Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Los ayuntamientos toman conciencia del urbanismo ilegal y acuden más al Consultiu

(Última Hora, 28/02/2015)

E. Ballestero. Las peticiones de informes al Consell Consultiu desde los ayuntamientos de la Part Forana han crecido entre un diez y un quince por ciento en los últimos años.

Si antes los consistorios apenas recurrían al máximo órgano consultor de las Balears (algunos lo hacían con reticencias incluso en los casos en que era obligatorio), el aumento de la conciencia sobre las consecuencias del urbanismo ilegal, especialmente desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción, ha disparado el número de solicitudes hasta el punto de que el Consell Consultiu se ha visto obligado a denegar algunas consultas que deben resolverse dentro del seno de los propios ayuntamientos.

En los últimos años ha habido casos sonados: la vivienda de Hidalgo en Andratx, la orden de demolición del Pont del Riuet de Porto Cristo, la demolición por orden judicial de una vivienda que tapaba las vistas del Calvario en Pollença... Propietarios que construyeron con licencias anuladas ahora por la Justicia reclaman pagos millonarios. [Nota de Disúrbia: en cap d'aquests casos es va recòrrer a la revisió d'ofici, sinó a la impugnació en via contenciosa]

Los ayuntamientos buscan la seguridad jurídica que les otorga un órgano de prestigio como el Consell Consultiu a la hora de decidir sobre asuntos urbanísticos delicados, pero su papel, cuándo y sobre qué cuestiones debe informar, está claramente descrito por ley.

Se dan fundamentalmente cuatro supuestos. En primer lugar están las edificaciones hechas con licencia municipal contra la normativa. El Ajuntament puede anular la licencia mediante una revisión de oficio, pero precisa un dictamen favorable del Consell Consultiu, que es vinculante. «Es algo que se ha producido muchas veces, por error, por malas artes o por ganas de complacer...», explica el presidente del Consell Consultiu, Rafael Perera.

Hay un segundo supuesto, el de viviendas construidas con una licencia presunta. «Es decir, el Ajuntament calla y el promotor obtiene licencia por silencio administrativo», dice Perera. En este caso, el Ajuntament también puede anular la licencia con un informe favorable del Consell Consultiu [Nota de Disúrbia: només si la llicència és nul·la o anul·lable, òbviament].

El tercer supuesto se refiere a las viviendas construidas sin licencia. Las que incumplen la normativa se pueden anular previa solicitud de informe al Consell Consultiu, en este caso no vinculante [Nota de Disúrbia: com es pot anul·lar una llicència que no s'ha concedit mai? Dir això és una errada monumental]. El cuarto y último supuesto se refiere a las edificaciones realizadas en terrenos cuya naturaleza impide que la licencia sea autorizable (ANEI, zonas verdes...). Son los casos más sonados mediáticamente. Son delitos urbanísticos en los que interviene la Fiscalía. [Nota de Disúrbia: que hauria d'intervenir la Fiscalia, qui, curiosament, no ha de menester per res el dictamen del Consell Consultiu. Per una altra banda, quina diferència hi ha entre aquest supòsit i el primer?? Tota aquesta classificació no resisteix el més mínim anàlisi crític]

2015-02-28 | Etiquetes: , , , | Categories: Suprainsular | Enllaç

Palma: denuncian que Teatro Balear ha roto el precinto y ha reanudado las obras del Casino

(Diario de Mallorca, 28/02/2015)

La Patrulla Verde de la Policía Local y celadores de Urbanismo constataron la existencia de "ruidos compatibles con la realización de obras". Cort requirió la presencia de los responsables de los trabajos paralizados por carecer de licencia

J. Capó/F. Guijarro. Nuevo pulso de los responsables del Gran Casino Teatro Balear con el Ayuntamiento de Palma. Según denunció ayer su competidor, Casino Playa de Palma S. A., la empresa situada en la plaza del Comtat del Rosselló ha roto el precinto y ha reanudado las obras paralizadas el pasado 19 de enero por carecer de licencia municipal.

