Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Santa Eulària: la Audiencia obliga a repetir el juicio contra Matthias Kühn por las obras de Tagomago

(Diario de Ibiza, 18/09/2019)

El tribunal balear anula la sentencia que condenó al promotor y al constructor a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio

Eugenio Rodríguez. La Audiencia Provincial anula la sentencia y obliga a repetir el juicio contra el promotor que explota la vivienda del islote de Tagomago, Matthias Kühn, y el constructor que ejecutó las obras ilegales en este inmueble, Guido Hecker. Ambos fueron condenados, en enero de 2018, por un delito contra la ordenación del territorio a una pena de seis meses de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros y la inhabilitación durante dos años para ejercer la profesión de promotor y constructor.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial estima el recurso de la Fiscalía en el que defendía que la resolución de la titular del Juzgado de lo Penal número 2, Martina Rodríguez, debería haber acordado la demolición de las obras ilegales. Ante la falta de motivación jurídica sobre este asunto, el representante del Ministerio Público reclamó la nulidad de la sentencia o bien el dictado de una nueva que acordara el derribo de las obras ejecutadas sin licencia, en un espacio natural protegido, entre los años 2007 y 2008.

La Audiencia se inclina por la repetición del juicio (a cargo de la misma magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de Ibiza) porque, además, el abogado de Matthias Kühn (el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach) alegó, en otro recurso, que entendía que la juez, para condenar a su defendido por un delito contra la ordenación del territorio había aplicado el Código Penal de 1995, en lugar de la reforma de 2010, «más beneficiosa para el acusado» al entender que las obras realizadas podrían ser legalizables.

El tribunal balear considera que se debe repetir el juicio porque no existe un cauce procesal para paliar «la falta de audiencia de los acusados sobre la elección de la legislación aplicable». En cambio, la Audiencia desestima el recurso de Kühn y también el del constructor en los que se alegaba que los hechos juzgados habrían prescrito.

Tras la repetición del juicio, en el caso de que se condene a los acusados, la magistrada deberá «motivar adecuadamente» si se deben o no derribar las obras ilegales. El tribunal balear tiene en cuenta que la magistrada de primera instancia «no ofreció motivación alguna al respecto» y agrega que, según su criterio, «la demolición debe ser considerada como la única medida que evita que el daño al bien jurídico se perpetúe, debiendo constituir la regla general», salvo que las obras, en el momento de dictarse la sentencia, pudieran ser legalizables, de lo cual «no existe constancia».

Las obras sin licencia

Las obras ejecutadas en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) del más alto nivel de protección, además de formar parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados adyacentes a la vivienda (una zona embaldosada dividida en dos niveles unidos por una escalinata de cinco escalones y una terraza que bordea la parte posterior de la casa.

También se levantó un muro de nueve metros de longitud por tres de altura y, en la parte trasera de la vivienda, se construyó un camino de piedra y cemento de 1,5 metros de ancho y 20 de largo que la unían a otras construcciones que albergaban los aparatos de aire acondicionado, lavadoras y grupos electrógenos. Se aumentó la altura de dicha construcción para proteger el grupo electrógeno y almacenar combustible. Asimismo, se pavimentó un camino de unos 80 metros para unir la casa con el camino del faro y se construyó en la zona del puerto una caseta de piedra y cemento (de 1,20 metros de ancho y 1,50 de ancho) para guardar un motocarro.

El promotor presentó un proyecto de legalización ante la conselleria balear de Medio Ambiente, que informó favorablemente en junio de 2012, aunque es el Ayuntamiento de Santa Eulària el que debe otorgar la licencia.

La Audiencia Provincial recuerda otra sentencia del mismo tribunal (de la sección primera), de septiembre de 2010, que señalaba que «uno de los problemas más acuciantes que afecta actualmente al territorio nacional y a esta Comunitat Autònoma [en la que el suelo es muy escaso] es el del urbanismo descontrolado», al tiempo que apunta otro fallo judicial de la misma institución judicial, que destaca que «constituye un principio general que del acto ilícito no puede nacer un derecho». «Se daría, además, un mensaje pernicioso a la sociedad si tras la imposición de la pena, el delincuente pudiera retener el resultado de su delito... Y, finalmente, con la demolición se refuerza positivamente a la ciudadanía que sí cumple con la normativa urbanística, solicitando las preceptivas licencias y abonando los impuestos correspondientes».

