Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Antoni se ve «atado» para sancionar el chalé patera

(Diario de Ibiza, 18/05/2018)

El Ayuntamiento admite que el recurso presentado por la propiedad alargará «largo tiempo» su intención de precintar y multar la casa

Josep Àngel Costa. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, Cristina Ribas, admitió ayer que el Ayuntamiento se encuentra «atado de pies y manos» a la hora de continuar con sus intenciones de precintar el chalé patera de la calle General Gotarredona, a raíz de la suspensión cautelar dictaminada por un juez tras un recurso presentado por el propietario, Agustín Sales. Por su parte, Sales acusa al Consistorio de vulnerar «derechos constitucionales» después de ordenar el corte de suministro eléctrico a la casa, que dejó durante más de una semana sin luz corriente a las «70 personas y un bebé» que, según él, residen actualmente en la casa.

Ribas señaló que, además del precinto, la suspensión cautelar también impide que, de momento, el Ayuntamiento pueda imponer las multas coercitivas por las obras de ampliación ilegales del chalé, además de su actividad de alquiler de habitaciones, con las que pretendía que el propietario accediera al precinto y desalojo de la casa. «El Ayuntamiento seguirá con estas tramitaciones cuando se resuelva el recurso y se levante la suspensión, pero, la verdad, se trata de un proceso que va para largo», señaló la concejala.

Ribas también explicó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento aconsejaron que no se llevara a cabo el corte de suministro, dado el elevado número de personas que habitan en la casa, pero al comunicar el cambio de planes a Endesa, «ya habían procedido a ejecutar la orden» previa.

Por su parte, Sales rehúsa hacer declaraciones, pero mantiene que su negocio es legal y ha remitido a este periódico el documento que certifica que su nieto, de un año, reside en este domicilio.

La ADT denuncia ante la Fiscalía una parcela de Felanitx en la que hibernan barcos

(Diario de Mallorca, 15/05/2018)

Tomeu Obrador. La Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), vinculada al Consell de Mallorca, informó ayer de que "la ley hace más de 25 años que establece que el incumplimiento de las órdenes de paralización dictadas por la Administración ha de implicar la denuncia ante la Fiscalía o el juzgado de instrucción por posible delito de desobediencia".

En este sentido, señaló que, la propia Agència, "ordenó hace unos días la paralización del uso de una parcela para la hibernación de embarcaciones en suelo rústico de Felanitx, por no disponer de título urbanístico que habilite para este uso".

Por todo ello, "transcurrido el plazo voluntario para la paralización del uso, éste no ha cesado, por lo que en cumplimiento de la ley, la Agència denunciará estos hechos ante la Fiscalía".

Plan General

Por otro lado, aunque sin dejar la temática urbanística, el PP de Felanitx ha presentado siete propuestas para la redacción del avance del planeamiento contemplado en el Plan General municipal diseñado por el equipo de gobierno Bloc-PSOE-El Pi y que, tres años después de pacto, "sigue tan sólo en exposición pública", reprochan los conservadores.

Según Biel Tauler, "las propuestas del equipo de gobierno son irrealistas". Los conservadores temen la continua degradación del centro de Felanitx y los problemas de la Vileta, Can Cirerol y Can Gayà, entre otras cuestiones.

Un juzgado ordena multar al alcalde de Santa Eugènia por no ejecutar la sentencia de ses Olleries

(Última Hora, 6/05/2018)

A. Pol. El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma, ordenó en una providencia dictada hace unas semanas «imponer multas» coercitivas de 300 euros cada 20 días al alcalde de Santa Eugènia, Xisco Martorell, por no dar cumplimiento a una sentencia que ordenaba demoler un adosado en el llogaret de ses Olleries.

El Ajuntament, condenado, ha presentado recurso y remitido al juez un «informe del arquitecto municipal» en que señala que la edificación ya está demolida, informó a este rotativo el letrado que representa al Consistorio. El magistrado aun no se ha pronunciado sobre este recurso, añadió el abogado, de manera que las multas aun no se han aplicado.

Martorell declaró esta semana que la demolición se ejecutó «completamente» y atribuyó el retraso de su notificación al magistrado al hecho de que el municipio ha estado durante un período de tiempo sin arquitecto. Pero «ya la hemos enviado el certificado del final de obra», indicó.

2018-05-06 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Antoni ordena cortar la luz al chalé patera y luego pide que se restablezca

(Diario de Ibiza, 5/05/2018)

El edificio cuenta ahora con un generador junto a la piscina que funciona hasta la medianoche

José María Alonso. El chalé patera de Sant Antoni utiliza un generador para disponer de electricidad porque la compañía Endesa les ha cortado el suministro a petición del Ayuntamiento. Endesa dijo ayer que no puede asegurar con certeza cuándo cortó el suministro y, por su parte, Sant Antoni explicó que ya ha pedido a la compañía que restablezca el servicio «a la mayor brevedad en consideración a que en esta vivienda reside un número de terceras personas, distintas del titular».

