Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El dueño de Biniatzent recurre el auto que exime al Ajuntament de Mancor de indemnizarle

(Última Hora, 11/01/2021)

E. Ballestero. El propietario de Biniatzent d’Alt ha presentado un recurso de reposición contra la sentencia que desestima la indemnización millonaria que reclamaba al Ajuntament por haber demolido su chalet ilegal en 2014. Los tribunales habían anulado la previa licencia municipal de legalización, que le había concedido el propio Consistorio cuando era alcalde Bernardí Coll (PP).

Simó Alba Reynés reclamaba 1,8 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, pero el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) denegó su solicitud en noviembre al concluir que actuó de forma «dolosa o negligente» al ejecutar obras sin amparo de licencia previa.

Casi dos millones

Según el alto tribunal, «la posterior licencia de legalización no otorga la cobertura pretendida». El actual alcalde de Mancor, Guillem Villalonga (Mes), confirma la presentación del recurso de amparo por parte del propietario a la vez que explica que, una vez que la sentencia sea firme, estudiarán si abre una vía para exigir al propietario que abone los más de 100.000 euros que el Ajuntament pagó por las obras de demolición [Nota de Disúrbia: cosa impossible, ho poden deixar anar]. El caso podría haberle costado casi dos millones de euros al Ajuntament.

Cabe recordar que la anulación judicial de la licencia de legalización concedida por Bernadí Coll, la posterior orden de derribo y la reclamación patrimonial llevaron al histórico alcalde ‘popular’ a renunciar al cargo en 2013. Coll siempre defendió su inocencia asegurando que dio la licencia de legalización «con informes favorables».

Bernardí Coll celebra la sentencia del TSJB aunque se muestra resentido por el «daño moral» recibido. «Termina todo el daño que me han hecho, tanto el propietario como el actual gobierno, pero no van a pedir perdón», dijo tras conocer el auto en noviembre. [Nota de Disúrbia: això es mesclar ous amb caragols, una cosa és la indemnització per al propietari, i una altra la seva causa, que és l'atorgament il·legal de la llicència d'obres]

Obligan a demoler 11 viviendas y dos locales en Santa Eulària

(Diario de Ibiza, 10/01/2021)

El Ayuntamiento acuerda imponer una sanción de 66.512,72 euros al promotor de 11 viviendas y 2 almacenes construidos en suelo rústico

Redacción. La Junta de Gobierno local del Ajuntament de Santa Eulària acordó, el pasado 2 de diciembre de 2020, imponer una sanción de 66.512,72 euros a A. A. por ser el promotor de 11 viviendas y 2 almacenes, un complejo ilegalizable y construido sin la preceptiva licencia municipal en un terreno calificado por como suelo rústico común, así como la demolición de estas edificaciones, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El infractor se ha beneficiado de una reducción de la sanción inicial, que ascendía a 554.370,51 euros, "al haber reestablecido las cosas según su estado anterior" y por haber reconocido la responsabilidad de los hechos. Por estos motivos, se han utilizado los tramos inferiores de las multas establecidas en la Ley 12/2017 de 29 de diciembre, por un lado, y se aplica un descuento del 20%, por otro lado. Además, A. A. procedió al desalojo de las personas que residían en estas viviendas ilegales al inicio de este procedimiento, lo que también se ha considerado un atenuante. Sin embargo, todavía queda un porche ilegal que debe ser demolido.

Los servicios técnicos municipales realizaron la primera inspección en la zona el 18 de octubre de 2019. En esta visita pudieron constatar que sobre la parcela se había procedido a la construcción sin licencia de 11 viviendas y 2 almacenes divididos en tres áreas. Por un lado, dos viviendas en planta primera de 45 metros cuadrados cada una, que estaban situadas sobre una edificación de planta baja preexistente en la parcela y en la que consta última actividad la de marmolería. Asimismo, adosados a esta edificación, los técnicos comprobaron la existencia de dos almacenes en planta baja (172 m2) y seis viviendas en piso (347m2). Al noroeste de este bloque se halló una tercera área con dos viviendas pareadas en planta baja (140 m2).

Por estos motivos se incoó un expediente sancionador por infracción urbanística y de reposición de la realidad física alterada. Entonces, A. A. comunicó al Ajuntament de Santa Eulària des Riu que había demolido estas construcciones y que, además, reconocía la responsabilidad de los hechos. Los técnicos municipales pudieron comprobar en dos visitas posteriores esta situación, aunque las dos viviendas de primera planta habían quedado reconvertidas en un porche de 90 metros cuadrados.

