Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Josep paraliza una obra ilegal en el Parque Natural de ses Salines

(Diario de Ibiza, 28/10/2020)

Se detectó la ampliación y reforma de un edificio cuando lo único que se había comunicado era la intención de limpiar la finca

Redacción. El Ayuntamiento de Sant Josep ha decretado la paralización de unas obras que se estaban realizando sin la correspondiente licencia urbanística en un edificio ubicado en el interior del Parque Natural de ses Salines, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El responsable de esta propiedad había comunicado la intención de limpiar la finca donde se encuentra el inmueble, pero en la inspección realizada por Urbanismo se detectó que lo que se estaba realizando era la ampliación irregular del edificio para aumentar la superficie de la planta baja y dotarlo de terraza en el primer piso.

Además, apunta el Consistorio, se estaban llevando a cabo divisiones interiores para distribuir ocho apartamentos, de entre una y dos habitaciones, además de las regatas para el paso de instalaciones y alteraciones en las fachadas y paredes del inmueble.

El Ayuntamiento ya ha dado traslado del expediente al Consell de Ibiza, dado que es la Administración que ostenta la competencia en materia de disciplina urbanística al tratarse de un suelo protegido.

A raíz del informe de esta primera inspección, realizada el pasado mes de septiembre, los servicios urbanísticos municipales abrieron un expediente de diligencias previas de protección de la legalidad urbanística. En su instrucción, añade la nota municipal, se comprobó que las obras detectadas no disponían de ninguna autorización.

Además, no constan licencias que autoricen la legalidad de la totalidad de las construcciones detectadas en esa finca. Es el caso del edificio donde se han detectado los trabajos irregulares, que no aparece hasta 1989 en las ortofotos de Sant Josep sin que se tenga constancia de la licencia para levantarlo.

Calvià s’adhereix a l’Agència de Defensa del Territori

(Ara Balears, 22/10/2020)

Amb aquesta incorporació l'organisme autònom ja suma 31 municipis de Mallorca

T. Riera. L'Ajuntament de Calvià s'ha adherit a l'Agència de Defensa del Territori ( ADT ), de manera que ja són 31 els consistoris mallorquins que han delegat a aquest organisme les competències en matèria de legalitat urbanística i protecció del sòl rústic. Està previst que, al llarg de les pròximes setmanes, l'Ajuntament de Porreres també delegui aquestes competències a l' ADT .

La presidenta de Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías , i el batle del municipi, Alfons Rodríguez, han signat aquest dijous el conveni d'incorporació del municipi calvianer.

Cladera s'ha mostrat satisfeta perquè això "demostra que els municipis valoren el treball del Consell de Mallorca en la protecció del territori, mitjançant l' ADT , que consolida l'activitat per protegir la legalitat urbanística". El Consell ha reforçat personal en l' ADT els darrers cinc anys, que ha passat de 14 persones a 38 treballadors.

Durant els dos primers anys de l' ADT (2009 i 2010), hi havia sis municipis que hi estaven adherits. Fins el 2014 no hi va haver cap incorporació més i entre el 2015 i el 2019 s'hi varen incorporar 21 municipis més.

2020-10-26 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Andratx licita por 440.000 euros el derribo de las casas ilegales de Cala Llamp

(Diario de Mallorca, 23/10/2020)

Un juzgado había pedido al Consistorio información sobre los pasos dados para cumplir con la orden judicial de demolición

I.M./L.G. El ayuntamiento de Andratx ha sacado a concurso por un total de 442.379 euros las obras de demolición de dos edificios ilegales que se construyeron en Cala Llamp, tal y como han prescrito sucesivas resoluciones judiciales.

Los edificios que serán objeto de derribo se encuentran emplazados en la calle Tonyina, número 26 y calle Gerret, número 13 del municipio. El solar tiene una forma rectangular y una superficie aproximada de 7.258,94 metros cuadrados, según consta en el proyecto de demolición.

En los próximos días, el Consistorio andritxol pondrá en conocimiento del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Palma el inicio del proceso de licitación de estas obras, con el fin de acreditar las actuaciones municipales llevadas a cabo para cumplir con la sentencia.

Cabe recordar que, como avanzó IB3 Ràdio, el pasado 16 de octubre este juzgado requirió a la representación procesal del ayuntamiento de Andratx que, en el plazo de 10 días, comunicase las iniciativas realizadas para dar efectivo cumplimiento a la orden de demolición.

