Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Pollença: el Consistorio inscribirá en el Registro las infracciones urbanísticas detectadas

(Diario de Mallorca, 31/01/2015)

El pleno aprueba de forma unánime la retirada de las placas inaugurales que citan a políticos condenados por corrupción

J.F.S. El pleno ordinario celebrado el jueves en Pollença aprobó por unanimidad una moción de Alternativa per Pollença mediante la que se instaba al equipo de gobierno PP-PI a inscribir en el Registro de la Propiedad todas las infracciones urbanísticas detectadas en una propiedad y a notificar al infractor la incoación del correspondiente expediente.

El objetivo es que el Registro de la Propiedad incluya en la nota registral de la finca, en una "nota marginal", la situación de la propiedad y si sobre ella pesa alguna infracción urbanística. "De esta manera, todo propietario que eleve a escritura pública cualquier compraventa no podrá ocultar si en la propiedad existe alguna infracción de carácter urbanístico", apunta la moción aprobada. Según Alternativa, esta actuación "incrementa la seguridad jurídica de los compradores y también del Ayuntamiento".

El texto fue modificado a raíz de una sugerencia del PSM, que propuso una modificación para solicitar a la federación de municipios, la Felib, que formalice un convenio con los registradores similar al relativo a la Agencia de Disciplina Urbanística. Finalmente, el texto fue aprobado con la enmienda introducida en el mismo pleno. [...]

2015-01-31 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Lloseta: la fiscal pide cárcel para Bernat Coll

(Diario de Mallorca, 29/01/2015)

La acusación exige una sanción más dura para el alcalde y el equipo de gobierno de Lloseta por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La defensa recuerda que la denuncia fue archivada inicialmente por la juez de instrucción

j.F. Mestre. La fiscalía, como acusación alternativa, solicitó ayer una pena de casi tres años de prisión contra el alcalde de Lloseta, Bernat Coll, y contra tres concejales que formaban parte de su equipo de Gobierno.

El juicio, que durante dos días se ha celebrado contra los cuatro políticos municipales, quedó ayer visto para sentencia, después de los informes de la fiscal, del abogado de la acusación popular que representa al PP y del letrado defensor, que pidió la absolución de los cuatro imputados.

En el escrito de acusación inicial de la fiscalía se planteaba que el alcalde Coll y sus tres compañeros de consistorio habían cometido cinco delitos de prevaricación. Les acusaba de tomar decisiones ilegales, sin atender a la advertencia del secretario municipal. Sin embargo, la fiscalía planteó ayer una acusación alternativa, mucho más dura que la inicial, que en el caso hipotético de que la juez la aceptara, supondría el ingreso en prisión de los cuatro políticos municipales.

Delito urbanístico

El Ministerio Público considera ahora que los hechos que se juzgan son constitutivos de dos delitos de prevaricación y otros dos contra la ordenación del territorio. Además de solicitar su inhabilitación como cargo público, la acusación reclama una condena de dos años y once meses de prisión para cada uno de los políticos. Una acusación que la fiscal justificó en su informe por "la gravedad de los hechos" que se han denunciado, ya que el propio alcalde Bernat Coll reconoció que había cometido una ilegalidad, pero que lo había hecho siempre en favor del pueblo de Lloseta. La fiscal intentó convencer a la juez de que no se trataba de errores, sino que los cuatro políticos municipales fueron siempre conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad, porque así se lo había advertido el secretario municipal, pero estaban convencidos de que sus actos no tendrían ninguna consecuencia. "Se ampararon en su poder para hacer lo que les dio la gana". La acusación denuncia que el Ayuntamiento otorgó ilegalmente la gestión del teatro de Lloseta sin convocar un concurso público, como establece la ley. Y también acusa al equipo de Gobierno de otorgar dos licencias de construcción que no se ajustaban a la normativa urbanística municipal. Sobre la gestión del teatro, la fiscalía mantiene que debió ser municipal, como ocurre en otros pueblos, y que el alcalde conocía que para otorgar un contrato tenía la obligación legal de convocar un concurso. Sin embargo, no lo hizo. Sobre la cuestión urbanística, señaló también que existía la posibilidad de solventar los problemas legales que sufrían estas nuevas construcciones, pero que el Ayuntamiento no lo ha hecho. También detalló la obligación que tiene el Ayuntamiento de cumplir las normas subsidiarias del municipio.

La defensa de los cuatro ediles reconoce que se han cometido errores administrativos, pero que no tienen el nivel de delito. El abogado recordó que la juez de instrucción, inicialmente, archivó esta denuncia.

Palma: Cort ordenó ayer paralizar las obras del Casino Teatro Balear

(Diario de Mallorca, 29/01/2015)

El Consistorio insiste en que es una decisión sustentada en criterios de legalidad y no de carácter político.

