Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Antoni: el PP desmiente a Juanjo Ferrer sobre las supuestas multas perdonadas

(Diario de Ibiza, 26/11/2016)

La empresa sancionada responde que no se pagó porque el juzgado congeló la sanción

Joan Lluís Ferrer. La exalcaldesa del Ayuntamiento de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez (PP), desmintió ayer las manifestaciones hechas el día anterior por el concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, en las que acusó al anterior equipo de gobierno de haber ordenado no cobrar unas multas que ya estaban tramitándose, por un valor total de 270.000 euros.

Gutiérrez explicó que si no se cobró la multa a la empresa Big Mat por ampliación ilegal de su negocio fue porque ésta presentó un recurso judicial que, si bien aún no ha dado lugar a sentencia, sí vio aceptada la petición de suspensión cautelar de la sanción impuesta. Según dijo, a esta empresa se le abrieron sendos expedientes, uno por importe de 239.000 euros, que es el que aún espera sentencia pero tiene congelado el pago de la multa, y otro por valor de 49.000 euros. Este último fue recurrido también ante los tribunales y éstos admitieron la demanda y redujeron la sanción a 8.400 euros.

En cuanto a las dos sanciones al hotel Ibiza Rocks, Pepita Gutiérrez explicó que «se aprobaron y se pasó su cobro al departamento de gestión tributaria», por lo que consideró un problema de Juanjo Ferrer el hecho de que se hubiera dado cuenta sólo dos días antes de que iba a caducar el plazo de cobro.

También el abogado de la empresa de Big-Mat, Miguel Tuells, explicó ayer la sucesión de hechos relativos a las multas recibidas de forma muy parecida a lo relatado por Gutiérrez.

De hecho, en octubre de 2015, «ya con el nuevo gobierno municipal, el Ayuntamiento de Sant Antoni no compareció en el acto de juicio. El 22 de junio de 2016 el juzgado concedió diez días a las partes para formular conclusiones, pero finalizó el plazo a principios de septiembre sin que el Ayuntamiento presentase el oportuno escrito, con lo que el procedimiento está concluido y listo para sentencia, con muy buenas perspectivas para el sancionado», afirma Miguel Tuells.

Según la exalcaldesa, los comentarios efectuados por Juanjo Ferrer no son sino «un intento de camuflar su incapacidad de gestión», pues es «inconcebible que los vecinos tengan que esperar más de un año para conseguir una licencia de obras», denunció Gutiérrez.

2016-11-26 | Etiquetes: , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

El PP de Sant Antoni perdonó multas por 270.000 ¤, según el Ayuntamiento

(Diario de Ibiza, 25/11/2016)

Juanjo Ferrer desvela que el anterior equipo ordenó no cobrar sanciones cuando ya estaban tramitándose

joan lluís ferrer. El concejal de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, denunció ayer en el transcurso de una rueda de prensa sobre presupuestos que «miembros del anterior equipo de gobierno dieron instrucciones para que no se cobraran sanciones importantes». Ferrer hizo esta afirmación cuando explicaba que parte de las dificultades económicas que arrastra el Ayuntamiento se deben a sanciones que nunca han llegado a ser cobradas.

En concreto, y según explicó posteriormente Ferrer, «algún concejal» del equipo de la exalcaldesa Pepita Gutiérrez habría ordenado a los servicios técnicos del Ayuntamiento que dejaran de tramitar una sanción abierta contra una empresa de materiales de construcción situada a la entrada del casco urbano –Big Mat– por haber ampliado sus instalaciones de forma ilegal.

La sanción impuesta por esta infracción urbanística alcanzaba los 230.000 euros, precisó Ferrer. El denunciado había presentado un recurso judicial contra la sanción, que todavía no ha sido resuelto, pero a pesar de ello desde el equipo de gobierno se ordenó que se dejara sin efecto la multa, relató el concejal de Urbanismo y Actividades, quien aseguró haber conocido estos hechos directamente por el testimonio del empresario sancionado.

Cuenta embargada

El nuevo equipo de gobierno, en vista de que se iban a perder estos ingresos, decidió embargar una cuenta corriente del empresario, de la que sólo se han podido recuperar unos 9.000 euros de los 230.000 que debía pagar el infractor.

