Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Andratx: los dueños de los pisos ilegales de Cala Llamp notifican al alcalde que no abrirán a los técnicos

(Última Hora, 25/08/2016)

P. Aguiló Mora. Cinco de los ochos propietarios de los 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp se niegan a abrir las puertas de sus inmuebles al Ajuntament d’Andratx para que los técnicos municipales puedan efectuar el indispensable peritaje previo al cumplimiento de la sentencia judicial firme de demolición que, desde hace casi tres años, pesa sobre estos inmuebles.

Estas cinco personas han remitido otros tantos escritos al alcalde de Andratx, Jaume Porsell (PP), en los que se le notifica su oposición a la entrada del técnico municipal en sus viviendas mientras éste no aporte previamente a dicha entrada copia original de una autorización u orden judicial.

Porsell deja claro que la voluntad del Consistorio que preside es cumplir con la resolución judicial e iniciar cuanto antes el derribo de las construcciones. «Siempre hemos hecho lo que la jueza nos ha ordenado», recuerda el alcalde.

La magistrada ha requerido a la Administración local la transmisión al juzgado de la identificación de los propietarios que niegan el acceso del técnico municipal a los inmuebles para que pueda redactar la versión final del proyecto de demolición.

Ahora, después de trasladar a la responsable del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma la identidad de los propietarios y la reseña específica de sus viviendas, el alcalde confía en que se les traslade la pertinente orden judicial que obligue a los titulares de los inmuebles a franquear el paso al técnico municipal para que el Ajuntament pueda cerrar el proyecto de derribo de los apartamentos e iniciar su ejecución. 

Santa Eulària sanciona al dueño de un asentamiento ilegal con 35.000 euros

(Diario de Ibiza, 23/08/2016)

El asentamiento tenía capacidad para una veintena de personas, contaba con una ´cantina´, baños comunales y en la intervención se descubrió una plantación de marihuana

redacción | ibiza El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una sanción de 35.000 euros al propietario del asentamiento ilegal de es Forn des Saig, en Sant Carles. La falta ha sido considerada muy grave contra el medio ambiente debido a la acumulación de restos y residuos a una zona de alto riesgo forestal y cualificada como Área Natural de Especial Interés.

El Consistorio ha dado un plazo de diez días al infractor para la retirada de los residuos y su correcta gestión, así como la obligatoriedad de devolver la zona a su estado original.

Este es uno de los dos expedientes abiertos contra los responsables del asentamiento ilegal desmantelado el pasado mes de mayo en Forn des Saig donde se encontraron varias infraviviendas que no tenían los servicios adecuados para hacer una correcta gestión de sus restos, así como numerosos puntos donde se acumulaban materiales que podían ser focos de un incendio forestal.

Ahora queda pendiente de resolución el expediente abierto por una infracción urbanística en este mismo espacio, puesto que también se detectaron numerosos elementos construidos sin ningún tipo de autorización.

El asentamiento tenía capacidad para una veintena de personas, contaba con una ´cantina´, baños comunales y en la intervención se descubrió una plantación de marihuana con una quincena de ejemplares.

Cuando en la primera quincena del mes de abril se efectuó la revisión del entorno, a raíz de una denuncia recibida en el Consistorio, se encontraron una docena de infraviviendas de todo tipo, algunas de ellas aprovechando viejas caravanas.

Muchas de las viviendas tenían conexión eléctrica ilegal y en condiciones peligrosas, puesto que se encontraban situadas en medio del arbolado y sin ninguna medida de protección.

Igualmente, había baños públicos sin conexión a la red, generadores, salidas de humos cerca de los árboles y bombonas de butano a diferentes lados.

En la inspección se hallaron además vehículos abandonados, los cuales todavía contenían fluidos y elementos potencialmente peligrosos para el medio ambiente. También se descubrió un pequeño invernadero de fabricación casera en el cual se cultivaban una quincena de plantas de marihuana, así como un pequeño local que ofrecía comidas y bebidas y actuaba como cantina para los residentes.

Todo el conjunto se había levantado a una propiedad con una vivienda de obra que presentaba algunas modificaciones hechas sin licencia.

