Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Santa Margalida: piden al Consell que declare la caducidad de la licencia de la mansión de John Barry

(Última Hora, 18/11/2017)

Un ciudadano ha solicitado a la ADT (Agència de Defensa del Territori), dependiente del Consell, que declare la caducidad de la licencia concedida a John Barry en 1974 para levantar una mansión en la cima de un montículo cerca de la Vila. Las obras comenzaron, pero no acabaron, y la edificación se halla, 43 años después, «en estado ruinoso».

El mismo ciudadano ya hizo esta misma petición ante el Consistorio viler hace un año y medio, pero el Ajuntament de Santa Margalida, presidido por Joan Monjo, «no ha iniciado ningún trámite», señala en el escrito registrado ahora ante la ADT.

El denunciante interpreta que al amparo de la Ley 2/2014, de ordenación y uso del suelo, «corresponde declarar la caducidad de la licencia y la extinción de sus efectos previa tramitación del correspondiente expediente». Esta persona admite que la licencia para hacer el chalet no tenía una fecha límite para acabarlo, pero esgrime una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la caducidad de la licencia «es aplicable aunque se otorgase sin un plazo determinado de ejecución».

Por otro lado, el denunciante indica que «en las últimas semanas –en referencia al mes de octubre de este año– «se han visto movimientos» en la mansión de Barry «que podrían tener como objeto la continuación» de las obras. En este sentido, recuerda que un artículo del Reglamento General de la Ley del Suelo dice que no pueden continuarse las obras, «aunque no se haya declarado expresamente la caducidad de la licencia». Acaba el escrito pidiendo que se tomen medidas con tal de paralizar cualquier actividad presente o futura tendente a la continuación de las obras y que se declare la caducidad de la licencia «ante la inactividad municipal».

No obstante, fuentes de la Agència de Defensa del Territori indicaron este viernes de que la ADT carece de competencias para declarar la caducidad de licencias municipales y que ha contestado al denunciante en este sentido. En 2016 un alemán adquirió la mansión de Barry, en una parcela de 12.000 metros cuadrados. La normativa hoy vigente no permite viviendas en una terreno rústico tan pequeño.

Campos: precintan los dos campos de polo por falta de licencia

(Diario de Mallorca, 17/11/2017)

La Agència de Defensa del Territori de Mallorca señala que de no respetarse el cierre "se denunciarán a sus responsables ante Fiscalía"

S. Sansó. La Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT) informó ayer del precinto de las instalaciones de dos campos de polo, situados en el municipio de Campos. Ya en el año 2016 se inició un expediente de infracción a las dos canchas por no disponer de licencia urbanística municipal que habilite su uso.

El expediente se encuentra hoy en tramitación. En la resolución de inicio se ordenó hace un tiempo, la suspensión cautelar del uso de los terrenos deportivos mientras durara la tramitación o hasta que no dispusieran de licencia, que aún no tienen a día de hoy.

La Agencia ha podido constatar que estos campos de polo se han venido usando durante este año 2017, con eventos que incluso se han publicitado en la página web de la Real Federación Española de Polo (donde en estos momentos ya no figura el nombre de ningún club en Mallorca).

Por ello se ha tenido que proceder al precinto de las instalaciones. Un cierre que de no respetarse, explica la Agencia, "el siguiente paso sería denunciar a los responsables ante la Fiscalía por posible delito de desobediencia a la autoridad". "Seguimos trabajando para hacer cumplir la legislación urbanística en suelo rústico", concluyen.

Cabe recordar que a finales de octubre se sometieron a información pública y por plazo de treinta días, los proyectos de "legalización de un campo de polo"en los terrenos de Sa Barralina de Campos; la "construcción de una explotación equina y un campo de polo"; la "ejecución de un estanque"; y la "rehabilitación de una edificación agrícola y ganadera", por parte de la promotora Es Figueral Gran, SLU. Todo ello acompañado del correspondiente estudio de impacto ambiental. Documentación que se puede consultar en el propio ayuntamiento de Campos.

