Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El Ayuntamiento de Llubí revisa una licencia de obra que se otorgó hace 18 años

(Diario de Mallorca, 28/07/2021)

J.F. Mestre.  Ya han transcurrido más de 18 años desde que el ayuntamiento de Llubí concedió el certificado de final de obra a un proyecto que consistía en la construcción de una vivienda de lujo. A pesar del largo tiempo transcurrido, ahora el Consistorio ha decidido revisar dicha licencia, ya que en su momento se otorgó el certificado de final de obra en contra del criterio de los técnicos. La entonces alcaldesa, Margalida Miquel, no valoró los informes de sus técnicos y firmó este certificado. Ahora se estudia si esta decisión de la exalcaldesa fue ilegal y, por tanto, podría suponer problemas para el propietario de la vivienda.

Este chalet sobre el que se centran las sospechas de ilegalidad está ubicado en la avenida Son Marget, en Llubí. Las obras del inmueble se iniciaron en el año 2001. El promotor presentó un proyecto en el Ayuntamiento y solicitó el permiso para empezar las obras, que fue autorizado. La casa tardó dos años en terminarse. A partir de ese momento se solicitó al Consistorio municipal el certificado final de obra, que necesitaba el propietario para conseguir la cédula de habitabilidad y poder tener acceso a los suministros de luz y agua.

Ante esta petición de final de obra, los técnicos municipales realizaron una visita de inspección y elaboraron los correspondientes informes. Los escribieron el arquitecto municipal y el abogado del Ayuntamiento. Se emitieron en marzo del 2003. Ambos coincidían en el mismo criterio. Establecían que el proyecto cumplía con los parámetros urbanísticos aplicables. Sin embargo, también denunciaban que las obras ejecutadas incumplían las normas sobre el retranqueo de la fachada desde la calle y la pared derecha. Además, también denunciaban que la piscina se había construido en un terreno rústico. Por estos tres fallos detectados en las obras los técnicos consideraban que el certificado de final de obra no se podía dar hasta que se solucionaran las irregularidades. A pesar de ello, sin que se conozcan las causas, la entonces alcaldesa no tuvo en cuenta el informe de sus técnicos, sino todo lo contrario. Concedió el certificado final, sin obligar al promotor a que rectificara las irregularidades que se habían detectado.

Sin embargo, tras la denuncia reciente de un vecino, se ha descubierto esta supuesta irregularidad. Tanto es así, que se presentó en el Ayuntamiento un escrito solicitando la revisión de oficio de dicha licencia otorgada hace 18 años. El pasado lunes se llevó este tema al Pleno municipal, tras un informe elaborado por el secretario, que señalaba que se podía revisar la licencia.

El Pleno acordó trasladar el caso al Consell Consultiu, para que elabore un dictamen que determine qué tipo de acciones se pueden realizar ante esta situación que no se había planteado hasta ahora en Llubí. El caso podría terminar resolviéndose en los juzgados.

El TSJB confirma la sentencia de demolición del cámping ilegal de la Colònia de Sant Pere

(Diario de Mallorca, 23/07/2021)

Joan Frau.  En una sentencia del pasado 12 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestima el recurso de apelación presentado por la sociedad UPA S. A., propietaria de los terrenos de 10.000 metros cuadrados en suelo rústico protegido donde se ubica el Cámping Club San Pedro de la Colònia de Sant Pere (Artà), contra el fallo de 2019 del juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma que desestimaba el recurso de la propiedad contra el acuerdo del Consell de Mallorca del año 2012 que ordenaba la demolición de los apartamentos edificados de forma ilegal en el año 1999. La institución insular rechazaba la apelación de la propiedad contra el acuerdo de 2006 de la comisión insular de Urbanismo mediante el que se ordenaba la demolición de las obras.

Las construcciones que deberán derribarse consisten en 88 bungalós de obra de casi 30 metros cuadrados cada uno. Al principio había cabañas móviles de madera que posteriormente fueron sustituidas por obras de cemento, rígidas y permanentes. La sustitución de las cabañas se llevó a cabo sin que la propiedad, defendida por Josep Melià Ques, abogado y diputado de El Pi, solicitase licencia de obras al ayuntamiento de Artà, tal y como recoge la sentencia del TSJB.

