Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Palma: Cort ordena el cierre de un local de lujo del Arenal por hacer obras sin permiso

(Diario de Mallorca, 21/05/2017)

Los propietarios del bar, que han realizado una inversión millonaria, han cambiado el uso del edificio, que antes era una tienda de ropa

j.f.m./j.c. Palma. El Ayuntamiento de Palma ha ordenado a unos empresarios extranjeros la paralización, y por tanto el cierre (al menos temporal), de un nuevo bar-restaurante de lujo que se inauguró hace poco en primera línea de la Playa de Palma, cuyas obras se han realizado sin autorización.

Los propietarios, unos empresarios holandeses que tienen casi una docena de locales de ocio en esa zona, han cambiado el uso del edificio donde se sitúa este local. Antes era una tienda de ropa y ahora es un establecimiento de ocio, sin que se haya presentado en el Ayuntamiento, como exige la ley, ningún proyecto de cambio de uso. De hecho, a pesar de la envergadura del proyecto, no contaban con un permiso de obra mayor. Este local, Level Dining Lounge, está ubicado en la calle Avenida Cartago, en la primera línea de la Playa de Palma. Hasta hace unos meses, el edificio, de tres plantas, era una tienda de ropa de una conocida marca nacional. Los dos empresarios lo compraron por un precio que supera el millón de euros. Durante los últimos meses, según han constatado los vecinos, se han realizado las obras para convertirlo en un moderno y espectacular bar-restaurante, tanto interior como exterior, de dos pisos.

Denuncia de un vecino

El Ayuntamiento de Palma ha actuado a requerimiento de un vecino de la zona, que denunció que se estaba realizando dicha obra y no parecía que contara con autorización. Antes de la denuncia no consta que ningún funcionario municipal visitara la zona para comprobar el proyecto. Este vecino ha tenido que presentar varias denuncias para conseguir que los servicios de Cort se movilizaran. Hace unas semanas un celador visitó el local. Comprobó que el uso del edificio se había modificado. De hecho, pudo constatar como se había construido en el interior una barra de bar. Tras este informe, se confirmó que las obras se habían realizado sin permiso y se había efectuado un cambio de uso del negocio sin informar a la autoridad municipal y, por supuesto, sin licencia, según confirmaron fuentes del Ayuntamiento.

El denunciante ha exigido reiteradamente que se ordene la paralización de las obras y el cierre del negocio. El pasado día 4, según las fuentes, se le notificó a la empresa que se había firmado un decreto ordenando la suspensión de la actividad. La infracción no era tanto por las obras, sino por el cambio ilegal de uso del edificio.

De momento, la empresa no ha procedido a cumplir el acuerdo municipal, ni tampoco ha presentado ante Cort ningún proyecto técnico sobre la construcción que se ha realizado. El expediente pasará en breve al departamento de Disciplina y licencia de actividades, que podría ordenar la paralización inmediata de dicho negocio, en el que se han invertido más de dos millones de euros.

El bar-restaurante lo han montado dos empresarios que se dedican desde hace tiempo a la restauración. Su actividad está dedicada al público extranjero, sobre todo el holandés. En su momento, se investigó a esta empresa porque contrató a un policía local de Palma para que trabajara en uno de los locales.

2017-05-21 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Santa Eulària impide la instalación de otra vivienda de madera

(Diario de Ibiza, 19/05/2017)

El Ayuntamiento advirtió al dueño de su ilegalidad y no llegó a ser trasladada a su lugar de destino

Redacción. El Ayuntamiento de Santa Eulària impidió ayer la instalación de una casa prefabricada de gran tamaño y que iba a ubicarse en una parcela de Sant Carles, según informó el Consistorio.

La Guardia Civil de Tráfico informó el miércoles de la semana pasada al Ayuntamiento de Santa Eulària sobre una petición de transporte especial para el municipio y que se trataba de una casa prefabricada.

El personal del Consistorio acudió al puerto de Ibiza para comunicar a los responsables del traslado de su ilegalidad, detalló en una nota de prensa el Consistorio.

Finalmente, la vivienda no salió del puerto, a pesar de que la empresa responsable comunicó que se trataba de una instalación ligada a la ejecución de unas obras con licencia.

El Ayuntamiento informó de que con su licencia podían disponer de una caseta de material o incluso que sirviese de vestuario para sus trabajadores, pero que en ningún caso se podía utilizar para dar alojamiento, una función para la que era apta la vivienda transportada por su tamaño y configuración.

Al mismo tiempo, se informó a los responsables de que la Policía Local interceptaría el transporte en el momento en que entrara en las vías de titularidad exclusivamente municipal, inmovilizándola e iniciando inmediatamente un expediente informativo que podía convertirse en sancionador.

Ante esta advertencia, los responsables de la empresa desistieron y no efectuaron su traslado ni instalación.

El consistorio recuerda que estas instalaciones son ilegales, según el Plan Territorial Insular.