Por ello, la sentencia de la Audiencia Provincial concluye que «no es aceptable» la alegación de que corresponde «a la Administración exclusivamente el control de sus actos administrativos y que debe ser ella la que en su caso proceda a la demolición» y agrega que, según su criterio, el legislador penal «no debe esperar» a que se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa (sobre la demolición de las obras ilegales) «para decidir si existe el ilícito penal e imponer las consecuencias reparadoras que del mismo se deriven».

Sobre esta cuestión, el fallo judicial abunda en que «la demolición será la regla general ante la comisión de los tipos penales del artículo 319 del Código Penal [contra la ordenación del territorio] y ello porque la reparación del daño y su restitución sólo podrá llevarse conforme a los artículos 109 y 110 mediante la demolición de la obra ilícitamente construida y constitutiva de delito».

Sant Lluís: el TSJB confirma la anulación del interés general del parque acuático de Biniancolla

(Menorca, 11/09/2019)

Ahora queda apelar al Supremo para no tener que demoler la instalación e intentar evitar que el Consell pague una millonaria indemnización

Javier Gilabert. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado el recurso interpuesto por el Consell, el Ayuntamiento de Sant Lluís y la sociedad Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca S.L, propietaria del parque acuático de Biniancolla, contra la sentencia del pasado 28 de febrero que anulaba el interés general que la institución insular otorgó durante el mandato del PP a la construcción de esta instalación acuática aneja al Hotel Sur Menorca.

Los magistrados confirman los razonamientos de la magistrada del Juzgado número 1 de lo contencioso-adminsitrativo de Palma y dan la razón a la sociedad Delfines Centre Sport S.L., propietaria del parque acuático Aquacenter, quien primero intentó un recurso de alzada contra la resolución del Consell y luego recurrió a los tribunales al entender injusto que se permitiera levantar un parque acuático en un terreno rústico protegido.

El tribunal vuelve a recurrir a la Ley del Suelo Rústico y también analiza la Ley Turística y concluye que no está justificado que se puedan superar los parámetros urbanísticos para una instalación que, consideran, provoca un impacto letal para la flora y fauna de la zona y no puede demostrarse que contribuya a la desestacionalización de la actividad turística.

A la parte demandante, el Consell, la propiedad del parque y el Ayuntamiento de Sant Lluís, les queda ahora el recurso de casación ante el Tribunal Supremo si quieren evitar que la sentencia se ejecute y se termine teniendo que demoler la instalación, lo que buen seguro se derivaría en una millonaria reclamación por parte de la empresa.

L'Oficina Anticorrupció porta a Fiscalia un alt càrrec del Govern per indicis de delicte urbanístic

(Ara Balears, 12/09/2019)

Les declaracions de béns dels diputats es publicaran la setmana que ve

L'Oficina Anticorrupció portarà un alt càrrec del Govern a Fiscalia per indicis d'un delicte urbanístic, segons ha informat aquest dijous IB3 i ha confirmat l'ARA Balears. L'oficina dirigida per Jaume Far ha investigat dos alts càrrecs, però el més probable és que un dels casos quedi arxivat, mentre que l'altre es portarà a Fiscalia la setmana que ve. Ambdós han estat avisats de les indagacions.

"Nosaltres ho veim clar", ha manifestat Jaume Far a l'ARA Balears. Així i tot, serà Fiscalia qui "haurà de ratificar" que hi ha delicte urbanístic. L'Oficina Anticorrupció també s'ha posat en contacte amb la Fiscalia de Medi Ambient.

En aquests moments, l'Oficina Anticorrupció investiga un total de 30 denúncies, algunes de les quals fan referència a la contractació de personal i l'atorgament de subvencions. L'ens dirigit per Jaume Far també publicarà la setmana que ve les declaracions patrimonials i de béns dels diputats del Parlament balear.

2019-09-12 | Etiquetes: , , | Categories: Suprainsular | Enllaç

La fiscal de Medio Ambiente en Baleares constata avances en la demolición de obra ilegal

(Última Hora, 11/09/2019)

V. Malagón. La fiscal delegada de Medio Ambiente en Baleares, Rosario García, constata los grandes avances que se han producido para las demoliciones de obras ilegales derivadas de delitos contra la ordenación del territorio. García intervino este martes en la presentación de la nueva Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados y repasó la actividad de este área que interviene en un amplio tipo de delitos, desde maltratos animales a los vertidos de aguas fecales como los que han desembocado en el ‘caso Emaya’.

