Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El Consell da el visto bueno a la modificación de normas que permite legalizar el Fantasio de Alaró

(Última Hora, 1/10/2022)

La decisión evitará la demolición de 14 viviendas y pone fin a un conflicto que arrastra 12 sentencias desde 2006

Lola Olmo. Tras dieciséis años de periplo por las vías administrativa y judicial y con 12 sentencias acumuladas, el edificio de viviendas del antiguo edificio del Fantasio, de Alaró, podrá ser legalizado y poner fin a la amenaza de demolición parcial a la que se han enfrentado sus inquilinos durante todos estos años.

La Comissió d’Urbanisme del Consell de Mallorca ha emitido un informe favorable a la modificación inicial de las normas urbanísticas del Ajuntament d’Alaró con el fin de regularizar la situación de este edificio de 14 viviendas. La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías (en la foto), destacó ayer que «esta modificación del planeamiento de Alaró resuelve un problema que se arrastras desde 2006; desde Territori hemos actuado con celeridad para que el Ajuntament pueda continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva». Garcías destaca el minucioso estudio jurídico    que ha supuesto el tema del Fantasio para el Consell. «Es un caso muy particular, de una gran complejidad jurídica, cuando en la práctica solo afecta a unos 56 centímetros de la calle y a 11 metros cuadrados a lo largo del edificio; sin embargo, no resolverlo habría significado la demolición de las viviendas».

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha mostrado su satisfacción por la resolución del Consell. «Lo importante era evitar que los vecinos pagaran más, celebramos la decisión de Territori, que era de justicia social; el Ajuntament ha cumplido con todo».

El apunte
Un problema urbanístico que se ha arrastrado durante 16 años
El problema salió a la luz en 2006. El Ajuntament dio licencia para construir un bloque de viviendas en el solar del antiguo cine Fantasio. Pero la obra invadió unos 11 m2, que debían ser calle. El tema se judicializó y se han tardado 16 años en hallar una solución.

Sant Josep: el Consell de Ibiza impulsa el derribo de la estructura ilegal de Cala Molí tras la pasividad municipal

(Diario de Ibiza, 20/09/2022)

Eugenio Rodríguez Martos. El Consell de Ibiza ha iniciado el procedimiento para forzar el derribo de la estructura ilegal levantada en Cala Molí, en suelo rústico protegido (Área Natural de Especial Interés y Lugar de Interés Comunitario), cuya construcción fue abandonada en el año 2005. Se trata de las obras que ejecutó el grupo Medi al amparo de una licencia concedida por el Ayuntamiento de Sant Josep en 2002 para la construcción de 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas y dos locales y trasteros.

Cuando se iniciaron las obras, el grupo ecologista GEN-GOB denunció, en octubre de 2005, que se invadía una zona ANEI, lo que forzó al Consistorio a paralizar las obras y posteriormente a declarar nulo el permiso municipal. Este caso marcó el inicio del llamado caso Huerta, una trama encabezada por el difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta para monopolizar desde 1998 hasta 2007 el desarrollo de los proyectos que se desarrollaban en el municipio. La autora de este proyecto fue la arquitecta Pilar Fernández, que entonces era la pareja del hijo de Huerta.

Tras el fallecimiento del principal investigado, tanto Fernández como el hijo de Huerta (Antonio), también arquitecto, reconocieron, tras un acuerdo pactado con el Colegio de Arquitectos de Balears para evitar el juicio y una posible condena mayor, que colaboraron en la trama. Así, el caso se zanjó con una condena para ambos de una multa de 2.160 euros y las costas procesales (8.000 euros).

Los tribunales confirmaron la nulidad de la licencia de Cala Molí e incluso a mediados de 2018 se desestimó el pago de una indemnización por parte del Ayuntamiento de seis millones de euros. Entonces, el alcalde Josep Marí Ribas admitía que esta estructura se tenía que «derribar». En octubre de ese año, el actual alcalde, Ángel Luis Guerrero, entonces concejal de Urbanismo, aseguraba en declaraciones a este diario que «en breve» se iba a iniciar un expediente de restauración de la legalidad. También aseguraba entonces que desconocía los motivos por los que el Ayuntamiento no había iniciado antes este proceso. No se hizo tampoco después.

