Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Los afectados por el cierre de marinas secas llaman a una ‘tractorada’ frente al Ajuntament d'Andratx

(Última Hora, 18/10/2019)

P. Aguiló Mora. Los afectados por el cierre de las marinas secas situadas en los aledaños de la carretera del Port d’Andratx han convocado, para el próximo viernes, una concentración con camiones, excavadoras, remolques con embarcaciones y demás maquinaria frente a la sede del Ajuntament.

La Asociación de Afectados en Suelo Rústico de Mallorca [Nota de Disúrbia: això és surrealista...] ha pedido una reunión el próximo viernes con miembros del equipo de gobierno liderado por la alcaldesa Katia Rouarch (PI) para exigir que el Consistorio presione ante el Consell de Mallorca para que el pleno de la institución insular apruebe esta legislatura el interés general que, para las actividades de mantenimiento y almacenamiento de embarcaciones de recreo, prevé el nuevo Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT).

Asimismo, hasta que se apruebe el mencionado interés general, los afectados por el cierre de las marinas secas solicitan la adopción de una medida cautelar [Nota de Disúrbia: què!?] que les permita seguir adelante con una actividad económica cuya clausura –entre empresarios, trabajadores y clientes– afecta a unos 300 residentes del municipio, sostienen los convocantes de la concentración.

En el transcurso del encuentro con los dirigentes políticos del Ajuntament d’Andratx, los representantes de la Asociación de Afectados en Suelo Rústico de Mallorca, también instarán al equipo de gobierno a que adapte a las nuevas Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio los polígonos de uso terciario, en cuyas parcelas se desarrolla una actividad de almacenamiento de desmontes, material de construcción y estacionamiento de maquinaria, y que, como la que se despliega en las marinas secas, también ha sido clausurada.

Durante la pasada legislatura, el Consistorio se vio obligado a decretar el cierre de las marinas secas (una decisión ratificada recientemente por los tribunales) por su actividad sobre suelo rústico. Sin embargo, consciente del importante impacto económico y laboral que estas instalaciones tienen sobre Andratx, el anterior teniente de alcalde de Urbanismo, Jaume Porsell (PP), reclamó al Consell una regulación menos restrictiva en relación al emplazamiento de los mencionado depósitos de mantenimiento e hibernación de lanchas, yates y veleros.

En las alegaciones entonces presentadas a la redacción del PIAT, Porsell también reclamó que se sometiera a reconsideración la obligación de situar las marinas secas a una distancia máxima de tres kilómetros de la zona portuaria del Port d’Andratx.

Una medida, a juicio del ex edil de Urbanisme, demasiado restrictiva para el municipio, teniendo en cuenta la configuración de su territorio, en lo que se refiere a su orografía y calificación del suelo.

2019-10-19 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep paraliza las obras del edificio de viviendas Vadella 24 que invade el torrente

(Diario de Ibiza, 12/10/2019)

El Ayuntamiento iniciará la revisión de la licencia, que podría ser «nula», al carecer de la preceptiva autorización de la dirección general de Recursos Hídricos. El Ayuntamiento se enfrentará a una indemnización si revoca el permiso de obra

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ordenó ayer mediante un decreto la paralización de las obras de la promoción Vadella 24, que se construye en la desembocadura del torrente de Cala Vedella, por carecer de la correspondiente autorización de la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria balear de Medio Ambiente.

Actualmente estas obras están paradas por el bando municipal que impide trabajos de construcción durante la temporada de verano en zonas turísticas. Esta prohibición se levanta el martes, pero la constructora no podrá retomar los trabajos tras la orden de paralización del Consistorio, que, además, iniciará un expediente de revisión de la licencia, ya que el informe técnico apunta que podría ser «nulo». Azur Estates ya comercializa esta promoción cuya construcción se inició hace unos meses.