F. Guijarro/J. Capó Palma. El Ayuntamiento de Palma procedió ayer a paralizar las obras realizadas sin licencia en el Teatro Balear para su transformación en casino, alegando la imposibilidad de que el proyecto se adapte a la normativa de usos del centro histórico. Al lugar acudieron celadores municipales, funcionarios del área de Urbanismo y policías locales para proceder al precintado de los accesos. Hay que recordar que la empresa promotora de este proyecto ha alegado haber invertido ya alrededor de cinco millones de euros, de los diez millones con los que presupuestó inicialmente la puesta en marcha del citado casino.

La decisión de proceder al precintado de las obras fue comunicada ayer por el portavoz del Consistorio palmesano, Julio Martínez, el cual esgrimió que el equipo de gobierno municipal "tiene claro que debe hacer cumplir la normativa".

Martínez desligó la paralización de las obras de cualquier decisión política y la achacó exclusivamente a criterios técnicos y de legalidad, al asegurar que la obtención de los permisos es automática si se cumplen con todos los requisitos contemplados por la ley. En este sentido, el teniente de alcalde advirtió de que "no se pueden hacer unas obras sin tener en cuenta las normativas".

El portavoz del Consistorio defendió la actuación que en este tema ha tenido el departamento de Urbanismo y aseguró que las medidas que se están tomando son las mismas que se hubieran aplicado sobre cualquier otra empresa.

Hay que recordar que los grupos de la oposición han criticado con extrema dureza la actuación que el equipo de gobierno ha mantenido en torno a este tema, dada la demora que se ha registrado a la hora de optar por la paralización de los trabajos.

Tras ver como se le denegaba la primera solicitud de licencia en enero del pasado año, en junio el Teatro Balear volvió a solicitar los citados permisos, sin recibir respuesta desde el Consistorio en los dos meses que fija la ley, lo que llevó a los promotores del casino a alegar que habían obtenido esa autorización por silencio administrativo, hecho que además hicieron constar ante la conselleria de Economía cuando se le pidió una prórroga para la apertura hasta el próximo mes de mayo. La segunda petición de licencia municipal no fue denegada hasta el pasado día 19 de este mes.

2015-01-29 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

El alcalde de Lloseta: ´El Consell nos ha dejado a todos con el culo al aire´

(Diario de Mallorca, 27/01/2015)

"Me equivoqué", ha asegurado Bernat Coll, que ha incidido en que desoyó los avisos del secretario municipal porque "quería levantar el teatro de alguna manera"

diariodemallorca.es/Efe.Palma. El alcalde de Lloseta, Bernat Coll (PSIB), ha confesado hoy en el juicio en el que se le acusa de cinco delitos de prevaricación que suscribió un convenio ilegal con una empresa para la gestión del teatro municipal pese a la advertencia del secretario del Ayuntamiento porque lo hacía "en bien del pueblo".

"Me equivoqué", ha asegurado Coll, que ha incidido en que desoyó los avisos del secretario municipal porque "quería levantar el teatro de alguna manera" y ha admitido que cometió un error al construir esa infraestructura porque el pueblo no tenía capacidad para mantenerla.

"Queríamos que fuera transparente total aunque hubiera una irregularidad", ha asegurado el alcalde en relación al convenio por valor de 60.000 euros anuales que se adjudicó sin concurso público a una empresa a la que, además, se le garantizó que el Ayuntamiento asumiría un préstamo que había suscrito para adquirir material.

Respecto al resto de presuntas ilegalidades por las que se le acusa de prevaricación junto a otros tres concejales (dos en activo y uno ya cesado), Coll también ha admitido las irregularidades: "Incumplí la normativa", aunque ha insistido en que siempre quería beneficiar al municipio.

Según el edil socialista, en 2004 asignó directamente la gestión de las actuaciones musicales en el teatro a una empresa porque era la única de Mallorca capaz de ofrecerle la programación que proponía, algo que constató en conversaciones con otras promotoras de conciertos.

Era consciente de que, como le indicó el secretario del consistorio, "eso era irregular", pero no quiso hacer "una farsa" e invitar a otras empresas a un concurso que ya sabía a quién se debía adjudicar, ha declarado en el juicio que preside la titular del juzgado de lo penal 6 de Palma, Margarita Beltrán.

Las otras cuatro actuaciones presuntamente irregulares son del ámbito urbanístico, que dirigía el propio alcalde: una venta de solares municipales a cambio de obras en el centro de salud local, que acabó anulándose, y tres concesiones de licencias.

