mallorca, ha suspendido las obras ejecutadas junto a un conocido hotel en Cala Domingos, cerca de Cales de Mallorca (municipio de Manacor). Tal y como ya informó Diario de Mallorca el pasado día 17, las obras en cuestión estaban provocando gran indignación. En las inmediaciones del mencionado hotel hay unos 40 chalés adosados y conviven ahora un elevado número de familias.

Según los residentes afectados, no se informó previamente y no existen las medidas de seguridad adecuadas (una excavadora ponía en peligro la seguridad de las personas). Además, había dudas sobre la disposición de la pertinente licencia, que no se exhibía.

Desde el Ayuntamiento detallaron a este periódico que, al ser suelo rústico, la competencia era de la ADT, si bien apuntaron que la tramitación (permisos) estaba avanzada. La ADT ha paralizado unas obras que ya habían arrasado considerable vegetación.

El Consultiu destaca «la torpeza» de Sant Josep por una licencia de obras

(Diario de Ibiza, 27/07/2018)

El Ayuntamiento da marcha atrás a la revisión del permiso de 2003 para construir dos edificios en Cala Vedella | El órgano de consulta jurídica dice que la existencia de dos planos contradictorios «no puede afectar a terceros que actuaron de buena fe»

Eugenio Rodríguez. El Consell Consultiu ha emitido un dictamen, que es preceptivo, desfavorable a la revisión de la licencia de construcción de dos edificios en Cala Vedella otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep en diciembre de 2003. El pleno del Consistorio aprobó ayer, por la vía de urgencia, echar atrás, al amparo del informe del Consultiu, el proceso de revisión del permiso de obra iniciado en noviembre del año pasado después de que un particular denunciase que el inmueble acabado y habitado (la promoción Balcones II) se levantó sobre una parcela calificada como espacio libre para uso como aparcamiento. Esta promoción está formada por 12 estudios-taller, un local y una piscina, mientras que Balcones II, aún en vías de construcción, consta de 13 apartamentos.

Se da la circunstancia de que en el expediente constan dos planos distintos (de 1973 y 1983), con el correspondiente visado y aprobados por la Comisión Provincial de Urbanismo. En uno de ellos, la parcela de Balcones II está clasificada como espacio libre-aparcamiento y en otro como comercial-administrativo-equipamiento.

El dictamen concluye que en base a esta última clasificación se concedió la licencia de obra y el certificado municipal parcial de final de obra, por lo que «declarar ahora su nulidad, vulneraría la seguridad jurídica y la confianza legítima de los terceros afectados, así como del titular de la licencia, que actuaron todos ellos de buena fe».

Reacción 15 años después

Así, el informe del órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma apunta que la existencia de dos planos de ordenación detallada distintos es «una torpeza» de la Administración que «no puede vulnerar unos derechos patrimonializados desde 2003, con terceros de buena fe (los propietarios de pisos y locales comerciales)», al tiempo que destaca que «durante casi dos décadas la Administración no había reaccionado».

Otro de los argumentos que esgrime el Consultiu es que el Ayuntamiento «no puede ir en contra de sus propios actos». «Y el hecho de que existan dos planos con conclusiones distintas, situación ésta que no se ha podido aclarar ni por el departamento de Urbanismo, no puede de ninguna manera repercutir negativamente sobre derechos ya adquiridos. Lo paradójico es que existieran dos planos y que la propia Administración no tuviera conocimiento de ello», añade.

El segundo teniente de alcalde, Ángel Guerrero, justificó la urgencia de la propuesta en el hecho de que en este momento existe una suspensión de licencia que afecta a las obras del segundo edificio, lo cual, resaltó, podría dar pie al «posible pago de indemnizaciones» por parte del Ayuntamiento. El concejal de Guanyem Pere Ribas, cuyo grupo apoyó la propuesta del equipo de gobierno, discrepó sobre la urgencia ya que, en verano, los promotores del segundo edificio no pueden reanudar las obras hasta octubre, cuando culmina la actividad turística.