La promotora de la promoción de Vadella 24 es la misma que la que desarrolla el proyecto Vadella 64 que se está investigando en el juzgado por una supuesta estafa al comercializar como viviendas estudios de uso comercial.

Si, finalmente, el Consistorio revoca el permiso de construcción, se enfrentará al posible pago de una indemnización. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, explica que, previamente, el Consell Consultiu deberá emitir un informe para determinar si se debe o no anular la licencia, otorgada en el año 2001 por el gobierno municipal del PP.

Este permiso de obra ampara la construcción de dos edificios para 20 apartamentos, 28 estudios, locales, piscina y aparcamiento público. Un bloque (25 estudios y cinco locales) que se encuentra en una esquina junto a la playa ya está construido y recientemente obtuvo el final de obra por parte del Ayuntamiento.

El caso Huerta

El proyecto lo firmó Pilar Fernández, la que era nuera del difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta, y que estaba implicada en una supuesta trama urbanística que ha sido declarada prescrita por la juez antes del juicio.

La dirección general de Recursos Hídricos requirió al Ayuntamiento a finales de abril, a raíz de una denuncia ciudadana, que paralizara las obras tras comprobar que carecía de la autorización de este departamento. Como la licencia se concedió con posterioridad a la aprobación de la ley de Aguas, era preceptiva esta autorización.

Un mes antes, el portavoz del grupo del PP, Javier Marí, preguntó en el pleno del Ayuntamiento si las obras de ampliación de la depuradora de Cala Vedella (es privada), que se encuentra también en el torrente, a pocos metros de la promoción Vadella 24, contaban con la autorización de Recursos Hídricos. Guerrero explicó que las obras estaban amparadas sólo en una comunicación previa de obras. Recursos Hídricos tampoco autorizó estas obras, que fueron también paralizadas por orden municipal tras constatar, además, que la excavación que se estaba llevando a cabo en el terreno (el lecho del torrente) se excedía de lo previsto en el proyecto. Este proyecto está paralizado desde principios de abril.

Disputa por la licencia de obra

En el caso de Vadella 24, se da la circunstancia de que la entidad urbanizadora de Cala Vedella (UMSA) vendió este solar a Vadella Mediterranean Home S.L., que es la que ejecuta y comercializa la promoción (a través de Azur Estates). Esta entidad mantiene una disputa con otra sociedad (Atica del Noroeste S.L.), que es la que ha construido el bloque de estudios ya acabado y que es el titular de la licencia de obras.

El Consell de Ibiza reclamará al Govern que elimine las cédulas de habitabilidad

(Diario de Ibiza, 28/09/2019)

El grupo del PSOE propone en el pleno que se deroguen las de primera ocupación, pero el PP rechaza un acuerdo porque quiere que se extienda también a las de renovación y carencia

El gobierno del Consell de Ibiza solicitará formalmente al Govern balear que modifique la normativa para que elimine la obligación de expedir las cédulas de habitabilidad. El conseller de Territorio, Mariano Juan, explicó que este trámite es «anacrónico» y, además, los ayuntamientos ya lo tramitan «de hecho» a través de la concesión del final de obra y la licencia de primera ocupación.

Actualmente hay un millar de solicitud de cédulas de habitabilidad pendientes de resolución. Tres cuartas partes de las mismas se corresponden con cédulas de renovación (caducan a los 10 años) o carencia (para tramitar una actuación en una casa antigua) y cuya tramitación se demora hasta más de un año. En cambio, la expedición de las de primera ocupación «no son un problema» ya que se tarda una media de dos semanas. [Nota de Disúrbia: el debat sobre la continuïtat o no de les cèdules és legítim si es planeja respecte a les seves finalitats i la seva eficàcia, però és groller si es redueix a l'eliminació de feina per a funcionaris en corporacions mal estructurades i pitjor gestionades...]