La fiscal señaló que los dos asuntos más frecuentes que se plantean en las Islas son los que tienen que ver con maltratos a animales y de disciplina urbanística. Sobre los segundos apuntó: «Se está demoliendo y se ha avanzado mucho». Señaló que existe un control estricto por parte de la Fiscalía de las ejecutorias de condenas por obras ilegales, «si no se hacen cumplir las condenas todo lo trabajado antes sirve de poco» y manifestó que existe ya un criterio pacífico en los juzgados de las Islas a la hora de ordenar las demoliciones.

En su intervención también aludió al ‘caso Emaya’, «de puntillas». Recordó que el caso se inició en el juzgado por la denuncia de un particular, lo que llevó a que la Fiscalía acumulara allí las diligencias informativas que mantenía abiertas tras una denuncia anterior. «No nos vino mal porque no podemos extenderlas más de seis meses». Preguntada por un caso similar en Eivissa, señaló que tuvo que ser archivado por falta de pruebas y, de forma general explicó: «No todos los vertidos constituyen un delito. Se necesita que tengan una especial trascendencia y el delito se agrava cuando supone una destrucción del medio natural y riesgo para las personas».

En esa línea apuntó a que se ha recurrido a unidades especializadas de Madrid para llevar a cabo los análisis de las muestras en el caso de Palma.

Otro de los asuntos en los que la Fiscalía de Medio Ambiente interviene son los relacionados con patrimonio. García recordó que dos grafiteros están pendientes de ir a juicio. También aludió a la «nula» comunicación con la Conselleria de Medi Ambient: «Desgraciadamente y no porque nosotros no lo hayamos intentado».

La charla de García se produjo en el acto de presentación de la nueva Comisión de Medio Ambiente del Colegio. Sus responsables, Javier Fernández Pineda y Blanca Llopis explicaron que se pretende iniciar una serie de iniciativas tanto internas como de cara a la ciudadanía, entre otras cuestiones, «presionar a los poderes públicos y administraciones» de cara a la protección del medio ambiente.

Desforestar per instal·lar-se al bosc (protegit) d’un altre

(Ara Balears, 6/09/2019)

El responsable de Territori del Consell d’Eivissa explica que ja es coordinen amb els ecologistes per identificar irregularitats urbanístiques

Inma Saranova. Un veí de Sant Josep ha alertat d’un nou exemple de mals usos del terreny rústic a Eivissa. “Vaig veure en una foto aèria recent del meu terreny una clariana que no havia vist fins a aquest moment i vaig anar fins al lloc, on em vaig trobar tot l’embull muntat”, diu el pagès propietari dels terrenys, que prefereix que no se’n publiqui el nom real i anomenam Carles. L’‘embull’ era una tenda, una iurta com les dels nòmades de l’Àsia central, de com a mínim deu metres de diàmetre sostinguda sobre una tarima de fusta i camuflada enmig del bosc, situat en una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI).

Al costat de la parcel·la on s’ha instal·lat la iurta, n’hi ha una altra amb una caseta prefabricada usada com a habitatge per al personal de servei dels seus veïns, que podrien ser els responsables d’aquesta nova instal·lació. Carles ja ho ha denunciat a l’Ajuntament de Sant Josep per la usurpació i ocupació dels seus terrenys, el desbrossament i tala d’almenys 200 metres quadrats de bosc protegit a la seva propietat, la construcció d’infraestructures per a ús residencial en sòl rústic, i el que és encara més inquietant, la realització d’un conjunt d’estructures amb material molt inflamable en una zona d’alt risc d’incendis forestals, incloent-hi instal·lacions elèctriques i de climatització. Cap d’aquestes construccions no està separada del bosc amb un terreny sense vegetació, una faixa que faci de tallafocs davant dels incendis, una mesura obligada als habitatges a zones forestals.