El 80% de las infracciones en rústico tiene relación con el alquiler turístico

(Diario de Mallorca, 26/07/2018)

La Agencia de Protección del Territorio ha ejecutado 158 demoliciones desde el año 2016, 51 durante el primer semestre de 2018 - El número de sanciones impuestas por incumplimientos urbanísticos en el campo ha pasado de 21 en 2015 a 110 en 2017

Mercè Pinya. El alquiler vacacional también tiene, y mucho, impacto sobre el suelo rústico. Lo demuestran los últimos datos de la Agencia de Defensa del Territorio, que relaciona con esta actividad turística más del 80% de las infracciones detectadas. Se trata del mismo porcentaje aproximado que localizó la Agencia el año pasado. "Se mantiene la tendencia", aseguró ayer ante los medios de comunicación el gerente del organismo, Tomeu Tugores.

Si el porcentaje de infracciones relacionadas con el alquiler turístico se mantiene, el resto de infracciones identificadas y resueltas por la Agencia de Defensa del Territorio crece exponencialmente en relación con el mandato anterior. Desde el año 2016 este organismo ha ejecutado 158 demoliciones desde el año 2016. Veintiséis tuvieron lugar en 2016, 81 en 2017 y 51 durante el primer semestre de 2018. De las 81 ejecutadas en 2017, 50 fueron totales y 31 parciales.

Todas las demoliciones excepto una fueron ejecutadas por parte de los propietarios debido a la puesta en marcha de las multas coercitivas en caso de que las órdenes no se ejecuten voluntariamente. "Entre los infractores ya se ha creado una verdadera conciencia de que la Agencia impondrá todas las multas coercitivas que prevé la ley con tal de conseguir que el propietario ejecute la demolición", según palabras de la consellera insular de Territorio y presidenta de la Agencia, Mercedes Garrido. "Ahora se comienza a demostrar que es posible ejecutar demoliciones", añadió el gerente de la Agencia, Tomeu Tugores.

De hecho, de las 81 demoliciones realizadas el año pasado, un 87% se acogieron a las reducciones del 80% y del 90% de la sanción que prevé la ley si se ejecutan dentro de plazo.

Unos datos globales que fueron calificados de "históricos" por Tugores, teniendo en cuenta que entre 2011 y 2015 solo se materializaron 19 demoliciones.

La actividad de la Agencia se ha multiplicado y también su personal. De hecho, el número de trabajadores se ha duplicado desde 2015 y durante este 2018 la Agencia ampliará su plantilla con 24 nuevos trabajadores, necesarios para poder asumir las competencias de disciplina urbanística en suelo rústico protegido que la nueva Ley de Urbanismo de Balears ha otorgado a los Consells. "Nuestro modelo a seguir es el de la Agencia de disciplina urbanística de Galicia, un órgano formado por más de setenta personas y que cada año tramita entre 400 y 500 expedientes, ejecuta más de 150 demoliciones e impone más de 500 multas coercitivas", aseguró Tugores.

El número de inspecciones realizadas pasó de 265 en 2015 a 707 en 2017. Además, entre el 2016 y 2017 se dictaron 102 órdenes de paralización de obras en ejecución, mientras que entre 2014 y 2015 solo fueron ocho.

Los expedientes sancionadores o de demolición abiertos pasaron de 43 en 2015 a 203 en 2017.

Multas

En cuanto a sanciones impuestas, pasaron de 67 en 2015 a 110 en 2017, con cuantías que van desde los 2,9 millones de euros en 2011, los 0,7 millones en 2013 a los 4 millones en 2017. De hecho, entre 2016 y 2017 la cuantía de las multas impuestas por infracciones urbanísticas pasó de 1,7 millones a cuatro millones de euros.

Entre 2016 y 2017 se impusieron 231 multas coercitivas, mientras que en los años anteriores no se impuso ninguna.

Tugores destacó también que "pese a que en 2017 se han iniciado más expedientes que nunca, se han ejecutado más órdenes de demolición que nunca y se han resuelto más recursos que nunca, los datos demuestran que queda mucho trabajo por hacer". Concretamente, 793 expedientes pendientes de incoar, ejecutar 152 órdenes de demoliciones pendientes y resolver 88 recursos.