Previamente, la organización ecologista GOB había presentado escritos ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo reclamando que el Consistorio procediese «inmediatamente» a la demolición de todo lo construido ilegalmente.

Recordó el GOB que la sentencia original declaró nula de pleno derecho la licencia que data de 2009 y por la cual se dio permiso para edificar 24 viviendas de las cuales se construyeron 12, además de aparcamiento y piscina.

El GOB argumentó que, en el caso de que la administración municipal no ejecutase este requerimiento, la responsabilidad recaería sobre el alcalde Joan Manera (Més), por lo que tendría que hacer frente a multas de 600 euros semanales a cargo de su patrimonio personal hasta el total cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El ayuntamiento de Andratx, a través de su departamento de Comunicación, informó ayer de que ya se ha iniciado el trámite de licitación de las obras.

El plazo para la presentación de ofertas expirará el próximo cuatro de noviembre. Una vez adjudicada la demolición, el plazo estimado para la ejecución de las obras es de unos tres meses, según consta en el proyecto municipal.

Las edificaciones a demoler presentan una superficie total construida que asciende a 1.180 metros cuadrados. Uno de los dos edificios cuenta con planta baja y otros dos niveles, con una superficie de casi 590 metros cuadrados. El otro presenta una estructura parecida y la misma superficie. A ello hay que unir una piscina de 152,64 metros cuadrados.

2020-10-22 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep no revisará la licencia de Vadella 64 para evitar la indemnización

(Diario de Ibiza, 21/10/2020)
 
Sant Josep aseguró hace un año que iniciaba el expediente pero admite ahora que no lo hará
 
Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ha renunciado a iniciar un procedimiento de revisión de oficio de la licencia de Vadella 64, la controvertida promoción de estudios y locales-taller de uso comercial en Cala Vedella que se comercializan como viviendas de «alto standing». Un portavoz municipal indicó ayer a este diario que, si se anulase el permiso de obra que el Ayuntamiento concedió en el año 2003, se expondría «a pagar en solitario unas indemnizaciones multimillonarias».
 
En mayo del año pasado, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Guerrero, informó a Diario de Ibiza de que la junta de gobierno iba a aprobar el inicio del expediente de revisión de la licencia a raíz de las denuncias que el Consistorio había recibido sobre la supuesta estafa por la construcción y venta de viviendas en un solar de uso comercial.
 
Guerrero advirtió entonces de que el inicio de la revisión de oficio del permiso de obra no implicaba que necesariamente, en función de la alegaciones y los informes de los técnicos, se diera curso a la tramitación del expediente o que concluyera con la anulación de la licencia. Sin embargo, según informó ayer el Consistorio, no se llegó siquiera a aprobar el inicio en junta de gobierno, en contra de lo que había dicho el concejal de Urbanismo.
 
Ahora, el Ayuntamiento sostiene que debido a que ya se habían concedido finales de obra y cédulas de primera ocupación y como la revisión de la licencia la solicitaba un particular, «no se llegó a iniciar el expediente porque tenía pocas opciones de prosperar» [Nota de Disúrbia: una cosa no lleva l'altra...]. Esta decisión, apunta el portavoz municipal, se adoptó con «el asesoramiento de los servicios técnicos y en aras a la buena gestión de los recursos públicos».
 
Finales de obra concedidos
 
El Consistorio ya ha concedido el final de obra de todas las fases. El Consell, por su parte, ha otorgado algunas cédulas de primera ocupación «como locales, no como viviendas», según especifica la institución insular, a pesar de que se están comercializando como tal en webs inmobiliarias. De hecho, el informe, del pasado mes de julio, que la promotora Cobblestones encargó a dos arquitectos para tratar de demostrar que el uso de vivienda es compatible con el comercial, concluye, tras una visita al edificio, que «una vez que se instale el mobiliario de la cocina y algunas piezas de los baños, así como apliques o luces , el inmueble tendrá las características y condiciones de habitabilidad de una vivienda».
 
Precisamente, el Consell denegó a principios del año pasado la concesión de las cédulas de los 15 estudios de la primera fase tras constatar que el uso de vivienda no está permitido en ese edificio. De hecho, la institución puso en conocimiento de la Fiscalía y la dirección general de Consumo que la promotora estaba comercializando viviendas cuando la licencia no lo ampara. Actualmente, un juzgado de Ibiza investiga si se ha cometido una estafa en la comercialización de este inmueble como viviendas, algunas de lujo con un coste de más de 900.000 euros.
 