La formación política Iniciativa-Verds de Artà (hoy Alternativa per Artà) también codemandada por la promotora junto al Consell de Mallorca, denunció en 2002 la realización de las obras ilegalizables e instó al Ayuntamiento a personarse en la causa como parte interesada, aunque no lo hizo, por lo que el partido decidió personarse en el procedimiento que desembocó en la sentencia de 2019 que avalaba la demolición. Fue a instancias de esta formación que el Consell se subrogó en 2002 las competencias municipales sobre esta cuestión porque, según refleja la sentencia, el ayuntamiento de Artà «no había reaccionado en su momento frente a los ilícitos llevados a cabo por la apelante (la propiedad del cámping)». De esta forma, el Consell podría proceder «como debería haber procedido el Ayuntamiento, restableciendo la legalidad urbanística perturbada y, en su caso, sancionando la infracción cometida».

A partir de aquí se iniciaron dos procedimientos. El primero tenía el objetivo de fijar una sanción económica, que en primera instancia fue de 937.000 euros, aunque finalmente quedó reducida a 17.239 euros por la «falta de intencionalidad demostrada por la propiedad y la probada conducta errática de las administraciones».

El segundo procedimiento estaba vinculado al restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada. El TSJB recuerda que se requirió en su momento a UPA S. A. para que solicitase una licencia de legalización, pero transcurrió el plazo y no llegó a hacerlo, por lo que el procedimiento caducó. No obstante, la sentencia señala que «no había duda de que las obras eran ilegalizables», lo que «excepciona el deber de la Administración actuante de requerir al infractor la legalización».

Alternativa per Artà ha celebrado este viernes la sentencia, que puede recurrirse ante el Supremo, y ha reclamado «celeridad» al Govern en la tramitación del PORN iniciada en 2019 y en la ampliación del parque natural del Llevant, que «incorpora los terrenos donde se ubican estas obras». «Este nuevo nivel de protección comportaría una mayor claridad sobre los usos posibles y garantía de una segura conservación», concluye la formación.

Temor a que la autorización judicial de los derribos de Cala Llamp llegue en pleno agosto

(Última Hora, 2/07/2021)

La demolición de los apartamentos ilegales debe iniciarse en cuanto el juez dé luz verde a las obras, ya adjudicadas

Pedro Aguiló Mora. Temor en el Ajuntament d’Andratx a que la autorización judicial para iniciar la demolición de los 12 apartamentos ilegales del Cala Llamp llegue justo antes del cierre por vacaciones de la Administración de Justicia y las obras deban ejecutarse en agosto y plena temporada estival.

Así lo reconoce el alcalde Toni Mir (PSOE), quien recuerda que los trabajos de derribo ya están adjudicados a la empresa Amer e Hijos y deben iniciarse en cuanto el titular del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma de ‘luz verde’ a las demoliciones. De hecho, antes del 7 de agosto, los bloques de apartamentos deberían ser reducidos a escombros, estos retirados y el solar donde se levantaron restituido a su estado original. Así lo estipula el nuevo plazo de ejecución de las obras pactado entre el consistorio y la empresa constructora el pasado 7 de abril, después de que se redefiniera el contrato adjudicado por el ayuntamiento a Amer e Hijos a finales de 2020 y en el que se estipulaba que las demoliciones debían ser una realidad al final del primer trimestre de 2021.

La enésima dilación en el derribo de los bloques de apartamentos vino esa vez provocada por la falta de pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso respecto a la instancia formulada por el Ajuntament d’Andratx en febrero de este año, en la que solicitaba la entrada en los inmuebles para iniciar su desmantelamiento. Una petición que también llegaba entonces con retraso, después de que, justo cuando en enero debían empezar los trabajos de demolición, los propietarios de los apartamentos hiciera uso de una última triquiñuela legal para salvar sus propiedades de la piqueta.

Cerrado por vacaciones

Así las cosas, el titular el juzgado debería autorizar en los próximos siete días el inicio de las demoliciones, para que estas pudieran cumplimentarse dentro del plazo que expira el 7 de agosto. De lo contrario las obras se prolongarían durante la canícula. Eso, siempre y cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma de su plácet antes 31 de julio.