Juanjo Ferrer confirmó que no existe en el Ayuntamiento acto administrativo alguno que ampare la decisión del anterior equipo de gobierno de dejar sin efecto la tramitación de esta sanción económica.

Por otra parte, una situación parecida se ha detectado con dos sanciones impuestas a un conocido hotel-discoteca del casco urbano, el Ibiza Rocks. Dicho establecimiento fue objeto de una multa por importe de 21.000 euros y otra por valor de 22.000 euros en concepto de ruidos. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno progresista se dio cuenta, cuando sólo faltaban dos días para que prescribieran estas multas, de que no se habían cobrado aún. Por ello, pudo reactivarse a tiempo el expediente y continuar con el proceso que ha de conducir al cobro de estas cantidades, indicó Juanjo Ferrer. El edil, sin embargo, no pudo confirmar si el dinero se ha recaudado ya o no.

«No había seguimiento»

El concejal de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni expresó su temor de que estos no sean los únicos casos de sanciones que estén quedando sin ingresar en las arcas municipales, puesto que «no se hacía un seguimiento de los expedientes» y a menudo se dejaban morir sin que el infractor llegara a pagar. De hecho, los propios concejales del anterior mandato municipal, confirmaban en los plenos la bajísima proporción de denuncias abiertas por la Policía Local que acababan en multa.

Juanjo Ferrer y el concejal de Hacienda, Fran Tienda, explicaron que es su intención reactivar la efectividad de la tramitación de los expedientes sancionadores, puesto que se trata de una fuente de ingresos para el Ayuntamiento, afectado por graves estrecheces económicas derivadas de sus elevada deuda, que el equipo de gobierno trata de ir reduciendo.

2016-11-25 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

El Consorcio suma 733.000 ¤ de multas sin cobrar y casi la mitad no prevé ingresarlas

(Menorca, 25/11/2016)

El ente de legalidad urbanística en rústico ha cobrado solo un 5% de las sanciones impuestas desde su creación

Javier Gilabert. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico acumula, desde su creación en 2005 y hasta el cierre del año pasado, un total de 733.600 euros en multas pendientes de cobrar, 675.835 euros correspondientes a ejercicios anteriores a 2015 y otros 57.765 relativos al año pasado, según figura en la liquidación contable de 2015, año en que el ente manejó un presupuesto de 255.000 euros, prácticamente un tercio de las cantidades que tiene derecho a ingresar.

La documentación de la liquidación contable del ente, presente en las Cuentas Generales del Consell del último año cerrado –que se encuentran en exposición pública– muestra como de los 675.835 euros pendientes de cobrar de ejercicios anteriores a 2015 casi la mitad, 324.044 euros, son considerados de «difícil o imposible cobro». El cálculo está realizado basándose en los criterios de la Ley Montoro, que obliga a realizar una previsión de lo que dudosamente se podrá cobrar atendiendo a la antigüedad de las infracciones pendientes.

Previsión optimista

No obstante, el informe de Intervención advierte de que esos criterios marcados, encaminados a realizar previsiones reales de tesorería, son «de mínimos» y que la cantidad resultante de su aplicación «puede considerarse optimista», lo que da a entender que el porcentaje de las sanciones que difícilmente se podrán cobrar sería superior de aplicarse criterios propios del Consorcio, como recomiendan desde Intervención.

La relación de sanciones por infracciones urbanísticas anteriores a 2015 muestra un total de 37 multas impagadas, referentes a expedientes que se remontan hasta el año 2001 (aunque el Consorcio se creó en 2005 heredó algunos expedientes de los ayuntamientos). Así, se contabilizan sanciones referentes a los años 2002, 2003 y 2004, aunque es 2006 el año que acumula más infracciones impagadas, un total de ocho. Los importes de las multas se mueven en una horquilla que va de los 51,94 euros hasta los 78.791 euros.

Esos 733.600 euros pendientes de cobro por multas urbanísticas en suelo rústico contrastan con las cantidades que efectivamente se ha logrado ingresar, en total 38.449 euros, lo que supone un porcentaje de recaudación de las sanciones impuestas que no supera el cinco por ciento. Según figura en la liquidación de 2015, el año pasado se lograron ingresar 15.517 euros, mientras que en los años anteriores se ingresaron 22.932 euros.