En todos los casos se realizaron en contra del criterio del secretario y en los tres últimos se obviaron también los informes negativos del arquitecto municipal, que sostenía que se vulneraban las normas urbanísticas vigentes.

Respecto a las licencias irregulares, concedidas en 2005, 2006 y 2007, el alcalde ha defendido que consideraba que "en poco tiempo se subsanarían" las deficiencias mediante la modificación de las normas subsidiarias del municipio por parte del Consell de Mallorca, pero las dificultades de adaptación al Plan Territorial insular han dilatado la entrada en vigor de estos cambios.

"Nos han dejado a todos con el culo al aire", ha afirmado sobre el Consell respecto a esas normas subsidiarias, y ha resaltado que en ningún caso las licencias permitieron incrementos de edificación, sino simplemente ajustarse de forma lógica a las necesidades que planteaban los vecinos beneficiarios.

El arquitecto municipal, que ha declarado como testigo, ha señalado que, aunque informó de la vulneración de la norma vigente, "había razones objetivas para la modificación", y el secretario, que también ha testificado, ha dicho que se pueden subsanar las irregularidades urbanísticas juzgadas si se aprueben las normas subsidiarias con los cambios propuestos por el ayuntamiento.

Este funcionario ha insistido en que los miembros del equipo de gobierno juzgados "tenían perfectamente conocimiento" de las ilegalidades que él puso de manifiesto en sus informes.

Menos contundentes han sido los otros tres acusados, los ediles socialistas Pere Joan Martorell, Joan Coll y Maria Alemany, quienes han admitido que en los cinco casos juzgados conocían el sentido negativo de los informes del secretario municipal pero no exactamente su contenido y entendían que las ilegalidades eran "subsanables".

Martorell ha excusado esta falta de conocimiento concreto en que las juntas de gobierno eran "caóticas", y ha explicado unos modos de actuación que la jueza Beltrán ha definido como "guirigay" y ante los que se ha declarado "horrorizada".

La concejala Alemany, en referencia a las explicaciones que solicitaba cuando el secretario municipal avisaba de ilegalidades, ha declarado: "Yo le pedía cómo se podía subsanar y él me decía cómo se debía haber hecho".

Todos los acusados han negado tener relación directa con los beneficiarios de sus presuntas prevaricaciones y han asegurado que la oposición del PP, personada en la causa como acusación particular, estuvo puntualmente informada de todas sus decisiones y nunca las impugnó.

La Fiscalía solicita inicialmente siete años de habilitación para ejercer empleo o cargo público para cada uno de los concejales juzgados.

Sant Antoni acepta revisar de oficio la licencia dada en Cala d´Aubarca

(Diario de Ibiza, 27/01/2015)

e. rodríguez | sant antoni. El equipo de gobierno de Sant Antoni aceptó ayer en el pleno, a petición de Proposta per les Illes (PI), revisar de oficio la licencia concedida durante el pasado mandato para la construcción de una vivienda en un paraje protegido de Cala d’Aubarca y que ha sido denunciado por el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN). El equipo de gobierno actual ha tramitado una modificación del proyecto inicial.

Los ecologistas denunciaron que la zona donde se ejecutaban las obras, que han sido paralizadas por el Consistorio, es inedificable. La Fiscalía abrió una investigación de oficio a raíz de las informaciones publicadas por este periódico, pero poco después la archivó al no apreciar indicios de delito.

El PI presentó ayer en el pleno una propuesta para que los servicios técnicos del Consistorio revisen si en su día se dio correctamente dicha licencia. El concejal de Urbanismo, Josep Torres, aseguró que consideraba que estaba «de más» porque la Fiscalía ya había comprobado la documentación y decretado su archivo, pero que, pese a ello, no tenían ningún inconveniente en revisarla y anunció que su grupo votaría a favor de la petición, aprobada por unanimidad.

Dudas sobre el expediente

El concejal del PI Juanjo Ferrer justificó que hay «dudas» sobre el otorgamiento de dicha licencia y destacó que hay un informe del año 2007 del Consistorio sobre la antigüedad de la construcción que menciona que esta existía «antes de 1987», cuando, por el contrario, en las fotografías aéreas de 1989 no aparecen. «Yo no las he visto», indicó Ferrer, al tiempo que recordó que «la promotora de estos expedientes es la misma que fue condenada por las falsas ruinas».

Por su parte, el portavoz de PSOE-Pacte, Pep Marí, Marge, expresó la conveniencia de que el equipo de gobierno convoque «una comisión especial» para abordar todas las irregularidades urbanísticas de la zona de Sant Mateu. «Es un punto negro», dijo Marí, en referencia a que recientemente el Consistorio ha tenido que otorgar una licencia de construcción por «silencio administrativo» («por orden judicial», matizó el edil de Urbanismo, Josep Torres), aún está pendiente la demolición de una casa ilegal y además «hay varios expedientes urbanísticos abiertos». «Muchas cosas no se entienden. Hay que saber qué ocurre allí. No se habla de castigar a nadie sino de hacer cumplir la ley», justificó Marí.