Denuncia de un particular

Así, casi cuatro años después, el Consell de Ibiza, que es competente en disciplina urbanística en suelo rústico protegido desde enero de 2018, ha iniciado el procedimiento para derribar la estructura ilegal e ilegalizable. Primero, en suelo rústico no está permitido el uso de vivienda plurifamiliar, pero es que, además, tras la aprobación del decreto ley 1/2016 de medidas urgentes en materia urbanística, el uso de vivienda en ANEI está prohibido.

El Ayuntamiento no actuó de motu proprio ni trasladó los hechos al Consell, a pesar de que desde enero de 2018 era la Administración competente para exigir a los promotores la demolición de la estructura ilegal. Fue a partir de la denuncia de un particular ante la Fiscalía y el Consell, en septiembre del año pasado, sobre la pasividad municipal lo que provocó que se haya activado el proceso. También se denunciaba que las obras, abandonadas desde 2005, no contaban con ninguna protección para evitar el acceso, lo cual podía causar «accidentes o incidentes más o menos graves». De hecho, el informe de la arquitecta municipal señala que pese a que parte de la zona se encuentra delimitada por un cierre de planchas metálicas, «existen ciertos puntos por donde se puede acceder a las obras o a la excavación con relativa facilidad».

Tanto el Ministerio Público como la institución insular requirieron al Ayuntamiento información sobre los trámites iniciados por el Consistorio para el restablecimiento de la legalidad. A finales del pasado mes de febrero, la arquitecta municipal emitió un informe en el que se explicaban los antecedentes y la situación de las obras y en el que apuntaba que no tenía constancia de que el Ayuntamiento hubiera adoptado «ninguna medida ni en relación con la construcción ni con respecto a las medidas de seguridad hacia posibles peatones de la zona».

Coste de las obras: 250.000 euros

Las obras ilegales ejecutadas consisten en la estructura de un bloque aislado de viviendas (casi 900 metros cuadrados) y de trasteros, cuarto de instalaciones y aparcamiento (cerca de 300 metros cuadrados). Con un coste estimado de casi 250.000 euros, se calcula que la construcción se encuentra al 35% de su ejecución. También hay excavaciones con «unos desniveles importantes» para la siguiente fase de la construcción de bloques de viviendas». El informe del arquitecto técnico del Consell considera que el plazo máximo para ejecutar el derribo de la estructura y restablecer la legalidad, incluidos los movimientos de tierra, se sitúa en doce meses.

Además, el Consell ha instado a la anotación preventiva de inscripciones en el Registro de la Propiedad que apunten que se han ejecutado actuaciones que «pueden constituir infracción urbanística» sobre las 68 entidades registrales que figuran inscritas como fincas independientes.

No habrá sanción económica

El procedimiento que ha iniciado el Consell de Ibiza para restablecer la legalidad urbanística no incluye la imposición de una sanción a la promotora, según explicó ayer el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, debido a que las obras ilegales se ejecutaron al amparo de la licencia municipal, aunque estuviera mal dada.

Mariano Juan afirma que sí se podría sancionar al promotor en el caso de que, en la investigación penal abierta por la Fiscalía, se apreciara «alguna desviación de la licencia o infracción». En todo caso, hay que tener en cuenta que en la denuncia presentada en la Fiscalía se pedía que se investigasen las posibles responsabilidades penales sobre los promotores, constructores, políticos y técnicos municipales que pudieran estar implicados en el largo período de inactividad para restablecer la legalidad ni la adopción de medidas de protección para preservar la seguridad de las personas.

El procedimiento iniciado por el Consell se dirige contra Medi Ibiza SL, Medi Proyectos Inmobiliarios SL y contra Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU. Esta última es la actual propietaria del inmueble, tras una venta ejecutada en mayo de 2019, 14 años después del abandono de las obras y un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears descartara el pago de una indemnización. 

