Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Josep: desmantelando el porche ilegal de una construcción de ses Salines

(Diario de Ibiza, 14/01/2017)

Por el momento, se han retirado las piezas de madera, pero aún se mantienen los pilares de cemento

Salinera Española ha ordenado al inquilino de la construcción situada en ses Salines, junto a la explanada donde antiguamente se amontonaba la sal, que tradicionalmente se ha empleado como almacén, el desmontaje del porche de madera construido sin permiso.

Lo ha hecho después de que un agente de Medio Ambiente levantara dos actas al detectar las obras de lo que parece la reconversión del viejo cobertizo donde se acumulaban trastos en una vivienda.

Por el momento, se han retirado las piezas de madera, pero aún se mantienen los pilares de cemento que se empleaban como base del porche. Salinera Española ha defendido que las obras ilegales las acometió su inquilino sin su consentimiento.

2017-01-14 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Manacor intensifica el control y las medidas contra las obras ilegales

(Última hora, 3/01/2017)

E. Elosúa. El Ajuntament de Manacor ha informado que está ordenando paralizar todas las obras ilegales que se detectan en aplicación de la ley 2/2014 de Ordenación y uso del suelo.

Los técnicos de Urbanismo al detectar obras que no disponen de licencia o que no se ajustan a la licencia concedida, hacen la correspondiente denuncia, que da lugar a un decreto de paralización inmediata de las obras. «En caso de que los propietarios o promotores de las obras ilegales no acaten la orden de suspensión y no detengan las obras en el plazo de 48 horas, el Ajuntament procederá a su precinto», explican los técnicos.

Fuentes del Consistorio explican que ante esta situación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2014, los responsables de las obras ilegales tienen 2 meses para solicitar la legalización de las obras, en caso de que la normativa lo permita. Transcurrido este plazo, si no se ha instado la legalización de las obras o si las obras son ilegalizables, se iniciarán los trámites para «reponer la realidad física alterada», que finalizará con la resolución de la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística.

«El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado original por parte de los propietarios, podrá dar lugar conforme a la ley 2/2014 a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía del 10% del valor de las obras realizadas». Por otra parte, y de forma independiente al procedimiento de restablecimiento del orden jurídico alterado, «la misma ley prevé la aplicación de sanciones a cualquier responsable de una obra hecha sin licencia o sin ajustarse a la misma».[Nota de Disúrbia: fins aquí no hi ha res que es pugui considerar notícia, sinó una mera descripció del que diu la Llei...]

El Ajuntament de Manacor indica que en esta situación se encuentra un establecimiento de Porto Cristo. El pasado 25 de noviembre desde el Ajuntament se dictó un decreto de paralización inmediata de las obras que se hacían tras certificar que «las obras que se ejecutaban no se correspondían con lo que habían comunicado al Consistorio los responsables de el establecimiento hotelero. Dando cumplimiento a la Ley 2/2014, pocos días más tarde y después de comprobar que las obras no se habían detenido a pesar del decreto de paralización, día 2 de diciembre de 2016 se decretó el precinto de las obras. Un precinto que hicieron efectivo los agentes de la Policía Local de Manacor junto con el personal del Ajuntament», añaden que «las obras siguieron a pesar del precinto impuesto por el Ajuntament». Así los técnicos municipales, tras comprobar que la actividad seguía en la obra, «informaron de la situación a la compañía que proporciona el suministro eléctrico en el edificio para que cortase el servicio».

Además el Ajuntament ha informado de esta actuación a la Dirección General de Turismo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los efectos oportunos de realizar las correspondientes inspecciones dado que durante las visitas realizadas por el personal del Consistorio «se observó que las condiciones de los operarios de obra no parecían ajustadas a la normativa vigente, informan los técnicos municipales».

