Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sóller: Investigan una destrucción patrimonial y natural en una finca privada de la Serra

(Última Hora, 21/09/2021)

Agentes de Medi Ambient han detectado el destrozo de 278 metros cuadrados de ‘marges’

Joan J. Serra. Agents de Medi Ambient están investigado las presuntas irregularidades de un destrozo patrimonial y natural cometido en una finca privada de la Serra de Tramuntana, concretamente en el municipio de Sóller.

Se trata del destrozo de 278 metros cuadrados de marge tradicional y de la apertura de 180 metros de pista forestal donde antes había un camí de ferradura, igualmente tradicional.

Los agentes de la Conselleria de Medi Ambient se percataron de la actuación al comprobar, a través de una ortofoto (fotografía aérea rectificada y adaptada para que el punto de vista de la cámara no afecte a la posición real de los objetos), que una zona por la que siempre había discurrido un camí de ferradura había sido modificada y mostraba una vía mucho más ancha que la tradicional.

Al personarse los agentes en el lugar para comprobar los hechos, vieron que un largo tramo de marges había sido arrasado y que no quedaba nada del antiguo camí de ferradura, dando lugar a una pista forestal, mucho más ancha que la vía tradicional existente hasta entonces.

La investigación de los agentes se traducirá, previsiblemente, en las correspondientes actas, que serán trasladadas al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, dependiente de la propia Conselleria de Medi Ambient i Territori; a la Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca, por la supuesta infracción urbanística en la apertura de la pista forestal sin autorización; y al propio Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca por la destrucción de los marges.

Cabe recordar que, precisamente este año, se ha cumplido el décimo aniversario de la declaración, por parte de la UNESCO, de la Serra de Tramuntana de Mallorca como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entre otras cuestiones, la UNESCO reconocía la monumental obra humana de kilómetros de pedra en sec (en referencia a marges y marjades) y de canalizaciones hidráulicas que transformaron durante siglos un terreno abrupto en un lugar habitable, conservando su belleza.

Se calcula que en la Serra de Tramuntana hay unos 170.000 metros cuadrados de superficie de marjades, que suponen casi 20.000 kilómetros de marges.

Un marge es una pared de piedra seca (sin ningún mortero) que sirve para contener la tierra en la pendiente de una montaña, formando marjades o bancales. También se han utilizado los marges para sostener caminos y carreteras.

Aprovechar el aislamiento para realizar obras

La destrucción de elementos tradicionales como los ‘marges’ es relativamente habitual en fincas de la Serra de Tramuntana. Algunos propietarios se animan a realizar estas actuaciones sin autorización pensando que, al tratarse de terrenos más o menos aislados, no serán detectadas. Sin embargo, la labor de los agentes de Medi Ambient y las denuncias de terceros hacen posible que estas obras salgan a la luz.

Palma: polémica por el asfaltado del camino que da a la urbanización ilegal de Son Olivaret

(Diario de Mallorca, 14/09/2021)

Josep Capó.El asfaltado por parte del área de Infraestructuras del ayuntamiento de Palma del camino que comunica Sant Jordi con la parcelación rústica ilegal de Son Olivaret ha generado polémica entre los vecinos.

Algunos han alertado de que esta vía no es de titularidad municipal, por lo que se han extrañado de esta actuación del área de Infraestructuras, ya que los propietarios de las parcelas de esta urbanización ilegal y no recepcionada por el Ayuntamiento solo dispondrían de un derecho de paso.

En consecuencia, consideran que el coste del asfaltado no debería ser asumido por las arcas municipales sino a expensas de los propietarios beneficiados por esta mejora.

Desde la asociación de vecinos de Sant Jordi, su presidente, Xisco Jaume, manifestó que su entidad está recabando información sobre la situación legal del camino y si la actuación municipal es correcta o no, con el fin de que, con posterioridad, solicitar una reunión con los responsables de Infraestructuras.

