Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Antoni ordena al dueño del chalé patera su demolición

(Diario de Ibiza, 15/12/2017)

«Es una bestialidad que no tiene nombre», dice el propietario | Tiene dos meses para presentar el proyecto de derribo y luego será multado con 100.000 euros todos los meses si desobedece

Joan Lluís Ferrer. La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó anteayer la orden de demolición del chalé patera de la avenida del General Gotarredona, 2, en esta localidad, que viene funcionando de forma ilegal desde hace años y que tiene expedientes abiertos desde 2002. La casa llega a tener un centenar de huéspedes alojados de forma ilegal durante los meses de verano, aunque ayer mismo aún tenía personas durmiendo en sus habitaciones.

La decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni, que ayer por la mañana aún no había sido notificada a su propietario, obliga al titular a aportar, en el plazo máximo de dos meses, el correspondiente proyecto de demolición para ser aprobado por el Consistorio.

La orden de derribo afecta a prácticamente toda la casa, que ronda los 1.000 metros cuadrados de superficie. El núcleo originario del inmueble, que tenía licencia, ha quedado tan ampliado y tan alterado por las sucesivas ampliaciones realizadas de forma fraudulenta que la concejala de Urbanismo, Cristina Marí, vio difícil que pueda salvarse algo de dicha construcción.

En el caso de que, transcurridos los dos meses que prevé la ley, el promotor no haya presentado el proyecto de derribo, empezarán a recaer sobre él multas coercitivas de periodicidad mensual por un importe equivalente al 10 por ciento del valor de la construcción, que en este caso asciende a 1.051.213 euros, según la nota emitida por el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ello supone que cada mes, y de forma reiterada hasta llegar a doce mensualidades, el propietario de la casa deberá abonar algo más de 100.000 euros.

Transcurridos estos plazos, la Corporación quedará legalmente facultada para proceder ella misma a la demolición de la casa, aunque cargando los gastos de todo ello al propietario, tal y como también establece la ley.

Recursos posibles

Por su parte, el promotor tiene treinta días a partir de ahora para presentar un recurso de reposición contra la orden municipal de demolición, pero como dicho recurso debe ser presentado ante el propio Ayuntamiento, lo más probable es que sea desestimado, con lo que ya sólo quedaría acudir a la vía judicial para tratar de eludir la demolición o, al menos, retrasarla al máximo.

Sin embargo, como explicó la concejala de Urbanismo, si el infractor optara por acudir a la vía judicial, «no habría que esperar a que finalizara la tramitación del recurso contencioso-administrativo para imponer las multas coercitivas».

Cristina Ribas admitió, sin embargo, que los trámites para la demolición «no serán rápidos», pero se declaró «satisfecha» por el hecho de que «por fin se haya terminado el expediente», después de los primeros intentos, nunca finalizados, del PP desde el año 2002.

Por su parte, el dueño y explotador del chalé patera, Agustín Sales, se enteró por este diario de la aprobación de la orden de derribo, motivo por el cual declinó pronunciarse sobre la estrategia que seguirá de ahora en adelante. «No puedo decir nada porque no he recibido nada», declaró. «Dudo de que haya ningún informe real que diga que esto es así, porque todo lo que se ha dicho hasta ahora es mentira», añadió. También dijo que la demolición de la construcción «es una bestialidad que no tiene nombre».

«Eso de que la casa esté tan mal es algo que sólo han dicho tres inquilinos», afirmó. En todo caso, evitó anticipar su actuación, a la espera de «hablar con quien haya que hablar primero».

Por otra parte, la concejala de Urbanismo recordó que, al margen de la orden de derribo y sus consiguientes multas coercitivas, el Ayuntamiento ha de tramitar todavía el expediente sancionador propiamente dicho para dictaminar qué multa le corresponde a Sales por haber desarrollado esta actividad ilegal y haber construido estas obras sin licencia. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha iniciado aún esta parte del procedimiento, que tendrá lugar después de la demolición.

