Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Andratx: nuevo plazo para demoler los pisos de Cala Llamp: el 7 de agosto deben ser escombros

(Última Hora, 9/04/2021)

P. Aguiló Mora.Nuevo plazo para la demolición de los bloques de apartamentos ilegales de Cala Llamp: antes del 7 de agosto deberán haber sido reducidos a escombros, estos retirados y el solar donde se levantaron de forma fraudulenta, restituido a su estado original. Todo ello, siempre y cuando el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma autorice durante este término de tiempo el inicio de las obras.

El alcalde de Andratx, Joan Manera (Més), y una representante de la constructora Amer e Hijos acordaron de mutuo acuerdo el miércoles una redefinición del contrato adjudicado por el ayuntamiento a esta empresa a finales del año pasado, con la voluntad de ampliar el plazo para hacer efectivo el objeto (el derribo) del mencionado documento contractual. «Se trata de ‘acta de comprobación del replanteo negativo y suspensiva’», indica el alcalde.

De esta manera, desde el miércoles se abre un nuevo plazo de cuatro meses para que, en cuanto el citado tribunal de ‘luz verde’ a las obras de demolición que ya dictó mediante sentencia firme en 2013, la empresa adjudicataria del proyecto de derribo de los dos bloques que albergan los 12 apartamentos ilegales de la calle Tonyina de Cala Llamp pueda iniciar los trabajos en cuestión.

La reunión entre los responsables municipales y los representantes de la empresa constructora transcurrió de manera muy cordial, puesto que Amer e Hijos entiende que el Ajuntament d'Andratx ha hecho todo lo que está en su mano para iniciar cuanto antes la demolición y que esta nueva dilación no es responsabilidad de la Administración local presidida por el alcalde Manera. El acuerdo para el establecimiento de un nuevo plazo que expira el próximo 7 de agosto, llegó 24 horas después de que este rotativo advirtiera de que el anterior había concluido al final del primer trimestre de 2021 sin haberse movido una solo ladrillo de las 12 viviendas construidas al amparo de una licencia urbanística otorgada en 2005 de forma irregular por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo.

La enésima dilación en el derribo de los bloques de apartamentos ha venido esta vez provocada por la falta de pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma respecto a la solicitud formulada por el ayuntamiento el pasado mes de febrero en la que solicitaba la entrada en los inmuebles para iniciar su desmantelamiento.

Una petición que también llegaba con retraso después de que, justo cuando en enero debían empezar los trabajos de demolición, los propietarios de los apartamentos hicieran uso de una última triquiñuela legal para salvar sus propiedades de la piqueta. Una acción a la desesperada que el mismo tribunal echó por tierra a los pocos días, no sin evitar una nueva demora en el inicio de las obras. Un retraso que el mismo juzgado contribuye ahora a perpetuar.

A todo esto, mientras el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma se decide a autorizar el inicio de las obras, durante la última Semana Santa algunos de los apartamentos ilegales han vuelto a contar con inquilinos en su interior.

Andratx: expira el plazo para la demolición de los pisos de Cala Llamp sin haberse iniciado las obras

(Última Hora, 6/04/2021)

P. Aguiló Mora. El pasado 31 de marzo expiró el plazo para la demolición de los apartamentos ilegales de Cala Llamp y todavía no se ha movido una sola piedra en ninguno de ellos. El contrato de las obras de derribo adjudicado por el Ajuntament d’Adratx a la empresa Amer e Hijos estipulaba que los trabajo de demolición debían concluir antes del final del primer trimestre de 2021. Un incumplimiento del que, sin embargo, no es responsable la constructora, ni tampoco el consistorio.

Nuevo retraso

La enésima dilación en el derribo de los dos bloques que albergan los 12 apartamentos ilegales ordenada mediante sentencia firme en 2013 por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma, viene esta vez provocada por este mismo juzgado. Según el alcalde de Andratx, Joan Manera (Més), el ayuntamiento todavía está a la espera de que el mencionado Juzgado de lo Contencioso autorice el inicio de las obras de derribo, después de que los propietarios de los inmuebles ilegales construidos al amparo de una licencia urbanística concedida en 2005 por el entonces alcalde Eugenio Hidalgo y que en 2013 los tribunales declararon nula, no hayan presentado recurso al último dictamen judicial del magistrado Alejandro Gómez Mariscal de Gante que ratificaba por enésima vez la orden de demolición.