2017-05-19 | Etiquetes: , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

El Consell ofrece apoyo a Sant Antoni para poner fin al chalé-patera

(Diario de Ibiza, 19/05/2017)

El Ayuntamiento de Sant Antoni, por su parte, ha abierto un expediente urbanístico al dueño del chalé

EFE. El Consell de Ibiza ha ofrecido hoy, apoyo al Ayuntamiento de Sant Antoni para detener la actividad en una vivienda del municipio en la que conviven un centenar de personas.

El presidente de la entidad, Vicent Torres y el primer edil Josep Tur han mantenido a lo largo de la jornada contactos con el fin de valorar las actuaciones que se deben llevar a cabo para detener esta actividad.

Esta reacción oficial se produce después de que ayer el programa de Ana Rosa, en Tele 5, emitiera un reportaje en el que se informó de que un chalé del municipio de Sant Antoni y de 900 metros cuadrados, había sido reformado para albergar medio centenar de habitaciones y albergar a más de cien personas.

Los inquilinos pagan, según las declaraciones realizadas al citado programa de televisión, entre 300 y 400 euros al mes.

El Ayuntamiento de Sant Antoni, por su parte, ha abierto un expediente urbanístico al dueño del chalé pero ha advertido de que su actividad de arrendamiento por temporada es legal bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
 

Sant Josep: el alcalde critica «el gasto que Serra ha causado con la carpintería Alba»

(Diario de Ibiza, 18/05/2017)

Sant Josep recurre la sentencia que le condena a pagar casi 400.000 euros por la anulación de la licencia | Marí Ribas admite que el Consistorio habrá de pagar algo por culpa del exalcalde del PP

Eugenio Rodríguez. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, lamenta «mucho» la indemnización de casi 400.000 euros que, en principio, por «desgracia» el Ayuntamiento de Sant Josep tiene que afrontar por la licencia que en 2006 el gobierno del PP encabezado por José Serra Escandell concedió a la propiedad de la carpintería Alba para legalizar su actividad, clandestina desde principios de los años 90.

Dicha licencia fue anulada por los tribunales en 2011 tras la denuncia presentada por los vecinos, que, desde hacía años, se quejaban infructuosamente ante el Consistorio de las molestias que provocaba esta carpintería, así como de su situación de ilegalidad.

El exalcalde Serra Escandell ha sido condenado a seis años de inhabilitación para el ejercicio de profesión o cargo público por la comisión de un delito continuado de prevaricación al «tolerar de una forma caprichosa e irrazonable por motivos desconocidos la actividad de la carpintería (taller y venta de muebles)», según la sentencia.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la indemnización de 393.836 que el Consistorio tiene que abonar a la propiedad de la carpintería Alba por la anulación de la licencia por el lucro cesante y la maquinaria del negocio, entre otras cuestiones. El Consistorio y la propiedad han recurrido la sentencia ante el Supremo, según el alcalde. Marí Ribas asume que el Consistorio tendrá que pagar «algo» al tener «una parte de responsabilidad» al conceder la licencia de actividad en un terreno rústico para un uso no permitido en el planeamiento urbanístico, pero confía en que, con el recurso presentado, se reduzca la factura.

Lucro cesante durante cinco años

En este sentido, la defensa del Consistorio considera que se tienen que asumir los gastos que haya causado el cierre de las instalaciones y que «se puedan justificar», pero «en ningún caso» por el del lucro cesante en los cinco años posteriores a la clausura del negocio, en enero de 2012. El TSJB ha cifrado en 165.189 euros este concepto, a cuyo pago se opone el Consistorio. «Lamentándolo mucho el Ayuntamiento deberá pagar los gastos que ha causado Serra Escandell. Más o menos [cuantía económica], pero por desgracia se tendrá que hacer. Me gustaría que no fuera así, pero hay que reconocerlo», recalca.

El alcalde destaca que inicialmente la propiedad de la carpintería exigía el pago de 5,4 millones de euros, petición que luego se redujo a 2,3 y finalmente a 1,9 millones.

Marí Ribas critica que «una vez más» hay que afrontar «las consecuencias de un gobierno del PP que tenía más interés en satisfacer a particulares que en hacer cumplir la ley». Para empezar, destaca, «no se tendría que haber concedido la licencia urbanística» pero, además, «la de actividad debería haberse tramitado conjuntamente». El alcalde recuerda además que la concesión del permiso urbanístico ya fue «polémica».

Serra Escandell admitió en un pleno, cuando era alcalde, que su cuñado había vendido a la propiedad de la carpintería un terreno adyacente cuya superficie, sumada a la del negocio, amparaba la edificación existente. Esto fue lo que permitió que la comisión de gobierno legalizara la construcción. No obstante, el uso que se desarrollaba no estaba permitido en el planeamiento urbanístico y, pese a ello, el Ayuntamiento del PP dio luego la licencia de actividad, posteriormente anulada por el TSJB.

Marí Ribas arremete contra «las prácticas» del gobierno de Serra Escandell, que, resaltó, estaba «anclado en el siglo XIX» ya que «pensaba que se podían hacer favores a la gente y que al final todo acabaría arreglándose».