La resistencia inicial del Consell se desbloqueó (la promotora llegó a presentar una querella contra la exconsellera Pepa Marí) después de que la promotora cambiara las notas del Registro de la Propiedad para que en éste constara el uso comercial de los estudios. Antes, esta promoción estaba registrada como «un conjunto residencial».
 
Tal y como publicó hace unos días este diario, ante la intención del equipo de gobierno de Sant Josep de que el Consell tramite unas Normas Subsidiarias transitorias que sustituya el actual obsoleto planeamiento urbanístico, en vigor desde 1986, el abogado Manuel Alcaide ha advertido al Ayuntamiento de que ahora no puede cambiar el uso de esta parcela (de comercial a residencial) porque supondría «blanquear un pelotazo de pingües beneficios para el promotor» y podría incurrir, según jurisprudencia, «en desviación de poder».
 
El letrado ha lanzado este aviso después de que la promotora haya tratado de justificar en un informe, firmado, curiosamente, por los mismos arquitectos que redactaron, en 2014, la anterior revisión de las Normas Subsidiarias que no llegó a aprobarse, que el uso comercial es compatible con el residencial, según el Plan Parcial de Cala Vedella.
 
Advertencia del Consell
 
En este informe de parte, los arquitectos recuerdan que en la normativa propuesta en 2014 se preveía el cambio de calificación de la parcela de Vadella 64 para que pasara a residencial plurifamiliar. «Todo ello apunta a una evidente voluntad municipal de ratificar el uso residencial de la zona», concluyen. Hay que tener en cuenta que en esta parcela, al ser de uso comercial, se ha podido construir más que en una parcela residencial, según reconoció Guerrero.

El Consorcio de Rústico llega a los 10 millones en multas pero solo ha ingresado un 7 por ciento

(Menorca, 20/10/2020)

El año pasado se impusieron sanciones por 5 millones, más que en todo el acumulado anterior

El notable incremento de la actividad en 2018 y 2019 ha conllevado que el importe total de las sanciones impuestas por el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca desde su creación haya alcanzado ya los 10.048.295 euros. No obstante, los informes incluidos en la Cuenta General del Consell del año pasado reflejan que su problema es el bajo índice de cobro. A 31 de diciembre de 2019 apenas se habían ingresado cerca de 700.000 euros por este concepto, un 7 por ciento.

Más de la mitad del importe total de las sanciones del Consorcio se ha impuesto durante 2019. Corresponden al año pasado 5,5 millones de euros en multas. Esta cantidad incluye, no obstante, 375.107 euros que derivan de expedientes cerrados en años anteriores. Esto sucede porque, como indican los servicios económicos del Consell, en 2016 y 2017 solo se tuvieron en cuenta a efectos contables las sanciones cobradas, no las impuestas, lo que generó una anomalía con unas cifras de derechos de cobro muy bajas. Esto se empezó a corregir en 2018, cuando parte de los 3,6 millones de euros en sanciones que se atribuyen a ese año son también de expedientes de ejercicios previos. En concreto, 562.316 euros. La misma situación se tuvo que corregir en 2013, según los informes que aparecen en la Cuenta General de 2019.

El hecho que una parte significativa de estas sanciones se remonte a años anteriores provoca que 1,4 millones de euros se califiquen de dudoso cobro, una cantidad que se determina con unos porcentajes en función de la antigüedad del expediente. Más de medio millón de euros pendientes de ingresar corresponden a años anteriores a 2016.

El conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, explica que en los últimos años se ha producido un importante incremento de la actividad en el Consorcio, en parte porque el número de juristas de este organismo ha pasado de uno a dos. Esto ha permitido concluir un mayor volumen de expedientes. Una muestra de ello es que por la Junta de Gobierno del Consorcio pasaron en 2019 un centenar de expedientes, por los alrededor de setenta de 2017.

En cuanto a la demora en los cobros, Company comenta que muchos de las sanciones concretadas en 2019 tienen todavía un largo recorrido. Algunas incluso acaban en los juzgados, lo que detiene el proceso de cobro. Además, en determinadas condiciones, si se produce una regularización del bien objeto de la sanción, se pueden llegar a aprobar bonificaciones que alcanzan el 95 por ciento del importe. También se establecen pagos fraccionados.