2016-08-23 | Etiquetes: , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Sant Josep tramita desde 2015 el derribo de parte de la villa Sa Claró de Sant Agustí

(Diario de Ibiza, 20/08/2016)

El Ayuntamiento admite que se hace un uso indebido de la vivienda, pero aún no ha abierto expediente por ello

j. ll. f. | ibiza. El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó en 2015 la orden de derribo de varias estructuras ilegales construidas en la villa Sa Claró, de Sant Agustí, una mansión de considerables dimensiones que ha sido reiteradamente denunciada por los vecinos y expedientada por el Consell de Ibiza.

El concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, confirmó ayer que los celadores detectaron una estructura metálica de 250 metros cuadrados de superficie y un anexo de unos 60 metros cuadrados que carecían de licencia. La propiedad presentó un recurso administrativo contra la orden de derribo, pero en verano de ese mismo año fue desestimada y confirmada la demolición de estas estructuras.

Actualmente, indicó Guerrero, el Ayuntamiento aguarda a que la propiedad le remita el proyecto de demolición de estas partes de la edificación, aunque si no lo hace, el Ayuntamiento podría ejecutar el derribo directamente, aunque cargando los costes al propietario.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo admitió que lo más probable es que la propiedad de la mansión presente un recurso ante los tribunales contra la orden de derribo, lo cual suspendería temporalmente su efectividad, al menos hasta que recayera sentencia definitiva.

Preguntado sobre los apartamentos que los vecinos aseguran que se han construido debajo de la piscina, Guerrero señaló que el celador municipal, cuando realizó la inspección, no apreció otra obra ilegal que las dos señaladas.

Uso no residencial

Al margen de las irregularidades urbanísticas, el concejal añadió que el Ayuntamiento también dispone de informes técnicos que demuestran que Villa Sa Claró desarrolla actividades para las que no tiene licencia, pues «es una vivienda normal», con lo que cual sólo tiene autorizado el uso residencial. No obstante, el Ayuntamiento aún no ha abierto ningún expediente al respecto. «En septiembre empezaremos a hacerlo», aseguró Guerrero.

Los vecinos han denunciado la realización de fiestas continuas, con gran aprovisionamiento de comida y bebidas, mediante camiones de reparto, para los inquilinos que están allí alojados.

De hecho, la conselleria de Turismo del Consell de Ibiza tiene abierto un expediente por el uso turístico de la vivienda sin disponer de la preceptiva licencia. Este expediente se encuentra en periodo de alegaciones y tampoco será firme hasta que finalicen todos los pasos que contempla la normativa.

Los vecinos aseguran que las fiestas que se realizan en la casa provocan un estruendo que retumba en las casas más cercanas y se escucha a kilómetros de distancia.

Andratx: los apartamentos ilegales de Cala Llamp siguen ocupados pese a la orden de derribo

(Última Hora, 19/08/2016)

P. Aguiló Mora. La mitad de los 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp, en el municipio de Andratx, sobre los que pesa desde hace tres años un orden judicial de demolición, han vuelto estas semanas a llenarse de veraneantes.

En septiembre de 2013, el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma hizo firme la sentencia que declaraba la ilegalidad de los apartamentos y daba al Ajuntament de Andratx un plazo de dos semanas para iniciar su derribo. Tres veranos después los apartamentos siguen en pie y ocupados, después de que el pasado mes de junio el Consistorio reconociera que le resultaba imposible localizar a todos los propietarios de los inmuebles para que los técnicos municipales pudieran proceder a la inspección de los mismos, requisito indispensable previo al inicio de las obras de demolición.

Desde el Ajuntament señalan que los técnicos no pueden acceder a las viviendas sin el permiso de los propietarios o, en su defecto, sin una orden judicial que les permita inspeccionar los inmuebles para proceder al derribo de los mismos.

Sant Josep: expedientan una mansión de Sant Agustí por múltiples infracciones

(Diario de Ibiza, 19/08/2016)

Los vecinos denuncian fiestas continuas, ampliaciones enormes y actividad turística sin licencia

j. ll. f. | ibiza ­El Consell de Ibiza confirmó ayer que ha abierto expediente sancionador a una enorme mansión de Sant Agustí, conocida como Villa Sa Claró, por ejercer actividad turística sin disponer de la preceptiva autorización. Los inspectores, avisados por una denuncia de la Policía Local de Sant Josep, acudieron al citado inmueble a finales de julio y actualmente se está instruyendo el expediente. Sin embargo, todavía queda un plazo de alegaciones y otros trámites antes de que el Consell dicte, si corresponde, el cese de la actividad que allí se lleva a cabo, y que se publicita de forma reiterada por internet.

