Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Agrytursa tiene pendiente pagar una multa a Es Migjorn por las obras de Garden Suites

(Menorca, 23/03/2017)

Presentó un recurso para anularla pero el gobierno municipal defiende que procedió según la ley

Maria Dabén Florit. La promotora Agrytursa, que reformó sin la correspondiente licencia municipal los diez apartamentos Garden Suites de Sant Tomàs, debe una de las dos sanciones que le impuso el Ayuntamiento de Es Migjorn tras hacer caso omiso a la orden de paralizar las obras en tres ocasiones. Así lo afirma la concejala de Urbanismo, Mar Ameller. La empresa presentó un recurso a esta decisión municipal a inicios de 2016 que sigue pendiente de resolución.

La suma pendiente por el expediente sancionador asciende a 4.500 euros, mientras que la otra multa, cautelar, de 13.500 euros se abonó aunque se redujo por las observaciones de los servicios jurídicos, según la concejala de Urbanismo Mar Ameller. Defiende que tanto las paralizaciones como la cuantía de las multas se fijaron de acuerdo con los informes emitidos por los técnicos muncipales y los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que, por tanto no fueron decisiones «políticas, sino algo objetivo, unas obras en las que se realizó una inspección tras la que se requirió lo que se debía requerir».
 

2017-03-23 | Etiquetes: , , | Categories: Menorca | Enllaç

Capdepera: el consistorio estudia adherirse a la ADT

(Diario de Mallorca, 23/03/2017)

T.O. El ayuntamiento de Capdepera informó ayer que el área municipal de Urbanismo estudia la posibilidad de una adhesión a la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell. En una reunión con el director gerente de la ADT, Bartomeu Tugores, se aclararon conceptos. La propuesta se debatirá en el pleno del 4 de abril.

2017-03-23 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

La decana del Colegio de Arquitectos cree que el buen urbanismo va ligado a la educación en valores

(El Mundo, 14/03/2017)

Mallorca Press. La decana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), Marta Vall·Llossera, ha apostado por la prevención, la educación en valores, y la sensibilización de una actitud de respeto hacia el paisaje y el entorno como ejes de la disciplina urbanística.

Con estas palabras, la decana ha inaugurado este lunes, en la sede colegial, la Jornada sobre Disciplina Urbanística en Suelo Rústico de les Illes Balears en el marco de la LOUS y su Reglamento con la asistencia de 200 personas, incluidos los arquitectos de las Demarcaciones de Menorca e Eivissa que siguen las ponencias por retransmisión, informan desde el COAIB.

La jornada de debate está organizada por el COAIB y la Agrupación Balear de Técnicos Urbanistas (ABTU) con la colaboración de los Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Govern y la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).

"La disciplina urbanística comienza antes de la inspección y sanción: en la prevención. Es importante asegurar el cumplimiento de la Ley para mantener su función disuasoria porque están en juego nuestro territorio, nuestro paisaje y medio ambiente, además de nuestra identidad y cultura", ha asegurado Vall·Llossera.

La decana también ha destacado la importancia de concienciar a todos los agentes implicados (promotores, constructores, profesionales, funcionarios y políticos) para encontrar una solución a la problemática, apelando a la responsabilidad y comportamiento ético de todos.

"Queremos insistir una vez más en la necesidad de consenso. Hace falta una ley territorial y urbanística consensuada y estable con unos contenidos básicos y comunes sin prejuicio de las particularidades de cada isla".

El COAIB, según ha explicado la decana, también cree que para actuar de manera preventiva se deben mejorar los procedimientos administrativos y la actuación de la administración.

En este sentido, el Colegio de Arquitectos ha propuesto el acceso telemático de toda información urbanística y la recomendación de elaborar textos refundidos del planeamiento para garantizar la máxima transparencia.

Por su parte, la presidenta de ABTU, Blanca Capellá, ha señalado que con esta jornada "hemos pretendido conocer si las leyes que tenemos en disciplina urbanística son suficientes o no para proteger nuestro territorio, qué deficiencias encontramos ahora en las leyes aplicables, si tienen que ser subsanadas o no y cuáles son los problemas que nos encontramos a la hora de tramitar un expediente de infracción urbanística"

El director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Luis Corral, ha insistido en la necesidad de "alejar al responsable de la disciplina urbanística del infractor para garantizar el cumplimiento de la ley".