Fuentes municipales indicaron que, una vez se tuvo conocimiento de la denuncia, presentada por la empresa que también gestiona el casino de Porto Pi, una unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local, acompañada por celadores municipales, se personaron en el Teatro Balear con el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Los agentes constataron la inexistencia del precinto colocado el pasado día 19 de enero en el acceso principal de las instalaciones.

Además, por la puerta lateral del establecimiento, "escucharon ruidos compatibles con la realización de obras", que cesaron después de las reiteradas llamadas. No obstante, nadie les abrió, por lo que se procedió a notificar al gerente del casino para que se persone en las dependencias de Urbanismo con el fin de que en los próximos días dé explicaciones ya que no se pudo contactar con él de manera oficial.

Las mismas fuentes indicaron que, en el caso de comprobarse los hechos denunciados, se pondrán en conocimiento tanto del juzgado como de la fiscalía, ya que pueden ser constitutivos de varios delitos.

Los denunciantes indican en su escrito que la promotora Gran Casino Teatro Balear "ha incumplido de manera deliberada y continuada los requirimientos de paralización y suspensión de las obras efectuados por el Ayuntamiento de Palma".

Además, indican que "a día de hoy –por ayer– las obras prosiguen". En las fotografías que acompañan a su denuncia, tomadas el miércoles, 25 de febrero, se constata "la supresión de los precintos del local". Asimismo, a lo largo del jueves, 26 de febrero, los promotores continuaron con la realización de las obras no amparadas en licencia, "mediante la instalación de diferentes enseres en el interior del local, tales como moqueta y otros elementos de ejecución de obra".

Los denunciantes solicitan al departamento de Disciplina Urbanística que se acuerden "las medidas pertinentes para el establecimiento del orden urbanístico y que se proceda a ordenar la demolición y retirada de todas aquellas instalaciones llevadas a cabo, muy especialmente, las ejecutadas". También piden la imposición de sanciones y la puesta en conocimiento de los juzgados de lo penal el presunto delito de desobediencia en el que habrían incurrido los responsables del Casino Teatre Balear.

Este periódico intentó ayer sin conseguirlo ponerse en contacto con los responsables de la empresa denunciada con el fin de que dieran su versión sobre lo ocurrido.

Por el contrario, la empresa emitió un comunicado en el que, tras la aceptación de la recusación del gerente de Urbanismo Fernando González pide el Ayuntamiento anule urgentemente "todas las medidas ilegales adoptadas por en contra del Casino Teatro Balear".

2015-02-28 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep ordena el derribo de 1.833 m2 construidos en Can Lola

(Diario de Ibiza, 27/02/2015)

El Ayuntamiento concluye el expediente de demolición y tramita la multa de 1,4 millones | La promotora ha de presentar mañana el proyecto de derribo; si no, lo hará el Consistorio

joan lluís ferrer | sant josep. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep finalizó en 18 de diciembre de 2014 el expediente de disciplina urbanística contra las obras ilegales de Can Lola, que obliga a su propietaria, la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, al derribo de las construcciones levantadas sin licencia en este terreno. En concreto, debe suprimir viviendas con una superficie total de 930 metros cuadrados, dos terrazas de 340 y 414 metros cada una de ellas y dos piscinas, una de 84 metros y otra de 62.

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Javier Marí, recordó que la legalización de todas estas construcciones ya fue descartada en su momento, por lo que la única salida es «la reposición de la legalidad urbanística» mediante la «reposición al estado anterior de las cosas».

Una vez que se concluyó el expediente en diciembre, el Ayuntamiento otorgó un plazo de un mes a la propietaria para que presente el correspondiente proyecto de restauración del terreno (es decir, del derribo). Dado que la notificación se produjo el pasado 28 de enero, dicho documento se debería presentar al finalizar el presente mes de febrero. En caso de que se formalizara este requisito, el Consistorio debería insistirle para que lo haga y, de no hacerlo, será el propio Ayuntamiento el que deberá redactar este proyecto de demolición para ejecutarlo él de forma subsidiaria, cargando luego los costes al promotor. Se trata de la misma fórmula empleada en el caso de la vivienda del Puig d´en Serra.

