Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Campos, Fornalutx y Sineu se suman a la ADT

(Diario de Mallorca, 22/09/2017)

Redacción Comarcas. Otros tres municipios se han adherido a la Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT): Campos, Fornalutx y Sineu. En total ya hay 20, triplicando la cifra de comienzos de legislatura. De este modo, la agencia, vinculada al Consell, ya controla un tercio del territorio de la isla, más de 1.200 km2. La ADT fue fundada en el año 2009. Además de Campos, Fornalutx y Sineu en la lista figuran: Campanet, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Son Servera, Montuïri, Artà, Felanitx, Mancor de la Vall, Alaró, Bunyola, Santa Maria, Sóller, Búger, Selva, Llubí y Capdepera.

2017-09-22 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Santa Eulària: Kühn pide su absolución en el juicio por las obras ilegales en Tagomago

(Diario de Ibiza, 22/09/2017)

La defensa del alemán, el exfiscal Pedro Horrach, reclama la nulidad de la causa porque alega que se han vulnerado «derechos fundamentales» | La Fiscalía insiste en que la causa contra el popular promotor «no es una caza de brujas»

Laura Riera. La defensa de Matthias Kühn, el que fuera titular de la Fiscalía Anticorrupción de Balears y fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, pidió ayer la absolución del promotor alemán en el juicio por las presuntas obras ilegales en el islote de Tagomago celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza. Tanto Kühn como el otro denunciado por un delito contra el medio ambiente y otro contra la ordenación del territorio, el constructor Guido Hecker, se acogieron a su derecho a no declarar.

La representante del Ministerio Fiscal, por su parte, ratificó su petición de condena de dos años de cárcel para cada uno de los acusados y defendió que la causa contra ellos «no es una caza de brujas». Además, replicó a los letrados (a Horrach y a Carlos Barceló, el abogado que defendió a Hecker) que los delitos no han prescrito. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, dejó el juicio visto para sentencia.

En las conclusiones de la vista oral, Horrach insistió en que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente porque se ha invertido la carga de la prueba. «Uno de los supuestos hechos delictivos por los que se acusa a Kühn ni siquiera ha sido calificado como infracción por el Ayuntamiento de Santa Eulària, la única administración competente para determinar si una obra es autorizable o no. Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente del Govern dictó en junio de 2012 un informe favorable sobre la legalización de la vivienda», remarcó la defensa del empresario, propietario de la empresa Isla Tagomago S.A., con la que explota la vivienda de este islote protegido.

La defensa del otro acusado, Hecker, también reclamó la nulidad de las actuaciones e insistió en que los delitos por los que se acusa al constructor y al promotor alemán han prescrito. «Las obras comenzaron en enero de 2008, no en julio como afirma la Fiscalía», sostuvo el letrado.

Asimismo, recordó que este procedimiento contra Kühn y Hecker se archivó en 2014 y que después se abrió juicio oral por el mismo delito, contra el medio ambiente, «sin haber aportado ningún elemento ni hecho nuevo». El abogado también afirmó que el juez de Instrucción José Espinosa «no fue imparcial».

Además, tanto Horrach como Barceló criticaron la falta de objetividad e independencia de un perito judicial, Cristian Ruiz Altaba, que antes de desempeñar esta función tramitó un expediente contra los acusados cuando trabajaba en la Red Natura 2000. En ese escrito denunciaba perjuicios de las obras acometidas en Tagomago a la flora y la fauna.«No se puede ser parte y perito a la vez», se quejaron Horrach y Barceló.

Vericad, entre los 16 testigos citados a declarar

El conseller fue uno de los cuatro agentes de Medio Ambiente que intervinieron en el juicio contra Kühn

El conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad, declaró ayer por la mañana como testigo en el juicio contra Matthias Kühn y Guido Hecker. La Fiscalía le citó en calidad de agente de Medio Ambiente (AMA) del Govern.
En su breve comparecencia señaló que cuando estuvo en Tagomago en julio de 2008 observó obras «de cierta entidad» que podían estar fuera de la ley.

El arquitecto técnico Eugenio de la Fuente, quien redactó el proyecto de rehabilitación de la vivienda de Tagomago y no se sentó en el banquillo de los acusados porque la Fiscalía pidió el sobreseimiento respecto a él, señaló que las obras llevadas a cabo no eran ni de consolidación ni de reforma, las únicas permitidas en una zona ANEI.