Un escándalo que saltó a la actualidad nacional

El caso del chalé patera de Sant Antoni era conocido en los despachos del Ayuntamiento de Sant Antoni desde hacía tiempo por los expedientes que tenía abiertos (y que nunca se cerraron), pero no fue conocido por el gran público hasta que lo dio a conocer un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia. Un centenar de personas estaban alojadas en ese momento en la casa, a menudo en condiciones indignas y sin reunir los mínimos requisitos. Hace sólo un mes, una exinquilina afirmaba a este diario que en su habitación «no podía extender en horizontal los dos brazos, porque chocaban contra las paredes, de tan pequeña que era la habitación». El propio dueño admitió ayer mismo que todavía tiene gente alquilada, «pero a mitad de precio». En anteriores declaraciones, aseguró que su negocio prestaba «un gran servicio» a la sociedad. También afirmó entonces que no tenía intención de derribar nada y que todo era legal, salvo una pequeña dependencia.

2017-12-15 | Etiquetes: , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Anticorrupció retirarà l'acusació contra Jaume Massot en la darrera peça del cas Andratx

(Ara Balears, 12/12/2017)

Conclou l'últim judici del primer gran cas de corrupció urbanística de les Balears, després de 30 condemnes

ANNA SCHNABEL. El primer cas de corrupció urbanística de les Illes Balears, el cas Andratx, ha conclòs aquest dilluns amb un acord però amb més de 30 condemnes i almenys set ordres de demolició d'edificis que van ser construïts amb irregularitats administratives. Es posa punt i final, d'aquesta manera, a un trencaclosques judicial, dividit en 78 peces separades, que ha desemmascarat tot un seguit d'irregularitats que, tot i que corresponen a l'era de Jaume Matas, ja feia temps que s'arrossegaven.

La peça separada número 78 d'aquesta causa ha fet tornar a l'Audiència de Palma l'excap d'Urbanisme del municipi, Jaume Massot, i una arquitecta de la mateixa àrea del consistori, Maria Isabel Seguí. La Fiscalia Anticorrupció ha retirat la petició de pena per a Massot perquè ha considerat que no hi havia proves suficients per mantenir-ne els càrrecs.

Seguí no ha tingut la mateixa sort que Massot, tot i que ha reconegut un delicte de falsedat documental per imprudència greu. Ha acceptat pagar una multa de 3.600 euros, quedar inhabilitada del càrrec públic durant sis mesos i pagar una quarta part de les despeses judicials. El Consell Insular instarà a la demolició dels pisos plurifamiliars construïts sobre aquest sòl rústic.

Construccions en sòl rústic i espais naturals

El fiscal, les acusacions, la defensa i l'acusada, Maria Seguí, han subscrit el pacte en què l'acusada reconeix haver redactat un document per certificar que una parcel·la que en realitat estava classificada com a sòl rústic i qualificada d'espai natural constava classificada com a sòl urbà. Aquest escrit, que va ser subscrit per l'exbatle d'Andratx, Eugenio Hidalgo, "va faltar clarament a la veritat", segons que diu l'acord.

La rebaixa és significativa, tenint en compte que la Fiscalia demanava, inicialment, tres anys de presó per a tots dos, multes de 18.000 euros i 11 anys d'inhabilitació en l'administració local pels delictes de falsedat en documentació oficial i prevaricació continuada.

El ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, regresa al banquillo

(Diario de Mallorca, 9/12/2017)

Europa Press. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá el lunes y el martes el juicio por la pieza 78 del 'caso Andratx'. Se juzgará al ex jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx y ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, y a la arquitecta y ex jefa accidental de Urbanismo del Ayuntamiento, Maria Isabel Seguí Capó, por presuntos delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público y prevaricación urbanística.

Los hechos tuvieron lugar en 2004. El fiscal acusa a Seguí de haber realizado un documento para certificar falsamente que una parcela del Puerto de Andratx estaba clasificada como suelo urbano, cuando en realidad era rústico protegido, para de este modo posibilitar la construcción de once edificios de viviendas y piscinas.

Según el fiscal, fue el titular de la jefatura de Urbanismo, Jaume Massot, quien convenció a Seguí para realizar esta certificación e informar favorablemente de las licencias posteriores que posibilitaron la edificación. Aunque Massot se encontraba en servicios especiales por desempeñar un cargo en el Govern, "seguía asesorando de manera habitual en el Ayuntamiento de Andratx".