Sin embargo, tal y como recordó el concejal, la elaboración del proyecto de restauración del terreno no será fácil, puesto que es necesaria la entrada en la parcela de técnicos municipales que evalúen los inmuebles existentes. Dado que la empresaria malagueña ha obstaculizado siempre el acceso de las autoridades, probablemente deberá requerirse permiso judicial para acceder en la parcela, totalmente vallada.

Javier Marí explicó que este expediente de restablecimiento de la legalidad es independiente del procedimiento sancionador que se ha empezado a tramitar contra la responsable de Can Lola, y que le supondrá el pago de una multa de «al menos» 1,4 millones de euros. Marí señaló que la ley prevé sancionar las obras ilegales con el equivalente a «entre el 100% y el 200% del valor de la construcción», pero los 1.400.000 euros se encuentran en el tramo bajo de esta horquilla.

Este expediente sancionador se está empezando a tramitar ahora, porque la nueva ley balear prevé que primero se ha de terminar el expediente de demolición (o de legalización, pero este no es el caso) y luego iniciar el sancionador. [Nota de Disúrbia: a quin article es diu això?]

El Ayuntamiento estrecha el cerco

j. ll. f. | ibiza El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep ha optado por acelerar los trámites para restablecer la legalidad infringida en Can Lola. Después de haber ignorado una orden de derribo que dejó lista en 2010 el anterior Ayuntamiento progresista, el departamento de Javier Marí reinició todos los trámites en 2012 para completar un nuevo expediente de demolición, ahora concluido. Probablemente, y vistos los antecedentes de obstrucción mostrados por la promotora, deberán ser los tribunales los que acabarán interviniendo para dar la razón al Ayuntamiento ante los más que posibles recursos contra la demolición. Más seguro parece el cobro de la multa millonaria que se impondrá a la responsable de las obras, puesto que, de no abonarla, se cobrará automáticamente por vía ejecutiva, gracias al convenio que el Ayuntamiento tiene con la Agencia Tributaria.

Palma: Estafa con pisos en el Rafal: condenado el constructor y absuelto el notario

(Última Hora, 26/02/2015)

V. Malagón. La Audiencia ha impuesto una condena de seis años por estafa al constructor que hizo diez viviendas sin ningún tipo de licencia municipal en una antigua panadería de la calle Vivero de Palma y las vendió por más de un millón de euros.En la misma sentencia se absuelve al notario de Marratxí Pedro Luís Gutiérrez y a un arquitecto técnico.

El principal acusado, pintor de profesión, adquirió la finca en el año 2004. Se trataba de una planta baja con corral de más de cien años de antigüedad y de 360 metros cuadrados. Sin licencia municipal y sin la intervención de arquitecto o técnico alguno, hizo una reforma para dividir en diez viviendas la finca.

Las vendió por precios que rondaban los cien mil euros cuando apenas tenían 40 metros cuadrados. Años después de cerrarse las ventas, los compradores comenzaron a notar humedades y desperfectos. Al intentar arreglarlas escurrieron que sus domicilios eran, en realidad ilegales. De hecho, tienen ahora una orden de demolición dictada por el Ajuntament de Palma al ser imposible legalizar esas obras.

La sentencia rechaza que el constructor, José Luis Rodríguez Molina, merezca atenuantes por confesar en el juicio la estafa y señala: «El solo hecho de que acometiera las obras sin contar con una dirección técnica nos dice todo de su absoluto desprecio por el cumplimiento de la normativa, exprimiendo hasta el último metro, con el propósito firme de ahorrar costes».