Sin embargo, este no es el único problema que crea esta mansión, puesto que los vecinos han denunciado ante este periódico «el estruendo de la música» que «retumba» en las viviendas que se encuentran en las inmediaciones, pero que puede oírse a kilómetros de distancia. Como es habitual en otros casos, los vecinos afirman que la Policía Local de Sant Josep responde que «no puede hacer nada» ante esta infracción, señaló uno de estos vecinos.

Además, sobre esta vivienda pesa una orden de derribo, que nunca se ha ejecutado, por «ampliaciones a lo bestia, incumpliendo así la ley», señalaron los mismos vecinos, quienes remitieron a este diario un álbum fotográfico donde se aprecia la construcción de ampliaciones y apartamentos debajo de la piscina.

«Durante la época de apertura de las discotecas, las fiestas durante todo el día se realizan de forma continuada todos los días, e incluso llegamos a ver distribuidoras de bebidas que reparten con sus camiones en el interior de la casa», explicaron. «A pesar de la orden de derribo y los expedientes, este pasado invierno volvieron a hacer obras de ampliación y los vecinos vemos estupefactos cómo algunos días llegaban a pasar hasta 20 o 30 camiones de hormigón», añaden en la nota enviada a este periódico, donde se refieren a la vivienda como «una nueva casa Lola».

Sant Josep rehusó multar a los exediles del PP por la licencia de Puig d'en Serra

(Diario de Ibiza, 18/08/2016)

El anterior gobierno aceptó las alegaciones de los afectados sobre la prescripción de su responsabilidad

e. rodríguez | ibiza. ­El anterior equipo de gobierno del PP de Sant Josep rehusó sancionar en mayo de 2015 al exalcalde José Serra Escandell y a los cuatro exconcejales del mismo partido que en 1992 aprobaron en comisión de gobierno conceder una licencia ilegal para la construcción de una vivienda en la zona protegida de Puig d´en Serra.

El Consistorio informó ayer a este diario que en la junta de gobierno del 20 de mayo de 2015, justo antes de las pasadas elecciones locales, el gobierno del PP, presidido por Neus Marí, hija de uno de los exediles expedientados (José Marí Prats), aceptó las alegaciones presentadas por los afectados y cerró sin ninguna consecuencia los expedientes abiertos. Una portavoz del Ayuntamiento señaló que los exconcejales del PP alegaron que la posible responsabilidad administrativa por el otorgamiento de la controvertida licencia, en contra de sendos informes técnico y jurídico, había prescrito.

El Ayuntamiento abrió en 2006 los expedientes a los excargos públicos en cumplimiento de la primera sentencia, de 2004, en la que, aparte de forzar el derribo de la vivienda (ya ejecutado), se ordenaba la incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables de la concesión del permiso ilegal de obra. Durante el proceso penal que se siguió contra los cinco exediles por prevaricación, la tramitación de los expedientes administrativos se dejó en suspenso.

Tras la sentencia, de 2007, en la que se absolvió a los acusados (el delito que se les atribuía había prescrito), se reanudó el proceso administrativo sancionador.

Sanción económica rechazada

Los afectados alegaron que la responsabilidad administrativa habría prescrito y el 20 de mayo del año pasado, con un informe jurídico que avalaba la argumentación de los exediles, la junta de gobierno liquidó el asunto sin ninguna sanción. Fuentes municipales apuntaron que se les podría haber multado con el pago de un porcentaje concreto del presupuesto de la obra ilegal.

El Consistorio informó al juzgado de la resolución del expediente y, como consecuencia, el juez dictó un auto en el que daba ya por ejecutada la sentencia.

Sin embargo, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) al entender que no se había cumplido la sentencia de 2004 y ahora (la resolución judicial es del 31 de mayo) este fuerza de nuevo al Consistorio a abrir los correspondientes expedientes y a resolverlos en un plazo máximo de un año. El TSJB sostiene que el auto del juzgado que daba por cumplido el trámite de los expedientes no estaba motivado.