Andratx demolerá los apartamentos ilegales de Cala Llamp a partir de enero

(Última Hora, 14/11/2017)

P. Aguiló Mora. El Ajuntament de Andratx confía en iniciar la demolición de los apartamentos ilegales de Cala Llamp durante el próximo mes de enero, después de que este lunes, tras casi dos años de espera y ya por fin con una autorización judicial en la mano, los técnicos municipales pudieran acceder a las viviendas para llevar a cabo la inspección previa a la redacción final del proyecto de derribo.

Según cálculos de la Corporación presidida por la alcaldesa Katia Rouarch (PI), una vez hechas las valoraciones oportunas del interior de los inmuebles, se reajustará el mencionado proyecto teniendo en cuenta las pequeñas variaciones observadas. «A partir de ahí, esperamos que entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre puedan licitarse las obras y a partir de comienzos de año empezar los trabajos», apuntan fuentes municipales.

Desde que la Justicia declaró nula, en septiembre de 2013, la licencia urbanística que permitió la construcción de los inmuebles (por los que se pagaron hasta 600.000 euros), estos se han venido alquilando cada verano. El pasado habrá sido el último.

Absueltos dos acusados de hacer obras ilegales en una vivienda de Formentera

(Diario de Ibiza, 14/11/2017)

Tras los trabajos denunciados, el dueño de la parcela compró más terreno con el objeto de legalizarlos

El propietario de una vivienda de Formentera y el constructor que contrató para realizar una serie de obras que en un primer momento eran ilegales fueron absueltos ayer por la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, que dictó sentencia in voce después de que la abogada del primero de los acusados demostrara que su cliente había adquirido a uno de sus vecinos terreno suficiente como para permitir la legalización de las obras.

El dueño de la casa, un hombre de nacionalidad italiana, contrató al otro acusado, un constructor marroquí, para realizar una serie de obras en el terreno que, según se explica en el escrito de acusación, ambos sabían «que no contaban con licencia municipal».

Las obras no podían disponer de licencia ni tampoco ser legalizadas porque la parcela en la que se llevaron a cabo tenía sólo 2.000 metros cuadrados.

Suelo rústico

Las obras se llevaron a cabo en suelo rústico cómun-general en noviembre del año 2009. Posteriormente, el dueño de la parcela compró a uno de sus vecinos terreno suficiente hasta sumar los 15.000 metros cuadrados necesarios para que pudieran ser legalizadas, lo que hizo posible que, ayer, los dos acusados fueran absueltos. El ministerio público reclamaba para cada uno de los dos acusados una pena de un año y medio de prisión y una multa de diez euros por cada día de los 18 meses de condena, lo que hace un total de 5.400 euros.

También pedía el ministerio público que, entre los dos acusados, devolvieran la parcela a su estado original.

Las obras que realizaron sin licencia incluyeron, entre otras actuaciones, una piscina de 36 metros cuadrados (8 por 4,50), la ampliación de la fachadas norte y principal del edificio y la construcción de una escalera para acceder a la cubierta.

El ministerio público destaca en su escrito que la superficie de la vivienda pasó de los 123,07 metros cuadrados que tenía en origen a 172,69 después de las obras.

El GOB denuncia el "descontrol" en el área de Urbanismo de Andratx

(Diario de Mallorca, 11/11/2017)

Asegura que faltan celadores y abogados, que las obras prolifieran pese a las denuncias y pide al Consell que asuma las competencias

Miguel Vicens. El GOB alerta sobre la situación de "descontrol" que vive el área de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Andratx y pide al Consell de Mallorca que, ante la gravedad de la situación, asuma las competencias a través de la Agencia por la Legalidad Urbanística [Nota de Disúrbia: des de febrer, Agència de defensa del territori, és que no s'enteren...].

Según asegura la entidad ecologista, el consistorio se encuentra prácticamente sin personal en el área de Urbanismo, ni celadores, ni responsable jurídico ni técnicos suficientes "en un departamento de un municipio en el que la indisciplina urbanística ha sido marca de la casa" en los últimos años, considera.

El GOB narra que ha podido detectar, paralelamente y como consecuencia de esta carencia de recursos, que "han proliferado las obras en suelo rústico, aprovechando que no hay vigilancia y que practicamente nadie denuncia".

Sin embargo, apunta el GOB, algunas de estas obras han sido denunciadas por la Plataforma Salvem Andratx al Ayuntamiento, y también a la Agencia por la Legalidad Urbanística del Consell de Mallorca, porque aunque el consistorio no le ha transferido las competencias, puede actuar cuando el Ayuntamiento no lo hace por subrogación de competencias.