2016-11-25 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Sant Josep: el Colegio de Arquitectos aún no aclara si acusará en el caso Huerta

(Diario de Ibiza, 24/11/2016)

La fiscal desecha los testimonios de algunos arquitectos por el hecho de que el órgano colegiado no abrió expediente disciplinario ni declaró incompatibles los proyectos de Fernández en Sant Josep

Eugenio Rodríguez. La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos aún no aclara qué criterio adoptará en el caso Huerta: si presentará escrito de acusación contra los imputados, o algunos de ellos, o si seguirá el ejemplo de la Fiscalía y pedirá el archivo de toda la causa.

La primera reacción de los arquitectos de las Pitiusas a la decisión del Ministerio Público de pedir el sobreseimiento del proceso fue de «sorpresa», pero su presidente, Iván Torres, dijo que no se podía pronunciar sobre ello hasta la semana que viene, cuando se reúna la junta de gobierno del órgano colegiado para analizar el contenido del informe de la fiscal y decidir qué camino seguir.

El Colegio de Arquitectos ejerce la acusación particular. Tras una denuncia inicial del grupo ecologista GEN-GOB sobre unas obras en Cala Molí, los arquitectos ampliaron la causa para tratar de atajar el monopolio que, según estos, presuntamente mantenía Huerta en Sant Josep con la ayuda de su entorno pese a ser incompatible con su función pública. Para ello, en marzo de 2003 presentaron en el juzgado una grabación de vídeo y audio efectuada por una agencia de detectives en el que se constataba «indiciariamente», según la fiscal, cómo Huerta utilizaba su condición de arquitecto municipal para la venta y promoción de terrenos en Sant Josep.

Testimonios de arquitectos

Diversos miembros del Colegio de Arquitectos declararon como testigos durante la instrucción y, según relata la fiscal, «algunos de ellos pusieron de relieve el descontento y las quejas sobre la situación que se daba en Sant Josep con el monopolio del entorno de Huerta en la presentación de proyectos». Algunos testigos apuntaron las similitudes entre los proyectos que se presentaban con los que antes de ser arquitecto municipal firmaba Antonio Huerta.

Una exempleada del despacho de Huerta dijo que era el exarquitecto municipal quien en realidad diseñaba los proyectos, pero que los firmaban otras personas, como la que era entonces la pareja sentimental de su hijo, Pilar Fernández, también imputada en la causa. Sin embargo la fiscal desecha este testimonio porque fue despedida y, además, nunca se la dio de alta en la Seguridad Social. «Existen dudas acerca de la verosimilitud de su declaración», argumenta la representante del Ministerio Público.

Del mismo modo, la fiscal destaca que un miembro de la oficina Deontológica del Colegio de Arquitectos declaró en julio de 2008 que los proyectos que presentaba Fernández «no eran rechazados por incompatibilidad, razón de más», resalta en su informe, «para no dar apoyo a las declaraciones anteriores, ya que pudiendo hacerlo no lo hicieron ni tampoco se le abrió expediente disciplinario [a Fernández] por estos hechos».

Antonio Huerta, que falleció el pasado mes de enero, ejerció de arquitecto municipal en Sant Josep entre julio de 1996 y diciembre de 2006, cuando dimitió, días después de que este diario divulgara el contenido del audio y vídeo grabado por los detectives contratados por el Colegio de Arquitectos.

Durante un periodo de seis años, según relata la fiscal, la pareja del hijo del arquitecto municipal presentó 52 proyectos en Sant Josep, entre ellos el de Cala Molí y Cala Carbó cuyas obras fueron paralizadas por diversas irregularidades. El propio Huerta, pese al vínculo familiar con la autora del proyecto, hizo informes sobre el de Cala Carbó.

Cambios de fiscales

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep está personado en la causa, pero sólo como observador, sin capacidad para pedir diligencias. En su día, el juzgado rechazó que pudiera ejercer la acusación popular al entender que durante la instrucción de la causa se podría deducir alguna responsabilidad de la Administración. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento, según fuentes judiciales, podría solicitar de nuevo ejercer la acusación popular si considerase oportuno presentar escrito de acusación. Aún no se ha tomado ninguna decisión.