Según este representante vecinal en estos momentos «aún no podemos pronunciarnos» puesto que carecen de toda la información necesaria para hacerlo. No obstante, manifestó que, en principio, la actuación municipal «no nos parece bien», por cuanto no atiende a otras prioridades.

No es la primera vez que se han levantado voces en contra del asfaltado de este camino que da acceso a esta parcelación rústica ilegal, una de las 94 existentes en la ciudad. En septiembre de 2006 el entonces grupo municipal del PSM ya se opuso a una actuación similar.

Por su parte, desde el área de Infraestructuras, la concejala Angélica Pastor manifestó que esta actuación responde a una petición vecinal de años. Afirmó además que esta vía no solo da servicio a la urbanización de Son Olivaret, sino que también constituye el acceso obligado para otras propiedades no incluidas en esta parcelación rústica ilegal.

60.000 euros públicos

Según el coordinador general del área de Infraestructuras, Luis Sureda, se ha procedido al asfaltado de un kilómetro del camino que comunica Sant Jordi con s’Aranjassa pasando por Son Olivaret, sin entrar en ninguna de las vías propias de esta parcelación. Si bien la sección del camino es de seis metros, no se ha asfaltado en su totalidad, puesto que se ha dejado una zona a cada lado sin pavimentar, con el fin de que pueda absorber el agua de lluvia. La actuación ha tenido un coste de 60.000 euros por lo que la inversión por metro lineal pavimentado ha sido de 10 euros.

Esta actuación se enmarca en el plan de limpieza y adecuación de caminos rurales. Hasta el pasado mes de junio se actuó en 50.000 metros lineales de aceras de caminos rurales de los 285.000 metros lineales existentes en el término municipal.

2021-09-19 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Alaior sigue los pasos de Es Migjorn y amaga con salir del Consorcio de suelo rústico

(Menorca, 17/09/2021)

Considera que no se le hace el debido caso como Ayuntamiento y que el organismo del Consell debe replantearse su funcionamiento

Nota de Disúrbia: enèssima discussió bizantina sobre com trobar maneres polítiques de no fer complir la llei...

Miguel Juan Urbano. El Ayuntamiento de Alaior amagó ayer con abandonar su presencia en el Consorcio para la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, siguiendo los pasos del municipio de Es Migjorn, que tramita su salida desde hace más de un año. Se trata de las dos únicas corporaciones que gobierna el PP en la Isla lo que insinúa un posible componente político en su postura crítica hacia el organismo del Consel para abandonarlo, como opina su presidente, Josep Pastrana:«Entiendo que sí lo hay pero están en su derecho», responde.

El caso de la familia de Es Plans, obligada a derribar su vivienda ilegal construida sobre un ANEI, es el detonante final, aseguran los responsables municipales de Alaior para plantearse su salida una vez se dé con una solución para ellos.Sin embargo, a principios de año el agroturismo de Torre Vella, en el mismo municipio, con expediente abierto tras una denuncia del GOB por varias irregularidades, entre ellas la construcción de siete piscinas, sin que el Ayuntamiento inspeccionara el final de obra, ya dejó entrever diferencias entre ambas instituciones. Tanto Pastrana como Cristóbal Marqués, responsable de Urbanismo alaiorense, niegan cualquier discrepancia en esta cuestión «que atañe al Consorcio y a la propiedad de Torre Vella, nosotros no tenemos ningún desencuentro por este tema», subraya el edil.

En la reunión del Consorcio y en la Junta de Alcaldes celebradas ayer en la sede del Consell, primero el propio Cristóbal Marqués y posteriormente el primer edil, José Luis Benejam, comunicaron su intención de valorar si abandonan el organismo garante de la legalidad urbanística en la Isla, en desacuerdo con su funcionamiento.

Si Ramón Verdú, concejal de Urbanismo de Es Migjorn, dijo en su día que en el Consorcio había trato de favor porque algunos expedientes caducaban y no se volvían a abrir «porque son de sus amigos», el edil de Alaior modera la crítica pero «queda claro que algunos expedientes se mueven más rápido que otros», opina.