Las cifras

158: Demoliciones ejecutadas desde el año 2016
 La Agencia de Defensa del Territorio ejecutó en 2016 veintiséis órdenes de demolición, 81 en 2017, mientras que en el primer semestre de 2018 ya se han contabilizado 51.
 
 707: Inspecciones realizadas en suelo rústico
 Los técnicos del organismo dependiente del Consell de Mallorca llevaron a cabo el año pasado un total de 707 inspecciones, frente a las 575 realizadas en 2016.
 
 110: Sanciones impuestas durante 2017
 El año pasado se impusieron 110 sanciones por infracciones en suelo rústico, por un valor total de 4 millones de euros. El año anterior fueron 56 por 1,7 millones.
 
 24: Nuevas plazas creadas en 2018
 La Agencia de Defensa del Territorio ha duplicado el número de trabajadores desde 2016 y durante este 2018 se ha aprobado la creación de 24 nuevas plazas.
 
 1,3: Millones de euros de excedente repartidos entre los municipios
 En 2017, por primera vez, la Agencia repartió excedentes entre los municipios adheridos. Algaida, con 395.111 euros fue el municipio que recibió una mayor cuantía.

Palma: Cort multa a Cursach con 950.000 euros por las obras ilegales de Pachá

(Diario de Mallorca, 25/07/2018)

El Ayuntamiento ha iniciado ya el expediente de infracción, que se complementa con el de restitución de la legalidad alterada

Josep Capó. El Ayuntamiento de Palma ha propuesto sancionar al empresario Bartolomé Cursach con una multa de 950.000 euros por las obras realizadas sin permiso en la antigua discoteca Pachá del paseo Marítimo. La sanción aún no es firme, puesto que el empresario infractor puede alegar.

El inicio de este expediente sancionador por infracción urbanística grave ha sido aprobado en la gerencia de Urbanismo celebrada esta mañana, y se acompaña con otros nueve aprobados en esta misma sesión contra distintas obras realizadas sin licencia municipal por otras personas y empresas en distintas zonas de la ciudad.

Tanto Cursach como los propietarios de los terrenos en los que se levanta Pachá (la Fundació Natzaret) deben hacer frente también a un expediente de restitución de la legalidad urbanística consistente en la demolición de una serie de elementos construidos sin licencia municipal y, en algunos casos, ejecutados en la zona protegida del solar declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Cursach decidió cerrar el local, lo que no le exime de cumplir con la orden de restitución de la legalidad.

Cursach decidió cerrar el local y renunciar a la licencia de actividad el pasado diciembre, lo que no le exime de cumplir con la orden de restitución de la legalidad. Según consta en el expediente de infracción, las obras realizadas en la antigua discoteca sin licencia municipal se han valorado en 759.222,43 euros. Ya que no se aprecia ninguna de las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en la Ley se propone la imposición de la sanción en su grado medio, lo que supon que alcance la cantidad de 949.028,04, puesto que la multa puede oscilar entre el 100% y el 150% del valor de las obras ilegales.

El procedimiento sancionador debe resolverse en el plazo máximo de un año y el órgano competente para hacerlo es el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, por delegación de la junta de gobierno. En el caso de que el infractor desista o renuncie a presentar alegaciones se le puede reducir en un 20% el importe de la multa. Si, además, reconoce expresamente su responsabilidad y paga voluntariamente, la reducción alcanza el 40%.

Ilegalidades

- Instalación de focos en vallas existentes: Entre las obras realizadas sin la correspondiente licencia el informe del celador realizado en abril del año pasado detalla la "instalación de focos en vallas publicitarias existentes"
 
- Ampliación de la sala anexa VIP: En 2012 se realizó una ampliación del edificio consistente en el cierre de una terraza de 36 metros cuadrados, un porche de 4,25 metros cuadrados y su adecuación interior como "sala VIP"
 
- Ejecución de una "cueva natural": También se señala la ejecución desde la terraza de una apertura en la pared de piedra de una cavidad de aproximadamente 30 metros cuadrados de cueva con cuatro escalones de acceso.
 