El pasado 21 de octubre, el Ajuntament d’Adratx solicitó al Juzgado de lo Contenciosos–Administrativo número 2 de Palma la entrada interesada en las viviendas a efectos de poder proceder a su desmantelamiento.

Una petición que ya entonces también llegaba con retraso después de que, justo cuando debían iniciarse los trabajos de demolición durante el pasado mes de enero, los propietarios de los apartamentos hicieran uso de una última triquiñuela legal para salvar sus propiedades del derribo. Un acción a la desesperada que el mismo tribunal echó por tierra, no sin evitar un nuevo retraso en inicio de las obras.

Ahora, a la espera del pronunciamiento del juzgado, el consistorio se verá con toda seguridad obligado a redefinir el contrato que ya adjudicado por 240.000 euros más IVA en diciembre a Amer e Hijos, puesto que los plazos estipulados en el documento han saltado por los aires. Para esas fechas, finales de 2020, la constructora se encontraba trabajando en las inmediaciones de Cala Llamp, lo cual utilizar para el derribo de los apartamentos de la calle Tonyina la maquinaria que ya estaba desplazada en la zona.

Sant Josep ordena la demolición en dos meses de las obras de Vadella 24

(Diario de Ibiza, 3/04/2021)

Eugenio Rodríguez Martos. El Ayuntamiento de Sant Josep da un plazo de dos meses para el derribo de la estructura de la promoción de viviendas Vadella 24 cuyas obras están paralizadas desde octubre de 2019 porque la edificación se emplaza, sin la correspondiente autorización de la dirección general de Recursos Hídricos del Govern balear, en la desembocadura de un torrente, justo detrás de la playa de Cala Vedella. Sin embargo, el acuerdo de la junta de gobierno de Sant Josep que obliga a restablecer la legalidad se debe a que el titular de la licencia municipal de obras (la mercantil Atika del Noroeste SL), concedida en 2001, no es la que ejecuta esta promoción (la propiedad del terreno, la entidad Vadella Mediterranean Homes SL) y se niega a cederle los derechos del permiso de construcción. Pese a ello, en su momento, la promotora y propietaria del terreno comunicó al Ayuntamiento su adhesión a los derechos de la licencia.

El criterio del Consistorio es que la licencia no es inherente al terreno y, por tanto, la propiedad no puede hacer uso de la misma si no está a su nombre u obtiene los derechos mediante una cesión. Atika del Noroeste SL denunció en el Ayuntamiento que no sólo se ejecutaban las obras al amparo de una licencia a su nombre pese a que no había dado ninguna autorización para ello, sino que incluso la promotora ya había vendido a terceros 15 viviendas de la futura promoción.

La instructora del expediente califica de grave la ejecución de las obras sin el derecho de uso de la licencia. A principios del pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento dictó propuesta de restablecimiento de la legalidad (se notificó a Vadella Mediterranean Homes SL el día 11 de ese mes), pero la promotora no sólo no lo ha hecho sino que ni siquiera presentó alegaciones contra ello. La resolución municipal señala que la promotora tenía un plazo de dos meses para hacerlo y, por ello, procede el derribo de lo construido hasta ahora.

En vez de alegar ante el Ayuntamiento, la promotora acudió directamente a los juzgados y presentó un recurso contencioso administrativo contra el decreto (el del inicio del expediente de restablecimiento de la legalidad) en el que se desestimaba el recurso de reposición contra la orden de suspensión de las obras.

El Consistorio advierte al promotor de que si no echa abajo la construcción en un plazo de dos meses, le impondrá 12 multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes por un valor del 10% del coste de las obras desarrolladas hasta ahora.

Al margen, la dirección general de Recursos Hídricos tiene abierto otro expediente de infracción porque las obras se ubican en la desembocadura del torrente sin su autorización. En este caso, el Consistorio defiende que no se trata de un torrente, sino un canal y que, por ello, esta licencia de obras no estaba sujeta al permiso previo de la autoridad hidráulica de la Comunitat Autònoma.

Si Recursos Hídricos concluye que, en verdad, es un torrente, instará al Ayuntamiento a que tramite la anulación de la licencia, por lo que, aparte del derribo, se enfrentará a una indemnización.

