Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Un año de cárcel por construir un chalé ilegal en suelo rústico en Manacor

(Diario de Mallorca, 5/03/2021)

El Ayuntamiento acaba de legalizar una parte del inmueble y la sentencia obliga al condenado a derribar el resto

Marcos Ollés. Un hombre fue condenado ayer a un año de prisión y 1.080 euros de multa por construir de forma ilegal un chalé de 160 metros cuadrados con piscina en un terreno rústico a las afueras de Manacor. La finca tenía una extensión cuatro veces menos que la mínima exigida por las normas urbanísticas para poder edificar. El acusado reconoció los hechos, se declaró autor de un delito contra la orden del territorio y aceptó las penas tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Una parte del inmueble acaba de ser legalizado por el Ayuntamiento, pero el resto deberá derribarlo. El pacto incluye la suspensión de la pena de cárcel siempre que cumpla con la demolición. El terreno era propiedad de la madre del procesado, también acusada en el proceso judicial pero que ayer fue exculpada al retirarse los cargos contra ella.

De acuerdo con la sentencia, el hombre llevó a cabo entre los años 2011 y 2014 la construcción de una vivienda unifamiliar sin ningún tipo de licencia. Lo hizo en una parcela rústica de 3.382 metros cuadrados, cuando el mínimo requerido por el Plan Territorial de Mallorca y las normas subsidiarias de Manacor para poder construir era de 14.000 metros cuadrados.

Una denuncia alertó a la Guardia Civil de esta irregularidad urbanística y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado llevó a cabo una inspección. Los agentes comprobaron que se había edificado un chalé de 160 metros con espacios adyacentes, piscina, leñero y hasta caseta para el perro. El caso llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente y un juzgado de Manacor inició un procedimiento judicial.

El acusado solicitó posteriormente la legalización de estas obras irregulares al Ayuntamiento, un expediente se cerró el pasado mes de diciembre con la regularización de parte de la construcción.

El acusado y su madre comparecieron ayer en un juzgado de lo penal de Palma. Sus abogados alcanzaron un acuerdo con la fiscalía, que limitó la responsabilidad al hijo y rebajó su petición de condena. Las zonas que no han sido legalizadas deberán demolerse.

Una sentencia confirma la ilegalidad de dos aparcamientos en Campanet

(Diario de Mallorca, 05/03/2021)

PSOE, El Pi y PP reprueban a la anterior alcaldesa de Més por las irregularidades

Joan Pons. El ayuntamiento de Campanet seguirá sin poder hacer uso de parte de los aparcamientos públicos que en el pasado año 2018 construyó de forma ilegal en la calle Creu y en la calle Major de la localidad.

Una sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo así lo avala en un auto dictado el pasado 11 de febrero de 2021.

La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca, organismo del Consell que vela por la disciplina urbanística en suelo rústico, había clausurado parte de los mismos en 2018 al estar edificados en zona rústica. El equipo de gobierno de aquellos años, presidido por Més, recurrió la decisión dictada por un tribunal presentando un informe de la Policía Local y el arquitecto municipal en el que se justificaba la necesidad de los aparcamientos ante la peatonalización de parte de diversas calles de la localidad.

El juez, en su sentencia, justifica que eso no era motivo para la construcción de dichos aparcamientos de forma ilegal. Ante todo ello, el juzgado dictamina que el Ayuntamiento no fue previsor y que además no respondió a determinados requerimientos que en su momento le habían solicitado.

Debido a esta situación, El Pi y el PP presentaron una moción en la que solicitaban la reprobación de la anterior alcaldesa Magdalena Solivelles (Més) y su equipo de gobierno por cometer estas irregularidades urbanísticas y malgastar el dinero público con la construcción de los mismos. La moción fue aprobada con los votos del PSOE, El Pi y el PP.