L’Agència de Defensa del Territori es prepara per imposar la disciplina

(Ara Balears, 8/12/2017)

La Llei d'urbanisme li dona competències en sòl rústic

Carmen Buades. La nova Llei d’urbanisme, aprovada aquesta setmana al Parlament, dona als consells insulars la competència directa per defensar la legalitat dins el sòl rústic protegit. Les institucions insulars seran, a partir de l’entrada en vigor de la llei –l’1 de gener–, els responsables de treballar pel mantiment de la disciplina urbanística sense que els ajuntaments hi hagin de delegar aquesta competència.

Es tracta d’una eina que pretén empoderar els consells, que fins ara tenien competències en sòl rústic comú si els municipis els les cedien o en cas que un ajuntament no actuàs davant una infracció després d’un mes d’haver estat advertits per l’organisme insular que se n’encarregava. A més, la mesura servirà per allunyar de la ciutadania el màxim possible l’exercici de la disciplina urbanística pel que fa al sòl rústic. [Nota de Disúrbia: la notícia confon constantment el sòl rústic comú i el protegit]

En el cas de l’Agència de Defensa del Territori –Agència de Disciplina Urbanística en el moment de la seva creació, el 2009–, l’òrgan del Consell de Mallorca per dur a terme aquesta funció, ja estan preparats per assumir un grau més de responsabilitat.

Els ajuntaments són l’administració competent a l’hora de sancionar irregularitats urbanístiques, però “la proximitat pot ser una cosa més negativa que positiva en aquests temes”.

Ho explica Tomeu Tugores, gerent de l’ADT, qui recorda que les multes per les infraccions d’aquest tipus són molt elevades i “afecten de manera greu el patrimoni de les persones”. En una administració tan propera com un ajuntament, els equips de govern “han d’actuar contra els seus coneguts, familiars, votants, veïns...” i això pot generar certa permissivitat amb les males praxis.

És per això que actualment hi ha una vintena de municipis adherits a l’agència i Tugores explica que la gran majoria hi han arribat a partir del 2016 perquè entre el 2009 i el 2015 els ajuntaments que havien delegat les competències només eren sis dels 53 i es van mantenir estables durant aquell període.

Tugores comenta que Manacor va ser el darrer terme municipal a afegir-s’hi i ho valora com una incorporació “molt important perquè és el segon municipi més extens de l’illa”, però n’hi ha d’altres que ja han iniciat la tramitació i que delegaran les competències aviat, com Inca i Sencelles. Tot i que el color polític dels consistoris no sempre condiciona l’adhesió del municipi a l’ADT, entre les darreres 15 incorporacions només hi ha quatre sales governades pel Partit Popular.
El perquè d’adherir-s’hi (o no)

A l’hora de trobar resposta a les motivacions que troben els equips de govern per passar a formar part de l’agència, Tugores troba quatre arguments principals. La dificultat ja esmentada de la proximitat, relacionada amb el fet que “ara hi ha més conscienciació sobre la idea que no es poden deixar les il·legalitats sense castigar” i la manca de mitjans i de recursos que tenen els ajuntaments per fer complir la disciplina urbanística en són els principals.

“La disciplina ha estat utilitzada en ocasions per fer favors polítics –explica Tugores– però les intervencions judicials dels darrers anys relacionades amb això fan que els responsables polítics ja no la vegin com una eina, sinó com un problema”, motiu pel qual troben en l’ADT una soluciió per llevar-se un pes de damunt. Finalment, la quarta hipòtesi plantejada pel gerent de l’agència és la modificació dels estatuts que va fer-se fa uns mesos, que estableix, entre altres coses, que els excedents recaptats per l’agència a través de les multes es repartiran entre els municipis que hi estan adherits perquè facin inversions en matèria de territori.

No obstant això, encara hi ha municipis que “consideren que la idea del perill de la proximitat no és suficient per renunciar a la competència de disciplina urbanística”. L’ADT no s’ha marcat un objectiu de legislatura que suposi, per exemple, l’adhesió de tots els municipis de l’illa, però les noves normes –com ara la de dur a Fiscalia les infraccions comeses en sòl rústic protegit– han disparat les demolicions d’obres il·legals

2017-12-09 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep ordena demoler un garaje construido en la vía pública de Sant Jordi

(Diario de Ibiza, 8/12/2017)

El Tribunal Supremo rechaza el último recurso que habían presentado los propietarios

Joan Lluís Ferrer. El Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado a los promotores de un garaje construido de forma ilegal en Sant Jordi que lo derriben de forma inmediata, dada la imposibilidad de legalizar esta infracción. El garaje fue edificado encima de un vial público, concretamente en el número 5 de la calle Sageta, de dicha localidad.