Tot i que Carles ho ha denunciat a l’Ajuntament, el Consistori encara no li ha contestat. De fet, fonts de l’Ajuntament de Sant Josep han comunicat a l’ARA Balears que l’administració competent en disciplina urbanística del sòl protegit és el Consell d’Eivissa. Tot i això, en el tancament d’aquesta edició la denúncia encara no s’ha traslladat al govern insular, perquè els tècnics municipals treballen per determinar si la construcció està en sòl rústic comú (competència municipal) o en sòl protegit (competència del Consell). Tot i això, segons es pot comprovar a la web d’Infraestructura de Dades Espacials del Govern, tot indica que es tracta d’un sòl rústic protegit qualificat d’ANEI i d’Àrea de Prevenció de Riscos (APR), per perill d’incendi. Segons fonts del Consistori, la Policia Local també ha fet dues inspeccions sobre el terreny i les actes corresponents s’adjuntaran a l’expedient del cas, que previsiblement es remetrà al Consell d’Eivissa.

Per part seva, el conseller insular de Territori, Mariano Juan, manté que fins que es comprovi si es tracta d’un espai protegit, l’assumpte és competència de l’Ajuntament de Sant Josep [Nota de Disúrbia: cosa que també podria comprova el consell, no?]. En qualsevol cas, Juan explica que si l’expedient finalment arriba al Consell, es tramitarà des del nou Departament de Disciplina Urbanística i, immediatament, es decretarà la suspensió d’usos del terreny i s’instruirà un expedient que necessàriament acabarà en l’enderrocament. Segons Juan, la construcció no és legalitzable. “Una de dues: o l’enderrocament l’executa el propietari de la construcció o el durà a terme l’administració de manera subsidiària i en reclamarà les despeses a aquesta persona”.

Lluita contra les irregularitats

La Llei d’urbanisme de les Illes Balears, que va entrar en vigor al gener de 2018, va establir que les obres il·legals en sòl rústic ja no prescriuen. “Això significa que el Consell acabarà identificant-ne els infractors i, en qualsevol moment, es procedirà a l’enderrocament de les construccions il·legals”, manté Juan. Però alhora reconeix que, com que es tracta d’una normativa nova, caldrà esperar per saber quina efectivitat té per dissuadir els infractors.

El conseller Mariano Juan ha anunciat, a més, que el seu nou departament es coordinarà amb els ajuntaments i la Demarcació de Costes per posar les construccions il·legals en el punt de mira, i que aquest treball es durà a terme amb la col·laboració del grup ecologista GEN-GOB, amb el quals ja estan contrastant informacions. “Poden estar segurs que el Consell identificarà les irregularitats i ordenarà la suspensió cautelar d’ús d’aquestes construccions, i si no s’acata la mesura, anirà per la via penal per desobediència” adverteix el conseller. Apunta que “determinades infraccions administratives en sòl rústic, si es cometen en àrees protegides, poden ser considerades delicte i anar per la via penal, i les multes corresponents poden equivaldre al 300% del valor de la construcció”. El Consell d’Eivissa anima els veïns a col·laborar denunciant qualsevol irregularitat de què puguin ser testimonis.

Juan recorda, així mateix, que les faixes de protecció antiincendi són imprescindibles en qualsevol àrea de risc com aquesta, i a més, és necessari mantenir-les perquè siguin útils. “El problema és la falta de vigilància del manteniment d’aquestes faixes per part de les administracions competents”, remarca el conseller llançant una pedrada a la teulada del Govern.

El propietari dels terrenys també dispara contra les empreses de construcció i manteniment, que, assegura, no tenen escrúpols a l’hora de vendre els seus serveis tot i saber que estan construint en llocs protegits. “Actuen, cobren i es dediquen professionalment a això; la impunitat és total en aquests casos”, lamenta. El conseller Mariano Juan reconeix que hi ha moltes indústries complementàries que fan negoci a Eivissa gràcies a irregularitats com aquestes, encara que insisteix que la llei habilita a multar subsidiàriament també les empreses constructores en sòls protegits [Nota de Disúrbia: la possibilitat de sancionar directament els constructors a qualsevol tipus de sòl existeix des de 1990 o abans, tot és qüestió de voler-ho fer...]. “El que les empreses han de fer és sol·licitar tots els permisos al promotor i, en cas que no existeixin, no donar els seus serveis”, reitera Juan.

Sant Josep: el Consell paraliza unas obras ilegales en una vivienda de Platges de Comte

(Diario de Ibiza, 6/09/2019)

Un celador del Ayuntamiento de Sant Josep observó que se estaban acometiendo obras en una de las viviendas ubicada en suelo rústico protegido

EFE. El Consell de Ibiza ha ordenado paralizar unas obras que se estaban llevando a cabo en una vivienda de Platges de Comte sin contar con la licencia correspondiente.Además, los servicios jurídicos de la institución insular estudiarán la posibilidad de elevar esta infracción a Fiscalía por si pudiesen constituir un delito urbanístico, ha informado un portavoz del Consell de Ibiza.