El Consorcio ya arrastra más de 10 millones en multas sin cobrar por infracciones en rústico

(Menorca, 18/09/2022)

Desde su puesta en marcha solo ha logrado ingresar en caja el 12,5 % de las sanciones que ha impuesto

Javier Gilabert. Muchas multas, muy pocos ingresos. El proverbial problema de recaudación del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico se agrava y el órgano público encargado de controlar las ilegalidades urbanísticas en el campo ya acumula desde su creación –e incluso antes ya que heredó los expedientes municipales– la friolera de 10,4 millones de euros en multas pendientes de cobro. El número no tendría demasiada relevancia sin la comparación con la cifra de las sanciones impuestas, 11,9 millones. Dicho de otro modo, hasta el momento solamente ha logrado ingresar en caja el 12,5 por ciento del importe total de las multas.         

Son cifras oficiales de las cuentas generales del consorcio referentes al último año liquidado, 2021, en el que el porcentaje de cobro de multas ha sido uno de los más bajos desde 2013. El ente –participado por casi todos los ayuntamientos menos Es Migjorn Gran (se borró) y gestionado y financiado por el Consell– impuso el año pasado sanciones por un importe total de poco más de un millón de euros y solamente pudo recaudar menos de 60.200 euros, un exiguo seis por ciento. Un año antes, en plena covid, esa tasa de cobro fue del 19,6 por ciento y en 2019, del 9,6.

2022-09-19 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Sant Josep: La propiedad de Casa Paola de Ibiza tiene tres semanas para derribar sus construcciones ilegales

(Diario de Ibiza, 8/09/2022)

Redacción. La propiedad de Casa Paola, la misma que la del complejo turístico ilegal Casa Lola, tiene de plazo tres semanas para derribar las construcciones que se levantaron sin licencia y que son ilegalizables por encontrarse en terreno protegido. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Sant Josep, que aclara que "la resolución del expediente se ha convertido en firme transcurridos todos los plazos sin que se recurriera por parte de la propiedad". En caso de que la propiedad no cumpla con la orden de derribo, como en el caso de Casa Lola, será el propio Consistorio quien "procederá a su ejecución subsidiaria". Una vez cumplido el plazo, una comisión municipal acudirá a comprobar si se han demolido las construcciones ilegales. En caso de que no se le facilite el acceso, detallan desde el gobierno municipal, se solicitará un autorización judicial para poder entrar y destruir toda construcción hecha sin licencia.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento sobre el expediente de disciplina urbanística de 2016, en Casa Paola hay construcciones ilegales de uso residencial que ocupan unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura. También se han construido sin licencia un aljibe de 75 metros cuadrados, una piscina de 100 metros cuadrados y una edificación anexa de 150 metros cuadrados que seguramente también sea de uso residencial. En total, cerca de 500 metros cuadrados construidos de manera ilegal a los que hay que sumar "la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales".

Desde el Consistorio explican que han comprobado cómo "reiteradamente" la propiedad ha ido incumpliendo las órdenes de paralización de las obras. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Sant Josep consideró a la propiedad, Inversiones Hoteleras Faro, "responsable de una infracción urbanística muy grave" y se le ordenó devolver la vivienda a su estado inicial, además de advertirle de que se se le abriría un expediente sancionador. Cumplido el plazo para que cumpliese la orden, el Consistorio ha decidido iniciar el proceso para hacerlo por sus propios medios si la propiedad no derriba las construcciones ilegales. El coste del derribo que estiman desde el Ayuntamiento es de unos 105.546 euros, que asumiría "provisionalmente" el Consistorio en caso de tener que asumir los trabajos.

"Hace un año anunciábamos que entraríamos en Casa Lola para restablecer la legalidad urbanística y acabar con los excesos que se han hecho allí y no todos se lo creyeron. Hoy estoy seguro de que cuando decimos que también haremos cumplir la ley en Casa Paola todo el mundo sabe que vamos en serio", ha declarado el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, en la nota enviada por el Ayuntamiento.

Demolición Casa Lola

En cuanto al avance de los trabajos en Casa Lola, vinculada a la misma propietaria que Casa Paola, el Ayuntamiento de Sant Josep ha informado de que ya se han derribado "unos 2.600 metros cuadrados de construcciones ilegales, pavimentados, muros, menajes exteriores y vayas perimetrales que suman un volumen de 6.700 metros cúbicos de restos de obras". Además, otros 320 metros cuadrados de piscinas están ya desmantelados.