La entonces directoral general de Medio Natural y Educación Ambiental del Govern, Neus Lliteras, confirmó que en su etapa informaron «favorablemente, pero con condiciones» el informe sobre las obras de Tagomago. Otro perito, Pere Ripoll, afirmó que las construcciones acometidas por los denunciados no suponían una amenaza para la flora y la fauna del islote, que ostenta la máxima protección medioambiental.

Un extécnico de Red Natura 2000, Vicent Forteza, dos agentes del Seprona, tres de Medio Ambiente, otro perito y un celador de obras del Consell también declararon ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza.

Formentera pagará 1,5 millones a la promotora de Ca ses Castellones

(Diario de Ibiza, 21/09/2017)

El Consell asume la indemnización fruto de las licencias mal dadas en 2005 por el gobierno del PP-GUIF-PREF

Carmelo Convalia. El Consell de Formentera ha decidido acatar la sentencia del 17 de junio de 2016 que le obliga a pagar a la empresa promotora, Plaça de Sant Ferran S.L. una indemnización de más de 1,5 millones de euros «por los perjuicios sufridos como consecuencia de la demolición de los edificios de locales comerciales de planta baja y piso...». Se trata de los tres edificios del desaparecido centro comercial Sant Ferran, en el solar de Ca ses Castellones, que fueron demolidos en noviembre de 2012, de forma subsidiaria, por el Consell de Formentera por orden judicial.Esto quiere decir que las arcas insulares tendrán que asumir este pago extra por la mala gestión que en 2005 se llevó a cabo desde la administración local.

La consellera insular de Territorio, Alejandra Ferrer, explicó que el Consell pidió una aclaración de sentencia «que fue desestimada» y que ante los informes de los servicios jurídicos externos del Consell que llevan el caso, el equipo de gobierno decidió no seguir con la vía judicial y acatar la sentencia. Es decir, pagar.

Esta reclamación patrimonial era el fleco que quedaba por resolver para cerrar este caso que comenzó en 2005 cuando el gobierno del PP-GUIF-PREF, en el Ayuntamiento de Formentera, presidido por Juanma Costa (PP), otorgó las correspondientes licencias de obras antes de sufrir una moción de censura anunciada semanas antes.

Esas licencias permitieron demoler la antigua casa payesa catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), según la Ley de Patrimonio, extremo que entonces negaba el PP, y luego levantar los citados locales comerciales en un solar estratégico situado en el centro de esta localidad.

Ambos permisos fueron anulados por los tribunales al considerar que vulneraban la Ley de Patrimonio, al margen de los informes preceptivos pero no vinculantes que fueron emitidos de forma favorable por la extinta Comisión Insular de Territorio y Patrimonio (Ciothupa) del desaparecido Consell Insular de Ibiza y Formentera y del Consell Consultiu. El entonces alcalde, Juanma Costa, se escudó en esos informes (no vinculantes) para otorgar dichas licencias cuando sabía que iba a dejar de ser alcalde ante el anunció de una moción de censura (COP-PREF) que le obligó a abandonar la alcaldía.

La reclamación patrimonial de la empresa Plaça de Sant Ferran fue interpuesta por la vía del contencioso administrativo el 4 de febrero de 2010, cuando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ya había declarado nulas las licencias de obras otorgadas. El caso Ca ses Castellones fue denunciado hace 12 años por el arquitecto ibicenco Salvador Roig.

La Guardia Civil denuncia tres campings ilegales de Algaida, Sant Joan y Manacor

(Diario de Mallorca, 20/09/2017)

Ofertaban en suelo rústico el alquiler de tiendas de campaña por unos precios de entre 15 y 40 euros a través de una conocida web

T. Obrador. El turismo ilegal en Mallorca vuelve a ser protagonista este 2017, el año de los récords históricos. La Guardia Civil informó ayer de que ha denunciado tres campings que no estaban regulados en Mallorca. En concreto, a través de los componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha denunciado tres campings ilegales situados en los municipios de Algaida, Sant Joan y Manacor (los dos primeros en la comarca del Pla y el tercero en la del Llevant).

