Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Antoni: el dueño del chalé patera defiende que saca un «escaso» beneficio de 43.000¤

(Diario de Ibiza, 19/01/2018)

Agustín Sales asegura que un informe de una arquitecta técnica avala la legalización de su casa de Sant Antoni, sobre la que pesa una orden de derribo municipal

El propietario del chalé patera de Sant Antoni, en la calle Gotarredona, defiende que no trata de «aprovecharse» de nadie y destaca que sus beneficios se sitúan en torno a 43.000 euros al año, «una cifra escasa si se tiene en cuenta la inversión y la cantidad de trabajo que hacen dos personas». En un artículo remitido a este diario, Agustín Sales explica que en la tramitación del impuesto de sociedades de 2016, Envases d'Eivissa S. L., la empresa que alquila la vivienda a un centenar de personas en la temporada de verano, declaró el ingreso de casi 175.000 euros. Descontando gastos y «el pago de 14.200 euros en impuestos», se obtiene «el beneficio» apuntado.

El número máximo de inquilinos ha superado el centenar (102), pero el propietario apunta que durante la temporada hay entre 90 y 95 personas (ningún turista), que pagan una media de 335 euros al mes. La mayoría de las habitaciones (compartidas) tienen un precio de entre 300 y 375 euros por persona, pero algunas individuales tienen un coste de 500 euros. «Cobrar este precio a un trabajador que gana entre 1.300 y 3.000 euros mensuales, y algunos incluso más? es un precio más que razonable», justifica.

Sales también niega que los inquilinos vivan hacinados en el chalé patera. Para tratar de evitar la demolición de casi todo el inmueble, el propietario ha presentado en el Ayuntamiento de Sant Antoni un estudio de viabilidad para la legalización de la vivienda firmado por una arquitecta técnica que concluye que la casa «cumple con las condiciones de habitabilidad y seguridad que marca el decreto de habitabilidad vigente [145/1997 de 21 de noviembre] para 55 personas [en 42 dormitorios: 29 individuales y 13 dobles]», que es poco más de la mitad del aforo que en realidad se explota.

Para tratar de justificar la capacidad real que se explota en verano, Sales señala que el mismo informe apunta que, si se aplicara el decreto de habitabilidad anterior (111/86 de 18 de diciembre), podría haber hasta 92 plazas repartidas en 11 dormitorios cuádruples, cinco triples, siete dobles y 19 individuales. «La anterior normativa contempla ciertos aspectos técnicos que no se reflejan en la nueva, aunque tampoco los prohíbe», puntualiza Sales, para agregar acto seguido: «Sea como fuere, [el estudio de viabilidad] demuestra que esta casa es capaz de albergar a 92 personas en perfectas condiciones de habitabilidad y salubridad. Además, la casa ofrece algunos lujos, como son piscina, wifi, Canal Plus, barbacoa y limpieza dos veces al día de las zonas comunes. Esto demuestra que no es una casa patera. Tendría que denominarse la casa de los trabajadores», argumenta.

Obras ilegales

Pese a que a mediados de noviembre aseguraba a este diario que no se iba a derribar nada porque «todo es legal», Sales admite que entre los años 2002 y 2005 amplió la casa, sin la correspondiente licencia de obra, en una superficie de180 metros cuadrados, pero defiende que los hechos «han prescrito» y, «como se cumplen los parámetros urbanísticos, se puede legalizar».

De hecho, la arquitecta técnica que ha elaborado el estudio de viabilidad sobre la legalización de la casa concluye que «la construcción principal se ajustaría a las condiciones urbanísticas con pequeñas medidas correctoras que serían fácilmente subsanables».

Por otra parte, la propiedad también amplió la vivienda sin el correspondiente permiso con estructura de chapas y aluminio. «No deberían considerarse como obra pues son fácilmente desmontables y están en el exterior de la vivienda», indica Sales. Así, como el exceso de obra (los 180 metros cuadrados) se pueden legalizar, según su criterio, el propietario admite que difícilmente podrá mantener los porches construidos con las estructuras metálicas porque «exceden la capacidad de la parcela».