Dudas jurídicas en el nuevo gobierno

e. r. | ibiza El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, ´Agustinet´, reconoce que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), se tendrán que abrir de nuevo los expedientes sancionadores a los cinco exediles del PP, aunque apunta también «las dudas jurídicas» que genera el fallo judicial. En este sentido, Marí Ribas recuerda que no se puede abrir otro expediente sobre «un hecho ya juzgado», circunstancia, avanza, que con toda probabilidad los afectados alegarán. Por ello, entiende que se tiene que solicitar un aclaramiento al tribunal balear pese a que ya ha pasado «un tiempo». El alcalde no supo aclarar si el servicio jurídico del Ayuntamiento, en su momento, defendió ante el TSJB que los expedientes contra los exconcejales ya se habían cerrado.

Lloguer vacacional: motor d’irregularitats urbanístiques

(Ara Balears, 7/08/2016)

El 90% de les obres paralitzades per l’Agència de Disciplina Urbanística hi estan relacionades

JAUME VINYAS. L’urbanisme irregular continua sent un dels principals maldecaps de les institucions a les Balears. A Mallorca, l’Agència de Disciplina Urbanística (ADU) ha rebut un impuls, aquesta legislatura, que li ha permès superar, amb escreix, les xifres d’efectivitat. La consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, va assenyalar aquesta setmana, durant la presentació de la memòria d’actualacions de l’ADU el 2015, que les ampliacions de les construccions existents i les instal·lacions de porxos i piscines continuen sent les infraccions més habituals. Fonts de l’ADU han assenyalat a l’ARA Balears que han detectat un canvi de patró. Fins fa poc, les irregularitats es cometien majorment amb la intenció de millorar el xalet o la segona residència i moltes vegades eren fruit de la ignorància o de l’assimilació d’una cultura històrica vinculada a la manca de planificació urbanística. Ara, els tècnics han detectat que, darrere de moltes de les infraccions, hi ha un interès a embellir les propietats amb la voluntat de treure-les al mercat i explotar-les turísticament.

El nou protocol d’actuacions, que entrà en vigor el gener d’enguany, ha permès paralitzar de manera immediata fins a 56 obres fins a finals del mes de juny, mentre que els dos darrers anys se n’havien aturat només vuit. Les fonts consultades indiquen que en 50 d’aquestes 56 obres paralitzades van detectar la intenció dels propietaris d’amortitzar la despesa a través del lloguer vacacional. Aquestes obres, generalment, pretenien ampliar la capacitat d’allotjament de l’immoble i la instal·lació de complements que el convertissin en un producte atractiu. Novament, apareixen els porxos i les piscines, ara al servei del nou turista sorgit de la revolució dels portals en línia. Des de l’ADU, admeten que els infractors ja es prenen més seriosament les seves inspeccions i que, en moltes ocasions, les obres s’han paralitzat de manera voluntària. Quan no ha estat així, l’ADU ha procedit, per primera vegada, a precintar les obres. Aquest detall explica, en part, l’interès polític que hi ha hagut a dotar d’instruments aquesta agència, creada el 2009; i és que fins enguany, tal com recull la memòria [Nota de Disúrbia: això no és cert...], “ni tan sols disposava de cinta per precintar”.

Impuls contra el frau

La intenció del Consell de Mallorca és revertir la situació i dotar de múscul l’ADU. En aquest sentit, la memòria destaca que, tot i que enguany només s’hi ha incorporat un tècnic per reforçar, a temps pàrcial, els quatre inspectors que hi fan feina, en aquest primer semestre ja s’han iniciat 109 expedients sancionadors i/o de demolició, onze més que els tres darrers anys. Una altra novetat en el modus operandi de l’Agència és que, per primera vegada, s’han imposat multes coercitives per manca d’execució voluntària de l’ordre de demolició. Durant els anys anteriors, assenyala la memòria, no se’n van imposar, malgrat que la normativa ho permetia. L’import recaptat amb aquestes multes és de 47.140 euros. Garrido ja va avançar que estudia una modificació del reglament de l’ADU que permetria que el Consell compartís aquests doblers amb els ajuntaments afectats, una mesura que pretén impulsar la cooperació entre els municipis i l’ADU. A dia d’avui, només sis municipis (Artà, Felanitx, Manacor, Alaró, Santa Maria i Sóller) s’han adherit a l’ADU [Nota de Disúrbia: ni Manacor, ni Alaró, ni Santa Maria, ni Sóller, formen part de l'Agència; en canvi, s'oblida Campanet, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Montuïri, Son Servera i Mancor de la Vall. El periodista, o qui l'ha informat, no s'entera de res...] i Bunyola ja n’ha iniciat el procés. “Queda molta feina per fer” en aquest sentit, va reconèixer Garrido.