El Consorcio tiene aún pendiente la incorporación de un gerente y están abiertas las reuniones con el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para fijar las condiciones de su salida, según Company, con buen nivel de entendimiento.

2020-10-22 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Ses Salines: “Cuando supo que la habíamos denunciado, la alcaldesa entró en pánico”

(Diario de Mallorca, 14/10/2020)

Dos arquitectos municipales de ses Salines ratifican en el juicio que sufrieron graves represalias por comunicar presuntas ilegalidades urbanísticas a la fiscalía. La exalcaldesa, que se enfrenta a tres años de prisión, niega el hostigamiento

Marcos Ollés. Dos arquitectos municipales de ses Salines han ratificado hoy, durante el juicio a la exalcadelsa Maria Bonet, que sufrieron graves represalias y acabaron suspendidos de empleo y sueldo por haber denunciado ante la fiscalía en 2015 presuntas irregularidades urbanísticas. “Cuando supieron que habíamos presentado una denuncia, entraron en pánico”, ha sentenciado uno de los funcionarios, que ha desgranado diversas ilegalidades y tratos de favor. Rigo, por su parte, ha negado haber hostigado a los denunciantes y ha afirmado que tardó varios meses en ser informada de sus acusaciones. La exalcaldesa, para quien la fiscalía pide tres años de cárcel por prevaricación, obstrucción a la justicia y acoso laboral.

Uno de los denunciantes, que era entonces jefe del área de Urbanismo, ha explicado que por su cargo fue teniendo conocimiento de “actuaciones que eran premeditadamente ilícitas” y “muy evidentes”. El perjudicado ha hablado de adjudicaciones a dedo a determinados empresarios y paralizaciones de expedientes de disciplina urbanística. El testigo ha hecho referencia a las obras de ampliación de un hotel sin licencia como detonante de la denuncia. “Quería quitarme responsabilidades. Yo tenía muy presente un caso muy similar en el que hubo un derrumbe y murieron cuatro obreros”, un siniestro ocurrido en 2008 en Cala Rajada. El arquitecto ha relatado que acudió a la fiscalía el 19 de febrero de 2015 para presentar la denuncia y que a principios de marzo la alcaldesa le espetó: “No me esperaba esto de ti”, deslizando que Rigo sabía ya entonces que la había denunciado.

A partir de entonces, el funcionario ha asegurado que comenzó una campaña de acoso por parte de la alcaldesa. “Entraron en pánico. Nos bloquearon el registro y querían que entregáramos directamente los documentos con un acuse de recibo. Esta situación fue empeorando”, ha dicho. El arquitecto ha desgranado cómo un empresario, “al que habitualmente se dan concesiones a dedo”, quiso modificar el precio de una obra de construcción de un carril bici. “Pedimos el expediente de contratación y nos lo denegaron. Empezaron las obras sin nosotros. Era un desmadre”.

Los dos funcionarios fueron expedientados y sancionados “con acusaciones falsas”. El arquitecto ha dicho que el instructor del expediente era un “director general del Govern del mismo partido que la alcaldesa” [el Partido Popular]. “La sanción estaba escrita antes de que acabara la instrucción. Convocaron un pleno extraordinario y urgente para aprobar la sanción, y multiplicaron por cinco la propuesta”, ha dicho en referencia a las suspensiones de empleo y sueldo de más de dos años y medio que les impusieron a él y la otra denunciante, revocadas después por un juzgado de lo contencioso administrativo.

La alcaldesa, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones. En su declaración, ha asegurado que no supo de la denuncia hasta septiembre de 2015 y la ha vinculado a un conflicto con el arquitecto por unas obras en el aparcamiento del colegio de la Colònia de Sant Jordi que “él había modificado”. Rigo ha negado que se les prohibiera usar el registro, sino que todas las comunicaciones internas se hacían de forma directa, y ha asegurado que no rechazaba sus documentos, sino que prefería “leerlos antes de firmarlos”. “No se iban si no los firmaba. Era un acoso...”, ha afirmado. También ha negado haber paralizado trece expedientes de disciplina urbanística y ha dicho que destituyó a uno de los denunciantes como jefe de Urbanismo “por pérdida de confianza”.