La Benemérita detalló mediante una nota que dichos campings "se ofertaban a través de una conocida plataforma de alquiler a través de internet, donde se ofrecía el alquiler turístico de tiendas de campaña por unos precios que rondaban entre 15 y 40 euros por persona y día".

Estas actividades turísticas "se ubicaban en suelo rústico, habiéndose instalado aseos, inodoros, duchas, mesas, sillas, placas solares, iluminación, depósitos de agua e incluso zona de barbacoa, todos ellos dentro de masa forestal con el consiguiente riesgo de incendio".

Asimismo, "estas actividades carecían de todas las autorizaciones administrativas en materia de turismo, de licencia de actividad, de licencia urbanística, etc.", advierte la Guardia Civil.

Durante las inspecciones, "los agentes del Seprona identificaron a clientes, todos ellos extranjeros de distintas nacionalidades, reconociendo que habían realizado la reserva, previo pago en la página del portal web".

Por todo ello, el Seprona ha remitido las mencionadas denuncias administrativas a las autoridades autonómicas y municipales competentes.

Cabe apuntar que el municipio de Algaida está adherido a la Agència de Defensa del Territori (ADT), vinculada al Consell de Mallorca. Manacor está en vías de sumarse próximamente.
 

El TSJB ratifica la condena para la exconcejal de Ciutadella Antònia Salord

(Menorca, 19/09/2017)

Desestima su recurso de apelación y confirma la pena de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ocupar un cargo público

R.D. La exconcejal del Ayuntamiento de Ciutadella, Antònia Salord, ha sido condenada a un año y medio de prisión, además de cuatro de inhabilitación para ocupar un cargo público y una sanción de 3.600 euros por el caso de la desaparición de un expediente de disciplina urbanística cuando estaba al frente del área municipal de Urbanismo.

Así lo ha ratificado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears, quien ha desestimado el recurso presentado por la exedil contra la sentencia condenatoria tras el juicio al que se enfrentó a principios de este año. A pesar de ello, aun puede recurrir ante el Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal desestima los motivos de la apelación y manifiesta que «en absoluto se ha quebrantado el derecho a la presunción de inocencia; la prueba de indicios ha sido válidamente obtenida; las inferencias son ajustadas a la lógica; y no es posible sustituir las valoraciones debidamente razonadas por el Jurado en su veredicto».

Salord fue condenada en febrero por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos. Según la sentencia, quedó probado que en febrero de 2009, solicitó 12 expedientes originales sancionadores de disciplina urbanística, de los que unos días después devolvió 11 e «intencionadamente no devolvió» el que correspondía a un policía local con el que tenía amistad.

El 9 de marzo de 2009, Salord se reunió con el policía para hablar del expediente sancionador, fecha en la que dicho documento estaba en el despacho de la ahora condenada. El 17 de marzo de 2009, cuando pasó a ocupar ese mismo despacho Maite Salord, el expediente no estaba allí, según declaró ésta en el juicio.

La jueza recuerda en la sentencia que, según el veredicto del jurado, la exconcejal, que gestionó el área de policía entre 2003 y 2009, no respondió a un requerimiento de información sobre el paradero del expediente por parte del ayuntamiento en junio de 2010.

A consecuencia de no devolver ese expediente, la tramitación de la sanción se retrasó al menos durante varios meses.

El caso fue denunciado por el concejal de UPCM, Joan Triay.

2017-09-19 | Etiquetes: , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Ciutadella: la ‘Martí i Bella’ denuncia la ‘paret seca’ de Son Salomó por su altura excesiva

(Menorca, 18/09/2017)

La sociedad presenta una reclamación ante el departamento de Disciplina Urbanística de Ciutadella

José Luis Yagües. La Sociedad Histórico-Arqueológica Martí i Bella ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Ciutadella por la «altura excesiva» de los muros de paret seca que circundan las actuales instalaciones del parque fotovoltaico de Punta Nati. En el escrito, al que ha tenido acceso «Es Diari», se defiende que en el tramo de muro de separación del parque con la carretera este tipo de elementos llegan hasta los dos metros de altura, «mientras desde la rotonda de la ronda norte hasta el cruce del Camí de Cavalls la altura de los muros de este tipo es del orden de un metro y cuarenta centímetros».