«Con el fin de salvaguardar los derechos de estas terceras personas, se ha enviado un nuevo decreto solicitando a los suministradores que dejen sin efecto la instrucción anterior y a Endesa que restablezca el servicio a la mayor brevedad», añadieron desde el Ayuntamiento.

Sant Antoni pidió a Endesa que cortara la luz a partir del día 30, que era cuando estaba previsto precintar el chalé patera, algo que finalmente no fue posible porque el Ayuntamiento no disponía de orden judicial.

A raíz del corte del suministro, el responsable del chalé ha instalado un generador junto a de la piscina que, según testigos, es muy ruidoso y causa molestias en el vecindario. El generador lo apagan a medianoche y cesa el ruido, pero también el suministro eléctrico. Al parecer, algunos de los huéspedes ya han abandonado el famoso chalé, pero aún quedan muchos.

Auxilio judicial

El Ayuntamiento ha anunciado que pedirá «auxilio judicial» para poder precintar el chalé patera, que hace unos días albergaba a cerca de un centenar de personas.

A raíz de la negativa del responsable a cerrar al público este lugar, el Consistorio anunció que emprende la vía judicial con el fin de que un juez autorice una orden para desalojar el inmueble y poder proceder así al precinto.

Además de la vía judicial, la Administración municipal iniciará a partir de ahora la imposición de multas coercitivas.

Por una parte, superado el plazo para presentar proyecto de demolición, el Consistorio impondrá multas por valor del 10% de la obra, es decir, unos 106.000 euros mensuales.

Por otro, también se le multará por no paralizar los usos. En este caso, estas sanciones también ascienden al 10% del valor de la obra con una periodicidad mínima de diez días.

El pasado día 30 a mediodía, varios agentes de la Policía Local de Sant Antoni y cuatro de la Guardia Civil acompañaron a la inspectora de Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni hasta esta vivienda, ubicada en el número 2 de la calle General Gotarredona, para notificarle la resolución del recurso presentado el pasado viernes ante el Consistorio. Por su parte, el propietario del inmueble, Agustín Sales, impidió el precinto de la vivienda, ya que el Ayuntamiento no pudo presentar orden judicial.

Según el Ayuntamiento de Sant Antoni, Sales no sólo no aceptó la orden municipal de desalojo, sino que anunció la interposición de un recurso contencioso contra el Consistorio.

Visto para sentencia el juicio millonario por el derribo del chalet de Biniatzent en Mancor

(Última Hora, 4/05/2018)

E. Ballestero. Cuatro años después de ejecutarse por orden judicial el derribo de un chalet construido en un Área Natural de Especial Interés de Mancor que había sido legalizado irregularmente por el exalcalde Bernardí Coll (PP), el juicio por el que el propietario reclama una indemnización de 1,8 millones de euros al Consistorio ha quedado visto para sentencia.

El abogado del Ajuntament, Mateu Cañellas, informó este lunes de que la sentencia aún puede demorarse un año dado que serán los magistrados de Madrid que actúan como refuerzo ante la saturación que se vive en las Illes quienes se encargarán de resolver este asunto.

Vista judicial

En la vista, celebrada a principios de 2018, el Ajuntament mantuvo la tesis de que no cabe indemnizar al propietario de las casas de Biniatzent (construidas en un ANEI donde está expresamente prohibido el uso de vivienda) porque ha sido suficientemente acreditado que la propiedad no realizó obras después de obtener las licencias de legalización que posteriormente anuló el juez, sino que ya las había realizado con anterioridad, por lo que la anulación de la licencia de legalización no le habría supuesto coste alguno.

La defensa del Consistorio basa sus argumentos en un informe del Consell Consultiu y sostiene que el propietario utilizó modos y formas inexactos que «llevaron a error» a la Adminitración que acabó concediendo la licencia de obras cuando se le había ocultado que dichas obras ya se habían ejecutado en su práctica totalidad. El Ajuntament pagó los 114.000 euros que costó el derribo.

Sant Antoni garantiza que hará retirar la nueva valla ilegal en suelo rústico

(Diario de Ibiza, 30/04/2018)

El alcalde asegura que se siguen instruyendo los expedientes abiertos contra el resto de paneles publicitarios

Redacción. El alcalde de Sant Antoni, Josep Tur, confirmó ayer que está actuando conjuntamente con el Consell de Ibiza para obligar a retirar la valla publicitaria ilegal instalada hace diez días en suelo rústico (donde están prohibidas) junto a sa Coma. «Estamos actuando desde el punto de vista legal para que se quite», señaló Tur, aunque admitió que, «como siempre hay posibilidad de recursos por parte de la empresa, a veces la Administración municipal no va lo rápido que quisiéramos».