La cuestión, informa el GOB, es que en general en Andratx la construcción continúa desbordada, de manera legal o ilegal. La entidad ecologista recuerda que hace unos meses denunciaba públicamente el impacto de la nueva promoción New Follies en Cala Llamp, y hoy siguen los grandes proyectos de enorme impacto en la montaña.

A todo esto se suman los negocios ilegales en suelo rústico, advierte el GOB, la mayoría vinculados a la industria náutica, que continuan también su actividad pese a las denuncias reiteradas por parte del GOB y la Plataforma Salvem Andratx. Y las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca para paralizar estas actividades ilegales no han surtido efecto.

"Desde el GOB alertamos de la normalización de la indisciplina urbanística en Andratx y de la necesidad que el Ayuntamiento, históricamente poco interesado en el ejercicio de la disciplina urbanística, transfiera las competencias a la Agencia por la Legalidad Urbanística del Consell de Mallorca".

2017-11-11 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Deià pagará 171.000 euros por el derribo de un chalé de Llucalcari

(Diario de Mallorca, 10/11/2017)

El Ayuntamiento deberá aprobar hoy una modificación en sus presupuestos para habilitar una partida con la que hacer frente a la indemnización por una de las cuatro viviendas demolidas en 2012

Joan Mora. El pleno del ayuntamiento de Deià aprobará hoy una modificación de sus presupuestos, para habilitar una partida de 171.000 euros que servirán para liquidar la indemnización que ha impuesto una sentencia judicial a favor de uno de los propietarios de los chalés demolidos de Llucalcari. Con esta ya son tres las indemnizaciones que afronta el consistorio deianenc que en total se aproximan a los 400.000 euros, según reconoció la alcaldesa del municipio, Magdalena López.

De acuerdo con los veredictos que han ido dictando, Deià ha abonado dos indemnizaciones de 60.000 y 160.000 euros respectivamente, a las que próximamente se les sumarán otros 171.000 euros para un tercer propietario afectado por las demoliciones. Y próximamente la cuarta y última indemnización, que muy posiblemente tendrá que pagar a los afectados por los derribos de cuatro viviendas que el Tribunal Supremo obligó a derribar en Llucalcari al declararlas ilegales.

Sentencia firme

Magdalena López explicó que la indemnización que hoy se aprueba está avalada con una sentencia que ya es firme. En cambio, las dos anteriores todavía no lo son, en tanto que los propietarios las recurrieron en instancias superiores. A pesar de ello "preferimos pagarlas cuando se conoció el primer fallo para evitar que más tarde lo tengamos que hacer liquidando además intereses de demora", afirmó la alcaldesa, que expresó su resignación "por unos hechos que ocurrieron hace años y que ahora debemos afrontar".

El pago de indemnizaciones viene a poner punto y final a un larguísimo litigio que tuvo su origen a finales de los años 80, cuando el grupo ecologista GOB denunció la construcción de cuatro chalés unifamiliares en el núcleo de Llucalcari. La entidad entendía que eran ilegales por estar ubicados en suelo protegido, pese a que disponían de las licencias municipales y con los informes favorables de los técnicos del Consell y el Govern.

Después de un largo proceso judicial el Tribunal Supremo falló a favor del GOB y ordenó al ayuntamiento de Deià el derribo de las casas, que se hizo efectivo en 2012. Para las arcas públicas supuso un gasto de más de medio millón de euros.

Asimismo, una sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ha fallado a favor del consistorio, y obliga tanto al Consell como al Govern a sufragar los gastos de derribo e indemnización a los propietarios que se quedaron sin sus casas en Llucalcari. La alcaldesa explicó que la intención es que ambas administraciones "participen de los gastos, porque también fueron corresponsables en el otorgamiento de las licencias con las que se construyeron los chalés". Ambas administraciones han recurrido.

La obligación de demoler obras ilegales en suelo rústico no prescribirá nunca

(Última Hora, 10/11/2017)

Nekane Domblás. Los infractores urbanísticos tendrán una espada de Damocles de por vida a partir de enero de 2018: cualquier obra ilegal que hagan en suelo rústico a partir de entonces no prescribirá nunca, es decir, quedará expuesta para siempre a una posible orden de demolición de las obras hechas sin autorización. La legislación vigente ya establece esta no prescripción en suelo protegido, pero en suelo rústico común bastaba que transcurrieran ocho años desde la ejecución de la obra para que quedara exenta de una orden de demolición.