Més justificó su actuación en que todo ello se debía a una necesidad y que lo que pretende el actual equipo de gobierno es ir en contra de su formación con la finalidad de arañar unos cuantos votos. Mientras, el resto de partidos recuerdan que hay una sentencia que dictamina que se produjo una ilegalidad y que en diversas ocasiones a lo largo de las sesiones plenarias se advirtió al anterior equipo de gobierno de las ilegalidades que se estaban cometiendo.

El portavoz de El Pi, Pere Pons, que fue el encargado de defender la moción, manifestó que ante todas estas irregularidades hay una responsabilidad por parte del anterior consistorio y que ello se debe dar a conocer a la población, así como los costes económicos que se han ocasionando.

A lo largo de la sesión se dio a conocer, a preguntas del PP, el sobrecoste que tuvo el aparcamiento de la calle Major, inicialmente presupuestado en 90.000 euros, aunque con un coste final de 213.000 euros.

Detenidos los propietarios de tres chalets ilegales en Palma

(Última Hora, 20/02/2021)

EFE. La Policía Nacional ha detenido en Palma, por un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, a una pareja que eran propietarios de tres chalets construidos de forma ilegal, uno de los cuales destinaban a alquiler.

Los propietarios de varios chalets en una zona residencial cerca de Sant Jordi, acusados de delitos contra la ordenación del territorio y apropiación indebida, fueron detenidos el jueves, ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

La investigación comenzó por la denuncia de un hombre que había residido como inquilino en una de las viviendas durante unos meses.

El denunciante detalló que había estado pagando gastos de luz por valor de hasta 1.000 euros al mes, cifra que le parecía desorbitada, pero que había tenido que abonar para no quedarse sin luz, pese a que planteó reiteradas protestas al propietario.

Denunció también que, cuando pudo cambiar de domicilio, el propietario de la vivienda, mediante distintas excusas, se quedó con los muebles que el inquilino había adquirido durante su estancia, valorados en unos 3.500 euros.

Una vez abandonada la vivienda, la víctima tuvo conocimiento de que tanto el chalé donde residió como inquilino, como el de al lado donde vivían los propietarios, estaban construidos ilegalmente, y lo denunció.

La Policía Nacional constató en la investigación que en la vivienda se encontraban los muebles a los que hacía referencia la denuncia, que estaba alquilada a otras personas.

Igualmente se constató que eran varias las construcciones ilegales, tres de ellas propiedad de los denunciados, no autorizadas y en suelo rústico.

Tras las diversas gestiones de investigación, el pasado jueves fueron detenidos los presuntos autores, propietarios de las casas, por un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo así como de apropiación indebida de diferentes bienes muebles. La Policía Nacional ha notificado las irregularidades a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma.

2021-02-20 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Urbanismo de Llucmajor confirma que el expediente de Globalia está abierto

(Diario de Mallorca, 12/02/2021)

Se da así la razón al dueño de un local comercial en complejo del grupo turístico, quien denuncia que no hay final de obra y pondrá una demanda

Myriam B. Moneo. El Ayuntamiento de Llucmajor confirmó ayer que el expediente de Urbanismo relativo a la sede de Globalia no está cerrado. Alega que solo lo puede consultar la empresa. Así da la razón al propietario de un local en el complejo, que denuncia que carece de final de obra, por lo que va a emprender acciones legales.

El dueño de uno de los locales en la sede mallorquina de Globalia, por el que pagó unos 500.000 euros, se siente perjudicado porque el inmueble que compró en 2016 no cuenta con certificado del final de obra ni cédula de habitabilidad. Se dio cuenta hace cuatro meses, cuando un posible inquilino se interesó por su local y llegó a un acuerdo de alquiler que incluía reforma. El ingeniero que contrató procedió a solicitar información para el proyecto y las licencias, pero se encontró con que el ayuntamiento de Llucmajor le comunicó que no había final de obra ni cédula de habitabilidad.

El propietario del local ha intentado que Globalia Activos Inmobiliarios solvente las irregularidades como empresa promotora, sin que hasta ahora le haya respondido favorablemente.