En esencia, el Ayuntamiento de Alaior cuestiona el funcionamiento del Consorcio «porque no nos hacen caso como la institución que somos», señala Marqués. La coordinación interna con los ayuntamientos debe mejorar, «hemos hecho propuestas para tener un sistema informático potente y les hemos sugerido cambiar algunos formalismos de peticiones de información que perjudicaban al interesado al correr los plazos pese a que la legalización de su expediente estaba pendiente de informe del ayuntamiento o del Consell». En este sentido Marqués indica que no ayudó la filtración  de datos privados, como le sucedió a la alcaldesa de Es Migjorn, ni diferentes expedientes que ponen en duda el trabajo de los técnicos municipales». Y pone como ejemplo que en la reunión de ayer «se resolvieron expedientes de 2005, y en cambio el de Es Plans tiene menos de dos años ya está resuelto».

El presidente del Consorcio, Josep Pastrana, reconoce que la coordinación «se puede mejorar», y revela que en breve los notarios recibirán la información de las construcciones que tengan expedientes abiertos para incorporarlos a las notas registrales.

El también conseller de Economía y Territorio rechaza que el Consorcio acelere unos expedientes y retrase otros, sino que se diferencian por su complejidad en la tramitación. Recuerda que actúa a partir de denuncias y que solo disponen de dos inspectores. «En cierto modo somos como un escudo para los Ayuntamientos que son una administración de trato más directo con sus ciudadanos», explica. Si Alaior estuviera fuera del consorcio, el caso de Es Plans    «habría recaído directamente en el Consistorio y habría tenido que aplicar la ley igualmente, como hacemos nosotros porque de otro modo estaríamos prevaricando». Recuerda, además, «que fue el Ayuntamiento quien denunció la construcción ilegal, por tanto no es de recibo que ahora digan que la culpa es del Consorcio cuando fueron ellos quienes lo denunciaron. ¿Por qué no actuaron entonces?», se pregunta.

Benejam informa a la Junta de Alcaldes sobre la postura de su municipio

El alcalde Alaior, José Luis Benejam, informó ayer a sus colegas del resto de municipios de la Isla sobre la posibilidad de que el Consistorio que preside decida salir del Consorcio en rústico, en desacuerdo con su forma de proceder, especialmente tras el detonante de la casa de Es Plans que por ahora deja sin solución a la familia obligada a derribarla.    Benejam trasladó esta postura en la reunión de alcaldes que se desarrolló ayer, de forma telemática, precisamente después de que tuviera lugar la reunión del Consorcio en la que el regidor, Cristóbal Marqués, exteriorizó su protesta por este caso y salió de ella a poco de iniciarse.

Alaior: el Consorcio rechaza el recurso contra el derribo de la casa de Es Plans

(Menorca, 17/09/2021)

Indica que la alegación se presentó fuera de plazo y Alaior abandona la reunión como protesta

Miguel Juan Urbano.La reunión del Consorcio para la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico celebrada ayer estuvo marcada por la tensión en sus minutos iniciales, el abandono del representante de Alaior, y el posterior rechazo al recurso presentado por los abogados de la familia de Es Plans para frenar el derribo de su casa.

El concejal del Ayuntamiento de Alaior, Cristóbal Marqués, dejó la reunión apenas iniciada tras mantener su postura de rechazo a la postura intransigente del Consorcio respecto a la familia de Es Plans, obligada a demoler su casa este mismo mes debido a su ilegalidad.

«La casa lleva 25 años siendo ilegal, no entendemos por qué no se puede esperar seis meses o un año más hasta que encuentren otra vivienda aún sabiendo que no tienen solución para quedarse en ella», sostiene Marqués. La decisión final de abandonar ayer la reunión responde a «la postura patética del equipo de gobierno del Consell porque nadie salió a atender a esta familia durante su protesta».