En este mismo sentido se ha pronunciado Miquel Santandreu, de Servicios Jurídicos de la FELIB, al constatar "las dificultades de los políticos municipales en ámbitos locales pequeños a la hora de actuar contra el infractor dado los lazos de amistad o familiares que existen en muchos casos".

También ha recordado que los Ayuntamientos disponen de unos medios "muy reducidos" para detectar las irregularidades urbanísticas y a la vez, tramitar los expedientes sancionadores.

El director insular de Territorio del Consell d'Eivissa, David López, ha abogado por difundir el planeamiento y programas de actuación que "hagan visible el urbanismo".

Bartomeu Tugores, director de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca [Nota de Disúrbia: Agència de defensa del territori, per favor...], ha manifestado que "la disciplina urbanística debe estar dirigida por una administración dispuesta a llegar hasta el final bien con multas coercitivas o con demoliciones".

Por su parte, el secretario del Ajuntament de Ferreries, Miguel Angel Cardona, ha comentado que "está muy bien la regularización pero lo que se necesita es voluntad política con el cumplimiento de la ley".

La sesión matinal se ha completado con las ponencias del abogado urbanista Josep Melià sobre "Infracciones y sanciones urbanísticas" y del arquitecto Gregorio Vicente en relación a las "Valoraciones de infracciones urbanísticas". También ha participado el jefe de servicio de la Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca, Matias Morey, con la ponencia "Régimen especial" [Nota de Disúrbia: en realitat, sobre el règim competencial...].

La jornada finalizará con la intervención "El procedimiento de restablecimiento de la legalidad y la realidad física alterada" a cargo de Bartomeu Tugores, director de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca.

El alquiler turístico dispara en el último año las obras en suelo rústico con 400 licencias más

(Diario de Mallorca, 13/03/2017)

En 2015 se realizaron en torno a las 600 obras, mientras que en 2016 los permisos superaron los 1.000 - La mayoría, según municipios y Consell, son ampliaciones y piscinas para el arrendamiento

Miquel Adrover. La fiebre del alquiler turístico ha disparado las obras en el suelo rústico de Mallorca. Según datos de los municipios mallorquines, en un solo año el número de nuevas construcciones de viviendas o ampliaciones de casetas existentes se incrementó de forma espectacular con respecto al 2015. El pasado año se edificaron o ampliaron en torno a unas 400 viviendas más en el campo mallorquín que durante el ejercicio anterior, pasando de una cifra que superaba por poco las 600 en 2015 a más de 1.000 en 2016.

Estas cantidades suponen un incremento en torno al 60%, que todas las instituciones y entidades ecologistas atribuyen al boom del alquiler turístico. Desde el Consell de Mallorca están terminando de recopilar los datos, pero la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, confirmó que las solicitudes de licencias en el campo "se han disparado por el efecto del alquiler turístico".

Estas cantidades que se manejan en el último año desbordan por completo las previsiones. Asimismo, las diferencias con respecto a cinco o seis años atrás son abismales. En esa época, cuando todavía se arrastraba la crisis, se daban en torno a las 200 o 300 licencias de obra en suelo rústico.

La cédulas de habitabilidad que concede el Consell de Mallorca, requisito indispensable para poder alquilar la vivienda, también se dispararon el pasado año y superaron en más del 40% las concedidas el año anterior. Según fuentes del Consell de Mallorca todo es debido al alquiler vacacional. Hay que tener en cuenta que para publicitar la vivienda como alquiler turístico lo primero que se requiere es la cédula de habitabilidad, que otorga el Consell de Mallorca con un infome técnico de un arquitecto, que certifica que el inmueble está en condiciones aptas para ser habitado. Este documento es el primero que deben presentar los propietarios cuando quieren destinar su inmueble a esta actividad.

Ampliaciones y piscinas

Las obras realizadas durante el pasado año, básicamente corresponden a ampliaciones con más habitaciones y dependencias, construcciones de porches y terrazas y de forma especial piscinas. Estas últimas instalaciones han visto cómo han incrementado su presencia de forma casi inimaginable en los últimos años en las casas de campo, ya que una vivienda que cuenta con una piscina dobla su precio para la actividad del alquiler turístico. Por este motivo, la mayoría de propietarios apuesta por instalarlas.

También se están realizando cambios de cubiertas y tejados para aislar las viviendas y adecuarlas a la eficiencia energética. De igual modo, han aumentado de forma vertiginosa las solicitudes para dotar a las casas de campo de electricidad, calefacción y servicios telefónicos.