La propiedad se aferra a «la situación de emergencia habitacional de Ibiza» para mantener su negocio, pese a la falta de permisos y las obras ilegales acometidas para aumentar la capacidad de acogida. Critica al Ayuntamiento por «movilizar un despliegue de fuezas inaudito y nunca visto en la isla, para intentar derribar una vivienda perfectamente preparada para albergar la cantidad de personas que la ocupan en una condiciones envidiables en comparación con las condiciones en las que viven en general los temporeros».

«Irregularidad insignificante»

Como la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas sobre el caso, el Consell anda «rebuscando algún indicio de actividad turística donde no la hay y la Policía no ve más que trabajadores y calma en la casa», Sales señala que el Consistorio «no ha tenido más remedio que apoyarse en una irregularidad urbanística, ya prescrita e insignificante, comparada con las cientos y cientos de barbaridades que se cometen en la isla... para intentar acabar con una actividad legal y de tremendo interés para los ciudadanos». Por ello, el propietario reclama al Consistorio y al Consell que «salven todo lo que se pueda salvar de la casa con objetividad, espíritu constructivo y responsabilidad política hacia sus ciudadanos».

Orden de derribo y multas coercitivas de 100.000€

La junta de gobierno de Sant Antoni aprobó a mediados de diciembre la orden de demolición que afecta a casi toda la casa. Desde entonces, el propietario tiene un plazo de dos meses para la presentación del proyecto de derribo de la vivienda. En el caso de que el promotor no lo haga, empezarán a recaer sobre él multas coercitivas cada mes (hasta llegar a 12 mensualidades) equivalentes al 10% del valor de la construcción, que en este caso asciende a poco más de un millón de euros (unos 100.000 euros mensuales de sanción). Transcurrido este plazo, el Consistorio podrá proceder a la demolición subsidiaria.

 

Alaró: vecinos de la calle Solleric de Alaró denuncian falta de previsión en las obras

(Diario de Mallorca, 19/01/2018)

Aseguran que se sienten "indefensos" frente al Ayuntamiento, al que reprochan falta de control

Silis Campins. La ejecución del proyecto de la urbanización de Son Mas, en la calle Solleric de Alaró, sufre un nuevo varapalo ante la previsión de modificación del mismo. Un grupo de vecinos ha expresado sus quejas por "irregularidades" en la ejecución de la obra y lo indefensos que se sienten frente a la institución pública.

Este mismo lunes la empresa promotora que gestiona las obras colocó señales de tráfico de prohibido aparcar sin ninguna autorización por parte del Ayuntamiento. Según la normativa de la localidad, el Consistorio debe avisar con 72 horas de antelación. Los vecinos aseguran que "esto no se respetó, además, los discos no llevaban ningún papel ni de la empresa constructora ni del Ayuntamiento". Los residentes piensan que "es la propia empresa la que establece las normas al Ayuntamiento".

Una de las cuestiones que recalcan es "la pérdida de patrimonio, la pérdida de canalización que salía de las acequias árabes, la fuente y la pared que era el vestigio del camino del Almedrà". La calle Solleric pertenece al casco antiguo de Alaró y al antiguo camino del Almedrà, por tanto manifestan que "todas las obras que se ejecuten en esta calle deben regirse por la Ley de Patrimonio".

Además los vecinos han pedido al Ayuntamiento, a través de su abogado, una copia de un proyecto que, según ellos, debe ser público y que nunca se les ha dado completo. Critican "el no cumplimiento de las normas subsidiarias en la urbanización" y quieren que se haga con el máximo respeto al entorno, a los vecinos y a la calle. Manifiestan la falta de atención a los ciudadanos y que tanto el arquitecto como el regidor de Urbanismo, actual alcalde de Alaró, nunca les ha prestado atención. También critican que cuando se lleva a cabo un proyecto, el "Ayuntamiento tiene la obligación de velar para la adecuación y seguridad correcta de la obra y nadie del Consistorio ha velado por ello y siempre han actuado como si fuera una obra privada".