El GOB considera «nulas» las licencias de reforma y ampliación del hotel Formentor

(Última Hora, 24/06/2021)

Los ecologistas avisan que las parcelas de la urbanización «no tienen la condición de solar»

Elena Ballestero.El GOB considera que la licencia de reforma concedida al hotel Formentor y la licencia de ampliación que se está tramitando «son nulas de pleno derecho porque incumplen el propio planeamiento urbanístico de Pollença».

Recuerda que «las parcelas de todo el suelo urbano de Formentor no disponen de la condición previa de solar que faculten a la Administración local para conceder licencias de edificación, sin que previamente se hayan realizado los trámites de reparcelación, recepción de los terrenos de cesión obligatoria y la ejecución de la dotación de servicios prevista».

Así, el GOB ha solicitado al Ajuntament de Pollença acceso a la documentación relativa a las licencias concedidas, al proyecto de reparcelación y dotación de servicios, al polígono de actuación del suelo urbano, así como copias de los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos del departamento municipal de Urbanisme, entre otros. Quieren disponer de toda la documentación «para aclarar y poder hacer las alegaciones legales que se consideren adecuadas para la defensa de la legalidad urbanística en el suelo urbano de Formentor».

Cabe recordar que el Ajuntament de Pollença concedió a finales de 2020 la licencia básica de reforma integral del hotel y el alcalde aprobó este lunes por decreto el proyecto de ejecución, tal y como adelantó Ultima Hora.

«Informes favorables»

El alcalde, Tomeu Cifre, defendió ayer que el Ajuntament «ha dado el mismo trato al hotel que a cualquier vivienda de la urbanización» y aseguró que la licencia y la aprobación del proyecto se han llevado a cabo «con los informes técnicos pertinentes».

La construcción de nuevas edificaciones en Formentor lleva años bloqueada por la insuficiente dotación de servicios, pero Cifre argumenta que «se pueden conceder licencias de reforma». Dice que la aprobación del proyecto de ejecución ha ido acompañada de «la cesión de viales, zonas verdes y aparcamiento».

La ley COVID abre la puerta a aumentar un 15% de superficie

La propuesta de ampliación que tramita la nueva propiedad del hotel y que ya tiene el visto bueno de Turisme se acoge a la llamada ley COVID que permite a los establecimientos hoteleros incrementar hasta un 15 % su superficie, siempre que esto no suponga un incremento de plazas hoteleras. Aunque tiene el informe favorable de Turisme el Ajuntament aún no ha concedido la licencia de ampliación que cuestiona el GOB.

2021-06-24 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

A juicio por intentar transformar un ‘safareig’ en una piscina ilegal

(Última Hora, 23/06/2021)

La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para el dueño, el arquitecto y el constructor

Víctor Malagón.La Fiscalía reclama condenas de un año medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio al dueño de una finca por intentar construir una piscina en una zona protegida. Además del propietario, también están acusados el arquitecto que se ocupaba de las obras y el responsable de la empresa constructora.

La actuación se llevaba a cabo en un pueblo de la Serra, en unos terrenos afectados por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del espacio. El propietario de la finca había solicitado licencia del Ayuntamiento para arreglar un safareig que estaba construido ya cuando adquirió el inmueble y que, por lo tanto, era legal.

Sin embargo, cuando la Guardia Civil y los inspectores municipales revisaron la obra se encontraron con que se estaban instalando los elementos típicos de una piscina: filtros, hueco para construir una depuradora y el resto de elementos necesarios para esta instalación. Los hechos se denunciaron y ahora llegan a juicio. Además de la pena de prisión para los tres acusados, el ministerio público reclama también una importante sanción económica, la demolición de la obra ilegal y penas de inhabilitación de hasta tres años para el arquitecto y el constructor.

Vista previa

Un juzgado de lo Penal de Palma había señalado una vista previa al juicio para el día de ayer. Los tres acusados defienden su inocencia y rechazan que llevaran a cabo obras más allá de la licencia que habían obtenido para arreglar el estanque de la finca. En todo caso, sus defensas plantean que se trataría de una tentativa y no de un delito consumado ya que el terreno se ha devuelto a su estado previo sin que se llegara a terminar piscina alguna.