De hecho, este es el motivo por el cual las decenas de vallas ilegalmente colocadas en suelo rústico desde hace años no han sido aún retiradas. El alcalde aseguró que continúan instruyéndose los expedientes sancionadores abiertos al principio de este mandato municipal, si bien no se atrevió a dar una fecha aproximada para la retirada de la primera de estas vallas.

«Hay que hacer un expediente individualizado para cada una de estas vallas», indicó Tur, quien recalcó que «la voluntad política del Ayuntamiento es quitar todas las vallas publicitarias que corresponda quitar al Consistorio».

Por su parte, el Consell de Ibiza afirmó que ha abierto también expediente contra la nueva valla de la carretera de Sant Antoni y que, además, tiene previsto iniciar una nueva tanda de expedientes contra soportes ilegales en suelo rústico, de las que ya se han quitado una docena.

La incertidumbre urbanística acelera las solicitudes para construir en el campo

(Diario de Mallorca, 30/04/2018)

Desde octubre se ha producido la entrada en el Consell de una media de 60 peticiones de autorización al mes, lo que supondría unas 700 anuales - Estas cifras contrastan con las del año 2016, los últimos datos oficiales, donde la institución insular autorizó 291 para chalés y reformas

Miquel Adrover. La incertidumbre urbanística que se vive en las islas, con una cascada de nuevas normativas y posibles cambios de calado en las leyes territoriales, así como la regulación del alquiler turístico, ha hecho que las solicitudes de autorización para construir o reformar casas en el campo mallorquín se hayan acelerado de forma importante. Según cifras municipales, en las oficinas de Territorio del Consell de Mallorca han entrado en los últimos meses una media de 60 peticiones mensuales, lo que supondría –de seguir esta tónica– un número cercano a las 700 anuales. En el año 2016, el último que el Consell tiene cerrada su estadística, se autorizaron 291 construcciones de nueva planta. Un incremento que sería más del 100%.

Hay que tener en cuenta que las solicitudes de licencias para construir en suelo rústico las canalizan los ayuntamientos, pero el Consell las debe autorizar antes de que el respectivo consistorio otorgue el permiso para empezar a construir [Nota de Disúrbia: això es refereix només a habitatges de nova planta, no a reformes o a altres edificacions, cosa que no queda clara en l'article]. Este acelerón se ha producido desde el mes de octubre de 2017 a marzo de este año. Principalmente en esta época se estaba en pleno debate de la zonificación del alquiler turístico y el Govern estaba ultimando la Ley de Urbanismo de les Illes Balears, que entre otras cosas prohíbe ampliar inmuebles que no tengan parcela mínima pese a que sean legales en el ordenamiento urbanístico.

Asimismo, el Consell había anunciado la reforma del Plan Territorial de Mallorca y sobre la mesa se arrojó la posibilidad de elevar la parcela mínima, que ahora está fijada en 14.000 metros cuadrados, al igual que la reducción de la edificabilidad. Estas cuestiones también crearon controversia entre los propietarios isleños que han decidido en los últimos meses empezar a tramitar los permisos para adelantarse a futuras restricciones en el suelo rústico de Mallorca.

La Consellería insular de Territorio, Mercedes Garrido, reconoció que "las peticiones han aumentado y es cierto que todo el debate de la posible ampliación de la parcela mínima y la regulación del alquiler turístico han ayudado a este incremento de solicitudes que han llegado al Consell". No obstante, Garrido apuntó también como posibles causas que se ha notado la salida de la crisis y muchos propietarios tienen liquidez para afrontar la reforma o construcción de una caseta de nueva planta en su parcela situada en suelo rústico.

El informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente, instando al Consell a que en la reforma del Plan Territorial abordase aumentar la parcela mínima para construir en suelo rústico para evitar la "terciarización" del campo, adelantado por este periódico, también provocó la incertidumbre entre los promotores al no tener claro lo que pudiera pasar en un futuro con las nuevas normas urbanísticas.

"La parcela mínima no se toca"

"La gente puede estar tranquila, ya que en esta legislatura la parcela mínima no se tocará y seguirá en 14.000 metros cuadrados, pese a lo que diga el Govern en su informe de impacto ambiental sobre el Plan Territorial", apuntilló Mercedes Garrido. La consellera insular de Territorio explicó también que, a raíz de las duras peticiones ambientales exigidas por la conselleria de Medio Ambiente del Govern para dar el visto bueno al nuevo Plan Territorial, este documento urbanístico no se aprobará durante esta legislatura, por lo que "si el Plan Territorial no se modifica, tampoco se tocará la parcela mínima".