La Fiscalía destaca en su informe la larga duración de la instrucción (más de 10 años) con «el efecto negativo» que esto supone, además de algunos «errores», como en el cálculo de los ingresos de las sociedades vinculadas a la familia Huerta, cometidos durante la investigación. El Ministerio Público cree, entre otras cosas, que no hay pruebas suficientes, sólo «meras sospechas», para sentar en el banquillo de los acusados a los imputados.

La fiscal que entiende que el caso se debe cerrar sin consecuencias no es la que impulsó la investigación. Además de por las manos de diversos fiscales, la larga instrucción también ha sufrido diversos cambios de jueces. 

El exaparejador municipal, exculpado de prevaricación

La Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa para todos los investigados, entre ellos el exaparejador municipal Julio Blanco, ya jubilado, al que se le imputaba supuestamente un delito de prevaricación por haber informado a favor de la construcción de una urbanización en Cala Molí sin tener en cuenta que una parte invadía una zona protegida (ANEI). Cuando se paralizaron las obras, Blanco asumió «el error», que atribuyó a que el Plan Parcial, de 1991, recogía que la zona afectada por la ANEI era urbana. Pidió un dictamen jurídico para aclarar si se podía considerar o no urbano.

La fiscal sostiene que para la comisión de un delito de prevaricación «no basta una mera irregularidad urbanística o discordancia interpretativa de las normas». Por ello, entiende que se debe archivar.

Sí pide al Consell que abra expediente para restablecer la legalidad por la vía administrativa de 18 licencias irregulares informadas por Blanco cuyos expedientes fueron requisados durante el registro del Consistorio. La fiscal apunta que estos casos no se pueden instruir por la vía penal porque habría prescrito.

Sant Josep: la Fiscalía pide el archivo del caso Huerta para todos los imputados

(Diario de Ibiza, 23/11/2016)

El Ministerio Público apunta falta de pruebas y «errores» en la instrucción, que ha durado más de 10 años | Se investigaba una supuesta trama del exarquitecto municipal de Sant Josep, ya fallecido, para monopolizar los proyectos en este municipio

Nota de Disúrbia: encara que sovint es diu que el dret penal és la solució per a la ineficàcia administrativa a l'hora de perseguir les infraccions urbanístiques, també hi ha exemples d'actuacions penals que es mostren impotents per posar remei a aquestes il·legalitats.

Eugenio Rodríguez. La Fiscalía de Ibiza pide el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra todas las personas imputadas en el caso Huerta por «no existir indicios de la comisión de los delitos por los que se incoó el procedimiento». Así, la continuidad del proceso, la celebración de juicio, depende ahora de si el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Sant Josep, personados en la causa, presentan escrito de acusación.

La instrucción, que se ha prolongado «desgraciadamente», según destaca el Ministerio Público, durante más de una década, se inició en octubre de 2005 a raíz de una denuncia del grupo ecologista GEN-GOB por un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por una construcción en Cala Molí.

A partir de ese momento se inició una investigación contra el exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz (falleció el pasado 5 de enero) por supuestamente dirigir una trama, aprovechando su condición de funcionario, para monopolizar los proyectos arquitectónicos que se ejecutaban en Sant Josep. En seis años, se presentaron 52 proyectos en Sant Josep firmados por la que era pareja del hijo de Huerta.

Precisamente, el Colegio de Arquitectos, al sentirse perjudicado, se personó como acusación particular después de aportar un vídeo grabado por una agencia de detectives en el que se veía cómo Huerta Briz utilizaba su condición de arquitecto municipal para la venta y promoción de terrenos en Sant Josep pese a ser incompatible con su función.

Delitos contra Huerta y familia

A Huerta se le imputaban los delitos de prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Al fallecer, se extinguió su posible responsabilidad criminal. A su hijo, Antonio Huerta Chamorro, y a la pareja sentimental de este y madre de sus hijos, Pilar Fernández, se les consideraba presuntamente cooperadores necesarios de los delitos anteriores y blanqueo de capitales, mientras que a su esposa, Rosario Chamorro, se le atribuía el delito de blanqueo de capitales por ser la administradora de hecho de las sociedades.