Estas construcciones y alteración de los usos son ilegales según el Plan Territorial Insular (PTI) vigente. Se trata de un terreno rústico común de 9.863 m2 que ya disponía de una vivienda unifamiliar. Sin embargo, el PTI exige un mínimo de 15.000 m2 para la construcción, que debe ser de una única planta y cuyos anexos no pueden superar el 20% del núcleo principal. Además, tampoco está permitido constituir viviendas independientes.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque todavía cabe un recurso de reposición ante el ayuntamiento y también un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

2021-01-10 | Etiquetes: , , , , | Categories: Especial | Enllaç

El ascensor de Lloret sigue precintado hasta que se apruebe el proyecto del aparcamiento

(Última Hora, 7/01/2021)

El ascensor panorámico que une el centro urbano de Lloret con el solar de Baix de sa Riba, donde se ubican los centros escolares, continúa precintado por la Agència de Defensa del Territori (ADT), pese a que el Consell de Mallorca concedió el pasado 30 de noviembre el interés general al Ajuntament de Lloret para crear un aparcamiento y regularizar tanto el ascensor como las escaleras y la rampa existentes.

La agencia de disciplina urbanística del propio Consell, sin embargo, mantiene suspendido el uso del ascensor hasta que se formalice la regularización del mismo. El procedimiento administrativo consiste en que el Ajuntament debe redactar y aprobar su propio proyecto para construir el aparcamiento en los solares rústicos de Baix de sa Riba, ajustándose a las condiciones que marcó el area de Urbanismo del Consell cuando otorgó el ansiado interés general, hace poco más de un mes.

Proyecto inminente

El alcalde de Lloret, Antoni Bennàsar (ELL) admite que mantener precintado el ascensor es motivo de quejas entre los vecinos, especialmente los que tienen dificultades de movilidad, usan sillas de ruedas o cochecitos de bebé. «Está previsto tener el proyecto redactado el próximo 15 de enero y presentarlo cuanto antes a la ADT, que nos ha comunicado que no quitará el precinto al ascensor hasta que esté completada su regularización».

El interés general permitirá no solo regularizar el ascensor, sino también las escaleras y la rampa que permiten salvar el desnivel entre el casco urbano y la zona escolar. También se creará un aparcamiento que no podrá ser asfaltado, sino que tendrá acabados de materiales naturales, con una inversión de 200.000 euros. Además de dar servicio al colegio, tendrá una función disuasoria para fomentar el uso peatonal del centro urbano.

El Consorcio de Rústico contrata otro trabajador ante el atasco en los cobros

(Menorca, 3/01/2021)

La previsión de ingresos de este año ronda los 70.000 euros, por los 195.000 euros de 2019

Pep Mir. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha acentuado en 2020 la tendencia por la cual tramita un mayor número de expedientes pero acentúa las dificultades para el cobro de las sanciones impuestas. Por este motivo, en las cuentas de 2021 este organismo insular se propone la contratación de un nuevo auxiliar administrativo que debe agilizar la resolución de los casos en los que interviene, que además son cada vez más complejos.

En el informe económico financiero que acompaña a los presupuestos de 2021 se indica que los derechos de cobro recaudados en 2019 fueron de 195.137,36 euros, mientras que a unas semanas de cerrar el presente ejercicio, y con un cálculo todavía provisional, este año tan solo se han alcanzado los 69.173,7 euros, una de las cifras más bajas de la época más reciente. Cabe recordar que en 2019 se impusieron multas por un importe que rondaba los 5 millones de euros, lo que evidencia las dificultades que existen a la hora de ingresar las sanciones.

El presupuesto del Consorcio para 2021 se sitúa así en los 452.814 euros, de los que 390.000 euros corresponden a personal. Supone un incremento significativo respecto a los 387.265 euros de los presupuestos de 2020, con 324.000 euros dedicados a las nóminas de los trabajadores. A la nueva plaza de auxiliar administrativo cabe sumar el aumento retributivo del 0,9 por ciento.

La previsión de ingresos es de 227.814 euros, lo que sin duda, de confirmarse, supondría un salto adelante importante en la efectividad en el cobro.