Añade que no era un promotor inexperto y que conocía perfectamente lo que hacía, «con burla y desatención hacia los intereses de futuros compradores». Junto a la pena de prisión, el único condenado tendrá que abonar indemnizaciones que suman más de 700.000 euros a los afectados. En caso de que se ejecuten las demoliciones, tendrá que pagarlas también.

Respecto al notario de Marratxí, defendido por el abogado José Zaforteza, la sentencia llega a la conclusión de que no existió ninguna irregularidad y que actuó dentro de sus competencias, según marcaba entonces la ley. Sí que señala que esa normativa era entonces excesivamente laxa. «Ha quedado acreditado que los procedimientos se siguieron, que no estaba obligado a comprobaciones previas y que su función no consiste en dar fe de la veracidad de lo declarado por el otorgante». Así pues, fue el constructor quien indujo a error al notario al presentarle documentos que no se correspondían con la realidad de la finca.

El otro absuelto es el arquitecto técnico que intentó conseguir cédulas de habitabilidad cuando las viviendas ya habían sido vendidos. En su caso, la Sala acuerda la absolución porque el delito del que se le acusaba está prescrito.

Sant Josep abre expediente urbanístico a Casa Lola por un valor de 1,4 millones

(Diario de Ibiza, 23/02/2015)

El Consistorio inicia este año cinco procedimientos sancionadores por un importe de algo más de dos millones, casi 10 veces más del valor de los 17 tramitados en 2014 | El equipo de gobierno sostiene que solo «muy poca cosa» se podría legalizar

j. ll. ferrer / e. rodríguez | ibiza. En lo que llevamos de año, el Ayuntamiento de Sant Josep ha abierto cinco expedientes de disciplina urbanística cuyo valor económico (por las obras supuestamente cometidas ilegalmente) asciende a algo más de dos millones de euros, casi 10 veces más que el de los 17 expedientes iniciados en 2014 (256.416 euros). La causa del fuente incremento del valor económico de los procesos iniciados este año se debe a que afectan a «cuatro casas grandes» y al complejo turístico de al menos 21 habitaciones llamado Casa Lola, en el paraje de Davall sa Serra.

El Consistorio calcula que las edificaciones ilegales levantadas en Casa Lola están presupuestadas en 1,4 millones de euros. Un portavoz municipal explica que cuando se abre expediente de disciplina urbanística se hace por el valor del coste de las supuestas ilegalidades cometidas y que la posterior sanción económica puede ser «como mínimo por dicha cantidad o bien puede alcanzar hasta el 250% de la misma». La cuantía total, en el caso de que se resuelva que se tiene que pagar una multa, se decidirá en el momento en que se cierre el expediente, según las fuentes municipales consultadas.

La polémica por las obras del complejo turístico de Casa Lola se remonta dos años atrás como mínimo. La responsable de las instalaciones, Paquita Sánchez „que es la misma a la que la Demarcación de Costas precintó unas obras también ilegales en sa Caleta, dentro del Parque Natural de ses Salines„ ejecutó las obras sin licencia. El Consistorio precintó las obras en marzo de 2013, y tras la rotura del precintó denunció los hechos en la Fiscalía.

Orden de demolición anterior

El anterior equipo de gobierno abrió un expediente de disciplina urbanística a la propiedad de la finca y le dio, en agosto de 2011, un plazo de diez días para derribar voluntariamente las construcciones levantadas hasta ese momento de forma ilegal: una piscina y una terraza anexa, una edificación de 50 metros cuadrados y un porche, una construcción de 30 metros cuadrados, otra de 50, dos casas de 200 metros, un depósito de agua y una estructura de piscina de 52 metros. Entonces, se impuso una sanción económica de 192.000 euros.

La propiedad cursó una petición de legalización de lo construido sin licencia, pero un portavoz del Consistorio asegura que «muy poca cosa» se puede salvar, puesto que las obras acometidas «no cumplen los requisitos que determina la ley del suelo». Así, en el mismo expediente de disciplina se debe resolver la demolición de las obras ilegales.