Respecto a los expedientes disciplinarios, ha argumentado que se abrieron al detectar indicios de que “no obraban correctamente” y que un técnico externo hizo un informe al respecto. Sobre las sanciones impuestas, ha explicado que cuando se aprobaron ya no era alcaldesa y que estas fueron planteadas por su sucesor en el cargo.

2020-10-15 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

El Seprona investiga en Sóller ocho construcciones ilegales en rústico

(Diario de Mallorca, 15/10/2020)

El Instituto Armado requiere información al ayuntamiento sobre las obras que ha detectado

Joan Mora.El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha abierto investigación contra ocho construcciones presuntamente ilegales que se habrían levantado en suelo rústico protegido de Sóller.

Agentes de la Guardia Civil se han dirigido al ayuntamiento de Sóller para recabar información sobre estas construcciones que, en su mayoría, serían piscinas edificadas sin la preceptiva licencia municipal de obras. Los agentes del Seprona habrían detectado al menos una edificación supuestamente ilegal.

El concejal de Urbanismo, Jaume Bestard, informó que su departamento remitirá a la Guardia Civil la información que obra en el ayuntamiento de todas estas edificaciones que están bajo sospecha. El edil apuntó que la Benemérita instruirá diligencias de denuncia contra las que se certifique que se han edificado sin permiso municipal.

Sóller tiene cedidas las competencias urbanísticas en suelo rústico protegido a la Agència de Defensa del Territori de Mallorca, organismo que se encargará de tramitar el expediente.

2020-10-15 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Juicio a la exalcaldesa de ses Salines por acoso a dos funcionarios que la denunciaron

(Diario de Mallorca, 13/10/2020)

La fiscalía pide tres años de cárcel para Maria Bonet por delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral

Marcos Ollés. La exalcaldesa de ses Salines por el Partido Popular, Maria Bonet, será juzgada a partir de mañana por acosar y presionar a dos funcionarios del Ayuntamiento que la habían denunciado por presuntas irregularidades urbanísticas en 2015. Ambos fueron expedientados y apartados de sus funciones tras revelar las supuestas ilegalidades. La fiscalía reclama una condena de tres años de cárcel y doce de inhabilitación para Bonet, acusada de delitos de prevaricación, acoso y obstrucción a la Justicia. Está previsto que el juicio se prolongue durante toda la semana en la Audiencia Provincial.

La fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el 19 de febrero de 2015, dos arquitectos del Ayuntamiento de ses Salines denunciaron a Bonet por delitos de corrupción urbanística. La alcaldesa comenzó entonces a obstaculizar el trabajo de estos funcionarios de diversas formas, siempre según el ministerio público. Por un lado, les prohibió presentar informes a través del Registro General, dictado una orden de servicio específica y ordenó que le comunicaran directamente sus actuaciones. Sin embargo, Bonet se negó luego a recibirlas y a firmar la recepción de los documentos.

Además, la alcaldesa impidió a los arquitectos municipales acceder a los expedientes administrativos relacionados con su cargo. Pese a que habían sido designados directores facultativos de las obras de construcción del carril bici del colegio público de la Colònia de Sant Jordi o el muro de contención del paseo peatonal, no pudieron consultar los expedientes y se nombró a otros técnicos para hacerse cargo de esos trabajos. Bonet destituyó también de su cargo como jefe de urbanismo, mediante un decreto de Alcaldía, a uno de los funcionarios que la habían denunciado por la paralización injustificada de trece informes de disciplina urbanística, hechos por los que fue imputada.

Finalmente, en mayo de ese año abrió sendos expedientes disciplinarios a los dos arquitectos, alegando, entre otra cuestiones, que los informes en los que la acusaban de las presuntas irregularidades eran "manifiestamente ilegales" y que habían desobedecido órdenes de forma sistemática. Ambos fueron suspendidos de sus funciones durante seis meses. Según la fiscalía, el trasfondo de esta sanción era que Bonet había exigido a los funcionarios que modificaran el precio de las obras del carril bici y estos se habían negado.

El ministerio público considera a la exalcaldesa autora de delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y acoso laboral. Por ellos reclama tres años de prisión, una multa de 6.000 euros y doce años de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, pide que indemnice a los dos arquitectos con 5.000 euros por los daños morales causados.

2020-10-13 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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