2017-01-05 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

El alcalde de Sant Josep expresa su frustración por el archivo del caso Huerta

(Diario de Ibiza, 3/01/2017)

'Agustinet´, preocupado por las posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento

Eugenio Rodríguez. El Colegio de Arquitectos de Balears se resiste a que se dé carpetazo al caso Huerta y ha recurrido el auto de sobreseimiento provisional. El abogado José Ignacio Herrero, que ha representado a los arquitectos hasta el pasado 1 de diciembre, cuando sorpresivamente formalizó su renuncia, presentó el pasado día 30 (dos días después de la notificación del auto) un recurso contra el archivo de la causa. Alega «la indefensión» que provoca a sus defendidos la resolución del proceso sin darles el derecho a que se pueda personar un nuevo letrado que lo sustituya y, si lo considera oportuno, presente escrito de acusación.

Cuando el letrado presentó su renuncia también pidió la suspensión del proceso para dar tiempo a la nueva defensa del colectivo de los arquitectos a personarse, estudiar la causa y actuar según estimara conveniente. Sin embargo, la magistrada decretó el pasado día 21 el sobreseimiento provisional, tal como solicitó la Fiscalía, sin esperar a ello. «Esto ha producido una privación del proceso al que tiene derecho la entidad a la cual, pese a la renuncia, patrocino, con evidente vulneración del Derecho a un proceso con todas las garantías sin que pueda producirse indefensión», alega Herrero.

A su vez, la nueva abogada contratada por el Colegio de Arquitectos presentó ayer mismo un escrito en el juzgado en el que recuerda que el pasado día 27 se presentó la solicitud de su personación en el proceso, coincidiendo con la notificación del auto. Por ello, pide que se le notifique esta resolución para actuar en consecuencia, entre otras cuestiones, dada «la grave situación de indefensión y de vulneración de la tutela judicial efectiva que se produce» al no tenerla por personada de forma inmediata, «máxime cuando el Ministerio Fiscal está solicitando el sobreseimiento de la causa».

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, admite que, a la espera de conocer si prospera o no el recurso del Colegio de Arquitectos, la decisión de la magistrada de archivar la causa le sabe «muy mal». «Nos quedamos con una sensación un poco frustrante. Pensábamos que del proceso penal saldría algo más contundente, y no el archivo», agrega Marí Ribas. Asimismo, puntualiza que el sobreseimiento provisional «no implica la absolución» de las personas investigadas, sino que «no se ha podido demostrar [su culpabilidad] o no hay suficientes pruebas para determinar la existencia de unos beneficios económicos a través de decisiones que tomaba el Ayuntamiento».

Al fallecer el exarquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, al que la Fiscalía inicialmente situaba al frente de una trama para monopolizar los proyectos urbanísticos que se tramitaban en este Consistorio, se extinguió cualquier responsabilidad penal sobre él, pero hay otras siete personas imputadas.

El alcalde lamenta que el caso Huerta pueda quedar en nada dada «la importancia» de lo que sucedió en lo que califica como «una época muy oscura del Ayuntamiento». La Audiencia Provincial impidió que el Consistorio actuara como acusación popular al considerar que podía ser responsable de los hechos investigados y sólo le permitió actuar como observador sin derecho a participar activamente en el proceso: ni pedir la práctica de pruebas ni la presentación, en su caso, de escrito de acusación.

«Sólo faltaría que además del daño moral el Consistorio sufra un quebranto económico»

Al margen del ámbito penal, el alcalde, Josep Marí Ribas, expresa una vez más su «preocupación» por las posibles consecuencias económicas que puede suponer para el Consistorio la revisión de 26 licencias urbanísticas irregulares informadas en su día por el difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta o el exaparejador municipal Julio Blanco. «Sólo faltaría que además del daño moral causado al Ayuntamiento, este sufra un quebranto económico importantísimo como consecuencia de las reclamaciones de indemnización tras la revisión de las licencias mal dadas», advierte.