El consistorio de Llucmajor se limitó ayer a señalar que el expediente está abierto y solo Globalia o los técnicos de Urbanismo lo pueden consultar.

En la sede de Globalia en el polígono de Son Noguera, abierta en 1998, se hizo una ampliación en 2010 y se vendieron espacios para uso comercial. El complejo ha servido de aval para el préstamo de la SEPI por 475 millones a Air Europa.

El propietario perjudicado presentará la semana que viene una demanda contra Globalia y, si el Ayuntamiento no responde a la instancia que ha presentado pidiendo copia de las licencias de obra, interpondrá solicitud de cierre de los locales comerciales sin ellas.

Denuncian ante la Fiscalía la instalación de varias casas prefabricadas en suelo rústico en Sencelles

(Última Hora, 3/02/2021)

L. Olmo. El Consell ha denunciado ante la Fiscalía al promotor de un terreno rústico situado en Sencelles que ha sido dividido en ocho parcelas y en cada una de ellas se ha instalado una casa prefabricada. La denuncia partió de las quejas de los vecinos de esta zona rústica situada junto a la Carretera Vella de Sineu, que expusieron los hechos al Ajuntament de Sencelles, y éste a la Agència de Defensa del Territori (ADT).

Según confirman fuentes de la ADT, este órgano de disciplina urbanística del Consell abrió dos expedientes disciplinarios por la instalación de casetas prefabricadas en dos parcelas de suelo rústico común y ordenó la paralización de las obras. «Ante la negativa de su propietario a paralizar las obras, que son ilegales, tal como marca la Llei de Sòl Rústic hemos llevado el tema a la Fiscalía y pedimos la sanción máxima, que asciende a un 250 por ciento del valor de las obras realizadas», apunta la ADT.

El alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, explica que «actuamos desde el primer momento, el celador municipal acudió al lugar y los inquilinos de estas casas se aferraron a que tienen un contrato de alquiler e incluso de compraventa, pero deben saber que no es legal y que pueden estar tirando su dinero». Este no es el único caso en el municipio, en el mismo polígono, a poca distancia de estas casas ahora denunciadas, se está construyendo una nueva parcelación con miniviviendas prefabricadas, que el Ajuntament también ha puesto en conocimiento de la ADT, a quien transfirió las competencias sobre el urbanismo en suelo rústico.

Vecinos de estas parcelas han mostrado su indignación al considerar que se desvirtúa la estética y el entorno, al constituir de hecho una «urbanización» del campo sin cumplir con la parcela mínima que se requiere y con casas prefabricadas, algo que está prohibido en todo el suelo rústico común de la Isla.

Andratx: un juez tumba el último intento de evitar la demolición de los apartamentos ilegales de Cala Llamp

(Última Hora, 2/02/2021)

P. Aguiló Mora. En fracaso. Así ha acabado el último intento de los propietario de los 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp para evitar a la desesperada la ejecución de la sentencia de demolición dictada hace siete años. No obstante, al caber recurso de apelación (de improbable éxito) ante el TSJB, este nuevo enredo judicial vuelve a retrasar sine die el inicio de la obras de derribo.

Una fecha que podría demorarse meses y obligar al Ajuntament d’Andratx a redefinir el contrato que ya tenía adjudicado con la constructora Amer e Hijos, puesto que los plazos estipulados para la ejecución de las obras, tras la última triquiñuela judicial de los dueños de los inmuebles, han quedado en papel mojado. El magistrado titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, Alejandro Gómez Mariscal de Gante, hecha por tierra los argumentos esgrimidos por la propiedad para evitar la demolición de los dos bloques ilegales de 12 apartamentos de la calle Tonyina de Cala Llamp.

Siete años después de la sentencia firme, los titulares de las viviendas alegaban ahora que, en su sentencia de 2013, el mencionado juzgado nunca hizo referencia al derribo de las construcciones levantadas mediante la concesión irregular en 2005 de una licencia urbanística, sino a la «restitución de la legalidad».