Respecto a la obra, expresan que no se sabe cuál es el proyecto vigente. "Han ajustado el pavimento de la calle, lo que ha hecho que no se ajuste al proyecto inicial", afirman. Además, "el nivel de la acera no es correcto ya que hay un gran desnivel entre la pérgola, el nivel de las casas y el de la acera" y se preguntan quién pagará los desperfectos causados.

2018-01-19 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Vila multa a dos empresas por utilizar sin licencia vallas publicitarias en un solar

(Diario de Ibiza, 17/01/2018)

La sanción también se extiende, con 60.000 euros, a los responsables de instalar los soportes publicitarios

Redacción. El Ayuntamiento de Ibiza ha sancionado a dos empresas por instalar vallas publicitarias sin licencia y por el uso de una parcela como aparcamiento de vehículos sin licencia. El total de las sanciones es de 156.000 euros.

La junta de gobierno ha aprobado las sanciones a dos empresas por la colocación de vallas publicitarias, la instalación de una caseta prefabricada y el uso de parcelas para el aparcamiento de vehículos sin título municipal habilitante.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la parcela está situada en la E-10, entre las rotondas de Cas Mut y Can Sifre. La sanción corresponde a un expediente sancionador iniciado en mayo de 2015 y notificado a la empresa el 12 de septiembre de 2017.

Sanción para el instalador

Según el Consistorio, ya que las empresas no han realizado alegaciones, se ha acordado imponer una sanción de 90.000 euros a una de estas empresas como consecuencia de la colocación de vallas y la instalación de la caseta y 6.000 euros más por el uso de parcela para aparcamiento de vehículos sin licencia.

Además, la junta de gobierno acuerda sancionar a la empresa instaladora con 60.000 euros por la colocación de las vallas sin licencia.

2018-01-17 | Etiquetes: , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Deià: el Ayuntamiento rechaza la petición del GOB de paralizar las obras de 'Petit Deià'

(Diario de Mallorca, 16/01/2018)

El equipo de gobierno considera que el desarrollo de la urbanización se ajusta a la normativa vigente y descarta la revisión de oficio de la licencia

Joan Mora. El ayuntamiento de Deià ha rechazado la petición formulada por el grupo ecologista GOB, que solicitó al Consistorio la paralización cautelar de las obras de construcción del complejo de viviendas de lujo 'Petit Deià'. El municipio considera que su desarrollo se ajusta a la normativa vigente y descarta llevar a cabo la revisión de oficio de la licencia como solicitaba la entidad ecologista.

En su escrito remitido al Consistorio, el GOB solicitaba la paralización de las obras y la revisión del estudio de detalle de los solares que se ven afectados por la construcción de las viviendas. Pero para el Ayuntamiento, la construcción del 'Petit Deià' no se encuentra inmerso "en ninguna infracción normativa urbanística".

No obstante, para el grupo ecologista, el desarrollo de las 21 viviendas que se ejecuta en la zona de sa Vinya d'Es Molí podría vulnerar algunos preceptos de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears que, para esta entidad, "son de aplicación directa". El GOB sostiene que el proyecto incumple la normativa, como por ejemplo, en materia de integración paisajística, recursos hídricos y afectación del patrimonio y confía que pueda paralizarlo de acuerdo con lo que prevé la normativa urbanística de la comunidad autónoma.

Otros recursos

Por otro lado, el GOB ha remitido una carta a Govern, Consell y delegación del Gobierno recordándoles que de acuerdo con lo previsto en dos leyes "todos los ayuntamientos están obligados a enviarles, cada mes, copia de los acuerdos de expedientes de licencias que han aprobado". Por ello entiende que "las tres instituciones tienen el deber de revisar estos expedientes de licencia para garantizar que se adaptan a la normativa vigente". [Nota de Disúrbia: si algú creu que només llegint el text d'una llicència ja es pot determinar si està mal concedida, és que sap molt poc d'urbanisme...]