Ante la falta de acuerdo entre las acusaciones y las defensas, el juzgado ha señalado la vista para el próximo mes de noviembre.

Cada año en Balears llegan a juicio una decena de delitos contra la ordenación del territorio, que se suman a las actuaciones que lleva a cabo el Consell Insular y el departamento de disciplina urbanística. La gran mayoría de asuntos desemboca en la demolición de las obras ilegales. En el último ejercicio del que el ministerio público dispone de datos, 2019, se incoaron 12 asuntos.

2021-06-23 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Un vecino de Biniali denuncia amenazas por delatar una obra ilegal

(Diario de Mallorca, 19/06/2021)

Acusa a los constructores de una pista de pádel sin licencia de acoso inmobiliario, motivo por el cual ha decidido dejar temporalmente su casa

Joan Frau. Un vecino de Biniali (Sencelles) que hace unos meses denunció ante el Ayuntamiento la construcción sin licencia de una pista de pádel en una propiedad anexa a la suya ha comunicado a la Policía Local y denunciado ante la Guardia Civil que «desde hace meses» viene recibiendo «insultos y amenazas de muerte» por parte de los propietarios de la citada instalación, además de «roturas de cristales en ventanas», unos hechos que también ha trasladado a un juzgado de instrucción de Palma. Por estos motivos, el denunciante ha tomado la decisión de mudarse de domicilio ante el «acoso inmobiliario» que está sufriendo.

Además, asegura que «durante todo el día y la noche» de los pasados días 13 y 14 de junio sus vecinos organizaron «fiestas, partidas de pádel con música a alto volumen, vociferando y sin guardar ni un ápice de educación y respeto hacia los vecinos».

El pasado mes de febrero, poco después de que este diario publicara que el ayuntamiento de Sencelles abriría una investigación sobre la construcción sin licencia municipal de una pista de pádel en un lugar de máxima protección urbanística como Biniali, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico, este vecino ya presentó una denuncia de infracción penal ante la Guardia Civil porque, según aseguró, el conductor de un vehículo que salió de la casa donde se ha construido la pista de pádel «se dirigió hacia él haciendo un gesto con la mano como que le va a cortar el cuello, tocando el claxon en varias ocasiones para llamar su atención», según consta en la denuncia.

Este vecino se siente «totalmente desprotegido» ante esta «amenaza real» y ha decidido mudarse con su familia a otra casa de su propiedad en otro municipio. «Tememos por nuestra integridad, queremos vivir tranquilos», señala.

En los últimos meses, ha presentado hasta cuatro denuncias ante el ayuntamiento de Sencelles y la dirección insular de Patrimonio del Consell contra la citada pista de pádel en las que lamenta la «inacción» de la administración para revertir la ilegalidad, ya que el Ayuntamiento ha constatado que la pista de pádel no tiene licencia. En los escritos, alega que Biniali fue declarado BIC en 2009 para proteger las edificaciones y el entorno del llogaret, además de preservar la identidad, la unidad paisajística y el carácter rural del pequeño núcleo de población, por lo que la obra «constituye un evidente caso de infracción urbanística» que es «ilegalizable».

Expediente de infracción

En este sentido, el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, confirmó ayer que el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador por la construcción de la pista, un trámite que «sigue su curso legal» y que está pendiente de que los autores presenten un proyecto de legalización. «O deberá legalizarse o demolerse», apuntó el regidor.

En relación a las denuncias sobre el presunto acoso inmobiliario, el alcalde afirmó desconocer el caso, aunque aseguró que no consta una denuncia ante la Policía Local, sino un comunicado de intervención. «Este vecino dijo que prefería denunciarlo ante la Guardia Civil, por lo que el Ayuntamiento no puede actuar», señaló Verd.