Desde los municipios y desde el Consell de Mallorca han podido constatar que el alquiler vacacional es el principal causante de esta avalancha de nuevas construcciones. Son muchos los propietarios que quieren sumarse al alto rendimiento económico que supone alquilar su inmueble a turistas.

Si a todo ello añadimos que en una vivienda bien acondicionada, con piscina, en plena naturaleza y cercana a un casco urbano, los ingresos por arrendamiento pueden ser suculentos. Los precios oscilan en una media de 500 a 600 euros la semana, dependiendo de las condiciones e instalaciones del inmueble. Con estas cantidades se explica el auge de la construcción en suelo rústico para conseguir un sobresueldo.

Si bien el alquiler vacacional es el principal impulsor de la avalancha de construcción en el campo, también existe otro elemento a tener en cuenta. Es el inminente cambio de normativa que se presume tanto en legislación turística como urbanística. Muchos propietarios aceleran la inversión antes de que la Ley del Alquiler Turistico y la nueva Ley del Suelo introduzcan nuevas restricciones en la edificación en suelo rústico, tal y como reclaman los grupos ecologistas. Los propietarios que todavía no las tienen declaradas como arrendamiento vacacional quieren tramitar su legación antes de que entre en vigor la nueva normativa que impondrá unas zonas concretas en las nuevas construcciones donde se pueda desarrollar el alquiler turístico.

El 80% de infracciones

Desde el Consell de Mallorca explicaron que casi el 80% de las infracciones urbanísticas en suelo rústico que se han detectado en los dos últimos años corresponden a obras que se realizan para poder destinar la vivienda al alquiler vacacional. La construcción de piscinas sin licencia es el caso más paradigmático, según explicaron desde la institución insular. Asimismo, se han detectado multitud de cambios de tejados. En este caso, la normativa urbanistíca contempla que cuando en una edificación se cambia el tejado, automáticamente pasa a ser considerada una obra mayor y, por consiguiente, se necesita un proyecto y el correspondiente permiso del Consell de Mallorca, organismo que tiene las competencias en suelo rústico.

Durante el último año, el Consell de Mallorca ha conseguido demoler unas 50 obras irregulares en suelo rústico, la mayoría de ellas han sido ejecutadas por los mismos propietarios autores de la infracción a raíz de las multas coercitivas, que incrementan el montante de la sanción si el propietario no cumple con la legalización o demolición. El Consell se encontró en 2015 con más de 1.000 obras ilegales sin sancionar.

Desde el Consell confirmaron que la gran mayoría de las demoliciones de obras ilegales que se han dictaminado también corresponden a propietarios que realizaban ampliaciones o construcciones como piscinas o porches, con el claro objetivo de destinarlas al alquiler turístico.

Palma: Cort ordena el derribo del ‘chill out’ del fortín de Sant Carles

(Última Hora, 11/03/2017)

A. Mateos. La Gerència d’Urbanisme ha ordenado la demolición del ‘chill out’ del fortín del castillo de Sant Carles, así como la restitución a su estado original. El Consistorio da dos meses a la Autoritat Portuària y al promotor del ‘chill out’, Dreams and Cosmetics SL, para acatar este acuerdo. En caso contrario, serán sancionados con 19.744 euros; es el 10 por ciento del importe total de la obra, que fue de 197.443 euros.

Urbanisme ha adoptado esta decisión tras desestimar las alegaciones presentadas por el promotor del ‘chill out’. El departamento municipal argumenta que las obras no tenían licencia de obra, tal y como decretó el celador municipal. 

En concreto, en el interior de la edificación se hizo un alicatado y enyesado para la instalación de una cocina y baños, así como un alicatado para el acceso a estos últimos. En las terrazas del exterior se instaló una estructura de vigas de hierro ancladas al suelo y se colocaron paneles de encofrar para elevar la altura de las terrazas 1,5 metros y construir una piscina. En la puerta principal se construyó un porche con paneles de pladur. Todo esto se tendrá que derribar, con la finalidad de que el fortín vuelva a su estado original.

2017-03-11 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

La nova llei d'urbanisme preveu multes de fins al 300% del valor d'una obra il·legal en sòl rústic

(Ara Balears, 9/03/2017)

La norma que ha de substituir la Llei del sòl "empodera" els consells i limita, fins al 20%, les plusvàlues que s'obtindran per requalificacions o canvis d'ús

Nota de Disúrbia: com és habitual en aquests casos, es presenten com a novetats coses que ja estan previstes en la normativa actual...