2021-01-04 | Etiquetes: , , | Categories: Menorca | Enllaç

El alcalde de Sant Josep recibe el Premi Formigó 2020 por permitir obras ilegales

(Diario de Ibiza, 29/12/2020)

El GEN-GOB compara la gestión de 'Agustinet' con la de su predecesor, José Serra, y critica la "destrucción sistemática del territorio" del municipio

Redacción Ibiza. El GEN-GOB hace entrega del premio anual Formigó por su mala gestión al frente del ayuntamiento de Sant Josep a Josep Marí Ribas, 'Agustinet', por continuar permitiendo la destrucción sistemática del territorio y ser un "digno sucesor de José Serra Escandell", ex alcalde de Sant Josep.

"El caos urbanístico que creó Serra no solo deshizo el paisaje de Sant Josep, sino que fue mucho más allá debido a la falta de equipaciones públicas, de servicios sociales, a la especulación con el agua, la saturación viaria, las calas ahogadas por aguas residuales, la masificación, etcétera", ha recordado la organización con respecto a la gestión del exalcalde. "Los habitantes del municipio seguirán sufriendo por siempre jamás las consecuencias de aquella protección institucional a la especulación implantada por el exalcalde", ha remarcado.

El GEN-Gob ha comparado la actuación del actual alcalde del municipio, Josep Marí Ribas, 'Agustinet', que "ha continuado en la misma línea dando licencias ilegales de construcción en lugares emblemáticos del municipio como cala d'Hort, donde autorizó una "reforma" de una casa campesina que consistía en derruir la casa original, auténtico bien patrimonial, y sustituirla por siete bungalows".

Después de las denuncias del GEN, fueron el Consell Insular y los tribunales los que obligaron al alcalde a anular la licencia. Asimismo, el equipo de gobierno no tuvo inconveniente de informara favorablemente hace unos meses sobre un establecimiento turístico en la misma zona, a pesar de que incumplía la normativa y era manifiestamente ilegal, han recordado. "Si por él fuera, tendríamos un nuevo hotel estropeando un nuevo paraje del municipio e incrementando una presión, ya insostenible, sobre el territorio", han destacado.

La obtención del premio se basa también en la incapacidad para aprobar unas normas subsidiarias de planeamiento que sustituyan "las vergonzosas normas de 1986". Además, "no se conoce ni un solo caso de vivienda construida ilegalmente a Sant Josep que haya sido demolida por iniciativa directa del Ayuntamiento (y eso que hay unas cuantas). El municipio sigue siendo el paraíso de especuladores, que edifican mansiones ilegales como Casa Lola", han agregado.

Desde la organización consideran que "quién tenía que protagonizar un cambio de modelo, Josep Marí Ribas, 'Agustinet', el actual alcalde del municipio, ha resultado ser digno sucesor de José Serra Escandell" y por ello el Grupo de Estudios de su Naturaleza (GEN), le hace entrega del Premi Formigó.

"Pocas cosas pueden dar más satisfacción que trabajar por el bien común y la dignidad de un pueblo. Pocos retos pueden ser más alentadores que tener la oportunidad de cambiar un modelo caciquil y destructor que durante décadas ha devorado el paisaje y ha malogrado los limitados y preciados recursos naturales que tenemos. Pocas cosas pueden dar más sentido en una vida de trabajo que tener la ocasión de cambiar un modelo depredador hecho a medida de especuladores sin escrúpulos. Pocas cosas pueden vaciar una existencia de sentido que tener ocasión de hacer todo esto y no hacer nada. Por otro lado,, pocas cosas pueden degradar más una vida pública que tener ocasión, y la obligación de hacer todo esto, y no hacer nada. Peor todavía, trabajar activamente para seguir igual", han concluido.

Demolición o multa de 2.061 euros al mes en un hortal de Maó

(Menorca, 16/12/2020)

El dueño de una construcción indignado con la sanción del Consorcio de Suelo Rústico

Miguel Juan Urbano. El Consorcio de Suelo Rústico del Consell le obliga a abonar una multa de 2.060 euros durante 12 meses si no derriba la edificación del hortal que posee en la zona de La Paloma, junto a la carretera de Es Grau, en Maó. De no hacerlo, transcurrido este tiempo, será el propio Consell quien proceda a la demolición cargando los gastos al propietario.