Los tres grupos políticos del Consell fracasaron ayer en el pleno al intentar consensuar una propuesta del PSOE para delegar a los ayuntamientos este trámite, tal como permite la ley, y evitar con ello una duplicidad y una pérdida de tiempo de los ciudadanos, según explicó el conseller socialista Vicent Tur. La moción del PSOE, que también preveía instar al Govern balear a eliminar las cédulas de habitabilidad de primera ocupación, no salió adelante porque el PP pedía que dicha derogación se extendiera también a las de renovación y carencia.

Disciplina urbanística

Tur justificó la negativa de su grupo a aceptar la propuesta del PP porque la expedición de las cédulas de renovación y carencia «permite un control de disciplina urbanística» por parte de la institución insular. Sin embargo, Mariano Juan advirtió de que, por ejemplo, en el caso de una casa payesa antigua (para la tramitación de una cédula de habitabilidad de carencia) en la que exista una infracción urbanística, esta «seguramente habrá prescrito hace 20 años».[Nota de Disúrbia: però continuarà en situació de fora d'ordenació, i això impedeix atorgar-li la cèdula, i també prohibeix autoritzar tot tipus d'obres. Quina poca cultura urbanística que tenen alguns...]

El presidente, Vicent Marí, recordó que la tramitación de las cédulas de habitabilidad «perjudica a los ciudadanos», y lamentó la falta de acuerdo político con PSOE y Unidas Podemos.

Por otra parte, Mariano Juan informó en el pleno de que el equipo de gobierno ha empezado a trabajar en la revisión del Plan Territorial Insular (PTI). Tras el pleno, el conseller aclaró a este diario que no se puede derogar la revisión de la normativa territorial aprobada por el gobierno progresista en el pasado mandato y que la nueva será la que derogará «de hecho» la anterior, que es a lo que se comprometió el PP en la campaña electoral. [...]

Escorca: una sentencia anula la última vía para construir 105 viviendas en es Guix

(Última Hora, 26/09/2019)

V. Malagón. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso 3 de Palma limpia los restos administrativos que quedaban del plan para construir 105 viviendas en es Guix (Escorca). El magistrado admite un recurso presentado por el Consell de Mallorca nada más y nada menos que en abril de 2007, cuando Maria Antònia Munar era presidenta del Consell y Bartomeu Vicens conseller de Territori. La sentencia anula la licencia de obras que hace trece años había concedido el alcalde de Escorca para que una constructora llevara a cabo la promoción de 105 viviendas. Esa licencia seguía en vigor, si bien llevaba más de una década suspendida cautelarmente por el juzgado.

Los terrenos, que habían sido declarado protegidos, fueron desclasificados por el Consell en el Plan Territorial, en una modificación que se aprobó poco después, en 2008. Esa decisión provocó ya un procedimiento judicial que terminó cuando primero el TSJB y más tarde el Tribunal Supremo, en 2016 avalaron que ese suelo nunca llegó a ser urbano y que, por tanto, su protección por parte de la institución insular fue correcta.

La nueva sentencia señala ahora que esa desclasificación por sí misma ya anulaba la licencia que había dado el Ayuntamiento. Sin embargo va más allá: considera que el permiso era nulo de pleno de derecho incluso si no se hubiera protegido el suelo. Entiende que dar una licencia para construir en es Guix chocaba con una normativa de 1991 que ya declaró toda la Serra como paraje natural y, por tanto, suelo rústico protegido.

El atajo de la constructora y del Ayuntamiento para defender la licencia era plantear que se trataba de un suelo que ya era urbano antes de esa declaración. El anterior procedimiento ya resuelto por el Supremo negaba esa condición porque carecía de los servicios necesarios.

Durante años, Consell y Govern financiaron la construcción de distintos servicios. Sin embargo, en 1991 no estaban todos: faltaban redes de alcantarillado o de agua. Para el Consistorio en los años sesenta ya había un núcleo.

La nueva resolución incide en que no tenía la condición de suelo urbano y que, por tanto, «la licencia otorgada, al tener por objeto un espacio natural protegido, incurre en nulidad de pleno derecho de inicio».