Minutos después, ya sin el representante de Alaior en la reunión, el Consorcio rechazó el recurso de los abogados de la familia para frenar el derribo. Este se había presentado 20 días después de que expirara el plazo, de ahí la resolución.

Josep Pastrana, presidente del organismo, reiteró que la familia y sus asesores han tenido toda la información pertinente sobre lo que podían hacer, «pero si presentan el recurso 20 días después no queda margen de maniobra y actuamos sobre la legalidad».

Cristina Gómez, consellera de Vivienda, dijo ayer que la familia tiene su teléfono «y sabe que la recibiré, estamos obligados a ayudarles y no descarto que le podamos dar una solución». Precisó que realizar una gestión directa al Ibavi puede tener su contrapartida si supone pasar por delante de todas las familias que están en lista de espera para una vivienda [Nota de Disúrbia: per no dir que seria una immoralitat...].

2021-09-17 | Etiquetes: , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

El Consell ha ejecutado dos demoliciones en suelo rústico a la semana desde 2017

(Última Hora, 16/09/2021)

Algaida y Marratxí, con 117 derribos, son los municipios donde más ha actuado la ADT

Antoni Pol. La Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo adscrito al Consell de Mallorca, ejecutó entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de este año un total de 465 demoliciones de construcciones ilegales en suelo rústico. Esto significa que de media se ha actuado a un ritmo de dos demoliciones por semana.

Algaida, con áreas de suelo rústico muy parceladas, es el que más demoliciones ha concentrado: 72. Le siguen Marratxí, con 45, y Felanitx, con 30. En Montuïri se han registrado 25, mientras que Artà suma 21 demoliciones en estos cuatro años y medio, tantas como Selva. Cabe remarcar que la ADT ejerce la inspección urbanística en rústico en Algaida, Marratxí y Montuïri desde 2010, mientras que en Artà y Felanitx no asumió la competencia hasta 2015. En Selva lo hizo en 2017. 34 ayuntamientos han delegado la inspección en rústico a la ADT, pero la mayor parte lo hizo a partir de 2017.

Las razones que podrían explicar por qué la Agència ha actuado más en estos municipios son múltiples y complejas. Concurren la superficie del término clasificada como rústico común y el nivel de parcelación de este suelo. Que la ADT lleve más tiempo ejerciendo la inspección también parece incidir en el número de derribos, pero Puigpunyent, Campanet y Son Servera las delegaron en 2009 y 2010 y en conjunto suman solo 33.

En Andratx, que no cedió la competencia hasta 2020, se han ejecutado 16 demoliciones. Llaman la atención los casos de Mancor y Búger, con términos con escaso suelo rústico que sin embargo reúnen 15 y 13 demoliciones. También podrían comentarse los casos de los pueblos en qué la parcela mínima para edificar en rústico no es de dos sino de tres quarterades, como por ejemplo Llubí, con 8 derribos, o Santa Eugènia, con 6.

Sin delegación

Los ayuntamientos de cuatro de los seis municipios donde no se ha ejecutado demoliciones mantienen la competencia en rústico: Palma, Escorca (con un término muy poco parcelado y un suelo rústico muy protegido), ses Salines y Lloseta. Los dos restantes, Consell y Vilafranca, no la cedieron hasta 2020 y 2018, respectivamente.

En Sant Llorenç des Cardessar, que no ha cedido la competencia, sólo se han ejecutado dos derribos; y en Santa Margalida, donde también la mantiene el Ajuntament, solo una. Banyalbufar y Estellencs, que también las mantienen, únicamente suman dos demoliciones en conjunto.

2021-09-16 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Antoni trata de evitar la reincorporación del celador de obras que fue detenido y luego absuelto

(Diario de Ibiza, 14/09/2021)

El alcalde, Marcos Serra, anuncia que se recurrirá ante el Tribunal Supremo y que el inspector que en su día denunció los hechos los ha ratificado ante notario

Eugenio Rodríguez Martos. El Ayuntamiento de Sant Antoni trata de evitar la reincorporación del celador de obras que fue detenido en 2009 bajo la acusación de aceptar sobornos a cambio de encubrir infracciones urbanísticas aunque, a mediados de 2017, fue absuelto de ello por que, según la sentencia, los hechos probados no encajaban en el delito sobre negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios del que le acusó el Ayuntamiento, sino en otro.