La propiedad sostiene que el titular exigía «800.000 euros» por la cesión de la licencia

El Ayuntamiento concedió en 2001, con un proyecto de la arquitecta Pilar Fernández, condenada por el caso Huerta, una licencia para la construcción de dos edificios, con un total de 20 apartamentos, 28 estudios-locales, piscina y aparcamiento público. Uno de los edificios, situado en una esquina de la playa de Cala Vedella ya está ejecutado (25 estudios y cinco locales) por parte de Atika del Noroeste y cuenta con final de obra parcial. El agente urbanizador de Cala Vedella (UMSA) vendió el solar de la promoción Vadella 24 a Vadella Mediterranean Home S.L. para ejecutar la segunda fase del proyecto, pero el titular de la licencia es Atika del Noroeste y no ha accedido a ceder su uso. El titular del permiso advirtió a la propiedad de que no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de estas obras (la Fiscalía investiga el riesgo de desplome del talud donde se encuentra el Club Aquarium a causa de las obras de Vadella 24). La propietaria del solar le respondió por vía notarial su oposición a abonar «la suma exorbitante de 800.000 euros por cesar en una actuación de acoso y perturbación». Defendía que cuando adquirió el terreno a UMSA era «con todo lo necesario, integrante y dependiente», lo cual, consideraba, incluía la licencia.

El excesivo papeleo y la falta de personal limita la inspección de obras y da pie a infracciones

(Menorca, 2/04/2021)

Javier Gilabert. La creciente cantidad de trámites a los que tienen que hacer frente desde las áreas municipales de Urbanismo, algunas de ellas sin suficiente personal para tamaña sobrecarga de trabajo, está enterrando de papeleo a los técnicos, restando tiempo a las labores de inspección y retrasando la concesión de licencias, lo que lleva a algunos promotores a buscar atajos urbanísticos para sacar adelante sus proyectos. Lo denuncian los responsables de Urbanismo de municipios como Es Mercadal, Ciutadella y Alaior y lo subrayan también desde la demarcación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, que señalan principalmente a Maó, Ciutadella y Alaior como los municipios que están presentando más demoras para tramitar licencias de obra.

Muchos municipios no cuentan con una plaza de inspector de obra y la labor inspectora se la reparten los mismos funcionarios que deben atender multitud de trámites propios, como el informe de proyectos, la concesión de licencias, la participación en proyectos municipales, el asesoramiento y la asistencia a regidores, y también ajenas como es la obtención de las cédulas de habitabilidad por carencia o la regularización de edificios de régimen especial, estos últimos heredados por el Consell, además de abordar otras cuestiones como la presentación de alegaciones al PTI o el apoyo al Consorcio para la Legalidad Urbanística en expedientes abiertos en rústico.

«Todos estamos saturados, pero nos hemos saturado nosotros mismos», asegura Francesc Ametller, alcalde y responsable de Urbanismo de Es Mercadal, quien lamenta que muchos de esos trámites son «por necesidades del Consell» y señala que «todo ese volumen de papeleo hace que el trabajo normal no salga», en alusión a la labor inspectora, que se resiente.

En ese sentido, el presidente de la demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos, Enric Taltavull, afirma que «en estos momentos hay muchas infracciones urbanísticas que se podrían evitar si los plazos de la administración fueran más cortos». También las hacen más viables cambios normativos que en el camino hacia la agilización de trámites en el actual contexto económico permiten a los promotores presentar declaraciones responsables de inicio de actividad sin que haya una inspección de obra y comunicaciones previas. Dos de las infracciones más frecuentes, comunicar una obra menor que luego resulta ser mayor o saltarse lo dictado en las licencias para luego proceder a presentar un proyecto de legalización.

«Nosotros tenemos tres arquitectos y dos arquitectos técnicos que se encargan también de hacer las inspecciones. En estos momentos van muy sobrecargados de trabajo», lamenta Pere Fiol, concejal de Urbanismo de Ciutadella, quien señala a esa vías de aceleración burocrática como el decreto ley 8/2020 para enfatizar que «hacer una declaración responsable falsa puede ser delito». Asegura que revisan todas esas comunicaciones pero que «siempre te pueden colar alguna, hay mucha pillería». Uno de los problemas con los que se encuentran los municipios es que «estamos atados a la hora de contratar más personal», dejando poco margen para un refuerzo estable de las plantillas.