El edil de Urbanismo insistió en que no tiene inconveniente en convocar una comisión, pero solo para abordar la revisión de la licencia de Cala d’Aubarca.

[...]

El Consorcio de Suelo Rústico ha ordenado 47 demoliciones en dos años

(Menorca, 25/01/2015)

Pep Mir. La Junta de Gobierno del Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico de Menorca ha ordenado la demolición de 47 construcciones ilegales en los dos últimos ejercicios, concretamente 29 en 2013 y 18 el año pasado. Estos expedientes corresponden a obras que no se han legalizado y que, por tanto, deben recuperar el estado anterior a la intervención que ha motivado el expediente. Las demoliciones son llevadas a cabo por el propietario o, si no es así, de forma subsidiaria por parte del Consorcio.

Un número inferior de expedientes de restitución, 29 en concreto, se han resuelto mediante la legalización de las obras realizadas, una vez obtenida la correspondiente licencia municipal. En ambos casos, pueden ser expedientes iniciados en ejercicios anteriores. El número de expedientes de restitución iniciados durante estos dos años es muy superior a los resueltos en el mismo tiempo, concretamente 121 (75 y 46).

Pese a ello, la consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, asegura que el Consorcio «funciona con los plazos establecidos, no hay demoras excesivas».

2015-01-25 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Sencelles: la demolición de los adosados de Ruberts, prácticamente acabada

(Última Hora, 23/01/2014)

A. Pol. El solar de Ruberts en el que se iban a construir cuatro adosados, el que durante los últimos siete años ha sido un gran hoyo con los cimientos de las viviendas inacabadas, va recuperando su aspecto original.

Las tareas de derribo de los adosados ilegales, iniciadas el 12 de enero, están a punto de acabar: solo quedan un par o tres de camionadas de tierra para acabar de rellenar el agujero y terminar las aceras de la calle.

Como los terrenos todavía son propiedad del promotor, de momento se dejarán tal cual, no se hará nada. En un futuro, el Ajuntament de Sencelles prevé habilitar allí un aparcamiento y hacer una especie de zona verde.

Antes, pero, se debe cerrar el acuerdo con el promotor. En este acuerdo, el Ajuntament intentará no pagar una indemnización que podría ser millonaria (el Consistorio otorgó las licencias de obra) y para ello propondrá trasladar a una parcela de Sencelles los mismos derechos de eficabilidad que el promotor había obtenido en Ruberts.

Las obras de demolición, que ha ejecutado la empresa MAB, han tenido un coste de 34.000 euros.

Palma: Cort sabía que el Casino hacía obras, pero no las inspeccionó

(Última Hora, 23/01/2015)

A. Mateos. El 21 de octubre de 2014, el Casino Teatro Balear informó al alcalde Mateo Isern que estaban realizando las obras, ya que habían «obtenido el 23 de agosto de 2014 el permiso de instalación y de obras de la actividad por silencio administrativo».

Ante esta situación, el promotor solicitaba la certificación acreditativa del silencio administrativo; ya que transcurridos los dos meses establecidos por ley, Cort no respondió a la solicitud de licencia.

Pese a la advertencia de que las obras se estaban realizando, Cort no tomó ninguna medida. Hasta el 19 de noviembre, días después de que MÉS denunciase que se estaban realizando obras, Urbanisme no envió a un celador municipal para que realizase una inspección.

El teniente de alcalde d’Urbanisme, Jesús Valls, explicó que el celador llamó al timbre pero no le abrieron, por lo que no pudo realizar la inspección.

El 16 de diciembre, Cort solicitó al promotor que le permitiese acceder al Casino; dos días después le notificó una inspección de obras, que no se realizó hasta el pasado 9 de enero. El 16 de enero, el celador emitió un informe en el que comunicaba que los trabajos realizados excedían a los de reforma, para lo que sí se le había concedido licencia. Tres días después Urbanisme denegó la licencia y ordenó para las obras.

La Policía Local le notificó este jueves al Casino Teatro Balear la orden de paralización de las obras; el promotor tiene 15 días para presentar alegaciones y hasta que no se resuelvan el Consistorio no podrá paralizarlas. Los trabajos están «avanzados»; la prórroga para terminar el Casino termina el 28 de mayo. El promotor esperan que las instalaciones estén en marcha antes y contratar 174 empleados fijos, 90 de ellos de la escuela de Croupiers.





		

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