Tal como avanzó este diario, el Consistorio tiene la obligación de reincorporar al celador después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) haya denegado el recurso de la Administración y haya ratificado el derecho del funcionario a recuperar su puesto de trabajo. El celador recurrió, en su día, la pérdida de su puesto de funcionario y, de momento, ha ganado el proceso judicial.

El alcalde, Marcos Serra, explicó ayer que el Ayuntamiento recurrirá finalmente la sentencia ante el Tribunal Supremo. Recientemente, el que era supervisor del celador (un inspector municipal) ha ratificado ante notario el informe de denuncia que hizo en su día y que sirvió de base para trasladar los hechos a la Fiscalía. La ratificación de la denuncia por parte de este funcionario es uno de los argumentos que esgrimirá la defensa del Ayuntamiento, según Marcos Serra, para intentar que el Tribunal Supremo tumbe la sentencia del TSJB e impida la reincorporación del celador a su puesto de trabajo municipal.

Hay que tener en cuenta que la sentencia del TSJB destaca que, una vez reactivado el expediente administrativo, que se paralizó en 2009 cuando se iniciaron las diligencias penales de las que fue absuelto, era «imprescindible» que el inspector ratificara su denuncia. Pero ni compareció cuando fue requerido para ello. Por ello, para tratar de subsanar ese error, ahora, según el alcalde, el inspector ha ratificado ante un notario su informe de denuncia.

Entre otras cosas, el inspector relataba que el promotor de una piscina ilegal le reconoció que el celador de obras le pidió 3.000 euros para «arreglar el asunto».

También incluía otros testimonios similares y concluía que el funcionario «se valía de sus conocimientos de las ordenanzas municipales y sabiendo que las construcciones eran ilegales e ilegalizables, al parecer lo utilizaba para su provecho personal».

Con la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo se paraliza la reincorporación del celador de obras y el trabajador que desde hace años ocupa la plaza podrá seguir en este puesto.

Santanyí: el Supremo condena la venta de una casa que tenía unas obras ilegales

(Diario de Mallorca, 12/09/2021)

J.F. Mestre. El Tribunal Supremo, en una reciente resolución, ha condenado a un matrimonio extranjero que intentó vender su casa ocultando que incluía una serie de ampliaciones ilegales. La pareja ha sido obligada a indemnizar a la mujer que se interesó por la adquisición de esta vivienda, ubicada en la zona de Cala Llombards, en Santanyí. Esta mujer abonó para reservar la operación, que se estaba comercializando a través de una agencia inmobiliaria, la cantidad de 41.500 euros. Esta cifra respondía a un porcentaje del precio acordado y en el documento que se firmó por el pago de estas arras se estableció que el inmueble se entregaba sin ninguna irregularidad urbanística, cuando no era así. El Supremo, confirmando una sentencia anterior dictada por la Audiencia de Palma, ha condenado a este matrimonio extranjero a que pague a la mujer que pretendía comprar la vivienda con 83.000 euros, que es el doble que recibió tras firmar el documento de reserva.

Este pleito, representado por el abogado Miguel Forteza Rey, se ha prolongado durante más de cinco años. El acuerdo para vender la vivienda se firmó en el mes de enero de 2015. En esa fecha se entregó la paga y señal y se estableció un periodo de cuatro meses para formalizar la compra. En el documento se establecía que en el caso de que los propietarios incumplieran alguna de las condiciones pactadas tendrían que abonar la cantidad de 83.000 euros, que era el doble del importe de la opción de compra. Y en el mismo documento se establecía que el inmueble se ajustaba a derecho, es decir, no tenía ninguna irregularidad urbanística. Los vendedores aportaron un certificado de un arquitecto, que rechazaba cualquier tipo de ilegalidad. Sin embargo, la realidad no era así. La compradora tuvo la precaución de asesorarse con un arquitecto, que detectó las irregularidades. La casa se había ampliado con casi 30 metros de superficie. Además, se había construido una piscina de 58 metros cuadrados y una zona de garaje, con una ampliación de 74 metros más.