El concejal de Urbanismo de Alaior, Critóbal Marqués coincide en que «ahora hacemos mucho más de lo que hacíamos hace unos años, como por ejemplo los expedientes de cédulas de habitabilidad, es una gran sobrecarga de trabajo». El área de Urbanismo de este municipio tiene una carga añadida, la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ha recurrido a contrataciones externas y parciales tanto para el plan general como para la tramitación de cédulas. Son diez personas en el área de Urbanismo y asegura que «nos gustaría ser más rápidos en resolver licencias» antes de defender que «si tardáramos menos habría menos infracciones».

El contrapunto lo dan municipios como Es Castell y Sant Lluís, donde aseguran que están consiguiendo ser ágiles en la tramitación. En el caso de Es Castell, su alcaldesa, Joana Escandell, recuerda que su municipio es el más pequeño en superficie de Menorca y que no soporta tantas cargas de trabajo. Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marqués, explica que «somos el pueblo que resuelve las licencias más rápido» y defiende que cada ayuntamiento en los últimos 15 o 20 años ha dimensionado estos departamentos. Explica que a principios de los 2000 dotaron la plaza de inspector y que «es rentable», algo que ahora no se podría hacer.

Por su parte, los arquitectos se ofrecen para colaborar con la administración –vía convenios como prevé la normativa– para poner en marcha mecanismos que agilicen estos departamentos fundamentales para el dinamismo económico de los municipios. Mantienen contactos todavía infructuosos con las administraciones insulares en un objetivo conjunto: agilizar los protocolos.

El concejal de Hacienda de Sant Antoni añadió una piscina a su casa sin legalizar

(Diario de Ibiza, 30/03/2021)

Eugenio Rodríguez Martos. El concejal de Hacienda, Agricultura y Pesca de Sant Antoni, Xico Cardona, del PP, construyó una piscina cuando tramitaba la solicitud de legalización de su vivienda, en Sant Antoni. Cardona presentó la petición de legalización de su casa en junio de 2015. En marzo de 2016, la junta de gobierno la denegó al amparo de los informes desfavorables de la arquitecta municipal y de la jefa de Urbanismo y, tres años después, en marzo de 2019, ratificó la negativa al desestimar un recurso de reposición del afectado. En este intervalo, entre 2015 y 2019, el edil añadió la piscina, que aparece en la fotografía aérea del Ideib del Govern balear de 2018.

 Cardona entró en el Ayuntamiento en el gobierno de Pepita Gutiérrez en 2011 y durante ese mandato ejerció de concejal de Gobernación. En el siguiente (2015-19) estuvo en la oposición y desde 2019 ejerce de edil de Hacienda, Agricultura y Pesca.

La finca calificada como suelo rústico en la que se construyó su casa se segregó en el año 2000 (el informe de la arquitecta indica que no consta en el Consistorio licencia de segregación). En esta finca existía una casa construida antes de 1956 (reformada en 2010) y un almacén agrícola, que es el que Cardona amplió y convirtió en una vivienda. Primero, en 2002 pidió una licencia para la reforma y consolidación del almacén, cuyo final de obra obtuvo en octubre de 2005.

En junio de 2015, Cardona presentó en el Ayuntamiento una solicitud para legalizar el cambio de uso de almacén agrícola a vivienda y ampliación de la construcción al amparo de la disposición transitoria 10 de la ley de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS) aprobada en 2014 por el Govern del PP. Esta norma permitía, en un plazo de tres años, la legalización de edificaciones en suelo rústico cuya infracción hubiera prescrito (ocho años desde la comisión de la ilegalidad) en el momento que entró en vigor la ley (mayo de 2014).

En concreto, Xico Cardona solicitó la legalización del cambio de uso a vivienda y una ampliación de la misma (168 metros cuadrados en total). Casi dos meses después, a finales de julio de 2015, pidió la legalización de un garaje, vestíbulo y baño anexo a la casa de 70,68 metros cuadrados.

Las técnicas municipales rechazaron la legalización solicitada porque la ley indica que la prescripción debía ser «manifiesta»; es decir, que no hubiera lugar a dudas sobre el intervalo temporal de ocho años, y en este caso, según su criterio, no se cumplía esta condición. Es más, el informe de la arquitecta municipal apuntaba que se debía abrir un expediente de disciplina urbanística por las obras del garaje porque «no habían prescrito».