2018-01-16 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

L’ADT sol·licita als ajuntaments que els enviï qualsevol denúncia en sòl protegit

(Ara Balears, 14/01/2018)

El canvi no afecta els pobles adherits a l’Agència de Defensa del Territori, que són un total de 21 municipis

Jaume Ribas. L’Agència de Defensa del Territori (ADT) ha enviat una carta als ajuntaments de Mallorca en què els sol·licita que facin arribar totes les denúncies entrades als consistoris i que denunciïn infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit. A la carta, també s’informa que s’han d’enviar a l’Agència actes d’inspecció, informes i expedients d’infracció urbanística. En qualsevol cas, la documentació ha de ser de casos iniciats a partir de l’1 de gener de 2018 o que no s’hagin resolt abans d’aquesta data. Tots han de ser sobre infraccions en sòl rústic protegit.

Segons la nova Llei d’urbanisme, aprovada el mes de desembre passat al Parlament i en vigor des de l’1 de gener d’enguany, serà Territori del Consell de Mallorca i no els ajuntaments el que gestionarà les infraccions en sòl rústic protegit.

El canvi no afecta els pobles adherits a l’Agència de Defensa del Territori, que són un total de 21 municipis i representen el 40% de la superfície de l’illa. Aquests pobles ja tenien cedida la competència sobre el sòl rústic protegit a l’ADT i, per tant, no hauran de fer cap modificació. Així doncs, Territori passarà a gestionar les infraccions urbanístiques en tot el sòl rústic protegit, també als municipis que no han passat voluntàriament a formar part de l’Agència. Martí Sant Saloni (PP), el batle de Petra, un dels pobles no adherits a l’ADT, diu que “no hi ha més remei que actuar d’acord amb la llei”. El batle de Santa Eugènia, Xisco Martorell (PP), creu que “no suposa cap complicació” gestionar aquest tipus d’expedients i avisa que “hi ha municipis on l’Agència tindrà molta feina, perquè no hi ha hagut gens de mirament supervisant la disciplina urbanística”.

2018-01-14 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Más de 6.000 casas rústicas legales de Mallorca no podrán ser ampliadas

(Diario de Mallorca, 13/01/2018)

El Govern, a instancias del Consell, incluye en la nueva Ley de Urbanismo que las edificaciones que no tengan la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados no podrán crecer ni construir piscinas - A finales de 2017 entró una avalancha de peticiones de licencia en los ayuntamientos

Miquel Adrover. La nueva Ley de Urbanismo de las Islas Balears (LUIB), que entró en vigor el pasado 1 de enero, deja sin ninguna posibilidad de ampliación o construir porches y piscinas adyacentes a unos 6.000 inmuebles legales ubicados en suelo rústico. La normativa incluye una disposición adicional donde impide el incremento de edificabilidad en aquellos inmuebles que estén ubicados en una extensión que no tenga la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados que está en vigor en la actualidad para edificar en el campo. Son legales porque fueron construidos antes del año 1995 en que entró en vigor la exigencia de parcela mínima, pero ahora tampoco podrán ampliarse y, lo más importante, no podrán contar con piscinas o porches.

La LUIB ha sido impulsada por la conselleria de Territorio y Movilidad que dirige el conseller Marc Pons. Pero esta disposición adicional ha sido incluida por petición expresa del Consell de Mallorca y, en concreto, por su departamento de Disciplina Urbanística. Una medida que también obtuvo el beneplácito del resto de consells insulars. En este sentido, la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, indicó que "existía un vacío legal con los inmuebles legales sin parcela mínima que era necesario aclarar y por ello desde el Consell propusimos al Govern que lo incluyera en la nueva Ley de Urbanismo".

"Es lógico que si no se deja construir en parcelas que no tengan los 14.000 metros cuadrados de extensión, tampoco se deje realizar ampliaciones de la edificabilidad existente", añadió Mercedes Garrido.

Estas edificaciones son legales [Nota de Disúrbia: no del tot, són inadequades] porque fueron construidas con anterioridad a 1995. Hasta esta fecha la parcela mínima eran 7.000 metros cuadrados, que se aplicó a principios de los años 90. Antes de ello cada planeamiento urbanístico municipal tenía una parcela diferente, en la mayoría de casos a partir de los 3.000 metros cuadrados se otorgaban licencias. El primer pacto en el Consell de Mallorca aplicó en 1995 la parcela mínima en 14.000 metros cuadrados, pero Jaume Matas elaboró una Ley de Suelo Rústico en 1997 declarando legales todas las edificaciones existentes antes del año 1956, fecha en que se elaboró la primera normativa urbanística nacional.

