Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El Ajuntament de Son Servera paraliza las obras a Carlos Sainz al no ajustarse a la licencia

(Última Hora, 20/06/2018)

A. Bassa. El Ajuntament de Son Servera ordenó el pasado mes de mayo la paralización de unas obras consistentes en la construcción de una nueva vivienda unifamiliar en la calle sa Caleta (Costa de los Pinos), propiedad del piloto español Carlos Sainz, al no ajustarse a la licencia municipal.

Según explicó a Ultima Hora el alcalde de Son Servera, Antoni Servera, el problema urbanístico ha sido resuelto y en pocos días se levantará la suspensión y se dará la licencia. Explicó que «hubo una denuncia de un vecino y el celador visitó las obras y, al ver que no se ajustaban a la licencia, ordenó la suspensión. Se concedió, tal y como marca la ley, un plazo de dos meses para subsanar las deficiencias y así lo han hecho. Los técnicos han informado favorablemente. La normativa no permite edificaciones aisladas, que es lo que se pretendía. Se trata de cuestiones técnicas que quedan resueltas con el nuevo proyecto». La familia de Sainz cuenta con un chalet en primera línea de la Costa de los Pinos desde hace años.

El piloto pidió al Ajuntament una licencia de obra menor para hacer una modernización con una serie de reformas interiores. Se trata de un solar de 4.000 metros que se ha dividido en dos. En una parcela de 2.800 metros se conserva el chalet y en la otra parcela, donde estaba ubicada la pista de tenis, se demolió y pidió licencia de obra mayor para construir una nueva vivienda de 250 metros. Sainz deberá hacer frente a una sanción, pero al haber presentado la legalización tiene una bonificación del 95 por ciento.

Maria de la Salut abre un expediente urbanístico al portavoz del PP

(Diario de Mallorca, 20/06/2018)

Según el informe técnico, se ha realizado una ampliación sin permiso en el inmueble, cuyas obras están paralizadas

Biel Bergas. El ayuntamiento de Maria de la Salut ha paralizado las obras de la vivienda de un concejal del PP y abierto un expediente de infracción urbanística. Todo ello a instancias de una denuncia anónima que amenazaba con llevar a la corporación ante la fiscalía si no intervenía ante esta ilegalidad. Según el informe técnico en poder del Ayuntamiento, se ha realizado una ampliación en el inmueble careciendo del permiso.

Esta cuestión se debatió en el pleno del lunes a raíz de una pregunta que se hizo desde el público. Un integrante de la agrupación socialista local preguntó sobre la veracidad de esta denuncia. El alcalde, Guillem Jordà (Més), respondió afirmativamente y explicó los pormenores del tema, después de una corta pero desagradable discusión entre parte del público y algunos regidores.

El portavoz del PP Jaume Ferriol (PP), que es el regidor afectado, asegura que no hay ningún tipo de denuncia anónima y que ha sido el alcalde quien mandó a los técnicos del Ayuntamiento a realizar la visita de obra. "Es cierto que estoy llevando a cabo algunos trabajos en esta casa de mi propiedad. El proyecto que se me pedía se estaba realizando en aquel momento, y al darse cuenta el Ayuntamiento de que no estaba terminado se dieron prisa en mandarme al técnico municipal. Me paran la obra y me piden todos los papeles, algo que cumplo a los pocos días.

Esto es la manera de dialogar de la que tanto presume el alcalde. Parece ser que solo se visitan las obras de los vecinos simpatizantes del PP", aseguró Ferriol.

El alcalde insistió en que se recibió esta denuncia anónima. "Se encuentra en el Ayuntamiento a disposición del que le quiera echar un vistazo", apuntó.

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2018-06-20 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Antoni tiene paralizada la multa millonaria a Cretu años después del derribo

(Diario de Ibiza, 16/06/2018)

Joan Lluís Ferrer. Nueve años después de que la mansión ilegal del músico de Enigma Michael Cretu quedara reducida a escombros, el Ayuntamiento de Sant Antoni continúa sin haber cobrado la cuantiosa sanción que correspondería al promotor por haber construido más de lo que le permitía la licencia de obras, la cual, a su vez, era también ilegal.