Esa ilegalidad de la licencia, que se aprobó mediante un decreto de alcaldía, lleva aparejadas también consecuencias de cara a una posible indemnización para la constructora por la declasificación del suelo. La resolución, en la línea de lo que habían establecido TSJB y Tribunal Supremo, concluye que no se han suprimido unos derechos de edificación sino que estos nunca fueron legales.

La empresa estimaba la cuantía del procedimiento en más de siete millones de euros. Esa posible responsabilidad patrimonial no llega ni siquiera a ser analizada por la sentencia en base a esa nulidad, aunque la promotora había alegado en este sentido.

Santa Eulària: la Audiencia obliga a repetir el juicio contra Matthias Kühn por las obras de Tagomago

(Diario de Ibiza, 18/09/2019)

El tribunal balear anula la sentencia que condenó al promotor y al constructor a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio

Eugenio Rodríguez. La Audiencia Provincial anula la sentencia y obliga a repetir el juicio contra el promotor que explota la vivienda del islote de Tagomago, Matthias Kühn, y el constructor que ejecutó las obras ilegales en este inmueble, Guido Hecker. Ambos fueron condenados, en enero de 2018, por un delito contra la ordenación del territorio a una pena de seis meses de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros y la inhabilitación durante dos años para ejercer la profesión de promotor y constructor.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial estima el recurso de la Fiscalía en el que defendía que la resolución de la titular del Juzgado de lo Penal número 2, Martina Rodríguez, debería haber acordado la demolición de las obras ilegales. Ante la falta de motivación jurídica sobre este asunto, el representante del Ministerio Público reclamó la nulidad de la sentencia o bien el dictado de una nueva que acordara el derribo de las obras ejecutadas sin licencia, en un espacio natural protegido, entre los años 2007 y 2008.

La Audiencia se inclina por la repetición del juicio (a cargo de la misma magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de Ibiza) porque, además, el abogado de Matthias Kühn (el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach) alegó, en otro recurso, que entendía que la juez, para condenar a su defendido por un delito contra la ordenación del territorio había aplicado el Código Penal de 1995, en lugar de la reforma de 2010, «más beneficiosa para el acusado» al entender que las obras realizadas podrían ser legalizables.

El tribunal balear considera que se debe repetir el juicio porque no existe un cauce procesal para paliar «la falta de audiencia de los acusados sobre la elección de la legislación aplicable». En cambio, la Audiencia desestima el recurso de Kühn y también el del constructor en los que se alegaba que los hechos juzgados habrían prescrito.

Tras la repetición del juicio, en el caso de que se condene a los acusados, la magistrada deberá «motivar adecuadamente» si se deben o no derribar las obras ilegales. El tribunal balear tiene en cuenta que la magistrada de primera instancia «no ofreció motivación alguna al respecto» y agrega que, según su criterio, «la demolición debe ser considerada como la única medida que evita que el daño al bien jurídico se perpetúe, debiendo constituir la regla general», salvo que las obras, en el momento de dictarse la sentencia, pudieran ser legalizables, de lo cual «no existe constancia».

Las obras sin licencia

Las obras ejecutadas en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) del más alto nivel de protección, además de formar parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados adyacentes a la vivienda (una zona embaldosada dividida en dos niveles unidos por una escalinata de cinco escalones y una terraza que bordea la parte posterior de la casa.

También se levantó un muro de nueve metros de longitud por tres de altura y, en la parte trasera de la vivienda, se construyó un camino de piedra y cemento de 1,5 metros de ancho y 20 de largo que la unían a otras construcciones que albergaban los aparatos de aire acondicionado, lavadoras y grupos electrógenos. Se aumentó la altura de dicha construcción para proteger el grupo electrógeno y almacenar combustible. Asimismo, se pavimentó un camino de unos 80 metros para unir la casa con el camino del faro y se construyó en la zona del puerto una caseta de piedra y cemento (de 1,20 metros de ancho y 1,50 de ancho) para guardar un motocarro.