Aparte de los tres familiares de Huerta, también figuraban en la causa como imputados el exaparejador municipal de Sant Josep Julio Blanco, el exconcejal de Urbanismo del PP José Marí Ribas, Reganes, y dos empresarios: el empresario Alberto Torres y el promotor Raimund Günter Schreck.

La Fiscalía apunta que el delito que se podría haber imputado a Fernández (no se hizo) con visos de prosperar, el de ordenación del territorio (por los proyectos de Cala Molí y Cala Carbó), habría prescrito, al tiempo que apunta una serie de deficiencias y «errores» durante la instrucción que imposibilitan «convertir las meras sospechas en indicios suficientes». Por ejemplo, en el caso de el hijo, la nuera o la esposa de Huerta, no se hizo una investigación patrimonial independiente para relacionarla con actividades delictivas del exarquitecto municipal, lo que echa por tierra, dice la fiscal, su posible acusación por blanqueo de capitales.

También apunta que algunos testimonios destacados «no han podido ser contrastados», como el de una delineante, empleada de Huerta, que declaró que los proyectos que se presentaban en Sant Josep los hacía el exarquitecto municipal, pero los firmaban otras personas, entre ellas Fernández. La fiscal argumenta que esta testigo «fue despedida, nunca se le dio de alta en la Seguridad Social por parte de Huerta y, por tanto, existen dudas acerca de la verosimilitud de su declaración».

Del mismo modo, la prueba caligráfica efectuada por la Guardia Civil concluye que algunas de las firmas analizadas de Huerta, su esposa, su hijo y su nuera «no fueron ellos sus autores», pero tampoco aclara quien pudo hacerlas.

12,9 millones de ingresos

Inicialmente, la Guardia Civil y la Agencia Tributara calcularon unos ingresos personales y de las sociedades vinculadas a la familia Huerta de 15,7 millones de euros en un periodo de «unos nueve o diez años». Posteriormente, a raíz de los recursos presentados por la defensa de los investigados, dicha cifra se rebajó a 12,9 millones, ya que el equipo que realizó el informe patrimonial aceptó que había habido un error de cálculo y lo rectificó, según relata la fiscal, que también apunta «pagos o entradas contabilizados erróneamente en más de una ocasión (traspasos del mismo dinero entre diversas cuentas)». Además de señalar que no se pidió en el Juzgado los soportes documentales de los movimientos bancarios, pese a que la Guardia Civil lo consideraba necesario, para verificar los cálculos, la Fiscalía apunta que durante la investigación se cometió «el error de suponer que todos los abonos eran ilícitos sin que se haya demostrado este extremo».

El Consell debe perseguir 26 infracciones urbanísticas

La fiscal solicita que se abra expediente de infracción por 8 licencias ilegales informadas por Huerta y 18 por Blanco

El Consell de Ibiza, a requerimiento del juzgado, hizo un informe sobre 38 expedientes urbanísticos incautados en octubre de 2008 durante las entradas y registros efectuados por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep y las viviendas y despachos de Huerta y su familia, en el que advertía de que se habían concedido 26 licencias «contrarias a la normativa urbanística», algunas informadas por el difunto Huerta Briz (ocho) y otras (18) por el exaparejador municipal Julio Blanco. Este último dejó hace unos años el Consistorio tras jubilarse.

La Fiscalía sostiene que los permisos de obra informados irregularmente por Huerta Briz, a causa de su fallecimiento, no pueden tener ninguna consecuencia penal, mientras que las que firmó Blanco tampoco ya que habrían prescrito tras haber pasado más de 10 años desde que firmó los informes favorables. Desde entonces ni se ha iniciado acción alguna contra él ni se le ha tomado declaración por estos hechos.

No obstante, la fiscal recuerda que, según la Ley de Disciplina Urbanística, «algunos actos de esta naturaleza no prescriben administrativamente». «Por ello se interesa que se dé cuenta de las mismas al Consell de Ibiza para que se inicien, si procede el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, ya que dichos actos podrían constituir infracciones urbanísticas graves», apunta el Ministerio Público.

Además, la fiscal pide que el Consell dé cuenta del desarrollo de dichos expedientes de infracción urbanística mediante informes «al menos semestrales».