En su último auto, el mismo juzgado tira por tierra tal maniobra, «carente de eficacia», y recuerda que ya en 2013 se interpretó la ejecución de la sentencia y se ordenó la «demolición de la obra» acordada, deviniendo firme y sin que, por parte de la propiedad, procediese aclaración o rectificación alguna del escrito.

Sant Josep ordena el derribo de las obras ilegales de un hotel rural por valor de dos millones

(Diario de Ibiza, 29/01/2021)

Eugenio Rodríguez. La junta de gobierno de Sant Josep acordará hoy el derribo de las obras ilegales de un supuesto hotel rural en la zona de Cas Costes (al sur del restaurante), en Sant Jordi, según adelantó ayer en el pleno municipal el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, que indicó que las actuaciones ejecutadas sin licencia alguna están valoradas en «casi dos millones de euros». Los hechos se remontan a principios de octubre de 2019, cuando el Consistorio recibió una denuncia sobre estas obras, consistentes, según comprobó un celador municipal, en la construcción de diversas edificaciones y una piscina, con características de un establecimiento turístico, en suelo rústico. También se abrió un vial de acceso.

El Consell ordenó en diciembre de se año la paralización de las obras al entender que el Consistorio no estaba actuando, lo que causó un enfrentamiento entre las dos administraciones. El equipo de gobierno municipal defendió, en cambio, que había actuado «desde el principio», aunque no hubiera ordenado la suspensión de las obras [Nota de Disúrbia: Aaaah...]. El promotor de las obras presentó un proyecto de legalización que hoy va a ser desestimado por la junta de gobierno, que ordenará, además, el derribo de todo lo construido sin licencia. Cerrada la vía administrativa, ahora el promotor puede acudir a la judicial, lo que puede «dilatar» la restitución de la legalidad, advirtió Guerrero. [...]

 

Andratx: una nueva ‘triquiñuela’ legal demora otra vez el derribo de los apartamentos ilegales de Cala Llamp

(Última Hora, 25/01/2021)

P. Aguiló Mora. Una nueva ‘triquiñuela’ legal vuelve a demorar el derribo de los dos bloques ilegales de 12 apartamentos de la calle Tonyina de Cala Llamp. Cuando el Ajuntament d’Andratx ya había adjudicado las obras de demolición de las viviendas construidas al amparo de una licencia urbanística concedida de manera irregular en 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo, la comunidad de propietarios de los apartamentos ha presentado un escrito de medidas cautelares en el que solicitan la suspensión del derribo.

Siete años después de la sentencia judicial que insta a la demolición de los apartamentos, sus propietarios alegan ahora que, en su sentencia de 2013, el titular del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma nunca hizo referencia al derribo de las construcciones construidas mediante un proceso fraudulento, sino a la «restitución de la legalidad». Desde el Ajuntament d’Andratx confirma que en la sentencia firme no se hace referencia explícita al término «orden de demolición» o «derribo», pero que, en la cascada interminable de autos e interlocutorias que periodicamente ha emitido desde entonces, el mismo juzgado sí ha hecho uso de los términos referidos.

Expediente

Tras la concesión de las medidas cautelares solicitadas, el magistrado deberá decidir si da vía libre al derribo de los apartamentos en el calendario previsto (dentro del primer trimestre de 2021) o, si por contra, paraliza el inicio de las obras, que es lo que busca desesperadamente la propiedad, pese a que el Ayuntamiento ha instado a esta a tramitar un expediente de legalización de contemplado por el ordenamiento urbanístico, puesto que, con arreglo a la ley, las parcelas que aún ocupan los dos bloques de apartamentos ilegales pueden dar cabida a dos viviendas unifamiliares.

Por su parte, el grupo ecologista GOB, impulsor de la denuncia que desembocó en al sentencia de demolición, también instan al juzgado a que autorice de inmediato el mencionado derribo.





		

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