Es la resolución definitiva del expediente que ha tenido un largo proceso de más de 10 años de duración, cuando el Consorcio resolvió que Fernando Navarro, jubilado de Maó, debía demoler la edificación por haber realizado «una obra consistente en la construcción de una edificación de nueva planta ampliando la caseta existente de antigüedad indeterminada». El Ayuntamiento, indica la resolución de octubre de 2010, le había concedido años atrás la licencia para cambiar la cubierta pero no para obras de reforma, que incluyeron una pequeña ampliación de unos 10 metros cuadrados.

La obra se ha valorado en un importe de 20.604 euros, de ahí que la multa mensual corresponda al 10 por ciento de esta suma.

El propietario recurrió ante el Juzgado Contencioso Administrativo por la caducidad del expediente sancionador y porque estimaba que no había cometido infracción urbanística al no haber levantado ninguna edificación de nueva planta, como indica el expediente del Consorcio. El juez le dio la razón pero el Tribunal Superior de Justicia, al que recurrió el Consorcio, declaró que la orden de demolición impugnada estaba ajustada a derecho.

«No puede ser, la caseta, que ni siquiera tiene dormitorio, figura en el catastro, es de 1995, yo tuve la licencia del Ayuntamiento, y además la sentencia favorable del tribunal», explica Fernando Navarro. Dispone de cédula de habitabilidad y la construcción alcanza los 39 metros cuadrados, «todo lo hicimos legal, si acaso, que me hagan derribar los 10 metros que amplié pero no toda la caseta, es una injusticia porque además yo no puedo pagar 2.060 euros al mes».

Sant Josep: una sentencia confirma la multa de 341.000 ¤ por obras ilegales en Casa Paola

(Diario de Ibiza, 18/12/2020)

La promotora, Hoteleras Faro S.L., la misma de Casa Lola, también ilegal, incumplió reiteradamente las órdenes de paralización de las obras

Redacción Ibiza. Una sentencia del juzgado del Contencioso Administrativo 1 de Palma ha confirmado la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep en el caso de unas obras ilegales detectadas en un espacio protegido del municipio al área de sa Serra den Calaveres (es Cubells), informó ayer el Consistorio en una nota de prensa.

La sentencia, que se puede recurrir, confirma la sanción impuesta a la promotora, de 341.305 euros, al mismo tiempo que desestima el recurso de esta empresa para que se anulara o rebajara esta multa. Además, la condena al pago de las costas del procedimiento hasta una cantidad de 1.000 euros.

Sant Josep impuso en julio de 2018 a Inversiones Hoteleras Faro S.L., cuya administradora única es Francisca Sánchez Ordóñez, una sanción de 341.305 euros por las obras ilegales ejecutadas en Casa Paola, junto a Casa Lola, el complejo turístico, también ilegal, situado en es Cubells.

Las obras sin permiso municipal son una edificación de 170 metros cuadrados de superficie y cuatro metros de altura que, aparentemente, se destinaba a uso residencial; un anexo, de unos 150 metros cuadrados, que también se destinaba a vivienda; una piscina de 100 metros cuadrados y un depósito de 75 metros cuadrados, además de unos bancales de tierra y áridos de distintas longitudes (hasta 120 metros) y con una altura de un metro.

Con estas magnitudes, la valoración de las obras realizadas sin autorización se cuantificó en 390.063 euros por parte de los servicios urbanísticos municipales aplicando el baremo del Colegio de Arquitectos de Balears. Y todo esto en una área de es Cubells protegida como suelo forestal.

El recurso de la promotora, vinculada a otras obras irregulares en el municipio, discutía la valoración realizada de las obras pero el juez valora que no ha aportado informe pericial alternativo ni colaboró con el Ayuntamiento para establecer con mayor concreción los hechos denunciados.

El grado máximo de infracción

La promotora también argumentaba que no estaba justificado que se le aplicara una sanción correspondiente al grado máximo de infracción porque el Consistorio no había acreditado que se dictaran órdenes para parar las obras y que estas hubieran sido ignoradas, una consideración que el juez descarta relatando la cronología de los hechos y las diversas inspecciones a las obras, con los obstáculos que puso la constructora a la comprobación de los hechos que se estaban produciendo a la finca.

Así, el juez considera probada la «inobservación de las medidas cautelares de suspensión acordadas» y coincide con el Ayuntamiento al considerarlo un agravante. Según el relato de los hechos que reproduce la sentencia, el 12 de abril de 2016 se ordena la paralización de los trabajos y el 27 de abril se comprueba por parte del celador que los trabajos siguen. El 4 de mayo se notifica el precinto de las obras decretado unos días antes y se informa de una próxima visita de la inspección municipal.