- Redistribución de la sala principal: En la sala principal se han eliminado gradas, modificado la fachada, se han demolido paredes y puertas situadas entre la sala y el almacén y este se ha eliminado para ampliar el local.
 
- Adecuación de dos grupos de baños: Se han adecuado dos grupos de baños en la sala principal y la construcción de dos escaleras de acceso.
 
- Adecuación de espacios exteriores: Se ha procedido a la adecuación de espacios exteriores mediante bancadas y tarimas a diferente niveles.
 
- Instalación de una barra semicircular: En el exterior se ha instalado una barra semicircular situada ante el acceso de la "cueva natural".

2018-07-25 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Palma: la Defensora de la Ciudadanía denuncia que Cort tarda tres años en multar y parar actividades ilegales

(Diario de Mallorca, 21/07/2018)

Un informe pone de manifiesto la incapacidad del Ayuntamiento para resolver los problemas de la barriada de El Terreno

Josep Capó. La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, denunció ayer en la comisión de Sugerencias y Reclamaciones previa al pleno, que el ayuntamiento de Palma tarda "hasta tres años" en multar y paralizar actividades que se ha comprobado que son ilegales o que carecen de la correspondiente licencia municipal.

Moilanen explicó que esta cuestión no es exclusiva de una determinada zona de la ciudad ni afecta a una determinada actividad, sino que se trata de algo generalizado y que se relaciona con la forma en la que se tramitan estos expedientes. Al respecto, manifestó que su oficina está recabando información con el fin de que, probablemente el próximo mes de septiembre, redactar una "recomendación", que deberá ser atendida por los departamentos correspondientes.

Explicó que se dan numerosos casos en los que establecimientos de restauración o particulares instalan sin permiso aparatos de aire acondicionado en zonas comunes de las fincas o extractores de gases, ocasionando problemas de ruidos y malos olores al resto de los vecinos.

En estos casos, cuando se produce una denuncia, los celadores o bien la patrulla verde constatan los hechos. A partir de este momento la actuación municipal difiere en función de si las obras o la instalación denunciada están acabadas o no.

Si no se ha finalizado la instalación, Urbanismo suele dictar una orden de paralización que se cumple en un plazo más o menos razonable. No obstante, en aquellos casos en que la obra o la instalación ya está finalizada cuando se produce la inspección, el expediente se pone a la cola aunque se haya constatado que el aparato funciona sin la correspondiente licencia.

Y así puede estar hasta "tres años", hecho que, según la Defensora, "produce indefensión a la ciudadanía", además de abonar la sensación de "impunidad" de los infractores. Indicó asimismo que los informes remitidos por los técnicos del departamento a la Defensora ponen de manifiesto que este servicio de disciplina urbanística se encuentra "colapsado"

Según Moilanen esta situación sería susceptible de ser denunciada a la fiscalía. También informó de la existencia de una nueva petición del Defensor del Pueblo en la que se reclama información sobre los motivos por los cuales se ha tardado en tramitar una licencia urbanística.

Por otra parte, en la misma comisión la Defensora presentó un informe relacionado con la situación de la barriada de El Terreno. En él se concluye que "los negocios de ocio existentes constituyen el epicentro del problema", puesto que "no se respetan los horarios, y se produce ruido tanto en el interior como en el exterior del local debido a su actividad". La Defensora concluye que "con las herramientas actuales, la administración municipal es incapaz de resolver las molestias y restaurar de forma estable la seguridad en esta zona".

Asimismo, instó al equipo de gobierno a aprobar una "regulación efectiva" de los músicos y artistas callejeros y recordó que ya lo ha pedido en ocho ocasiones.





		

Arxius

<Agosto 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Categories

  • Eivissa i Formentera
  • Especial
  • Mallorca
  • Menorca
  • Operacio Voramar
  • Suprainsular
  • Etiquetes

    Llista d'etiquetes

    Documents

  • Altres infraccions
  • Notícies d'anys anteriors
  • Què és Disúrbia?
  • Recopilacions de notícies
  • Cercador de Disúrbia:


    Disúrbia. Recull de notícies 2000-2004
    Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

    Blogalia

    Blogalia