La «sorprendente» imputación del exedil Marí Ribas del PP

La imputación del exconcejal de Urbanismo José Marí Ribas, ´Reganes´, del PP, como cooperador necesario de un delito de prevaricación urbanística al participar en una comida en es Boldadó con Huerta tras una visita de obra a la urbanización de Cala Molí fue «sorprendente», según la fiscal, «por lo vago e imprecisa» que resulta ya que «la única participación fue ´estar allí´, en la comida, sin que se practicara ninguna diligencia para esclarecer los hechos ni se precisara la conducta que supuestamente tuvo». En su declaración ante el juez, ´Reganes´ negó que en esa comida se hubiera abordado negocio alguno.

El hotelero Alberto Torres, al que se le imputaban los delitos de cohecho y tráfico de influencias, también estuvo en esa comida, en la que, según denunció un testigo, se negoció la recepción de las obras de Cala Molí. Su incriminación se fundamentaba en la acusación de un antiguo empleado, que no resulta creíble para la fiscal, ya que este tenía «sentimientos espurios» hacia Torres. De hecho, la fiscal apunta que «las fechas no cuadran y menos los tratos o negociaciones, por las que se le imputaba el cohecho, ya que las obras no fueron recepcionadas después de la comida e influyó el informe desfavorable de Huerta».

Palma: el precinto de las obras en el Gran Casino se hizo según la ley

(Diario de Mallorca, 23/11/2016)

E.P. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha declarado en la sentencia 439/16, dictada el pasado 18 de noviembre, que el precinto de las obras del Gran Casino Teatro Balear, que se llevaban a cabo en la plaza del Comtat de Rosselló, se hizo según la ley. De esta manera, según informó ayer Cort en un comunicado, el juzgado rechaza el recurso que había presentado la promotora contra este precinto. El demandante alegaba que el Ayuntamiento no había notificado con anterioridad la suspensión de las obras y que la entrada de los funcionarios que procedieron al precinto se hizo sin su consentimiento ni autorización.

2016-11-23 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

El Consorcio impondrá grandes multas por desoír las órdenes de demolición en rústico

(Menorca, 17/11/2016)

Busca reactivar expedientes que arrastra desde 2006 y advierte de que ninguno supera el plazo de prescripción

Javier Gilabert. Los autores de construcciones ilegales en suelo rústico sobre los que pese una orden firme de demolición tendrán que hacer frente a grandes multas si no la ejecutan. El Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico de Menorca anunció ayer el inicio de una campaña de multas coercitivas que pueden alcanzar hasta el 120 por ciento del coste de la obra ilegal.

Los infractores recibirán un requerimiento del órgano de legalidad urbanística en rústico en el que se les advierte de que, en virtud de mecanismo administrativo abierto por la Ley del Suelo de 2014, se les impondrá una sanción del diez por ciento del valor de las obras objeto de expediente de demolición, una cantidad que en ningún caso bajará de 600 euros y que se repetirá hasta en doce mensualidades hasta que se lleve a cabo el derribo.

2016-11-17 | Etiquetes: , , | Categories: Menorca | Enllaç

La Justicia deja sin efecto una orden de demolición de Sant Antoni por tardía

(Diario de Ibiza, 16/11/2016)

La edificación de una vivienda, almacén y piscina ilegalizables se salda con una multa de 24.870€

Eugenio Rodríguez. Los juzgados de lo Contencioso Administrativo número 1 y 3 de Palma anularon el año pasado en sendas sentencias el acuerdo de la Junta de Gobierno de Sant Antoni de febrero de 2012 que ordenaba la demolición de diversas construcciones ilegales (se edificaron sin licencia) en una finca en Buscastell: una vivienda, un almacén y una piscina de 81, 16 y 20 metros cuadrados, respectivamente.

Las dos sentencias basaban el fallo en que el Consistorio había requerido a la propiedad el derribo de las edificaciones ilegales cuatro años después de la apertura del expediente de infracción urbanística (25 de febrero de 2008), cuando el plazo caducaba un año después.

Entonces, el Ayuntamiento justificó que sólo después de cerrar el procedimiento sancionador, que se inició en abril de 2010 (dos años después de la apertura del expediente de infracción urbanística y cuando ya había caducado), estuvo «en condiciones de iniciar el restablecimiento de la legalidad urbanística», es decir, de dictar la orden de demolición.