La situación exacta en la que se encuentra la tramitación del expediente constituye un misterio, pues en todos estos años el Ayuntamiento no ha informado jamás sobre nada al respecto. De hecho, este diario lleva cinco días esperando que el equipo de gobierno le explique si existe ya alguna propuesta de resolución al respecto. Una de las partes personadas en el caso, los ecologistas del GEN, confirmaron ayer que tampoco han recibido notificación alguna sobre este procedimiento, pese a que lo han reclamado de forma insistente en los últimos años.

En 2011, el entonces concejal de Urbanismo Josep Torres (PP), explicaba que el Ayuntamiento estaba tramitando esta sanción desde hacía un año y medio, una vez que ya había terminado la causa penal [Nota de Disúrbia: no es pot sancionar administrativament allò que ja ha estat sancionat penalment, de manera que gran part d'aquesta notícia careix de tot sentit...]. El expediente iba dirigido contra el promotor, los constructores y los técnicos que intervinieron en la obra ilegal, con la que se construyó cuatro veces más de lo permitido. En aquel año, el concejal admitía que la normativa establecía que este tipo de procedimientos debía culminarse, como norma general, en el plazo máximo de un año, pues de lo contrario quedaban automáticamente caducados. La última acción que consta públicamente sobre este asunto fueron unas declaraciones del siguiente concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer (PI), que en noviembre de 2015 anunció que había dado instrucciones a los funcionarios para que reactivaran el expediente sancionador. Nada más se ha sabido desde entonces.

La infracción consistió en que la licencia otorgada a Cretu le autorizaba a edificar 1.495 metros cúbicos de volumen, pero el promotor terminó construyendo 6.892, es decir, 4,6 veces más.

Entre un 100% y un 200%

La cuantía de la sanción que, con arreglo a la normativa vigente entonces, correspondería cobrar al Ayuntamiento permitiría aumentar de forma muy significativa su capítulo de ingresos. Estas multas consistían entonces en cifras que oscilaban entre un 100% y un 200% del valor de lo construido, por ubicarse en un área de máxima protección.
Dado que el propio promotor declaró documentalmente que el valor de la parte construida sin licencia ascendía a 2.458.887 euros, si el Ayuntamiento decidiera aplicar el tramo superior de la multa, recaudaría 4.917.774 euros. A modo de comparación, esa cifra supera todo el capítulo de inversiones que incluyen los presupuestos para 2018, que es de 4,1 millones.

Incluso si el equipo de gobierno optara por aplicar la sanción mínima, seguiría ingresando un mínimo de 2,45 millones de euros.

La normativa que regula la tramitación de los expedientes sancionadores -el decreto 14/94 sobre potestad sancionadora de la Comunitat Autònoma- establece en su artículo 23 que «el procedimiento deberá resolverse en el plazo de un año, contado desde la fecha de iniciación del mismo, o de tres meses si sigue el procedimiento simplificado». Añade el citado decreto que «se entenderá caducado el procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones una vez hayan transcurrido treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió dictarse resolución». La norma advierte de que sólo se exceptúa de este régimen el supuesto en que el Ayuntamiento decida paralizar el procedimiento por causa imputable al interesado.

El GEN, personado en las diligencias, atribuye la falta de cualquier notificación desde el Ayuntamiento a que, «en realidad, no se ha abierto ningún expediente sancionador», motivo que podría llegar a ser «una conducta prevaricadora», según la directiva de esta entidad, Neus Prats, quien advirtió: «La pena prevista para la prevaricación por omisión es la misma que si es por acción».

2018-06-16 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

El juzgado amenaza a Sant Antoni con multas al no facilitar informes

(Diario de Ibiza, 16/06/2018)

El secretario le da 10 días para que entregue los documentos que avalaron la licencia de la mansión de Cretu y le avisa de que, de no hacerlo, el juez impondrá una sanción de 300 a 1.200 € al responsable

Eugenio Rodríguez. El secretario del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha requerido por segunda vez al Ayuntamiento de Sant Antoni para que en un plazo «improrrogable de 10 días» le remita dos informes del expediente de la licencia que en el año1997 se otorgó a Baloo Music (Michel Cretu) para la construcción de su mansión en un espacio protegido de Santa Agnès, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, «el juez impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable». «La sanción será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido», advierte el secretario en la diligencia remitida al Consistorio el pasado martes.