Lo que también influyó de forma especial a crear la incertidumbre fue la nueva Ley de Urbanismo de las Islas Balears (LUIB), que entró en vigor el pasado 1 de enero, y dejó sin ninguna posibilidad de ampliación o construir porches y piscinas adyacentes a más de 6.000 inmuebles legales ubicados en suelo rústico. La normativa incluye una disposición adicional donde impide el incremento de edificabilidad en aquellos inmuebles que estén ubicados en una extensión que no tenga la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados. Son legales porque fueron construidos antes del año 1995 en que entró en vigor la exigencia de parcela mínima, pero ahora tampoco podrán ampliarse y, lo más importante, no podrán contar con piscinas o porches.

Una de las preocupaciones de Govern y de Consell era la avalancha de peticiones para construir piscinas y de ampliaciones, con el claro objetivo de destinar los inmuebles rústicos al alquiler vacacional. Por ello sacaron adelante esta disposición adicional en la LUIB. Una circular del Colegio de Arquitectos alertaba de esta modificación en el último tramo del año 2017. Este hecho, junto a la rumorología en los ayuntamientos, provocó una reactivación de las solicitudes de permisos para reformar las viviendas en el campo, especialmente aquellas que fueron construidas con anterioridad a los años 90 y que no contaban con los 14.000 metros cuadrados. Algunos ayuntamientos vieron cómo el miedo de los propietarios motivaba que se triplicaran las solicitudes de licencia en suelo rústico.

Mercedes Garrido también reveló un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar el crecimiento de peticiones de autorización. Las obras en inmuebles cercanos a carreteras han aumentado de forma importante, al igual que las cédulas de habitabilidad, un documento imprescindible para poder regularizar una vivienda y dedicarla al alquiler turístico.

Las cédulas de habitabilidad las expide el Consell y en 2016 ya se dispararon. En concreto, el porcentaje de aumento se fijó en un 20% respecto al año 2015. Ello significó que ese año el Consel emitió unas 1.500 cédulas de habitabilidad más que el año anterior. En este caso, la vorágine por dedicar la vivienda al alquiler vacacional fue la principal causa.

Sobre el acelerón de las solicitudes de autorización, Mercedes Garrido recordó que "los propietarios tienen que tener en cuenta que la Ley Company introdujo la caducidad, por lo que en el caso de no ejecutar la licencia vía municipal pueden prescribir".

De igual modo, en el Consell han advertido otro dato que también deja evidencia del incremento importante de actividad constructora en el suelo rústico de Mallorca. Las solicitudes para extender redes eléctricas llevan unos años incrementado y en los últimos seis meses en cada una de las Comisiones de Urbanismo de la institución insular se informan entre cuatro y cinco. Las redes eléctricas se extienden para poder llevar la electricidad a una vivienda rústica en una zona donde no existe posibilidad de conectar a la red general. Por ello, los propietarios deben pagar el tendido de las mismas para contar con energía eléctrica en su inmueble.

Sant Josep: la propiedad de Casa Lola recurre la orden de derribo ante el TSJB

(Diario de Ibiza, 28/04/2018)

El trámite se retrasó dos años al solicitar la propiedad la traducción de la sentencia del catalán al castellano

joan lluís ferrer. La propiedad de Casa Lola, el complejo turístico ilegal de la carretera de Porroig en Sant Josep, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la orden de demolición de estas instalaciones. El Ayuntamiento de Sant Josep ha confirmado este extremo, una vez que se ha desatascado el procedimiento al traducirse por fin al castellano la citada sentencia, pues al estar en catalán provocó un recurso de la dueña, Francisca Sánchez Ordóñez, que alegó no comprender este idioma.

Hacía casi dos años que los trámites para derribar la vivienda habían quedado interrumpidos porque en los juzgados de Ibiza no había funcionarios suficientes para traducir la sentencia del catalán al castellano. Ante el bloqueo que afectaba a este asunto y frente a la amenaza de eternizarse esta situación, ha sido el propio Ayuntamiento el que ha contratado los servicios de un traductor privado, explicó ayer el concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero.

El juez que lleva el caso ha aceptado el texto traducido, por lo que los trámites se reanudan. Sin embargo, el nuevo paso dado por la propiedad nada más desatascarse la situación ha sido presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia que daba razón al Ayuntamiento cuando ordenó el derribo.

El Consistorio concluyó en aquella resolución que las obras realizadas por Sánchez Ordóñez no son legalizables y que sólo cabe su demolición, a cargo de la promotora. Sin embargo, para materializar el derribo habrá que esperar a que finalicen los recursos que la ley permite a la dueña.

En octubre de 2016, el juzgado falló a favor del Ayuntamiento ante un recurso de la propietaria para tratar de impedir la demolición de la vivienda, que es objeto de fiestas y actividades turísticas durante todo el verano, pese a carecer de las licencias necesarias. Sin embargo, la empresa de Francisca Sánchez Ordóñez, dueña de la casa, alegó «indefensión» por desconocimiento del idioma.

2018-04-28 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç





		

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