Los propietarios de estos edificios, perfectamente legales, solo podrán adecentar, arreglar desperfectos, cambios de tejados, entre otras actuaciones. En ningún caso podrán aumentar la extensión y el volumen de su inmueble en suelo rústico. La única posibilidad que tendrían para ampliar es adquirir terrenos colindantes hasta completar los 14.000 metros cuadrados de parcela mínima.

Modificación de Ley Matas

La LUIB, mediante esta disposición adicional, lo que hace es modificar la Ley de Suelo Rústico de Matas del año 1997. Quedando redactada de la siguiente forma: "Las viviendas existentes en suelo rústico, implantadas legalmente de acuerdo con el planeamiento urbanístico aplicable en el momento de la autorización, pero que no se ajusten a las determinaciones sobre el parámetro de parcela mínima de acuerdo con la legislación y el planeamiento de ordenación territorial y urbanística en vigor, no podrán ser objeto de actuaciones que contemplen la ampliación".

Por consiguiente, nos encontramos que todas las viviendas o edificios situados en suelo rústico de antes de 1997 son perfectamente legales, pese a no tener la parcela mínima. Sin embargo, ahora tampoco podrán ser ampliadas y, lo más importante, crear infraestructuras anexas, como es el caso de piscinas. La cifra que maneja el Consell de Mallorca es que en Mallorca existen unas 40.000 casas o edificios levantados en suelo rústico. Se calcula que un 15% de ellas son legales pero no cuentan con la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados. Ello arroja una cifra de alrededor de 6.000 edificaciones que no podrán ser ampliadas ni contar con piscinas o nuevos porches.

Hay que tener en cuenta que entre estas 6.000 edificaciones se encuentran muchas casetas y barracas construidas a principios y mediados del siglo XX. Sus propietarios solicitaban una licencia de ampliación, pese a no tener la parcela mínima, y ello ha dado lugar a la reconversión de estos edificios en chalés en suelo rústico. Ahora, añadiendo una piscina, muchas de ellas se han destinado al alquiler turístico, práctica que Govern y Consell quieren frenar en suelo rústico.

Pese a que el Consell y el Govern apuntan que existía un vacío legal sobre esta cuestión, el Plan Territorial de Mallorca ya incluía un apartado para evitar el desarrollo de grandes mansiones a partir de la ampliación de casetas en suelo rústico. En la actualidad con una parcela de 14.000 metros cuadrados se puede edificar hasta los 450. El Plan Territorial establecía una ocupación máxima del 3% de la extensión total de la parcela.

Avalancha de peticiones

La filtración de que la nueva LUIB incluiría esta disposición adicional ha provocado una auténtica avalancha de peticiones de licencia, básicamente para que estas casas legales, que no tienen la parcela mínima, puedan albergar una piscina. Incluso el Colegio de Arquitectos de Balears alertó a sus colegiados de esta posibilidad de cambio de normativa, lo que también incrementó el número de solicitudes de licencias de ampliación registradas.

Muchos ayuntamientos, conocedores de la situación, aceleraron la concesión de permisos para otorgarlos antes de finales de año. La nueva LUIB no contempla ningún periodo de carácter retroactivo. Según especialistas consultados por este periódico, se debe aplicar lo que contempla la normativa urbanística general que son los tres meses anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley [Nota de Disúrbia: i això d'on surt?]. Ello quería decir que todas las licencias que no estuvieran concedidas por los ayuntamientos antes del 1 de enero ya se les aplicaría la LUIB y se denegaría automáticamente la ampliación o construcción de piscinas.