El acuerdo municipal advierte de que el incumplimiento de esta orden de demolición «dará lugar, mientras dure [el incumplimiento], a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras realizadas y, en todo caso, como mínimo de 600 euros».

Precisamente, el Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia en la que desestima el recurso presentado por la propiedad contra una anterior resolución del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ya rechazaba sus planteamientos. Además, el Supremo condena a los demandantes a pagar las costas procesales.

En el caso de que los responsables de la infracción no procedieron a la demolición del garaje, el Ayuntamiento les advierte de que será el propio Consistorio el que acometa el derribo, aunque cargándoles los costes a los dueños, tal y como prevé la normativa vigente.

La primera orden de demolición fue acordada en 2010, pero sucesivos recursos han ido demorando la ejecución de la misma, si bien la sentencia emitida ahora por el Supremo ya no es recurrible ante ninguna instancia, según especifica la propia resolución.

2017-12-08 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

El Parlament aprova la Llei d'urbanisme de les Illes Balears

(Parlament de les Illes Balears, 5/12/2017)

[Nota de Disúrbia: davant la baixa qualitat informativa de les notícies publicades respecte a l'aprovació de la nova llei, hem optat per reproduir aquí el text de la notícia que apareix a la web del Parlament]

La sessió plenària de Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei d’urbanisme de les Illes Balears amb la majoria dels vots a favor de la cambra autonòmica i amb la incorporació de quatre esmenes dels grups parlamentaris El Pi (1), MÉSxMenorca (2) i Mixt-GxF (1). En relació a la disposició transitòria catorzena i catorzena bis, ambdues han estat aprovades. La primera per 32 vots a favor, 18 vots en contra i 5 abstencions. La segona per 36 vots a favor, 2 vots en contra i 17 abstencions.

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament el mes de juny del 2017, després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, l’aprovàs.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre de 2017, rebutjà, en una votació conjunta, les esmenes a la totalitat de devolució al projecte de llei presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears i Popular, amb el resultat següent: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra 31 i abstencions 3. (Nota informativa) (Diari de sessions)

Superades les esmenes a la totalitat, el projecte de llei es va remetre a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial on se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència i, a continuació, un dictamen de la Comissió, que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària (Diari de sessions).

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari: 50 del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears; 8 del GP MÉS per Menorca, 26 del GP Mixt-C’s, 73 del GP Popular, 1 Mixt-GxF; 11 del GP Podem Illes Balears. Han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Josep Melià, Josep Castells, Xavier Pericay, Xelo Huertas, Antònia Perelló, Sílvia Tur i Alberto Jarabo. De totes elles han estat aprovades 4 esmenes: RGE 10284/17 del GP El Pi, RGE 10498/17 -transaccionada- i 10474/17 de MÉSxMenorca i 10633/17 -transaccionada- de GP Mixt-GxF.

Al torn de fixació de posicions, s’han manifestat els diputats David Abril (MÉS per Mallorca) i Damià Borràs (Socialista).

Contingut de la llei

Aquesta llei té per objecte establir el règim jurídic general regulador de l’activitat administrativa en matèria d’urbanisme a les Illes Balears, i definir el règim juridicourbanístic de la propietat del sòl d’acord amb la seva funció social.

La Llei s’estructura en 204 articles, distribuïts en vuit títols, catorze disposicions addicionals, catorze disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El títol preliminar, “Disposicions generals”, es divideix en dos capítols, dedicats, respectivament, als principis generals i disposicions específiques i a les competències administratives.

El títol I, “Règim urbanístic del sòl”, es divideix en tres capítols, que regulen la classificació del sòl, els conceptes generals (serveis urbanístics bàsics, actuacions de transformació i aprofitament urbanístic) i els drets i deures de la propietat, i inclou els relatius al sòl rústic, que no figuraven en la llei anterior.

El títol II, “Planejament urbanístic”, a causa del canvi de model dels seus instruments més importants (un pla general, dedicat exclusivament a les determinacions estructurals, i la creació dels plans d’ordenació detallada, en els termes ja explicats), implica la pràctica renovació del seu contingut, encara que manté l’estructura tradicional, que també tenia la llei anterior, de la seva organització en cinc capítols: instruments; formació i aprovació; vigència, modificació i revisió; efectes de l’aprovació i normes d’aplicació directa.