Los hechos se remontan a finales de junio cuando una denuncia de un particular alertaba que, en la zona de Platges de Comte, se había derrumbado un sendero que discurría por el litoral, con lo que se anulaba el paso para acceder a dicha zona de costa.

Un celador del Ayuntamiento de Sant Josep visitó la zona y en una inspección observó que se estaban acometiendo obras en una de las viviendas ubicada en suelo rústico protegido.

La administración municipal comunicó los hechos al Consell de Ibiza, al tener las competencias en disciplina urbanística, y a la Demarcación de Costas.

Los técnicos de la máxima institución insular comprobaron la existencia de estas obras cuyo objetivo es la reconstrucción total de la vivienda, tanto del interior como del exterior.

En cuanto al sendero, los técnicos no han podido demostrar que se haya derrumbado debido a que el suelo del acantilado podría haber desaparecido por algún fenómeno natural.

Las vallas publicitarias ilegales se han triplicado en la autovía del aeropuerto de Ibiza desde 2002

(Diario de Ibiza, 21/08/2019)

El Consell anuncia que eliminará prácticamente la totalidad de las vallas porque «todas o casi todas son ilegales»

Joan Lluís Ferrer. Como si de una plaga se tratase, las vallas publicitarias no paran de multiplicarse en la isla de Ibiza, sobre todo en su mitad sur. Ya no se trata de paneles individuales, sino que incluso se montan en inacabables baterías horizontales, incorporan iluminación y ocupan lugares donde antes no había. El Consell anuncia que va a suprimirlas prácticamente todas.

Las vallas publicitarias siguen propagándose sin control en el suelo rústico de la isla de Ibiza ante la pasividad de las instituciones responsables. Según un cómputo efectuado por este diario en los últimos días en las principales vías ibicencas, a día de hoy hay instaladas 270 vallas en las carreteras de Ibiza a Sant Antoni, de Ibiza al aeropuerto, el primero y segundo cinturones de ronda y la carretera de Santa Eulària. Esto representa un aumento considerable respecto a las 171 que había instaladas hace 17 años, según figura en un estudio que realizó en 2002 el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) sobre el particular y donde se detallaba el número de paneles carretera por carretera. (Mira aquí las fotos de las vallas que pueblan la isla)

Comparando los datos de aquél informe -que fue entregado al Consell para que impulsara la retirada de estos paneles-, con la realidad existente actualmente, se aprecia que las dos vías donde más ha aumentado el número de vallas son la autovía del aeropuerto y la de Sant Antoni.

En la primera de ellas hay nada menos que 91 vallas (muchas agrupadas en batería formando un solo cuerpo), lo que representa un promedio de 15 vallas por kilómetro en este tramo que va desde Can Sifre hasta el aeropuerto. Hace 17 años su número era de 34, por lo que el aumento ha sido del 167%.

En la autovía de Sant Antoni se acumulan ya 90 vallas, es decir, seis por kilómetro. La mayor parte de ellas (69) se concentran en el tramo Vila-Sant Rafel.

En el primer cinturón de ronda de Vila existen 50 vallas publicitarias, es decir, 16 por cada kilómetro, mientras que en el segundo cinturón hay 32.

La vigente Ley de Carreteras de Balears y el Plan Territorial Insular impiden la instalación de este tipo de infraestructuras en suelo rústico (que es donde están casi todas) y en los márgenes de las carreteras, pero este tipo de elementos siguen multiplicándose en el paisaje insular. En los últimos años, solo se han desmantelado las que había en ses Feixes des Prat de Vila y una veintena más en Vila en el último mandato municipal.

La concejala de Urbanismo de Vila, Elena López, explicó que la suspensión del PGOU ha dejado en el aire la tramitación de los expedientes sancionadores contra las restantes vallas ilegales contabilizadas en el municipio. «El plan de 1987 [el que ahora está en vigor en Vila] no tiene unas normas claras sobre este tema», afirmó López, por lo que no es posible actuar contra ellas desde el Ayuntamiento. «Además, fue suspenderse el nuevo PGOU y empezar a ponerse vallas nuevas», añadió. Por ello, pide ayuda al Consell de Ibiza, «que sí puede actuar a través de la Ley de Urbanismo de Balears», señaló [Nota de Disúrbia: res de tot això té cap sentit...]. De hecho, este asunto se trató en una reunión la semana pasada entre Vila y el Consell para coordinarse al respecto.