Las obras, informan los servicios municipales de Urbanismo, están "a punto de acabar".
 

2022-09-08 | Etiquetes: , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Sant Josep: Messi compra una mansión que está sin legalizar

(Última Hora, 5/09/2022)

María José Real, Juan Mestre. El futbolista argentino Leo Messi ha comprado una mansión en Sant Josep (Ibiza) por 11 millones de euros que se encuentra en una situación irregular, sin licencia de final de obra ni cédula de habitabilidad, según información publicada ayer por Periódico de Ibiza y Formentera. Se trata de una vivienda de 568 metros cuadrados construida sobre suelo rústico común y, por tanto, no urbanizable en Cala Tarida.

La adquisición se cerró el 3 de febrero de este mismo año ante un notario de Barcelona. En representación de Leo Messi compareció ante el notario un abogado del futbolista, si bien tanto la sociedad propietaria de la mansión   (Edificio Rostower), como la sociedad matriz (Limecu, acrónimo de Leo Messi Cuccittini), están representadas por Rodrigo Messi, hermano del deportista argentino. La finca era propiedad del ciudadano suizo Philippe Amon, según la información del diario.

La vivienda cuenta con una planta baja de 420 metros cuadrados, además de un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una piscina de 92 metros. La finca tiene una superficie de algo más de 16.000 metros cuadrados.

El problema urbanístico inicial de la mansión antes de que fuese propiedad de Messi se produjo por la construcción de varias habitaciones en el garaje del inmueble, motivo por el cual el Ayuntamiento de Sant Josep no concedió la licencia final de obra y tampoco la cédula de habitabilidad. Dichas habitaciones no figuraban en el proyecto inicial.

En el momento de realizarse la compra el representante legal del futbolista, un abogado de Barcelona,   no tenía conocimiento de esta situación irregular.  No obstante,  ya se han producido algunos contactos por parte de un abogado del futbolista para conseguir la mansión disponga de cédula de habitabilidad y, por lo tanto, que sea legal a todos los efectos.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep han admitido que se pueden legalizar las obras siempre y cuando el inmueble suprima las zonas que no figuraban en el proyecto inicial, es decir, que se eliminen las habitaciones del garaje. Al margen de esta irregularidad, el Ayuntamiento de Sant Josep paralizó en mayo, a través    de un decreto de alcaldía, unas obras realizadas sin permiso. El servicio de celadores emitió un acta donde informaba sobre movimientos de tierra, realización de bancales, cambio de topografía del terreno y realizacion de excavaciones en la propiedad.

Los celadores también confirmaron que las obras se habían iniciado sin licencia. Los técnicos municipales no descartaban que se hubiesen realizado más modificaciones en la finca sin autorización ya que no pudieron acceder al interior de la propiedad.

Sencelles: la propiedad del pádel ilegal de Biniali intenta evitar su demolición ante el juez

(Diario de Mallorca, 3/09/2022)

Joan Frau. Los propietarios de la pista de pádel de Biniali sobre la que pesa una orden de demolición emitida por el ayuntamiento de Sencelles el pasado 25 de julio presentaron el pasado jueves un recurso contencioso-administrativo contra la notificación de la orden de alcaldía que ordena el derribo de la construcción levantada sin licencia y el restablecimiento de la realidad física alterada en la parcela donde se ubica la instalación deportiva, en la calle Fiol de la localidad de Biniali, declarada en su conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico.

Asimismo, los propietarios, representados por el letrado Juan Alemany Garcías, solicitan al juez la adopción de medidas cautelares ordinarias contra el acuerdo municipal y la suspensión del acto administrativo por el que se ordena la demolición de la pista de pádel al considerar que su ejecución «produciría un grave perjuicio» a la propiedad «de muy difícil o imposible reparación» y que el recurso presentado «dejaría de tener sentido» porque, según argumenta el escrito presentado al juzgado, supondría un «peligro evidente» para los intereses de la propiedad y para el objeto principal del litigio, que «es precisamente discutir jurídicamente sobre la legalidad o no de la orden de demolición de la pista».