El concejal de Hacienda presentó un recurso de reposición en mayo de 2016 y el Consistorio, casi tres años después, en marzo de 2019, lo rechazó al entender que las pruebas aportadas por el afectado no eran suficientes para que no hubiera ningún margen de duda sobre que las obras ejecutadas sin licencia habían prescrito cuando entró en vigor la LOUS.

En este expediente de legalización no se menciona ninguna piscina. Sin embargo, en la fotografía aérea de 2018 (la anterior es de 2015) aparece una piscina. Es decir, se construyó entre 2015 y 2018. Hay que tener en cuenta que en marzo de 2016 la junta de gobierno denegó la legalización de la casa y tres años después, en marzo de 2019, tumbó el recurso de reposición del concejal.

Cardona no respondió ayer a las llamadas de este diario. La responsable de comunicación del Ayuntamiento aseguró que no podía localizarle porque se encuentra de vacaciones y tampoco dio ninguna aclaración porque, según dijo, Urbanismo aún no le había podido facilitar ninguna información. El alcalde, Marcos Serra, tampoco respondió a la solicitud de este diario para que explicara la situación urbanística de la piscina.

Respuesta del PSOE

PSOE-Reinicia ha registrado esta mañana la solicitud de pleno extraordinario para que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany dé explicaciones sobre las presuntas ilegalidades urbanísticas del concejal de Hacienda, Xico Cardona aparecidas hoy en DIARIO DE IBIZA.

Los socialistas apuntan en una nota de prensa que "el equipo de gobierno del ayuntamiento tiene que dar públicas explicaciones a la ciudadanía, ante un escándalo que se suma a la larga lista de irregularidades urbanísticas ocurridas durante el mandato del actual equipo de gobierno de Sant Antoni".

Las administraciones de Ibiza, abiertas a estudiar un consorcio urbanístico

(El Periódico de Ibiza, 30/03/2021)

El Consell considera que, más que crear un órgano nuevo, habría que integrar los sistemas informáticos de licencias de los ayuntamientos con la máxima institución para ser más eficaces

José M. de Lamo. Los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep se suman al de Sant Antoni y verían con buenos ojos la creación de un consorcio, agencia u organismo público que asuma las competencias propias del Consell de Ibiza en materia de disciplina urbanística y que también pueda asumir y ejercer las competencias municipales en suelo rústico si le son delegadas voluntariamente por los propios consistorios.

Desde Sant Josep se mostraron partidarios de que la disciplina urbanística en suelo rústico común se ejerza desde un consorcio, e incluso «estamos a favor de que su ámbito se extienda también al suelo urbano, siempre y cuando este consorcio disponga de la dotación adecuada tanto de medios humanos como técnicos desde el primer momento».

En este sentido, la administración josepina recalcó que «no entenderíamos que estos medios los tuvieran que aportar los ayuntamientos cuando ya sufrimos muchas carencias».

Además, mostró su convencimiento de que «un consorcio bien dotado permitiría optimizar recursos y agilizar las resoluciones, con lo que se ganaría en eficacia».

El Ayuntamiento de Sant Eulària, por su parte, destacó que, en materia de disciplina urbanística «apoyaremos todo lo que sea dotar de más medios y hacer más ágil la vigilancia», aunque no quisieron ir más allá en la valoración «sin una propuesta concreta sobre la mesa».

En el Consistorio de Vila, por su parte, calificaron de «buena herramienta desde el punto de vista de protección del territorio» la creación de una oficina de disciplina urbanística. De hecho, recordaron que tanto el Consell insular de Mallorca como el de Menorca cuentan desde hace años con herramientas similares y, según aseguraron, «la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa ya había solicitado de forma verbal al Consell la creación de este órgano».

El vicepresidente del Consell y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, manifestó que, en caso de que se quiera crear este nuevo organismo, «habrá que plantearlo donde toca, que es en el Consell de Alcaldes». Y es que, a su entender, deberían estar de acuerdo los cinco municipios de la isla «porque no tiene sentido crear una figura de este tipo para uno o dos ayuntamientos».

De cualquier forma, Mariano Juan recordó que se puede mejorar la disciplina urbanística de la isla sin necesidad de crear un nuevo órgano para ello. Bastaría, explicó, con integrar los sistemas informáticos de licencias de todos los ayuntamientos de Ibiza «y compartir en tiempo real las bases de datos para que, como está sucediendo en la actualidad, no tengamos que estar semanas para recibir información de los consistorios si queremos paralizar una obra».