Una major presència

Una altra dada destacada en la memòria són les set ordres de demolició executades durant el primer semestre d’enguany, “pràcticament les mateixes que les executades durant els tres anys anteriors complets”. En aquest sentit, se subratlla que “s’ha continuat amb el procés iniciat l’octubre de 2015 de reiterar les ordres de demolició fermes dictades per l’Agència, d’acord amb l’obligació legal establerta per la Llei del sòl balear (LOUS) de maig de 2014. Això, s’ha traduït en 89 resolucions de reiteració d’ordres de demolició en menys d’un any. Finalment, el registre de sortida de documents constata que l’activitat a l’ADU s’ha duplicat. En aquest primer semestre de 2016, ja s’ha superat la xifra de 2015 i, pràcticament, s’ha arribat a la de 2014. La incorporació de set persones més a l’Agència a partir de setembre permet pensar que la lluita contra l’urbanisme irregular cobrarà molta més força. De les noves contractacions, la majoria -quatre- són juristes que s’hauran d’encarregar de donar sortida als 1.124 expedients pendents de tramitació. Una xifra molt similar als 1.200 que es va trobar l’equip de govern actual en iniciar la legislatura. Una prova palpable que, malgrat l’impuls que es vol donar a la lluita contra l’urbanisme salvatge, els infractors continuen intentant esquivar la llei per molt que les motivacions hagin canviat.

Un xalet en ANEI, directe a la Fiscalia

L’Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca va denunciar el 13 de juliol, davant la Fiscalia, aquesta casa de més de 300 metres quadrats construïda dins una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) al municipi de Son Servera. La directora insular de Territori [Nota de Disúrbia: què poc temps ha conservat el càrrec de consellera...], Mercedes Garrido, assenyala que és l’únic cas que han hagut de dur als tribunals des de l’inici d’aquesta legislatura. 

Solo se han demolido siete construcciones ilegales de manera voluntaria

(Diario de Mallorca, 4/08/2016)

De las 150 órdenes de derribo de la Agencia de Disciplina Urbanística hay otras 20 en trámite

EUROPA PRESS PALMA. La consellera de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, informó ayer durante la presentación de los datos de la memoria de la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU), que, de las 150 órdenes de demolición [Nota de Disúrbia: més envant es diu que són 71, la notícia confon moltes coses...] que reiteró la Agencia hace tres meses, sólo se han producido "siete demoliciones urbanísticas voluntarias". La consellera insular explicó, no obstante, que hay un total de 20 demoliciones voluntarias en trámite que "se harán en breve".

Desde Disciplina Urbanística recordaron que "si el sancionado decide hacer la demolición de forma voluntaria, recibe un descuento del 80 por ciento". La Agencia informó así que ha vuelto a tramitar un total de 71 órdenes de demolición, que implica "volver a dar a los propietarios el periodo voluntario de ejecución donde pueden adherirse" al descuento. En todo caso, se han puesto 13 multas coactivas [Nota de Disúrbia: coercitives...] por "la falta de ejecución voluntaria en la orden de demolición". De este modo, se ha recaudado un total de 47.140,45 euros en este tipo de multas.

Por otra parte, durante el primer semestre se han iniciado 109 expedientes de demolición que, según explicó Garrido, "son más de todos los que se iniciaron durante los tres años anteriores".

Más inspecciones

El gerente de la ADU, Tomeu Tugores, quiso subrayar que en este primer semestre se han realizado 244 inspecciones, cerca de la cifra total que se registró en el 2015 completo, en el que se tramitaron 265 inspecciones. En este sentido, la consellera destacó "el impulso" a la Agencia, que ha paralizado 56 obras de manera inmediata frente a las 8 de los dos últimos años.





		

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