En este sentido, apunta que los intereses en juego «son claros en el presente caso y totalmente desequilibrados» respecto a los intereses de la propiedad y a los del Ayuntamiento, institución a la que «no le produce inicialmente ningún tipo de perjuicio económico el hecho de suspender la ejecutividad del acuerdo de la orden de demolición».

En el recurso, el representante legal de la familia propietaria alega que la pista de pádel se construyó sobre una antigua pista de tenis que «siempre estuvo integrada en la zona paisajística de Biniali» y que «no ha producido ningún tipo de perjuicio para el vecino» que ha denunciado la instalación. Además, sostienen que la anterior pista de tenis «se construyó con anterioridad a la declaración de Bien de Interés Cultural».

Cabe recordar que la propiedad ya presentó un proyecto de legalización de la pista de pádel que fue denegada por la comisión insular de Patrimonio Histórico del Consell en base a un dictamen técnico que informó de forma desfavorable a la regularización de la instalación. Desde la declaración de Biniali como BIC de máxima protección y la posterior aprobación del Plan Especial de Protección para preservar los valores arquitectónicos del ‘llogaret’, «nunca se ha considerado que el núcleo de Biniali tenga unas características que puedan absorber este tipo de instalaciones», apunta el informe del Consell, que añade que el proyecto que se pretende legalizar «presenta características que lo hacen totalmente poco adecuado para el lugar donde se ubica» y provoca un elevado impacto visual en el conjunto arquitectónico de Biniali.

El pasado 25 de julio, el ayuntamiento de Sencelles emitió la orden de restablecimiento de la legalidad física alterada en la que insta a la propiedad a derribar la estructura sin necesidad de solicitar una licencia de demolición. Además, advierte que el incumplimiento de la orden de derribo supondrá la imposición de hasta doce multas coercitivas con una cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras realizadas, con un mínimo de 600 euros. También se reserva la posibilidad de ejecutar el derribo de forma subsidiaria a costa de la propiedad.
 

Defensa del Territorio ha demolido 592 obras ilegales desde 2017

(Diario de Mallorca, 1/09/2022)

Guillem Porcel. La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha ejecutado durante el primer semestre de 2022 la demolición de 51 obras ilegales en toda Mallorca, lo que supone una disminución del 16,4% respecto a 2021, cuando se demolieron 61 construcciones en el mismo periodo.

Desde la Agencia notifican que desde 2017 -hasta ese momento se llamaba Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca- se han contabilizado 592 demoliciones de las obras ilegales.

Un dato importante es que los municipios de Algaida y Marratxí, que están adheridos a la Agencia desde el principio, son los que registran más demoliciones con 83 y 54 respectivamente. Además, apuntan que están aumentando los derrumbamientos en localidades incluidas en los últimos cinco años: Felanitx (43), Montuïri (31), Selva (27), Artà (26), Pollença (22) y Andratx (18).

Asimismo, en Mancor de la Vall y en Campos ha habido 16; en Capdepera, 15; en Puigpunyent, Santa Maria y Manacor han sido 14 entre 2017 y 2022; 13 en Llubí; y en Campanet, Sóller y Son Servera van 12; en Sa Pobla, 11; en Sencelles y Bunyola llevan 10, entre los municipios con más de una decena de derribos de obras ilegales.

708 denuncias en 2021

En la memorial anual de 2021 relatan que se efectuaron ante la Agencia un total de 708 denuncias (por 446 en 2020), de las cuales 383 provenían de varios organismos públicos (ayuntamientos, Govern balear, otras unidades y departamentos del Consell de Mallorca o Seprona) y el resto (325) de particulares.

Destacan que se produjo un incremento espectacular del número de denuncias recibidas por la Agencia: 325 fueron recibidas de particulares, la cifra más alta nunca registrada, con mucha diferencia en relación en los años en que hasta ahora se habían presentado más (191 en el 2020).

Este incremento, argumentan desde la Agencia, denota un importante paso adelante de la ciudadanía a la hora de denunciar ilegalidades urbanísticas en suelo rústico de la isla, fruto de la credibilidad que ofrece la Agencia en cuanto a la efectiva tramitación de las denuncias hasta llegar, si es necesario, a la ejecución material de la demolición, además de la garantía del anonimato de las personas denunciantes.