Obras ilegalizables

Sin embargo, uno de los fallos judiciales señalaba que «no es cierto que no pudiera iniciarse o seguirse el procedimiento [de infracción urbanística] hasta después del sancionador, pues uno y otro son independientes y, además, en septiembre de 2009 „antes de iniciarse el expediente sancionador„ el arquitecto municipal ya informó de que las obras paralizadas eran ilegalizables».

La sanción que impuso el Ayuntamiento, de casi 50.000 euros (el valor de las obras ilegales), fue reducida posteriormente a la mitad por otro juzgado (en una tercera sentencia), al considerar que «la sanción en grado máximo» resultaba «desproporcionada».

Los vecinos de la propiedad en la que se levantaron las edificaciones sin permiso denunciaron tanto al Ayuntamiento como al Consell lo que estaba ocurriendo. Según su testimonio, las obras se ejecutaron paulatinamente entre 1999 y 2005, mientras que la arquitecta municipal señaló que la fecha de finalización fue 2007. La institución insular llegó a requerir al Consistorio la apertura del expediente de infracción urbanística, que se abrió en febrero de 2008.

Los denunciantes recurrieron el acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de octubre de 2011, en el cual se resolvía el expediente de sanción, al objeto de forzar la demolición de las edificaciones ilegales. En el recurso se alegaba «la inactividad de la Administración» en la tramitación del expediente de infracción urbanística, el de 2008.

Inactividad municipal inicial

El juzgado desestimó el pasado mes de julio las pretensiones de los vecinos y descartó que hubiera habido inactividad del Ayuntamiento, ya que «el 29 de febrero de 2012 acordó ordenar la demolición de las obras sin licencia». «Resulta que aunque efectivamente tal inactividad hubiera concurrido inicialmente, el pedimento debe decaer por tal circunstancia sobrevenida», justifica la sentencia.

Anteriormente, en abril y mayo de 2015, ya se habían dictado las sentencias que anulaban la demolición y, de hecho, la defensa de los vecinos denunciantes lo alegó infructuosamente en el juzgado.

Así, en el recurso de apelación que los denunciantes han presentado en contra de la última sentencia destacan que «sorprende sumamente que [el juez] se limite a decir que el hecho de que el Ayuntamiento dictase extemporáneamente una resolución en el sentido de lo que se reclamaba [la demolición de las ilegalidades] haga innecesaria la tutela judicial que se pretendía» y recuerdan que a día de hoy (cuatro años después de la interposición del recurso) «no se ha adoptado ninguna medida para restablecer la legalidad urbanística».

En respuesta a este recurso, el Ayuntamiento pide ahora que «se confirme la sentencia». Defiende que cumplió con «todas las obligaciones que le imponía la Ley de Disciplina Urbanística» y acordó «la demolición de las obras ilegales» (anulada por los juzgados). «No existe inactividad de la Administración cuando quedó claramente acreditado que el Ayuntamiento había procedido con diligencia», defiende. El Consistorio incluso considera «inadmisible en Derecho» que el apelante pretenda no sólo la revisión de esta sentencia, sino de otras «tres firmes», dos de las cuales, precisamente, anulan la orden de derribo del propio Ayuntamiento y que este no recurrió.

«Se da por buena una actuación irregular de la Administración»

En su recurso de apelación, los denunciantes alegan que «la sentencia da por buena la actuación irregular de la Administración, que ha causado de momento la completa impunidad de la infracción denunciada durante años». «La sentencia está diciendo que si se espera que los expedientes urbanísticos caduquen para dictar las órdenes de demolición correspondientes a fin de provocar su anulación judicial, no habrá ninguna posibilidad de conseguir la práctica ejecución de ninguna medida para el restablecimiento de la realidad física alterada. Sería una actuación prevaricadora y fraudulenta que instrumentalizaría los juzgados para conseguir esta finalidad bastarda», apunta el recurso, que insiste en que sólo se pretende conseguir el derribo de unas obras que «nunca se han considerado que fueran legalizables». «Dicho de otra manera, la sentencia legaliza y declara conforme a derecho una actuación del todo negligente», añade.





		

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