Jaume Vinyes. Multes dures per als infractors, més poder per als consells insulars, més facilitat per "transformar contínuament" les ciutats i, per primera vegada, la definició del sòl rústic. Aquestes són algunes de les principals característiques de l' avantprojecte de llei d'urbanisme que s'ha presentat aquest dijous.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha destacat que el text, que ja ha advertit que "generarà debat" i ha de ser objecte de moltes modificacions, segons ha augurat, és el fruit de més de nou mesos de feina i s'ha elaborat amb les aportacions de més de 60 professionals amb interessos i ambicions diferents, des dels constructors fins a ONG ecologistes. 

La norma que substituirà la Llei del sòl no parteix de zero, sinó que en conserva "el que ja funcionava" i hi incorpora "seccions i elements innovadors", segons ha assegurat Pons.

Dures sancions econòmiques

    - Les multes per obres i instal·lacions en sòl rústic podrien ascendir fins al 300% del valor de l'acció sancionada.

    - Es preveuen multes coercitives continuades del 10% del valor de l'obra il·legal (fins a un total de 12) quan els infractors es neguin a executar les ordres de demolició. A banda d'això, se simplifica l'execució de les ordres, ja que aquestes queden exemptes de llicència urbanística prèvia. Així, l'avantprojecte determina que, si l'ajuntament no es pronuncia en el termini d'un mes respecte del projecte de demolició, el termini d'execució ja començarà a comptar.

    - La llei fixarà responsabilitats, també, per als càrrecs públics que permetin la indisciplina urbanística "amb coneixement de causa i tenint possibilitat d'impedir-ho". "És una mesura absolutament necessària segons el que hem vist els darrers anys", ha destacat Pons.

    - En les construccions il·legals ja prescrites ja no es podrà autoritzar cap actuació, ni tan sols de manteniment. L'objectiu, segons el director general d'Ordenació del Territori, Luis Corral, és que "tot allò que és il·legal ha d'anar desapareixent".

“Empoderament” dels consells

    - Els ens insulars assumiran les competències de disciplina urbanística a les zones d'alt valor ambiental, com les Àrees Naturals d'Especial Interès ( ANEI), les Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic ( ARIP) o les Àrees de Protecció Territorial ( APT) costaneres. D'aquesta manera, s'evita el problema de la proximitat en el compliment de la disciplina urbanística, segons el Govern.

    - Els consells informaran prèviament sobre els Plans Generals de cada municipi (es manté l'excepció per a Palma) en comptes de fer-ho una vegada que ja hagin estat elaborats per evitar endarreriments en la tramitació. Els Plans Generals, a més, adopten un nou format i es divideixen en dos: una part estructural limitada “a l'escala macro” i, com a novetat, un pla d'ordenació detallat en què s'inclouran caràcters més flexibles en el temps (forma urbana, tipologies, usos detallats...). Per agilitzar els tràmits, els ajuntaments de més de 10.000 habitants podran aprovar aquests Plans Generals sense el vistiplau dels consells insulars. “Ens oblidam de les modificacions puntuals”, ha assenyalat Pons.

Lluita contra l'especulació

    - Les plusvàlues generades pels canvis de classificació, qualificació o rendibilitat d'usos que resultin superiors a un benefici raonable hauran de repercutir en l'administració. Corral ha assenyalat que aquest "benefici raonable" se situarà entre el 7 i el 15%, tot i que, en alguns casos, el barem podria reduir-se al 5% o arribar fins al 20%. "És una garantia per al propietari, però també per a la societat perquè evitarà l'especulació. Les plusvàlues són de tots", ha indicat.

    - Queden prohibits els convenis de planejament urbanístic, que, segons ha indicat Pons, "han estat font de conflictes i que moltes vegades han derivat en indemnitzacions abundants".

    - Creació d'una Junta d'Expropiació Autonòmica, integrada per professionals amb l'objectiu de donar majors garanties. "S'evitaran sentències propiciades per informes d'un sol pèrit", ha assenyalat el conseller.

El text presentat aquest dijous conté més de 200 articles i inicia ara el període d'exposició pública, en què qualsevol ciutadà que ho vulgui podrà presentar-hi al·legacions.