A su vez, recuerdan que la altura máxima establecida en la zona –y vigente por las normas actuales, PGOU de Ciutadella y PTI– es de metro y medio y piden que se restauren los elementos de separación a su tamaño original.

«Lo que ocurre es que los han hecho más altos para que no se vean las placas foltovoltaicas y la situación afecta a toda la zona cercana. Estamos también con un secuestro de parte del paisaje», apuntan desde la agrupación.

2017-09-18 | Etiquetes: , | Categories: Menorca | Enllaç

Palma: denuncian la apatía de Cort por investigar las obras ilegales de Cursach

(Diario de Mallorca, 16/09/2017)

Una funcionaria desvela al juez que ningún responsable de Gerencia de Urbanismo tramita los expedientes sobre infracciones

J.F. Mestre. La funcionaria arrepentida del área de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, que ha reconocido que aceptó regalos del Grupo Cursach, como un billete de 500 euros y botellas de champán francés, ha insinuado en su declaración ante el juez Penalva que los responsables de este departamento municipal no muestran mucho interés en perseguir y sancionar las obras ilegales que ha realizado el empresario investigado por corrupción. La mujer, que es responsable de uno de los principales departamentos de este área, apunta los nombres de sus superiores, que tienen congelados unos informes sobre infracciones urbanísticas cometidas en las principales infraestructuras de los edificios propiedad de Cursach. Los informes de los técnicos son concluyentes, en el sentido de que se ha denunciado que se han realizado obras sin licencias y que, además, estas mejoras son ilegalizables. Sin embargo, desde el departamento de Gerencia de Urbanismo no se ha adoptado ninguna medida. La respuesta que está recibiendo la funcionaria, encargada precisamente de la disciplina urbanística, es que "espere". Estos informes, todavía en fase de tramitación, se presentaron en el primer trimestre de este año cuando el actual alcalde de Palma, Antoni Noguera era responsable de Urbanismo en Cort. "Todos temen las represalias del Grupo Cursach", señaló la trabajadora municipal.

En las distintas declaraciones que ha realizado esta funcionaria, ha detallado la situación actual de todos los edificios de ocio del empresario Cursach.

Por ejemplo, explicó que Megapark carece de licencia de obras y de actividades. Afirmó que, pese a que se ha solicitado la licencia de obras (que ya se han hecho), ningún funcionario se atreve a tramitar dicho expediente, precisamente, porque tienen miedo a lo que les pueda pasar. Esta falta de impulso municipal beneficia al presunto infractor. Y ello debido a que, mientras no exista un pronunciamiento sobre la solicitud de licencia, la discoteca de Cursach puede seguir funcionando, según detalló la técnico municipal. En el caso contrario, es decir, si Cort confirma que las obras que se han hecho son ilegales, el departamento de actividades podría ordenar el cierre del negocio, situación que no se ha producido. La funcionaria arrepentida fue muy clara y aseguró a los investigadores que la obra en Megapark "no es legalizable". Los responsables de la tramitación de estos expedientes conocen desde hace cuatro meses cuál es la conclusión de los técnicos, que están a la espera de saber qué deben hacer para dar salida a este tema.

Una situación parecida se está produciendo en la antigua discoteca Pachá, en el Paseo Marítimo, que pertenece al empresario Cursach. La misma funcionaria ha realizado un informe, elaborado a principios de este año, en el que también se concluye que las obras que se han hecho sin licencia son ilegalizables. En este caso, es mucho más grave porque las mejoras se han realizado en un edificio catalogado y sobre un suelo protegido. La funcionaria arrepentida mantuvo ante el juez que su jefa siempre le contesta con evasivas cuando le pregunta qué actuaciones debe seguir para resolver este expediente.

La mujer también se refirió a una denuncia que el Seprona de la Guardia Civil realizó sobre unas obras en el gimnasio Megasport. Sin embargo, estas obras supuestamente irregulares tampoco se han perseguido y es la propia funcionaria la que insinúa que se podría haber sobornado a otro trabajador municipal, en concreto el encargado de comprobar la existencia de estas obras. Esta insinuación fue después confirmada por el propio afectado, que es el celador municipal que debía realizar un informe sobre la realización de estas obras en el gimnasio. Este celador explicó que, casualmente, el día que debía realizar la inspección, se presentó en el gimnasio el propio Bartolomé Cursach. También reconoció que ha venido recibiendo regalos desde el grupo empresarial. La denuncia de la Guardia Civil no se ha traducido, de momento, en ninguna sanción urbanística.