Con esta sencilla cooperación entre administraciones se podría actuar rápidamente cuando se detecte alguna infracción. «Esto requiere un análisis serio por parte de los expertos más que un debate político», matizó.

La cuarta parte de los 6.000 ‘hortals’ tiene abierto expediente sancionador

(Menorca, 24/03/2021)

Juan Carlos Ortego. La Associació d’Hortals de Menorca pide la paralización de los expedientes en suelo rústico y negociar una solución para regularizar un problema de largo alcance. El mensaje llega después de conocerse que se han abierto ya 1.500 expedientes sancionadores, que equivalen a la cuarta parte de la planta de ‘hortals’ que la propia asociación calcula que hay en la geografía insular.

Media docena de miembros de la misma se concentraron ante la sede del Consell en Maó en un acto de protesta que repetirán cada mes ante algún edificio de la Administración o lugar público. La asociación cuenta ahora con 60 propietarios y su presidenta, Dolors Martínez Bosch, denuncia que hay «un grupo de personas, políticos y familiares, que son inmunes a la obra ilegal», declara.

Multas de 8.000 euros al mes

El problema viene de lejos, desde que los «ayuntamientos hacían la vista gorda» hace 40 años. La política sancionadora puesta en práctica desde que entró en vigor la ley balear de urbanismo en 2018 es ahora «un agravio muy grande, te arruinan la vida. Hay personas con multas coercitivas de 8.000 euros mensuales durante un año para que derriben la casa o la edificación denunciada», explica la presidenta.

Reclaman un pacto, «que se paren los expedientes y buscar soluciones». Esa reivindicación exige un primer intercambio de impresiones con Josep Pastrana, conseller de Territorio, que todavía no está fijado en el calendario. Recuerdan que por parte del Consell y los ayuntamientos no se ha hecho nada en años en cuanto a núcleos rurales y planes especiales, las herramientas previstas en el PTI.

Por el contrario, agrega Martínez Bosch, solo ha habido persecución «a más de 5.000 familias que queremos proteger una forma de vida. Lo que están haciendo es una barbaridad», señala .

Al nuevo PTI han presentado alegaciones y la propuesta de dos nuevas delimitaciones, Es Plans d’Alaior y otra cercana a S’hort den Vigo en Ciutadella que se sumaría a las 15 que hay en este municipio. «Los 90 metros cuadrados son irreales, sale una media de 200, queremos que la gente pueda conservar sus propiedades», concluye la presidenta.

El juzgado ordena que se derribe ya el edificio ilegal del cine Fantasio en Alaró

(Última Hora, 24/03/2021)

V. Malagón. El culebrón del edificio ilegal construido hace dos décadas sobre el solar del cine Fantasio entra en su fase final. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Palma reabre la ejecución de la sentencia que declaró ilegal el inmueble depués de haberla paralizado hace seis años. La consecuencia es que ahora se debe acometer el derribo del inmueble.

La magistrada toma la decisión una vez ha comprobado que el Ajuntament de Alaró y la constructora, los responsables de la ilegalidad, tienen fondos suficientes para indemnizar a los propietarios de las viviendas, que son los afectados por el caso. Las distintas instancia judiciales considerararon que la licencia para la construcción era ilegal en un procedimiento que arrancó en el 2006. En 2014 se inció la fase de ejecución de la sentencia, que incluía la obligación de la demolición del edificio ilegal después de que la Administración no pudiera legalizar la obra. Los tribunales advertían sobre una modificació urbanística puntual para salvar un único edificio.

Ese mismo año, el Ajuntament pidió la suspensión de la ejecución porque sostenía que no podía llevarla a cabo en ese momento. El TSJB accedió mediante una sentencia y ordenó que se garantizara la disponibilidad de fondos para indemnizar a los afectados.

El pleno municipal ya aprobó un aval de 3,5 millones de euros para afrontar esas posibles indemnizaciones. Ahora, se levanta la suspensión y se acuerda el cumplimiento de la orden de demolición, aunque se trata de una decisión que aún puede ser recurrida por alguna de las partes personadas.

La demolición afecta a una franja de 11,7 metros cuadrados justo en la esquina de las calles de Pere Rosselló i Oliver y de Son Amengual.





		

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