No obstante, la consellera Garrido mantiene que si la licencia está bien presentada y fundamentada antes de la entrada en vigor se le puede aplicar la normativa anterior y autorizar la ampliación [Nota de Disúrbia: on ho diu això?]. Existe una cierta controversia sobre esta cuestión, ya que la LUIB no contempla ningún periodo de retroactividad [Nota de Disúrbia: no hi ha controvèrsia, sinó una única solució que ara resulta ser massa radical per a alguns...].

Desde el Consell tienen constancia de que inmobiliarias llevan meses intentando comprar barracas y pequeñas casas advirtiendo a sus propietarios que a partir de enero no podrán ampliar y construir piscinas en su finca. El objetivo de estas grandes empresas es adquirir los terrenos para poder obtener la licencia de ampliación antes de finales de año.

Sant Antoni: Cretu recurrirá la negativa a indemnizar el derribo de su mansión en Santa Agnès

(Diario de Ibiza, 12/01/2018)

El abogado del músico destaca que «lo más grave» es «la inseguridad jurídica» que afecta a la propiedad

Eugenio Rodríguez. La defensa del músico Michel Cretu presentará un recurso en el Ayuntamiento de Sant Antoni en contra del acuerdo de la junta de gobierno que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, por un valor de 20,1 millones, por el derribo, en 2009, de su mansión en Santa Agnès. Acto seguido presentará el correspondiente contencioso administrativo en el juzgado. Su abogado, Jaume Roig, discrepa del dictamen del Consell Consultiu, que presenta «contradicciones», en el que se basa el Consistorio para denegar la petición de la propiedad. «La argumentación se orienta hacia la conclusión que se pretende», señala Roig.

El letrado apunta que el Consell Consultiu «no es un tribunal, y menos de orden penal, para introducir en un procedimiento conceptos dolosos». En concreto, el dictamen del máximo órgano asesor de la Comunitat Autònoma concluye que el Consistorio debe rechazar la pretensiones de la promotora de la antigua vivienda porque cometió «una negligencia grave» al escoger el emplazamiento de la vivienda más impactante, en lo alto de una cima, en contra de lo que determina la Ley de Espacios Naturales (LEN). Además, por este motivo los juzgados anularon la licencia que el Ayuntamiento de Sant Antoni concedió en 1997 para la construcción de una vivienda de 708 metros cuadrados.

Roig niega que la casa se construyera en lo alto de una cima y recuerda que desde la puerta de entrada hasta el punto más alto del promontorio había una altura de algo más de dos metros. «Se construyó abrazando la ladera», dijo.

En todo caso, destaca por encima de todo que la vivienda se levantó en el emplazamiento que fue «autorizado» por «el Govern balear, el Consell Insular y el Ayuntamiento de Sant Antoni».

«Cambio de criterio»

El letrado de Cretu destaca que «lo más grave de todo» es «la inseguridad jurídica» que ha afectado a su defendido en el momento, una vez construída la casa, en que «se cambió de criterio». «Si alguien quiere construir una casa no va al juzgado o al Obispado a pedir licencia, sino al Ayuntamiento y al Consell; y si se la conceden tiene, como mínimo, la sensación de que todo es correcto», recalca.

Sobre la parte de la edificación ilegal, que se construyó al margen de la licencia, Roig recuerda que durante las obras de perforación para instalar los cimientos hubo «problemas» al hallarse «huecos en el subsuelo de ocho metros de altura». «Había dos posibilidades: se rellenaban de hormigón o se les daba un destino. La mayor parte eran galerías», indica.

Sant Antoni no indemnizará a Cretu por el derribo de su mansión

(Diario de Ibiza, 11/01/2018)

El Consell Consultiu avala la decisión municipal por «la negligencia grave» del promotor

Eugenio rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Antoni rechaza el pago de una indemnización al músico Michel Cretu, propietario de la mansión de Santa Agnès que fue derribada en 2009 por orden judicial. La decisión del Consistorio, que ya ha sido notificada al afectado, se basa en un dictamen preceptivo del Consell Consultiu, el órgano superior de consulta de la Comunitat Autònoma, que avala la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, valorada en 20,1 millones, presentada por las dos entidades titulares del inmueble: Baloo Music S.A. y Eden Roc S.A.