Esta diligencia forma parte del contencioso administrativo presentado por la defensa de Cretu ante la negativa del Ayuntamiento a pagar una indemnización (el músico rumano reclama el pago de 20,1 millones) por el derribo de la casa, en mayo de 2009. El pasado 15 de mayo el juzgado requirió al Consistorio que, en un plazo de 10 días, completara el expediente administrativo del caso Cretu con la entrega en el juzgado de los planos topográficos del proyecto básico y los informes técnico y jurídico de los servicios municipales en los que se basó la comisión de gobierno en abril de 1997 para conceder la controvertida licencia, que años después fue anulada por los tribunales.

El artículo 48 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) determina que el expediente debe ser remitido al juzgado en un plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. Si no se cumple, el juzgado reiterará la petición, dando un nuevo plazo de 10 días, con la advertencia de la imposición de una multa a los responsables municipales de la retención de los documentos.

El Ayuntamiento recibió el jueves el requerimiento y, según una portavoz, los técnicos van a comprobar si efectivamente falta algo o si ya se había remitido al juzgado todos los documentos solicitados.

Se da la circunstancia de que, en su día, el entonces alcalde de Sant Antoni José Sala fue multado con el pago de 1.000 euros mensuales de su propio bolsillo por el retraso en la ejecución de la demolición de la casa del músico rumano en Santa Agnès. Eso fue en febrero de 2009. Tres meses después se iniciaron las obras de demolición de la casa. Sala pagó 3.000 euros. En un chat con lectores de Diario de Ibiza, José Sala reconoció unos meses después que le había «dolido» pagar esta sanción. «No tanto por la cuantía, que también, sino porque encuentro totalmente injusta la decisión judicial», aseguró entonces.

El informe del Consell Consultiu

Un informe del Consell Consultiu ampara la negativa del Ayuntamiento de Sant Antoni a indemnizar a Michel Cretu, que reclama el cobro de 11,4 millones por los gastos de construcción de la casa, cinco millones por daños morales y 3,6 millones por lucro cesante.

El máximo órgano de consulta de la Comunitat Autònoma considera que hubo «una negligencia grave», aunque no puede considerarse una actuación dolosa, en la elección del emplazamiento de la mansión: en lo alto de una cima, en contra de la Ley de Espacios Naturales (LEN) y que provocó la nulidad de la licencia. Además, la propiedad amplió la edificación, sin autorización alguna, en una superficie de 1.864 metros cuadrados, equivalentes al 68% del total.

Deià: el Consell tendrá que pagar por las indemnizaciones de Llucalcari

(Diario de Mallorca, 13/06/2018)

Una sentencia establece que la institución insular es responsable solidaria del pago

J. Mora. El ayuntamiento de Deià ha obtenido una primera victoria judicial en la que se reconoce que el Consell de Mallorca es responsable solidario del pago de las indemnizaciones derivadas por la demolición de cuatro viviendas en Llucalcari ordenadas por el Tribunal Supremo.

En declaraciones a este diario, Magdalena López, alcaldesa de Deià, se mostró satisfecha por el hecho de que una sentencia en primera instancia dé la razón al ayuntamiento, aunque el fallo judicial ha sido apelado por el Consell.

Con esta resolución se reconoce que la institución insular es responsable solidaria del pago de las indemnizaciones que han percibido los propietarios de tres de los cuatro chalés de Llucalcari que fueron demolidos en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Al respecto, López recordó que la construcción de estas viviendas se llevó a cabo con las licencias que otorgó el Consistorio, que contaban con los informes favorables emitidos por el Consell. Por ello, Magdalena López sostiene que "es justo" que la institución insular tenga que hacer frente al pago de las indemnizaciones que Deià ha tenido que abonar a los propietarios afectados por las demoliciones.

Hasta la fecha se han dictado tres sentencias condenatorias que suponen indemnizaciones que suman más de medio millón de euros que ha tenido que pagar el ayuntamiento.

La comisión insular de Patrimonio Histórico se dio ayer por enterada de dos sentencias por las que Deià y el Consell deberán pagar medio millón a dos propietarios de Llucalcari.

En el año 2010 el ayuntamiento de Deià dio cumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo con la que confirmaba la orden de demolición de cuatro chalés en la zona de Llucalcari. Con la ejecución de la sentencia, se ponía punto y final a un largo litigio que promovió la entidad ecologista GOB cuando denunció, a finales de los años ochenta, la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en terreno rústico protegido pese haberse construido dentro de la legalidad.