Marí Ribas considera «más que procedente», por ejemplo, que las construcciones de Cala Molí que invaden una zona protegida ANEI (12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas y 15 piscinas, según la licencia) sean derribadas y la zona recupere su estado original. «Es el caso más claro», apunta. El Tribunal Superior de Justicia confirmó hace ya casi nueve años la suspensión de la licencia, pero no se ha procedido al derribo de las edificaciones sin acabar existentes. Asimismo, al alcalde le preocupa también que la revisión de las licencias irregulares pueda afectar a «terceras personas que actuaron de buena fe». La jueza, a instancias de la Fiscalía, ha requerido al Consell para que revise las licencias y, si procede, tramite los correspondientes expedientes para restablecer la legalidad.

Sant Josep: la jueza archiva el caso Huerta pero ordena revisar 26 licencias irregulares

(Diario de Ibiza, 31/12/2016)

Ni el Colegio de Arquitectos de Balears ni la Fiscalía han presentado escrito de acusación contra los siete imputados

Eugenio Rodríguez. Once años y un mes después de que se abrieran diligencias en el juzgado de Instrucción número 3 por el caso del ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz, que falleció a principios de este año, la magistrada-jueza Carmen Martín da carpetazo a este asunto y decreta el sobreseimiento provisional del mismo. Lo hace después de que ni la Fiscalía ni el Colegio de Arquitectos de Balears, que ejerce la acusación particular, hayan presentado escrito de acusación en contra de las siete personas imputadas: Antonio Huerta Chamorro (hijo del exarquitecto municipal, cuya responsabilidad penal se extinguió tras su fallecimiento), María del Rosario Chamorro, Pilar Fernández, el exaparejador municipal Julio Blanco, el exconcejal de Urbanismo Josep Marí Ribas, Reganes, del PP, Raimund Gunther y Alberto Torres.

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa por «no existir indicios de la comisión de los delitos por los que se incoó el procedimiento». Se inició la investigación a raíz de una denuncia inicial del GEN por una construcción ilegal en Cala Molí, que posteriormente fue ampliada por el Colegio de Arquitectos. La Fiscalía situaba a Huerta al frente de una supuesta trama, aprovechando su condición de funcionario en el Ayuntamiento de Sant Josep, para monopolizar los proyectos arquitectónicos que se ejecutaban en Sant Josep. Sin embargo, la fiscal que ha pedido el archivo (esta no inició el proceso) apuntaba en su escrito la falta de pruebas para sentar en el banquillo de los acusados a las personas investigadas y «errores» en la «desgraciadamente» larga instrucción.

Renuncia del letrado

El letrado del Colegio de Arquitectos de Balears presentó su renuncia el pasado día 1 (la petición de archivo de la Fiscalía entró en el juzgado el 9 de noviembre) y pidió «la suspensión» del procedimiento hasta que este colectivo de profesionales designara a un sustituto para la defensa de sus intereses.

No obstante, en el auto en el que se decreta el archivo (del pasado día 21), la jueza señala que recibió el escrito de desestimiento del abogado de los arquitectos «sin que, a día de hoy, conste nueva personación ni, en su caso, presentación de escrito de acusación». «En atención a esta circunstancia procede acordar lo interesado por el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones», justifica. Contra esta resolución cabe recurso de reforma por parte del Colegio de Arquitectos.

En el auto, la jueza también ordena dar cuenta al Consell para que, tal como solicitó la Fiscalía, revise 26 expedientes urbanísticos irregulares y, si procede, inicie el procedimiento para restablecer la legalidad, ya que «dichos actos podrían constituir infracciones urbanísticas graves», según el Ministerio Público [Nota de Disúrbia: Sra. jutgessa: poden els consells insulars revisar actes administratius municipals?]. El Consell revisó 38 expedientes urbanísticos incautados en octubre de 2008 durante las entradas y registros efectuados por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep y las viviendas y despachos de Huerta y su familia. La institución insular concluyó que se habían concedido 26 licencias «contrarias a la normativa urbanística», algunas informadas por el difunto Huerta (ocho) y otras (las 18 restantes) por el exaparejador municipal Julio Blanco. Estas irregularidades no pueden tener ninguna consecuencia penal ya que habrían prescrito tras haber pasado más de 10 años desde que Blanco firmó los informes favorables. Pero la fiscal recuerda que según la Ley de Disciplina Urbanística, «algunos actos de esta naturaleza no prescriben administrativamente».