El promotor presentó un proyecto de legalización ante la conselleria balear de Medio Ambiente, que informó favorablemente en junio de 2012, aunque es el Ayuntamiento de Santa Eulària el que debe otorgar la licencia.

La Audiencia Provincial recuerda otra sentencia del mismo tribunal (de la sección primera), de septiembre de 2010, que señalaba que «uno de los problemas más acuciantes que afecta actualmente al territorio nacional y a esta Comunitat Autònoma [en la que el suelo es muy escaso] es el del urbanismo descontrolado», al tiempo que apunta otro fallo judicial de la misma institución judicial, que destaca que «constituye un principio general que del acto ilícito no puede nacer un derecho». «Se daría, además, un mensaje pernicioso a la sociedad si tras la imposición de la pena, el delincuente pudiera retener el resultado de su delito... Y, finalmente, con la demolición se refuerza positivamente a la ciudadanía que sí cumple con la normativa urbanística, solicitando las preceptivas licencias y abonando los impuestos correspondientes».

Por ello, la sentencia de la Audiencia Provincial concluye que «no es aceptable» la alegación de que corresponde «a la Administración exclusivamente el control de sus actos administrativos y que debe ser ella la que en su caso proceda a la demolición» y agrega que, según su criterio, el legislador penal «no debe esperar» a que se pronuncie la jurisdicción contencioso-administrativa (sobre la demolición de las obras ilegales) «para decidir si existe el ilícito penal e imponer las consecuencias reparadoras que del mismo se deriven».

Sobre esta cuestión, el fallo judicial abunda en que «la demolición será la regla general ante la comisión de los tipos penales del artículo 319 del Código Penal [contra la ordenación del territorio] y ello porque la reparación del daño y su restitución sólo podrá llevarse conforme a los artículos 109 y 110 mediante la demolición de la obra ilícitamente construida y constitutiva de delito».

Sant Lluís: el TSJB confirma la anulación del interés general del parque acuático de Biniancolla

(Menorca, 11/09/2019)

Ahora queda apelar al Supremo para no tener que demoler la instalación e intentar evitar que el Consell pague una millonaria indemnización

Javier Gilabert. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado el recurso interpuesto por el Consell, el Ayuntamiento de Sant Lluís y la sociedad Promoción y Desarrollo Turístico de Menorca S.L, propietaria del parque acuático de Biniancolla, contra la sentencia del pasado 28 de febrero que anulaba el interés general que la institución insular otorgó durante el mandato del PP a la construcción de esta instalación acuática aneja al Hotel Sur Menorca.

Los magistrados confirman los razonamientos de la magistrada del Juzgado número 1 de lo contencioso-adminsitrativo de Palma y dan la razón a la sociedad Delfines Centre Sport S.L., propietaria del parque acuático Aquacenter, quien primero intentó un recurso de alzada contra la resolución del Consell y luego recurrió a los tribunales al entender injusto que se permitiera levantar un parque acuático en un terreno rústico protegido.

El tribunal vuelve a recurrir a la Ley del Suelo Rústico y también analiza la Ley Turística y concluye que no está justificado que se puedan superar los parámetros urbanísticos para una instalación que, consideran, provoca un impacto letal para la flora y fauna de la zona y no puede demostrarse que contribuya a la desestacionalización de la actividad turística.

A la parte demandante, el Consell, la propiedad del parque y el Ayuntamiento de Sant Lluís, les queda ahora el recurso de casación ante el Tribunal Supremo si quieren evitar que la sentencia se ejecute y se termine teniendo que demoler la instalación, lo que buen seguro se derivaría en una millonaria reclamación por parte de la empresa.