Hace cinco años, el Ayuntamiento ya decidió no indemnizar al promotor. Pero esta medida quedaba pendiente del informe preceptivo del Consell Consultiu.

La edificación se levantó en una cima en Santa Agnès, en contra de lo que determina la Ley de Espacios Naturales (LEN), con una licencia que otorgó el Consistorio en 1997 para una vivienda de 708 metros cuadrados. Dicha licencia fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma en noviembre de 2001 tras un recurso del GEN. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y el Supremo ratificaron la sentencia inicial. El Govern balear de Jaume Matas incorporó en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004 una ´amnistía´ para salvar la mansión de Cretu de las excavadoras, pero el TSJB resolvió que no era suficiente para legalizar la construcción.

Ampliación ilegal del 68,3%

Al margen del permiso de obra municipal, la propiedad amplió la edificación, sin autorización alguna, en una superficie de 1.864 metros cuadrados, equivalentes al 68,3% del total. El Consell Consultiu apunta, en su dictamen, que con esta ampliación, ejecutada por la vía de «los hechos consumados», se obtuvo la edificación que, inicialmente, había sido denegada por el Ayuntamiento.

Las dos entidades titulares del antiguo inmueble reclaman al Consistorio 20,1 millones por los siguientes conceptos: 11,4 millones por los gastos de construcción, cinco millones por daños morales y 3,6 millones por lucro cesante.

Obviamente, el dictamen del Consell Consultiu señala que «no existe ningún fundamento legal» para que el Consistorio indemnice la parte de la construcción levantada sin licencia de obras.

En cuanto a lo edificado al amparo de un permiso municipal (el 31,7%), tanto el Ayuntamiento como el Consell , que en su día emitió informes favorables a su construcción, defendieron ante el Consultiu que no había lugar a pagar indemnización por «dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado». Para desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial se debe dar alguna de estas condiciones. «La anulación de una licencia no comporta automáticamente derechos indemnizatorios ni tampoco permite descartarlos igualmente de forma segura», según una sentencia del Supremo.

Actividad empresarial en la casa

Una de las irregularidades de la mansión fue la construcción de una oficina, un estudio de grabación y una sala de control, actividades empresariales que, al no contar con licencia municipal de instalación previa, infringían la ley 8/1995 de actividades clasificadas. La memoria del proyecto reflejaba «suficientemente» la finalidad o el uso que se pretendía en estas salas, de 390,8 metros cuadrados y con un acceso independiente. El dictamen apunta que el redactor del proyecto cometió «una negligencia leve al no haber visto que se incluía una actividad», pero, agrega, «no parece que hubiera una actuación dolosa [no hubo engaño u ocultación deliberada de información] ni gravemente negligente».

Sin embargo, el máximo órgano de consulta de Balears, considera que sí hubo «una negligencia grave», aunque no pueda considerarse una actuación dolosa, en la elección del emplazamiento de la mansión: en lo alto de una cima, en contra de lo que determina la Ley de Espacios Naturales (LEN) y que provocó la nulidad de la licencia.

El proyecto «se limitaba» a fijar la ubicación prevista en la cima (cota 225), señala el dictamen, sin considerar otras alternativas. Pese a que la LEN no exige explícitamente la presentación de un estudio de alternativas, sí lo hace de forma «implícita», según el órgano de consulta balear, ya que determina que «el emplazamiento minimizará en cualquier caso el impacto de la edificación y de su acceso».

Minimizar el impacto

«Sólo se podía minimizar el impacto si el proyecto estudiaba este problema junto con otras alternativas», señala el Consultiu, y agrega: «Si se hubiera hecho, se habría demostrado que la ubicación prevista era la más impactante, y habría conducido a un resultado distinto».

Al proyectar la vivienda en «la zona con mayor grado de protección dentro de la parcela», el promotor debía ser «consciente de que legalmente asumía un mayor riesgo, proporcionalmente muy superior a otras opciones posibles». «La concesión de derechos indemnizatorios equivaldría a trasladar a la Administración municipal las consecuencias de la decisión de los reclamantes, altamente arriesgada», concluye el Consell Consultiu.





		

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