La Guardia Civil tardó 5 años en redactar su informe

El peritaje sobre los 45 expedientes urbanísticos incautados en los registros se alargó otros dos años más

El Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Balears tardó cinco años en entregar el informe sobre toda la documentación incautada durante los registros que se efectuaron en octubre de 2008 durante la llamada Operación Pitiusa. Aparte de solicitar que se interrogase al exalcalde José Serra Escandell (no se hizo), los agentes pidieron la revisión de 45 expedientes urbanísticos.

Este trámite se alargó más de dos años más desde que la jueza de instrucción lo solicitó. Inicialmente se pidió al Ayuntamiento de Sant Josep que llevara a cabo esta tarea, pero, tras un recurso de la defensa de Huerta que fue estimado al «no poder considerarse neutral ni objetivo», se pasó la pelota al Consell de Ibiza, marcando además un plazo de dos meses para hacerlo. Sin embargo, la resolución no se notificó a la institución insular hasta cuatro meses después.

El Consell impulsará su programa de detección de piscinas en rústico

(Última Hora, 31/12/2016)

Joan Riera. El Consell de Mallorca dará más impulso a su programa de detección de construcciones ilegales y de piscinas, con especial atención al suelo rústico, afirman fuentes del equipo de gobierno de la institución.

Este programa se activa a través de la ADU (Agencia de Disciplina Urbanística) cuyo actual director gerente es Bartomeu Tugores.

La institución insular se ha puesto en guardia debido «al importante incremento de piscinas ilegales a causa de la eclosión del alquiler turístico por semanas», afirman estas fuentes. Para conseguir un buen alquiler por su vivienda «la piscina se ha convertido en un reclamo fundamental», además de solárium y junto a la casa, en muchas ocasiones, una casita de aperos transformada.

La ADU ha incrementado sus inspecciones a lo largo de 2016, además de asumir los expedientes anteriores. Este año se han realizado más de 500 inspecciones, pero el problema en auge son ahora las piscinas, que han aflorado incluso en zonas de montaña con un notable nivel de protección que se incumple en la práctica.

Andratx destina 500.000 euros a la demolición de los pisos ilegales de Cala Llamp

(Diario de Mallorca, 30/12/2016)

Lorenzo Gutiérrez. El área de Hacienda del ayuntamiento de Andratx, dirigido por la regidora Estefania Gonzalvo (PP) ha destinado 500.000 euros en los presupuestos municipales de 2017 para la demolición de los apartamentos ilegales de Cala Llamp.

Son una docena de apartamentos en plena costa de Andratx, que se construyeron hace una década y sobre los que hace unos tres años pesa una orden judicial de demolición, en respuesta a una denuncia interpuesta por el GOB contra el Ayuntamiento.

A pesar de que la Casa Consistorial ha destinado esta partida al derribo, eso no quiere decir que durante 2017 tenga que cumplir con la sentencia. Por lo tanto, no fija una fecha concreta en el calendario para la demolición de los bloques de viviendas del Port d'Andratx.

Este caso es parecido al del edificio ilegal de Müller en Andratx. Este ultimo no se derribó. Se construyó una parte de forma ilegal con las antiguas normas subsidiarias y, una vez aprobado el nuevo plan general, pasó a estar regularizado completamente. Tras retirarse la denuncia, no hizo falta derribar el inmueble de Andratx, que hoy en día ya es legal tras dos décadas de litigio entre denunciante, vecinos afectados y casa consistorial por conceder en su día la licencia urbanística. [Nota de Disúrbia: tot això és la primera vegada que es publica, i com que "retirar la denúncia" no té cap sentit, ho hem d'agafar amb pinces... Per altra banda, tampoc ens consta l'aprovació definitiva de les normes d'Andratx.]