Sant Antoni no ejecuta las sanciones por infracciones debido a la falta de personal

(Diario de Ibiza, 11/06/2017)

De las tres arquitectas que tiene el departamento de Urbanismo, dos están de baja y la otra tiene un contrato provisional | La parálisis también se pone de manifiesto en la permanencia de las vallas publicitarias ilegales en suelo rústico en el municipio

Joan Lluís Ferrer. Los infractores tienen el campo abonado en el municipio de Sant Antoni. Las posibilidades de que una obra ilegal acabe siendo derribada, tal y como prevé la ley, son infinitesimales, según se desprende de la estadística proporcionada por el propio equipo de gobierno. Durante todo el año 2017 no se materializó el derribo de ninguna de las construcciones que tenían orden de demolición, tanto si eran muros como ampliaciones o casas, y únicamente se recaudaron, en concepto de sanciones, 65.000 euros en total.

Esta baja actividad no se explica por la escasez del número de infracciones, pues en el mismo año se cerró la tramitación de 23 expedientes con orden de derribo, si bien esos casos no se corresponden necesariamente con los 65.000 euros recaudados, puesto que esta cantidad procede de expedientes de años anteriores.

En 2013 el Ayuntamiento de Sant Antoni declaró haber recaudado (es decir, haber ingresado realmente) 328.000 euros, mientras que en 2012 habían sido 425.000 euros, cifras parecidas a las que recaudaba por esos años el Ayuntamiento de Santa Eulària. Sin embargo, incluso en ese periodo el número de derribos reales en el municipio de Sant Antoni consistió exactamente en uno: un muro ilegal.

El equipo de gobierno explica esta situación por la sucesión de recursos judiciales, alegaciones y trámites a los que tienen derecho los infractores para dilatar el pago de las sanciones y para ejecutar la demolición ordenada. Ello explica, por ejemplo, que una vivienda construida en suelo protegido en es Colt de Sant Mateu que tiene orden de derribo desde hace cinco años no sólo continúe en pie, sino que incluso haya sido ampliada mientras tanto.

De igual modo, la permanencia de vallas publicitarias ilegales en suelo rústico (e incluso la aparición de otras nuevas) continúa totalmente impune. Ni una sola ha sido retirada por el Ayuntamiento.

Bajas constantes

Sin embargo, otra causa de esta parálisis es la precariedad de la plantilla de personal que tiene el Ayuntamiento, tanto en Urbanismo como en Actividades, áreas que comparten muchos de sus técnicos.

Según los datos del equipo de gobierno, actualmente el Consistorio tiene tres arquitectas. La que tiene el puesto de titular está de baja, «pero se confía en que se reincorpore pronto», señaló una portavoz municipal. Otra arquitecta tiene un contrato de servicios, mientras que la tercera estaba previsto que terminara sus servicios estos días «y ya se ha pedido al Colegio de Arquitectos que envíe a otra persona».

El aparejador municipal acabará también este mes su contrato de servicios y se espera sustituirlo por otro.

Al margen de estos puestos, hay una letrada que ejerce de jefa técnica de Urbanismo, un ingeniero compartido entre Actividades y Urbanismo, y otro ingeniero de Actividades que acaba de abandonar también el puesto. Un delineante y cuatro administrativos completan la plantilla dedicada a Urbanismo y también a Actividades, que son las dos principales fuentes de infracciones en el municipio.

El equipo de gobierno asegura que «está previsto este año un proceso selectivo para cubrir una plaza nueva de arquitecto en propiedad».

La misma portavoz añadió que, aparte de esta plaza, «el Ayuntamiento no puede contratar a más personal si no es con contratos de servicios», debido a la legislación actual que impide incrementar las plantillas municipales.

En Actividades, la gran mayoría de denuncias que interpone la Policía Local también acaban impunes, como lo demuestran las reiteradas estadísticas que ofrece el Ayuntamiento en esta materia, y que demuestran que sólo una ínfima parte de los expedientes abiertos en materia de ruidos, limpieza, horarios, prostitución o venta ambulante termina en multas realmente impuestas y sancionadas. Esta situación ha venido siendo habitual tanto bajo los gobiernos del PP como en la nueva etapa progresista.