2017-03-09 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Suprainsular | Enllaç

El TSJB condena a Sant Antoni a derribar una vivienda ilegal

(Diario de Ibiza, 6/03/2017)

El tribunal aprecia «inactividad» municipal por ordenar la demolición tres años después de que el expediente hubiera caducado
Afecta a una casa, un almacén y una piscina ilegales en Buscastell

Eugenio Rodríguez. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha condenado al Ayuntamiento de Sant Antoni a demoler unas construcciones ilegales en una finca de Buscastell, «por sus propios medios y el plazo que se determine en ejecución de sentencia», al apreciar su «inactividad» a la hora de restablecer el orden urbanístico. Se trata de la edificación sin licencia de una vivienda, un almacén y una piscina con una superficie de 81,16 y 20 metros cuadrados respectivamente.

El propietario de una finca colindante denunció los hechos por primera vez al Ayuntamiento en marzo de 2007 («hubo numerosas denuncias y escritos», según la sentencia) y al Consell en diciembre del mismo año. La arquitecta municipal situó la fecha de finalización de las obras en 2007.

El Consistorio inició en febrero de 2008 mediante un decreto el expediente de restauración de la legalidad urbanística y en el mismo acto ordenó la paralización de las obras, ya ejecutadas. Previamente, el Consell de Eivissa requirió al Ayuntamiento a que abriera el expediente de infracción.

La sentencia del TSJB recuerda, además, que la promotora de las obras ilegales no presentó en los dos meses siguientes ninguna alegación ni tampoco proyecto de legalización de las edificaciones.

La ley da un año de plazo para la resolución del proceso sancionador. Este plazo empezó a contabilizarse el 27 de abril de 2008, pero fue casi cuatro años después (29 de febrero de 2012) cuando la junta de gobierno dictó orden de demolición. Al haber caducado el plazo, este acuerdo fue anulado por dos sentencias judiciales.

Anulación del derribo

Se da la circunstancia de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca desestimó el pasado mes de julio el recurso del vecino denunciante y descartó que hubiera habido inactividad por parte del Ayuntamiento, ya que el 29 de febrero de 2012 acordó ordenar la demolición de las obras sin licencia, aunque no se ejecutó.

Precisamente, antes de que se dictara esta sentencia ya se habían decretado los otros dos fallos que habían anulado la orden de derribo por haber caducado el plazo para su aprobación. Los denunciantes lo alegaron infructuosamente en dicho juzgado.

En cambio, la sentencia del TSJB considera que el acuerdo de demolición de febrero de 2012 «no implica una actuación municipal en orden a conseguir la restauración de la legalidad urbanística, ya que a todas luces el expediente estaba caducado».

También señala que «desde abril de 2008 [cuando se abrió el expediente de infracción urbanística] el Ayuntamiento debió acordar la ejecución de la demolición por parte de la persona responsable de las obras ilegales, en un plazo oportuno, o bien debió ejecutarla de forma subsidiaria». Incluso debió trasladar la incoación del expediente al Consell (comunicación que no consta que se efectuase, según la sentencia), para que este actuara en caso de inactividad del promotor y del Consistorio.

El Ayuntamiento justificó que sólo después de cerrar el expediente sancionador, que se inició en abril de 2010 (dos años después de la apertura del de infracción urbanística y cuando ya había caducado), estuvo «en condiciones de iniciar el restablecimiento de la legalidad urbanística». Sin embargo, una de las sentencias que anularon el derribo indicaba que «no es cierto», ya que los expedientes son independientes y que en 2009 el aparejador municipal ya dijo que las obras eran «ilegalizables».

La sanción «se ajusta» a las obras ejecutadas

El TSJB considera que la multa que el Ayuntamiento impuso a los promotores de las obras ilegales (49.738 euros inicialmente, rebajados a 24.869 euros por una sentencia) «se ajusta a la realidad de lo ejecutado».

El denunciante pedía que la sanción económica fuera mayor, pero el tribunal rechaza esta pretensión al entender que «no ha resultado acreditado que en la parcela no hubiese unas obras preexistentes», en contra de lo que defendía el recurrente.

Llucmajor: demolida una casa construida sin permiso

(Diario de Mallorca, 23/02/2017)

T.O. La Agència de Defensa del Territori de Mallorca informa de la demolición, ordenada en 2007 y ejecutada a finales de 2016, de una vivienda que se construyó sin licencia en suelo rústico del municipio de Llucmajor. La parcela tiene menos de 5.000 m2, "muy lejos de las dimensiones mínimas para que se pueda implantar una vivienda unifamiliar", señala la misma agencia.





		

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