S’estableix un termini per a la revisió de tots els planejaments generals per a la seva adaptació als requisits de la nova llei i s’obliga, així mateix, al fet que es presentin en un únic expedient, per a l’aprovació inicial, tots dos documents, el pla general i el pla o plans d’ordenació detallada, com a punt de partida a aquest nou model de planejament.

El títol III, “Gestió i execució del planejament”, parteix de l’estructura de la llei anterior, però inclou ara un nou capítol sobre els convenis urbanístics, que la LOUS regulava en el seu títol preliminar. Els altres cinc capítols es dediquen, respectivament, a disposicions generals, sistemes d’actuació, reparcel·lació, sistema d'expropiació i ocupació directa. Les novetats més importants, que ja hem ressenyat, es refereixen a les actuacions sobre el medi urbà amb la finalitat de facilitar-ne l’execució.

En el títol IV, “Intervenció al mercat de sòl”, no s’introdueixen modificacions.

En canvi, són moltes les que s’incorporen en el títol V, “Exercici de les facultats relatives a l’ús i edificació del sòl”. Les més importants consisteixen en la regulació del procediment d’execució substitutòria forçosa i concertada mitjançant el concurs per a l’adjudicació de programes de rehabilitació edificatòria, així com i sobretot, l’addició d’un capítol sobre les actuacions de reforma interior i renovació urbana, amb articles completament nous que regulen amb detall aquestes actuacions. Així mateix, s’han traslladat a aquest capítol dedicat a l’edificació els articles corresponents a usos i obres provisionals, i a edificacions inadequades i fora d’ordenació, la ubicació de la qual en el títol de planejament de la llei anterior no semblava la més adequada.

El títol VI “Expropiació forçosa per raó d’urbanisme” es divideix ara en cinc capítols, destacant la consideració de l’expropiació d’actuacions aïllades, i una alteració substancial del seu contingut, excepte en l’últim, on s’introdueix i regula la composició i funcions de la Comissió de Valoracions d’Expropiació de les Illes Balears, òrgan que substitueix el Jurat Provincial d’Expropiació.

El contingut del títol VII, “La intervenció preventiva en l’edificació i ús del sòl”, se segrega del corresponent de la LOUS, dedicat a la disciplina urbanística. En ell es manté, en substància, la regulació de la llei precedent, amb algunes modificacions rellevants, com la possibilitat d’una segona pròrroga per a la finalització de les obres i la regulació de la llicència d’ocupació o de primera utilització.

Finalment, el títol VIII, “La disciplina urbanística”, s’estructura en cinc capítols: inspecció urbanística, infraccions, sancions, llicències o ordres d’execució incompatibles amb l’ordenació urbanística i els procediments en matèria de disciplina urbanística. Cal destacar la regulació detallada del procediment de restabliment de la legalitat urbanística, la tipificació més precisa de les infraccions i l’atribució de competències per a la seva imposició. Esment especial mereix la tipificació com a infracció de la inactivitat de les autoritats i càrrecs públics que no adoptin mesures de reacció davant actuacions il·legals i deixin prescriure les infraccions i les sancions, o caducar els procediments corresponents.

Les disposicions addicionals s’han duplicat respecte de les ja incloses en la llei anterior, entre les quals cal destacar les relatives a la possible reconstrucció d’edificacions demolides en terrenys rústics afectats per l’execució d’una obra pública, i, sobretot, la recuperació d’àmbits territorials municipals que s’havien sostret al dret d’alguns ajuntaments a decidir sobre el seu propi territori, casos com el de la UIB i el Parc Bit a Palma.

Les disposicions transitòries regulen la incidència de la Llei sobre els instruments de planejament existents i en tramitació a la seva entrada en vigor, l’aplicació dels preceptes sobre disciplina urbanística, el règim de les construccions, edificacions i instal·lacions sense títol habilitant i el dels terrenys classificats com a urbans, però que estiguin fàcticament en la situació bàsica de sòl rural.

Finalment en la disposició derogatòria, a més de les provinents de l’acció de la mateixa Llei, s’han agregat unes altres respecte a normes urbanístiques ja caducades o que ja no tenien raó de ser, en una labor de neteja normativa.

La llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.

2017-12-06 | Etiquetes: , | Categories: Suprainsular | Enllaç

El Consistorio de Manacor cede la disciplina urbanística al Consell

(Diario de Mallorca, 6/12/2017)

A partir de ahora la Agencia de Disciplina controlará y gestionará los expedientes en suelo rústico

S. Sansó. La alcaldesa de Manacor, Catalina Riera y la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, firmaron ayer el convenio mediante el cual el Ayuntamiento cede a la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) el control de la disciplina urbanística en el suelo rústico y los espacios naturales del municipio, así como la tramitación de los futuros expedientes de infracción. Sin embargo, "los expedientes de infracción urbanística en zona rústica que estén pendientes de resolver acabarán de tramitarse desde el departamento de Urbanismo", aclararon los técnicos municipales.
 

La concejala de Urbanismo, Isabel Febrer (El Pi), explica que "por una cuestión de responsabilidad con la protección del territorio y para cumplir con la legalidad urbanística, hemos defendido la cesión de estas competencias al Consell". Además, "la resolución de los expedientes de infracción conlleva una tramitación y un trabajo de seguimiento muy larga y la ley de control de gasto no nos permite contratar personal en el departamento. Por eso estamos seguros de que la adhesión a la ADT es una de las mejores soluciones para poder cumplir de manera eficaz con la legalidad urbanística", ha explicado la alcaldesa, Catalina Riera. Cabe recordar que la cesión de las competencias se aprobó en el pleno del mes de septiembre por unanimidad.

2017-12-06 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

1,3 milions als municipis per defensar el territori

(Ara Balears, 25/11/2017)

L’Agència de Defensa del Territori reparteix excedents entre set ajuntaments de Mallorca

C. B. / J. V. Les polítiques del Consell de Mallorca contra les infraccions urbanístiques han generat, entre el 2009 i el 2016, un excedent d’1,34 milions d’euros, una quantitat que a partir d’ara es repartirà entre els municipis que han cedit a l’Agència de Defensa del Territori (l’ADT, antiga Agència de Disciplina Urbanística) les competències en aquesta matèria.

Els doblers recaptats durant aquests anys es distribuiran entre set dels nou municipis que eren membres de l’agència el 31 de desembre del 2016, després que fa uns mesos el Consell modificàs els estatuts de l’ens i hi introduís aquest element com a incentiu per fomentar l’adhesió d’altres ajuntaments. Fins ara, els excedents podien repartir-se, però a partir d’una línia de subvencions. Ahir, el consell de direcció de l’ADT va aprovar el primer repartiment d’excedents (la resta del que es recapta amb totes les sancions per infraccions urbanístiques i la despesa que té l’agència per funcionar), i el criteri per decidir quina quantitat corresponia a cada municipi ha estat els doblers que s’hi han recaptat a partir de multes.

No obstant això, hi ha ajuntaments que rebran més del que s’hi va recaptar entre el 2009 i el 2016, ja que l’ADT va posar multes a municipis que no formaven part de l’agència i, tot i que els doblers passen a formar part de la borsa, no s’inclouen els seus termes municipals en el repartiment.

A partir d’ara, els excedents es distribuiran cada any i la consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, va assegurar ahir que ara “cada municipi podrà decidir què fa amb aquests doblers”, sempre que es destinin a polítiques relacionades amb el territori.

La legislació permet per al patrimoni públic del sòl opcions com la construcció i promoció d’habitatges de protecció oficial, millores de zones degradades o d’espais naturals del municipi, tasques de conservació d’elements patrimonials catalogats, fer obres per instal·lar xarxes d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat...

Amb aquest primer repartiment, Algaida rebrà 395.111 euros; Son Servera, 279.776 euros; Montuïri, 201.101 euros; Marratxí, 172.736 euros; Puigpunyent, 141.560 euros; Campanet, 141.560 euros, i Felanitx, 6.154,80. Durant el 2017, varen passar a formar part de l’ADT 14 municipis més, encara que n’hi ha alguns on la decisió d’adherir-se està sent polèmica: un dels casos més cridaners és el de Pollença, el batle del qual s’hi nega, malgrat ser ecologista, però n’hi ha d’altres, com Vilafranca, on l’oposició demana per entrar-hi i l’equip de govern, del PP, ho rebutja.

2017-11-25 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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