Un portavoz municipal explica que se ha tardado tanto en iniciar este expediente de disciplina urbanística porque había «una cola importante en el departamento sancionador». «Se pretende ir sacando todo», agrega.

17 expedientes en 2014

El año pasado Sant Josep inició 17 expedientes de disciplina urbanística por un valor de 256.416 euros y resolvió nueve por un importe de 39.035 euros. Hay que tener en cuenta que buena parte de los procedimientos resueltos seguramente se arrastraban de años anteriores.

En 2014 se derribó una construcción y nueve parcialmente. Lo recaudado en 2014 por expedientes sancionadores, tanto urbanísticos como de actividades u otro tipo, ascendió a 143.962 datos, según el equipo de gobierno, que compara dicha cuantía con los 33.816 euros ingresados en 2011, el último año gobernado por la izquierda hasta noviembre, cuando se aprobó la moción de censura.

Es Migjorna Gran: Ramón Verdú denuncia la filtración de datos personales del Consorcio

(Menorca, 22/02/2015)

Presenta una reclamación ante el ente y otra ante la Agencia de Protección de Datos, en la que atribuye como «presuntos responsables» a Moll y Baquero

Jordi González. El portavoz y candidato del PP a a la alcaldía de Es Migjorn, Ramón Verdú y su mujer han presentado dos denuncias por la filtración de datos personales del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, después que este diario publicara el requerimiento ante la Justicia, por parte del ente mancomunado, para poder inspeccionar las presuntas obras sin licencia en el domicilio que reside, propiedad de su esposa.

El concejal del PP ha presentado una denuncia ante el propio Consorcio y una segunda ante la Agencia Española de Protección de Datos. En las reclamaciones se señala que los datos difundidos son «de carácter personal relativos a la comisión de infracciones administrativas», por lo que se trata de «datos especialmente protegidos». Y tal y como marca la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos «solo podrán ser incluidos en ficheros de las administraciones públicas competentes».

El edil y su esposa van más allá y aseguran que «los responsables de los datos protegidos» en cuestión «han abusado de su derecho de protección de datos», cuando en realidad «están obligados al secreto profesional y al deber de guardarlos».

En la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos incluso hablan de presuntos responsables: el Consorcio, el Consell de Menorca y el alcalde de Es Migjorn, Pere Moll y la concejal, Elena Baquero.

Ante todo ello, solicitan la «iniciación del procedimiento sancionador, con el fin de atajar la actuación señalada contraria a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos».

El candidato del PP de Es Migjorn, para las próximas elecciones municipales, Ramón Verdú asegura que si en un plazo de cuatro meses, los organismos competentes donde han presentado sendas denuncias, no han dictado ninguna resolución al respecto, sus abogados remitirán el caso a los tribunales ordinarios.

Mancor batalla para que la legalización y el derribo de Biniatzent no pasen factura

(Última Hora, 23/02/2015)

E. Balllestero. Comienza la batalla legal entre el Ajuntament de Mancor y el propietario de Biniatzent de Dalt, Simó Alba. Este último reclama 1.876.601,160 euros en concepto de daños y perjuicios tras la demolición por orden judicial de las construcciones que realizó irregularmente en un Àrea Natural de Especial Interés y que legalizó el anterior alcalde y conseller de Cooperación Local, Bernardí Coll.

El instructor del expediente acaba de abrir el periodo de prueba para que el demandante aporte toda la documentación que considere oportuna. Tiene treinta días para hacerlo. A partir de ese momento el Ajuntament hará una propuesta de resolución que remitirá al Consell Consultiu.

Seguro de responsabilidad

El letrado Mateu Cañellas, quien defenderá los intereses del Ajuntament de Mancor de la Vall en este caso, estimó el pasado mes de noviembre que la indemnización máxima que podría recibir el propietario de la finca es de 300.000 euros. La clave está ahora en la valoración que realicen cada una de las partes de las licencias concedidas, de cada obra que ha sido autorizada, de cada obra ejecutada y del volumen derribado.