L'Oficina Anticorrupció porta a Fiscalia un alt càrrec del Govern per indicis de delicte urbanístic

(Ara Balears, 12/09/2019)

Les declaracions de béns dels diputats es publicaran la setmana que ve

L'Oficina Anticorrupció portarà un alt càrrec del Govern a Fiscalia per indicis d'un delicte urbanístic, segons ha informat aquest dijous IB3 i ha confirmat l'ARA Balears. L'oficina dirigida per Jaume Far ha investigat dos alts càrrecs, però el més probable és que un dels casos quedi arxivat, mentre que l'altre es portarà a Fiscalia la setmana que ve. Ambdós han estat avisats de les indagacions.

"Nosaltres ho veim clar", ha manifestat Jaume Far a l'ARA Balears. Així i tot, serà Fiscalia qui "haurà de ratificar" que hi ha delicte urbanístic. L'Oficina Anticorrupció també s'ha posat en contacte amb la Fiscalia de Medi Ambient.

En aquests moments, l'Oficina Anticorrupció investiga un total de 30 denúncies, algunes de les quals fan referència a la contractació de personal i l'atorgament de subvencions. L'ens dirigit per Jaume Far també publicarà la setmana que ve les declaracions patrimonials i de béns dels diputats del Parlament balear.

2019-09-12 | Etiquetes: , , | Categories: Suprainsular | Enllaç

La fiscal de Medio Ambiente en Baleares constata avances en la demolición de obra ilegal

(Última Hora, 11/09/2019)

V. Malagón. La fiscal delegada de Medio Ambiente en Baleares, Rosario García, constata los grandes avances que se han producido para las demoliciones de obras ilegales derivadas de delitos contra la ordenación del territorio. García intervino este martes en la presentación de la nueva Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados y repasó la actividad de este área que interviene en un amplio tipo de delitos, desde maltratos animales a los vertidos de aguas fecales como los que han desembocado en el ‘caso Emaya’.

La fiscal señaló que los dos asuntos más frecuentes que se plantean en las Islas son los que tienen que ver con maltratos a animales y de disciplina urbanística. Sobre los segundos apuntó: «Se está demoliendo y se ha avanzado mucho». Señaló que existe un control estricto por parte de la Fiscalía de las ejecutorias de condenas por obras ilegales, «si no se hacen cumplir las condenas todo lo trabajado antes sirve de poco» y manifestó que existe ya un criterio pacífico en los juzgados de las Islas a la hora de ordenar las demoliciones.

En su intervención también aludió al ‘caso Emaya’, «de puntillas». Recordó que el caso se inició en el juzgado por la denuncia de un particular, lo que llevó a que la Fiscalía acumulara allí las diligencias informativas que mantenía abiertas tras una denuncia anterior. «No nos vino mal porque no podemos extenderlas más de seis meses». Preguntada por un caso similar en Eivissa, señaló que tuvo que ser archivado por falta de pruebas y, de forma general explicó: «No todos los vertidos constituyen un delito. Se necesita que tengan una especial trascendencia y el delito se agrava cuando supone una destrucción del medio natural y riesgo para las personas».

En esa línea apuntó a que se ha recurrido a unidades especializadas de Madrid para llevar a cabo los análisis de las muestras en el caso de Palma.

Otro de los asuntos en los que la Fiscalía de Medio Ambiente interviene son los relacionados con patrimonio. García recordó que dos grafiteros están pendientes de ir a juicio. También aludió a la «nula» comunicación con la Conselleria de Medi Ambient: «Desgraciadamente y no porque nosotros no lo hayamos intentado».

La charla de García se produjo en el acto de presentación de la nueva Comisión de Medio Ambiente del Colegio. Sus responsables, Javier Fernández Pineda y Blanca Llopis explicaron que se pretende iniciar una serie de iniciativas tanto internas como de cara a la ciudadanía, entre otras cuestiones, «presionar a los poderes públicos y administraciones» de cara a la protección del medio ambiente.





		

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