Ciutadella: Valeriano Allés evita la sanción de 390.255 ¤ por las obras en Son Sintes

(Menorca, 9/06/2018)

El Tribunal Superior de Justicia de Balears anula la resolución del Consell contra la empresa

Fela Saborit. El empresario Valeriano Allés no tendrá que pagar de momento la sanción de 390.255 euros que le impuso el Consell en 2012 por una infracción urbanística en el recinto de la cantera de Son Sintes. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha estimado el recurso de apelación y el recurso contencioso-administrativo de Allés y ha anulado la resolución de la Conselleria insular de Ordenación del Territorio en una sentencia –contra la que todavía cabe recurso de casación–, que avala la tesis del empresario de que no existía voluntad por su parte de saltarse la ley, ya que en su día solicitó la licencia municipal y alegó que se obtuvieron tanto autorización verbal como informes favorables para construir, en 2011, una nave destinada a la fabricación de piezas de hormigón en la cantera de Ciutadella.

La sentencia emitida el pasado día 5 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB declara no conforme a Derecho la resolución del Consell de marzo de 2012 e impone a la institución las costas del litigio causadas en primera instancia, aunque las limita a 500 euros.

2018-06-09 | Etiquetes: , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Llubí: expedientado el dueño de la lancha de alquiler por infracción urbanística

(Diario de Mallorca, 7/06/2018)

La Agencia de Defensa del Territorio localiza también dos caravanas, un contenedor y una caseta

Mercè Pinya. La Agencia de Defensa del Territorio abrió ayer un expediente por infracción urbanística al propietario de un terreno situado en suelo rústico en el municipio de Llubí que comercializaba una lancha para vivir en ella por 150 euros al mes más depósito.

Los técnicos de la Agencia que dirige Tomeu Tugores se desplazaron hasta los terrenos en cuestión y observaron que éstos se encontraban subparcelados. En cada división de la parcela su propietario había colocado una caravana, una autocaravana, un contenedor metálico y una caseta prefabricada. Desde el organismo que depende del Consell de Mallorca creen que el propietario de los terrenos podría tener intención de comercializar como "habitables" todos los elementos encontrados.

Desde la Agencia de Defensa del Territorio abrieron ayer un expediente por infracción urbanística después de localizar los distintos elementos, que incumplen la normativa aplicable en suelo rústico. Asimismo, agradecieron la colaboración del ayuntamiento de Llubí a la hora de "encontrar el lugar de los hechos".

Lo más probable es que el expediente finalice con una sanción, además de la retirada de todos los elementos ilegales en suelo rústico, aseguraron fuentes de la institución insular.

Diario de Mallorca publicó este lunes que un particular comercializaba una lancha y un terreno de 350 metros cuadrados para "habitar" por 150 euros más depósito en Llubí. El anuncio se publicó la semana pasada en Facebook y ofrecía un "espacio en parcela", "vallado" y "cerca de la estación de tren. La lancha que se ofrecía en alquiler consta de una "cama de dos plazas", una "pequeña cocina" y cuarto de baño. Se trata, según el anunciante, de una "zona tranquila, para fines de semana". El propietario también destacaba que en el espacio se podían realizar barbacoas y otras actividades "recreativas".

Cabe recordar que para poder comercializar estancias turísticas, los alojamientos deben estar dados de alta en alguna de las categorías que fija la ley, y no está prevista la de acoger turistas en una embarcación. En el caso de acogerse a los alquileres previstos en la Ley de arrendamientos urbanos, es necesario que el establecimiento disponga de la pertinente cédula de habitabilidad. En cualquier caso, los anuncios que comercializan cualquier tipo de espacio en internet se han multiplicado de un tiempo a esta parte, y la mayoría de plataformas online ya incorporan desde una tienda de campaña hasta una autocaravana estacionada en un solar.

Furgoneta en Son Hugo

La problemática relacionada con la vivienda en Mallorca ha hecho proliferar anuncios ofreciendo los espacios más disparatados.

De hecho, este diario se hizo eco también el martes del anuncio de otro particular que alquila una autocaravana por 230 euros al mes. Según el anunciante, el vehículo, que se encontraba estacionado en el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo, se comercializa "para vivienda permanente". La autocaravana en cuestión consta de "cama de matrimonio, bodega, cajonera, nevera a gas, hornillo de dos fuegos, encimera de 1,8 metros y placas solares".





		

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