Estas obras se habían realizado sin autorización. Lógicamente no aparecían reflejadas en la escritura del inmueble. Las obras no solo eran ilegales, sino que eran ilegalizables. Además, impedía a la nueva propietaria realizar cualquier tipo de cambio y siempre corría el peligro de que fuera sancionada por estas obras ilegales, dado que estas actuaciones urbanísticas no prescriben.

Es cierto, y así se incidía en el relato de la sentencia, que en su momento las obras se podrían haber legalizado, con el pago de casi 60.000 euros. Pero el cambio de la ley impedía esta situación cuando se negoció la venta.

Los jueces recuerdan que las infracciones que afectan al inmueble determinan que los propietarios incumplen los acuerdos firmados. Se citan varias sentencias, pero una de ellas es especialmente relevante, ya que se considera que el vendedor tiene la obligación de entregar la vivienda en condiciones de poder se habitada, «sin impedimento legal alguno, haciendo posible su ocupación de un modo definitivo y sin obstáculos o problemas administrativos o urbanísticos».

Analizando el caso de la vivienda de Cala Llombards, los propietarios entregaron una licencia de ocupación y la cédula de habitabilidad, pero solo se refería a la zona que era legal. El resto de la superficie construida, de 160 metros cuadrados, era ilegal y por tanto no disponía de certificado alguno. La nueva propietaria hubiera podido adquirir este inmueble, con el inconveniente de que nunca habría podido realizar ningún tipo de reforma en la zona de la casa que fue ampliada sin ningún tipo de autorización.

Los propietarios se negaron a devolver el dinero recibido como adelanto. Aseguraron que comunicaron que existía esta situación urbanística y, por tanto, la mujer que se interesó por la casa lo sabía.

Sin embargo, los tribunales no lo han interpretado así. Consideran los jueces que no se trataba de un detalle menor y que si hubiera sido cierto que se facilitó dicha información urbanística, lo más lógico es que se hubiera reflejado en el documento de compra que firmaron las dos partes.

Tampoco cree que el tribunal que los vendedores hubieran planteado una rebaja en el precio de la venta debido a la situación urbanística ilegal de esta casa de Santanyí.

El Consell ordena la demolición de las casas prefabricadas en rústico en Sencelles

(Última Hora, 9/09/2021)

El promotor se enfrenta a una multa de 119.000 euros

La Agència de Defensa del Territori (ADT) ha dictaminado orden de demolición de las casas prefabricadas que un particular instaló en una parcela de 11.000 metros cuadrados de suelo rústico y que habían sido denunciadas por 51 vecinos y por el Ajuntament de Sencelles.

La decisión de la agencia de disciplina urbanística del Consell de Mallorca afecta a 37 instalaciones ubicadas en la finca, que previamente había sido subdividida en ocho parcelas.

Además de tres casas prefabricadas, se deberán retirar dos piscinas también prefabricadas, una caravana, un contenedor metálico y una casa de madera, visibles desde la carretera que une Sencelles con Santa Eugènia.

Multa al promotor

Además de ordenar la demolición de estas instalaciones en suelo rústico, el Consell impone una multa de 119.000 euros al promotor de las mismas. La existencia de estas construcciones fue denunciada hace unos meses por vecinos de la zona, quienes lo pusieron en conocimiento del Ajuntament de Sencelles y éste, a su vez, trasladó la denuncia a la ADT. En el momento de presentarse los inspectores, las personas que ocupaban estas viviendas señalaron que las habían adquirido o alquilado y defendieron su legalidad.

2021-09-10 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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