Una plaga

En Sant Josep, donde el fenómeno adquiere ya la condición de verdadera plaga, el alcalde, Josep Marí Ribas, admitió ayer que «muy pocas vallas tienen licencia», a pesar de que durante el mandato de Neus Marí (PP) se aprobó una ordenanza municipal que preveía legalizar estos soportes y, además, les permitía colocarse en batería, tener iluminación y otras cuestiones. De todos modos, la mayoría son ilegalizables al situarse en suelo rústico.

Marí Ribas admitió que «hay demasiadas vallas, es una exageración», y reconoció que desde el Ayuntamiento no se ha actuado con eficacia al respecto. En realidad, también él considera que el asunto compete sobre todo al Consell de Ibiza, al estar casi todas ellas o bien en los márgenes de la carretera o en suelo rústico [Nota de Disúrbia: vol dir que el sòl rústic comú no és de competència municipal? O només quan convé?]. «El Consell en su momento hizo algún intento, pero no sé si dio mucho resultado», añadió.

Además, desde hace unos años las vallas han empezado a incorporar iluminación mediante focos, lo que incrementa la contaminación lumínica de la isla. Muchas de ellas incluso montan rótulos luminosos de gran potencia en su parte superior.

Consell: «Todas o casi todas son ilegales; se han de quitar»
«Es tan simple como hacer cumplir la ley», afirma el conseller insular de Urbanismo, Mariano Juan

El conseller insular de Urbanismo, Mariano Juan, afirmó: «Todos estamos de acuerdo en que las vallas publicitarias en suelo rústico o junto a las carreteras no deben existir. O todas o casi todas son ilegales y se han de eliminar. Es algo tan simple como hacer cumplir la ley».

Mariano Juan aludió también a «cuestiones de seguridad» para el tráfico viario, puesto que «la publicidad al lado de las carreteras distrae al conductor».

El conseller afirmó que «la mayoría de las vallas podrán atacarse a través de la normativa de carreteras, aunque otras habrá que combatirlas a través del Plan Territorial Insular. Se usará en cada caso una vía u otra».

A la pregunta de cuándo empezarán a abrirse expedientes, el responsable de Urbanismo dijo que esto se hará a través de la nueva Oficina Anti Intrusismo [Nota de Disúrbia: què???] que empezará a funcionar en septiembre. «Quiero sacar este tema de la oficina de Carreteras y pasarlo a la de Anti Intrusismo», explicó.

También expresó sus dudas de que, como sostienen algunos ayuntamientos, sea necesario abrir un expediente separado por cada valla, por lo que estudiará actuar por lotes «si el propietario es el mismo». El Consell también tiene previsto suspender cautelarmente el uso de las vallas, es decir, su explotación comercial y colocación de anuncios, mientras se efectúa la tramitación del expediente.

Pollença: levantan la paralización de la actividad al chiringuito del mirador del Colomer en Formentor

(Última Hora, 20/08/2019)

Bárbara Cordero. La Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT) ha levantado la orden de paralizar la actividad del bar situado el mirador del Colomer en Formentor, Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.

Dicho establecimiento no disponía de la preceptiva autorización urbanística en suelo rústico protegido ni contaba con el informe favorable del organismo gestor del Paraje Natural. Además, los promotores del bar habían instalado una terraza de madera ilegal que «multiplicaba casi por cinco las dimensiones del proyecto presentado inicialmente en el Ajuntament en 2015», tal y como han explicado desde la Agència.

No obstante, «una vez que el Consistorio de Pollença ha enviado la documentación acreditativa de que ahora el establecimiento sí cumple con la legalidad urbanística, la orden de paralización ha quedado levantada», concluyen.

Por su parte, el alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots), explicó que el bar tenía la autorización municipal pertinente pero que «tuvo que cambiar su ubicación a causa de las obras de mejora de infraestructuras del Consell». Además, asevera que «el Ajuntament ha hecho todos los informes necesarios para que se levante el precinto y el negocio vuelva a tener actividad en su ubicación original».





		

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