Resaltaban que el incremento del número de denuncias enviadas por organismos públicos (ayuntamientos, agentes de medio ambiente de la CAIB, Seprona, etc.), que fue de 383 en el 2021, era la cifra más alta nunca registrada, muy por encima de las 255 de 2020 o las 166 de 2019. Esto se debía al incremento constante de municipios adheridos a la Agencia y a la mejora constante de la colaboración entre Seprona, agentes de medio ambiente y la Agencia.

Un apunte reseñable es que el ayuntamiento de Palma no tiene delegadas en la Agencia sus competencias en disciplina urbanística en suelo rústico, aunque afirman que por ley la Agencia debe actuar en el suelo rústico protegido ANEI, ARIP y APT de Costas de toda la isla, Palma incluida, y apuntan que algunas demoliciones ordenadas en suelo rústico protegido de Palma ya se encuentran en proceso de ejecución.

Hace unas semanas el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) presentó una denuncia ante la Agencia de Defensa del Territorio por varios aparcamientos ilegales promovidos desde el ayuntamiento de Alcúdia en suelo rústico común y protegido, perteneciente a la zona de Pollèntia.

El ayuntamiento de Andratx también dictó esta semana el precinto cautelar de la zona verde pública de la calle Castañetes en Cala Llamp y la Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. El Consistorio estudia ahora dar cuenta a Fiscalía de los daños ocasionados.

Siete millones en multas

El Consell de Mallorca impuso en 2021 un total de 7 millones de euros en multas por obras urbanísticas ilegales en suelo rústico de la isla. La cuantía de las multas se incrementa año tras año y van de 30.000 a 60.000 euros, y alguna de ellas hasta los 250.000 euros, mientras que la media de demoliciones superan las cien en cada ejercicio.

La consellera de Territori del Consell, María Antonia Garcías, y el gerente de la Agència de Defensa del Territori, Tomeu Tugores, afirmaron hace unas semanas que las denuncias y sanciones no tienen un «afán recaudatorio» sino de protección del territorio y defensa de la legalidad urbanística.

Andratx precinta una zona verde de Cala Llamp y acude a la Fiscalía

(Última Hora, 29/08/2022)

Jaime Mora. El Ajuntament d’Andratx ha dictado el precinto cautelar de una zona verde pública ubicada en la calle Castanyetes, en Cala Llamp. Desde el Consistorio han obligado a la suspensión de las obras después de haber detectado cómo se acumulaban en terreno municipal una gran cantidad de materiales de construcción. En los últimos días se ha llevado a cabo, además, una tala de árboles e incluso se ha procedido a la abertura de una pista forestal que ha modificado el terreno y que facilita el acceso de los camiones a una obra próxima en la que se están construyendo varios chalets.

El consistorio que preside Estefanía Gonzalvo (PP) anunció que por parte de la Policía Local ya está abierta una investigación con la que se pretende esclarecer los hechos, ocurridos en un área especialmente sensible. La propia Gonzalvo acudió ayer junto al regidor de Urbanismo, Ángel Hoyos (Ciudadanos) a la zona verde ahora precintada y anunció que el equipo de gobierno municipal valora incluso la posibilidad de dar cuenta a Fiscalía respecto a los daños ocasionados en el área «para que valore si nos pudiéramos encontrar ante la comisión de un delito medioambiental».

Según la alcaldesa, su rápida actuación en este asunto demuestra la apuesta «firme» del Ajuntament andritxol en contra del urbanismo descontrolado que ha campado a sus anchas en el municipio de poniente durante las últimas décadas. Estefanía Gonzalvo se compromete a «seguir vigilante» frente a comportamientos de este tipo, mientras advierte que el Consistorio actuará «de manera contundente» frente a excesos urbanísticos como los que han castigado a Cala Llamp. No en vano, durante los próximos meses se deberán llevar a cabo demoliciones por cuantías millonarias tanto en aquella zona como en la urbanización Mont Port. Y el conjunto del municipio es uno de los que mayor número de expedientes de derribo acumula durante los últimos cinco años según la Agència de Defensa del Territori.





		

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