Afectados por los derribos en hortals piden una solución habitacional

(Menorca, 19/06/2021)

Afirman que los juicios acabarán en demoliciones y que muchas personas no tienen otra vivienda

Juan Carlos Ortego.Aparece una problemática nueva, muchos propietarios de viviendas en hortals están pendientes de juicio, saben que perderán, vendrá luego el derribo y se quedarán sin techo. En ese frente trabaja la Associació d’Hortals de Menorca, que busca un nuevo interlocutor institucional en la consellera de Vivienda y Cooperación Local, Cristina Gómez, con quien se reunieron esta semana.

Antes los expedientes de demolición se archivaban y, a cambio, se pagaba una multa [Nota de Disúrbia: una pràctica il·legal...]. Ahora hay 1.500 expedientes abiertos, la mayoría irá a juicio y los infractores saben que perderán. «Si no se paran, todos acabarán en demolición», advierte Dolors Bosch, portavoz de la asociación.

Algunos de los infractores asumen la responsabilidad, evitan el juicio e intentan ganar tiempo solicitando al ayuntamiento licencia para el derribo de su propia vivienda. Dado que la licencia de obra incluye un plazo de 12 o 24 meses para realizarla, es el tiempo del que disponen para buscar una alternativa a la casa que pierden.

No es un caso aislado, cada vez son más y el derribo de algunas viviendas, a cuyos propietarios se le han impuesto multas coercitivas por el 100 % del valor dividido en 12 mensualidades, es inmediato, como ocurre con una casa del término de Sant Lluís. El caso ejemplifica el problema que viene, porque es una familia que se queda sin techo y necesita una solución habitacional.

Solo se salvarán los que puedan pagar esas multas para que sea el Consell quien tire luego de forma subsidiaria las construcciones porque son casos que no prescriben nunca. La asociación de hortals no se imagina al Consell demoliendo primeras viviendas de personas que no tienen alternativa.

El Consorcio, explica Bosch, bonifica el 95 por ciento de la sanción si el infractor derriba la casa en un mes o el 80 por ciento si lo hace en tres. «Un problema social no se resuelve tirando casas sino con los planes especiales que contempla el PTI», concluye.

Ultimátum judicial a Andratx para demoler los apartamentos de Monport

(Última Hora, 29/05/2021)

Pedro Aguiló Mora. Ultimátum judicial al Ajuntament d’Andratx para que ejecute de una vez la sentencia que le obliga a demoler los ocho bloques de apartamentos ilegales en Monport, cuya construcción, ejecutada en aproximadamente un 80 por ciento, fue paralizada en julio de 2007. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, la magistrada Nuria Magem Ramos, fijó el pasado 23 de abril un plazo de dos meses para que el consistorio «materialice en actuaciones concretas» el protocolo firmado el 2 de marzo con el Govern para la redacción del proyecto de demolición los edificios.

Una encomienda de gestión a la que los servicios jurídicos de la entonces Conselleria de Mobilitat i Habitatge ya dieron ‘luz verde’ en octubre de 2019, pero que el ayuntamiento sólo ha protocolarizado después de que los letrados del Consell de Mallorca (en calidad de acusación particular) remitieran el 9 de febrero un escrito a la juez en el que denunciaban que, desde el último trámite dictado el 18 febrero de 2020, referente a la ejecución forzosa de la sentencia de demolición, había pasado casi un año «viendo que aún no se ha dado el primer paso, que es la elaboración del preceptivo proyecto de demolición».

En este sentido, desde el Consell insisten en considerar que el Ajuntament d’Andratx «busca justificaciones o excusas y pasar la responsabilidad de ejecución a otras administraciones, por lo cual resulta patente que persiste en el incumplimiento de la interlocutoria que en agosto de 2017, por la cual se concedió al Ayuntamiento un plazo máximo de un año para la restauración del orden jurídico infringido».

Este severo escrito remitido por los abogados del Consell de Mallorca al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, es el que activa la providencia de la magistrada y, entre medias, la firma del protocolo con la ahora Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat para la redacción del proyecto de derribo de los ocho bloques de apartamentos ilegales, compuestos por 68 viviendas sin habitar.

Fruto de ese documento protocolario, el pleno de la corporación andritxola aprobó de forma inicial el jueves un convenio con la citada consejería del Govern para redactar el mencionado proyecto. Un convenio cuya aprobación definitiva y posterior rúbrica todavía puede demorarse meses.





		

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