Pases al gimnasio

Mientras tanto, la Policía está investigando cuántos funcionarios de Cort, sobre todo del área urbanística, acuden gratuitamente a dicho gimnasio, lo que podría suponer un delito de cohecho. Según los testimonios que manejan los investigadores, el celador jubilado de Cort, que actuó como enlace entre el Ayuntamiento y el Grupo Cursach, iba ofreciendo pases VIP al gimnasio "para todos los que quisieran". A los investigadores les consta que muchos aceptaron este regalo.

Santa Eulària: Matthias Kühn se sentará en el banquillo por realizar obras sin licencia en Tagomago

(Diario de Ibiza, 15/09/2017)

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el empresario, que será defendido por Pedro Horrach, exfiscal del caso Noos

José María Alonso. Diez años después de concluir una serie de obras sin licencia en el entorno de la casa del islote de Tagomago, el empresario alemán Matthias Kühn, pareja de la artista Norma Duval, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. Pese a que no tiene mucho que temer, ya que en la causa no consta que tenga antecedentes penales y el ministerio público reclama una pena de dos años de cárcel y una multa de 10.800 euros, Kühn ha contratado a un abogado fuera de serie: el exfiscal del caso Nóos Pedro Horrach. Además, teniendo en cuenta que desde que se realizaron las obras ilegales ha pasado una década, en el caso de que sea condenado es muy probable que se aplique el atenuante de dilaciones indebidas, lo cual rebajaría la pena.

El juicio está previsto que lo celebre el jueves a las 10 horas la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez. Junto a Kühn se sentará en el banquillo Guido Hecker, constructor a quien Kühn encargó las obras denunciadas por la Fiscalía.

A los dos se les acusa de la comisión de los mismos delitos. Uno contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente. El ministerio público pide un año por cada uno de los delitos. A Kühn también se le pide la inhabilitación para desempeñar el oficio de promotor durante cuatro años. A Hecker se le reclama la inhabilitación como constructor durante cinco años.

Islote protegido

Las obras por las que estos dos hombres están acusados se llevaron a cabo sin autorización previa a pesar de que el islote, aparte de Área Natural de Especial Interés (ANEI), también es Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Según la Fiscalía, los acusados pavimentaron un área de 470 metros cuadrados junto a la vivienda donde antes solo había campo, incluida una rampa de 40 metros cuadrados de piedra seca junto a la piscina. También construyeron un muro de cemento de nueve metros de longitud y tres de altura y un camino de piedra y cemento de 1,5 metros de ancho y 20 metros de largo con el objeto de unir la casa principal con otras edificaciones donde se ubicaban los aparatos de aire acondicionado, lavadoras y otros electrodomésticos y grupos electrógenos. También ampliaron con tres filas de bloques de hormigón la construcción donde se instaló el grupo electrógeno y se almacenaba el combustible, y construyeron un vial empedrado de 80 metros para unir la vivienda con el camino del faro. En la zona del embarcadero, levantaron una caseta de piedra y cemento de 1,2 metros de alto por 1,2 de ancho en cuyo interior se guardaba una especie de «motocarro» para desplazarse por el islote. «Dichas obras se llevaron a cabo sin estar amparadas por ningún tipo de licencia y no pueden ser legalizadas», señala la acusación. Además de estas edificaciones, los acusados realizaron movimientos de tierra en el islote para extraer áridos, para lo que fue necesario retirar la cubierta vegetal en una profundidad de 30 centímetros en dos lomas.

La actividad turística que Kühn lleva a cabo en este islote protegido –alquiler de la casa, organización de fiestas y vuelos con helicóptero– siempre ha estado rodeada de polémica. Lejos de mostrar una actitud conciliadora, el promotor llegó a presentar una querella por injurias contra el presidente del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm, que redactó un comunicado en el que calificó al empresario de «especulador sin escrúpulos» después de una tensa excursión que los ecologistas organizaron en el islote. La querella fue archivada por la Audiencia que recordó al alemán «la existencia de procedimientos penales en curso» contra él por delitos contra el medio ambiente.





		

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