El caso acabará probablemente en los tribunales y es que Més (en la oposición) ya ha anunciado que si el Ajuntament no demanda a Alba y al exalcalde Coll, ellos se plantean hacerlo.

Condenados a 28 años de inhabilitación el alcalde de Lloseta y dos concejales

(Última Hora, 21/02/2015)

Efe. El alcalde socialista de Lloseta, Bernat Coll, y tres concejales del consistorio han sido condenados a 28 años de inhabilitación cada uno como autores de cuatro delitos de prevaricación.

Los condenados, de los que uno ya no es concejal y que se dieron de baja del PSOE tras la celebración del juicio en su contra, tendrán que abonar además multas por los dos delitos de prevaricación urbanística que suman 7.300 euros para cada uno de ellos.

Bernat Coll y los concejales Maria Alemany, Joan Coll y Pere Joan Martorell (éste fuera del consistorio durante la presente legislatura) fueron juzgados la última semana de enero y la Fiscalía solicitaba para ellos una pena de 34 meses de cárcel, mientras que su defensa pidió que fueran absueltos.

En la sentencia se considera probado que entre 2004 y 2008 los cuatro ediles adjudicaron la gestión de la programación musical del teatro municipal sin concurso, vendieron unos solares municipales y autorizaron dos licencias urbanísticas pese a la advertencia del secretario municipal de que todas estas actuaciones eran ilegales.

En su fallo, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, la jueza Margarita Beltrán absuelve a los acusados de un quinto delito de prevaricación porque entiende que es la continuidad de una licencia urbanística concedida previamente de manera «arbitraria» por la que sí condena a los procesados.

La jueza resalta que en la vista oral, de forma inusual, «todos y cada uno de los acusados reconocieron haber votado a favor de las contrataciones y licencias de autos, conociendo las advertencias de ilegalidad formuladas por el secretario de la corporación y las derivadas del arquitecto municipal».

En cuanto a las motivaciones que expusieron, se resumen en que «lo hicieron por el bien del pueblo, entendiendo que las irregularidades en que incidieron tenían escasa trascendencia y podían en su caso ser subsanadas en el futuro, y sin comprender que esa actuación conjunta les hubiera conducido» a ser procesados en una causa penal, subraya Beltrán.

Admitidos los hechos, la resolución se centra en determinar si los acusados cometieron delitos de prevaricación administrativa, como sostuvieron en el juicio la Fiscalía y la acusación popular, en representación del PP, o si sus actos fueron meros ilícitos administrativos, como planteó la defensa.

La jueza apunta que la prevaricación, administrativa y urbanística, es el delito que comete una autoridad pública al adoptar una resolución arbitraria y contraria a la ley a sabiendas de su ilegalidad, al margen de que trate o no de beneficiarse él mismo o a otra persona o colectivo.

«Quienes desempeñan las labores de gobierno de un ente público no pueden conducirse en su actuación y resolver sin más norma que su particular criterio, pasando por alto las exigencias que toda actuación pública ha de guardar en aras a la obligada transparencia y legalidad de su actuación», subraya la sentencia.

Respecto a las irregularidades urbanísticas, incide en que «la administración no puede libremente decidir si concede o no la licencia, sino que está obligada a darla si cumple con la normativa, pero también está obligada a no darla si no la cumple», como era el caso.

A la hora de determinar las condenas, la jueza atiende la petición de las acusaciones en las dos delitos de prevaricación administrativa y los castiga con 7 años de inhabilitación cada uno para cada acusado.

Opta por descartar la prisión e imponer 7 años de inhabilitación y 3.650 euros de multa a cada uno de los acusados por cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística.

Al día siguiente de la conclusión del juicio, al anunciar que los cuatro encausados se habían dado de baja como militantes socialistas, el dirigente del PSIB Cosme Bonet definió a Coll, que continúa hasta hoy al frente del Ayuntamiento de Lloseta, como una «persona íntegra, responsable y honesta».

2015-02-21 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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