2016-12-30 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Los municipios de Alaró, Bunyola, Santa Maria y Sóller se suman a la Agencia Disciplina Urbanística

(Última Hora, 21/12/2016)

EFE. Los ayuntamientos de Alaró, Bunyola, Santa Maria y Sóller se han adherido este martes a la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell de Mallorca, con lo que ya son 13 los consistorios que forman parte de la misma, 7 de ellos sumados en esta legislatura.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha firmado la adhesión de los municipios con los alcaldes de Alaró, Aina Munar; Bunyola, Andreu Bujosa; Santa Maria del Camí, Nicolau Canyelles, y Sóller, Jaume Servera, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Garrido ha recordado que el objetivo de la agencia es «alejar la disciplina urbanística del tú a tú de los pueblos y hacer más impersonal esta tarea» para que sea más efectiva y ha defendido el impulso que su departamento está dando a la ADU, a la que próximamente se adherirá también Búger.

La Agencia de Disciplina Urbanística se fundó en 2009 y los primeros municipios que se añadieron fueron Campanet, Puigpunyent y Valldemossa (que decidió dejar la ADU en 2014). En 2010, se adhirieron Algaida, Marratxí, Son Servera y Montuïri.

En diciembre de 2015 se sumaron Artà y Felanitx y este año Mancor de la Vall además de los de hoy.

2016-12-21 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Eivissa: Salinera niega que la obra ilegal del Parque Natural sea para una vivienda

(Diario de Ibiza, 14/12/2016)

Defiende que la reforma la ejecuta un inquilino al que le dio permiso y que tenía la obligación de pedir licencia

Eugenio Rodríguez. Salinera Española niega que las obras ilegales de reforma de una construcción en una zona de máxima protección del Parque Natural de ses Salines, además con un riesgo muy alto de incendio, sea para habilitar una vivienda. Agentes de Medio Ambiente han levantado dos actas al detectar las obras de lo que parece una vivienda, pese a que el apoderado de Salinera Española en Ibiza, Juan Ribas, lo niega.

Ribas asegura que la construcción tiene «entre 70 y 80 años» y que siempre se ha utilizado como almacén, para el depósito de «estacas, tablones y listones» que se emplean para las obras de reforma de los estanques. La construcción se encuentra junto a la explanada donde antiguamente se amontonaba la sal y donde el pasado 29 de octubre, con motivo de la feria de la sal, se encendió una gran hoguera para recordar la época en que se utilizaban señales de humo para convocar a los trabajadores a los estanques.

Hace tres meses, aproximadamente, la propiedad alquiló el inmueble para el mismo uso que ha tenido siempre: «almacenar trastos», según Ribas. Durante la última semana de octubre el inquilino inició los trabajos para enlucir las paredes con mortero. Para ello, el inquilino pidió previamente permiso a la propiedad, según el representante de la empresa. Esta se lo concedió, pero con la obligación, apunta Ribas, de tramitar la correspondiente licencia de obra. «Es preceptiva [la autorización del propietario] en la documentación necesaria para tramitar el permiso de obra», indica.

El apoderado de la empresa niega que se pretenda reconvertir lo que, según sus palabras, era «un cajón» en una vivienda. «Sin luz ni saneamiento, ¿cómo se las apañaría alguien para vivir?», destaca.

Porche con pilares de cemento

Los agentes de Medio Ambiente, aparte de constatar que las obras se estaban ejecutando sin licencia, comprobaron que se estaba construyendo un porche sobre unos pilares de cemento.

Además del enlucido de las paredes exteriores con mortero, se ha instalado una puerta nueva y marcos de aluminio en las ventanas. Desde el exterior, según las fuentes consultadas, los agentes comprobaron que se estaban instalando sanitarios. Incluso se aprecia en la parte trasera del inmueble lo que podría ser una salida para una posible canalización con la que evacuar al exterior las aguas fecales. También se está reparando el muro de piedra situado frente a la construcción. La primera acta de inspección se levantó en noviembre y, la última, hace unos días.

2016-12-14 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç





		

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