Huyendo de la Policía

Las inspecciones a la finca continuaron en diciembre del mismo año y nuevamente se comprobó en varias fechas que los trabajos seguían sin respetar los reiterados decretos de paralización. Incluso se relata un episodio ocurrido el 26 de diciembre cuando en una visita policial, los tres operarios sorprendidos en la azotea del inmueble huyen sin atender las órdenes de los agentes. Tampoco se atendieron las órdenes de precinto de enero del año siguiente, que en febrero se comprueba que han sido retirados sin autorización.

Derribada una casa ilegal en Ibiza denunciada hace casi 14 años

(Diario de Ibiza, 15/12/2020)

El TSJB ordenó en 2017 al Ayuntamiento de Sant Antoni que demoliera la vivienda de Buscastell

Eugenio Rodríguez.asi 14 años después de la primera denuncia de los vecinos, a finales de la semana pasada empezaron los trabajos de derribo de una vivienda, un almacén y una piscina ilegales de 81, 16 y 20 metros cuadrados, respectivamente, en la zona de Buscastell.

Las obras de demolición llegan casi cuatro años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) condenara al Ayuntamiento de Sant Antoni a hacerlo «por sus propios medios». El tribunal balear apreció entonces «inactividad» de la Administración en su obligación de «restablecer el orden urbanístico».

El Consistorio no supo aclarar ayer a este diario si el derribo lo ejecuta la propiedad de las construcciones ilegales o si lo ejecuta el Ayuntamiento de forma subsidiaria. Las fuentes consultadas por este diario apuntan a que es la Administración municipal la que lleva a cabo la demolición. De hecho, el departamento de Urbanismo encargó a mediados de 2019 el proyecto de demolición e informó de ello a principios de este año al tribunal balear.

La historia de este derribo se remonta a marzo de 2007, cuando el vecino de las construcciones ilegales denunció los hechos por primera vez en el Ayuntamiento. La sentencia del TSJB de ese mismo año apuntaba que hubo «numerosas denuncias y escritos» dirigidos a la Administración municipal para que actuase.

Caducidad del expediente

Ante la pasividad del Consistorio, en diciembre de ese mismo año el denunciante acudió al Consell, que requirió a Sant Antoni que actuase porque, de lo contrario, se subrogaría la competencia para hacerlo. Finalmente, el Ayuntamiento reaccionó y en febrero de 2008 abrió un expediente de infracción urbanística.

En ese mismo acto decretó la paralización de las obras, que, según constató luego la arquitecta municipal, habían finalizado en 2007. En 2009, el aparejador municipal ya dijo que las obras eran «ilegalizables» porque la construcción no respetaba la distancia de retranqueo con la propiedad colindante. De hecho, las primeras denuncias del vecino se centraban en que las obras, que se ejecutaron sin licencia, invadían su propiedad. El infractor no recurrió el expediente de infracción ni presentó un proyecto de legalización, según explicaba la sentencia del tribunal balear.

Iniciado el proceso sancionador, el Ayuntamiento, según la normativa, disponía de un año para resolverlo. En concreto, el plazo empezó el 27 de abril de 2008 y pasó el periodo legal sin resultado alguno. Casi cuatro años después, la junta de gobierno dictó la orden de demolición, que, posteriormente, fue anulada por dos sentencias porque había caducado el expediente. Sin embargo, el vecino denunciante recurrió y, finalmente, en febrero de 2017 el TSJB condenó al Ayuntamiento a echar a bajo las construcciones ilegales «por sus propios medios en la forma y el plazo que se determine en ejecución de sentencia».

El tribunal balear declaró también «la inactividad» municipal porque desde abril de 2008, el Ayuntamiento debería haber ordenado al infractor de las obras su derribo o bien ejecutarlo de forma subsidiaria. «Incluso debería haber trasladado la incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística al Consell [no consta que se hiciera] a los efectos de que, llegado el caso de inactividad de la persona interesada y del Consistorio, la Administración insular pudiera actuar tal como regula la ley balear de Disciplina Urbanística», destacó.

La sanción inicial de casi 50.000 euros que el Ayuntamiento de Sant Antoni impuso al infractor fue reducida a la mitad por sentencia judicial.





		

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