La nueva ley de urbanismo, que en estos momentos tramita el Parlament, lo cambia todo. Ha incorporado una disposición insólita en la legislación comparada española [Nota de Disúrbia: de fet, existeixen previsions semblants en les lleis urbanístiques de Catalunya i Múrcia, i era la solució present a la Llei de Costes abans de la gloriosa reforma de 2013... Bona part de la doctrina (Baños León, per exemple) fa anys que reclama aquesta imprescriptibilitat.]. Las órdenes de demolición de las obras ilegales no prescribirán nunca gracias a una enmienda al proyecto de ley que han transaccionado Podemos, MÉS y PSIB. la intención del pacto de izquierdas es lanzar un mensaje claro y contundente a los infractores para que se lo piensen dos veces antes de hacer obras sin permiso.

La modificación de la ley permitirá a los consells ejecutar las órdenes de demolición de manera subsidiaria y cobrar después el coste de la obra al propietario. Lo que no cambiará, sin embargo, es la prescripción penal por un delito urbanístico, fijada en cinco años por ley, y la obligación de pagar una sanción económica equivalente al precio de la obra ilegal, que prescribirá a los 8 años, como hasta ahora.

El proyecto de ley está a punto de pasar el primer trámite parlamentario, el de ponencia, y en breve comenzará el debate en comisión.

2017-11-10 | Etiquetes: , , , , | Categories: Suprainsular | Enllaç

La alcaldesa de Andratx abre un expediente sancionador a su marido por obras ilegales

(Última Hora, 9/11/2017)

P. Aguiló Mora. El Ajuntament de Andratx, presidido por la alcaldesa Katia Rouarch (PI), acordó en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local celebrada el pasado 24 de octubre iniciar un expediente sancionador contra el marido de la edil por ejecutar unas obras sin la licencia preceptiva en la finca que éste posee en la parcela 15 del polígono 115 del municipio, calificada como suelo rústico protegido bajo la figura de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).

Al socaire de dos licencias menores, una para el acondicionamiento de un camino rural y la otra para el cambio de tejas en mal estado, el apuntalamiento de paredes y la limpieza de escombros (según consta en el acta de la mencionada reunión de la Junta de Gobierno firmada por la propia Rouarch), el marido de la alcaldesa, Montserrat Alemany, construyó entre los años 2009 y 2010 una ventana de madera y cristal con vierte aguas de barro en la fachada posterior de la antigua casa, un horno de leña forrado de piedra, procedió a la ampliación de una terraza anexa al patio posterior, ejecutando un muro de piedra de 1,80 metros de altura y 4,5 de largo y la instalación de muebles de obra de 80 centímetros de altura y de 1,80 y dos metros de largo. Asimismo dotó a la finca de un parral de estructura metálica, restauró una noria y un estanque cercados por muro de piedra, creó un porche de uso agrícola de estructura de madera semicerrada por un muro y un murete. Finalmente levantó tres volúmenes anexos: uno de madera destinado a establo de animales, otro de cerramiento de obra y un tercero destinado a gallinero.

La misma acta detalla también que, según un informe del asesor jurídico del departamento municipal de Urbanismo, de todas estas actuaciones, el horno, los muebles de obra, el porche y los tres nuevos volúmenes anexos no son legalizables porque son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística. La apertura de este expediente sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado llega después de que la finca del marido de la alcaldesa fuera inspeccionada de oficio por la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca que, en estos casos, abre incidencias y otorga al Ajuntament un mes para tramitar el citado expediente. En caso de que el Consistorio no lo haga en ese plazo, la agencia procede a iniciar la tramitación.

Aunque podrá legalizar una parte de los trabajos ejecutados sin la licencia preceptiva, Alemany se enfrenta a multas, tanto por las obras legalizables, como por las ilegalizables y susceptibles de ser demolidas. No obstante, también cuenta con un periodo para presentar alegaciones a la resolución del Ajuntament que preside su esposa.





		

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