Sant Josep rectifica y afirma que la vivienda de la dueña de Casa Lola tiene licencia

(Diario de Ibiza, 11/05/2017)

El segundo teniente de alcalde asume «la culpa y las consecuencias» de la información «errónea» facilitada a este diario

Eugenio Rodríguez. ´Las obras de construcción de una vivienda con piscina que la empresaria de Casa Lola y Casa Paola, Paquita Sánchez, ejecuta en una zona boscosa situada entre la carretera de es Cubells y Porroig cuentan con licencia, en contra de lo que ayer publicó este diario. El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, asume «la culpa y las consecuencias» de «la información errónea» que facilitó a Diario de Ibiza cuando se le preguntó por la situación de estas obras, ya que cortan un camino.

Tal como anunció Guerrero a este diario, un celador municipal se personó ayer en las obras para ordenar «su paralización», pero se llevó una sorpresa cuando los operarios le mostraron la placa y la correspondiente licencia que ampara los trabajos iniciados.

El concejal de Urbanismo había explicado inicialmente que el proyecto había sido autorizado, pero que aún estaba pendiente la presentación del proyecto de ejecución, imprescindible para retirar la licencia, y que por ello aún no se podían iniciar los trabajos.

Mal funcionamiento del sistema

Sin embargo, los técnicos del departamento de Urbanismo, por «el mal funcionamiento del sistema informático», según reconoce Guerrero, no se dieron cuenta de que la promotora había solicitado dos licencias para dos viviendas (en parcelas contiguas) en la misma zona.

Así, la información que Guerrero facilitó a Diario de Ibiza se refería «por error» a la licencia del proyecto de vivienda aún no iniciado: la promotora cuenta con el visto bueno del Consell y del Ayuntamiento y ahora sólo le falta presentar el proyecto de ejecución para retirar el permiso de obra. En cambio, las obras iniciadas (ya se han levantado los cimientos de la vivienda) sí cuentan con la correspondiente licencia, tal como comprobaron ayer a posteriori los técnicos de Urbanismo. «Ha sido un error nuestro, de información dentro del propio Ayuntamiento. El sistema informático nos ha hecho una mala jugada. No podemos hacer más que pedir disculpas», resaltó.

Las dos viviendas se ubican en una zona boscosa, pero en un terreno calificado como suelo rústico común. El Consistorio autorizó las obras después de que la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio (Ciotupha), dependiente del Consell, informara favorablemente al proyecto, según explicó Guerrero, quien resaltó que la concesión de licencias es «un acto reglado» y que «si se cumplen» los parámetros urbanísticos, el Ayuntamiento «no puede denegarla».

Las obras en marcha cortan las rutas cicloturistas 7 y 12 del Consell, pero el Ayuntamiento apunta que la pista no figura en el inventario de caminos municipales.

Sant Josep debe indemnizar a Carpintería Alba con casi 400.000 euros

(Diario de Ibiza, 11/05/2017)

El TSJB confirma el pago por el lucro cesante tras la anulación de la licencia y cierre del negocio

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep tendrá que indemnizar con 393.836 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, a la empresa que explotaba Carpintería Alba por el cierre forzado del negocio en enero de 2012. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) declaró nula, en marzo de 2011, la licencia de apertura y actividad que el gobierno del PP de José Serra Escandell concedió en 2006 para legalizar este negocio. Pese a las quejas y denuncias de los vecinos, la carpintería funcionaba desde hacía muchos años de forma clandestina.

El TSJB ha desestimado ahora sendos recusos del Ayuntamiento y de Pitiüses Alba S. L. y ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 que impuso a la institución el pago de 393.836 euros más los intereses legales desde el 2 de abril de 2012 en concepto de responsabilidad patrimonial. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Consistorio defendía que la empresa no tenía derecho a ser indemnizada, entre otras cosas, por el lucro cesante (en los cinco años posteriores al cierre) estimado en 165.189 euros. En concreto, la defensa de la institución alegaba que pese a reconocer el «daño efectivo» causado a la empresa, este no se debería reconocer ya que «si se indemniza por el futuro beneficio dejado de percibir implícitamente se estaría validando la actividad, legalmente no permitida».

El tribunal entiende que la indemnización «no legitima la actividad sino que atiende con precisión a la necesidad de un resarcimiento íntegro que la anulación de la licencia depara a su titular».

Pitiüses Alba S.L. reivindicaba inicialmente el pago de 5,4 millones de euros, petición que finalmente redujo a 2,3 millones. Sin embargo, en el recurso la empresa reclamaba ahora una cantidad inferior: 1,9 millones. Pero el tribunal lo desestima al considerar que la sentencia apelada (la valoración de la indemnización) «ni es arbitraria ni irracional».

El exalcalde José Serra Escandell fue condenado a seis años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación por «tolerar de forma caprichosa e irrazonada» la actividad de la carpintería.

Es Migjorn: Pere Moll acata la demolición de una obra ilegal suya sancionada en 2010

(Menorca, 10/05/2017)

El alcalde comunica la decisión al Consorcio en plena controversia y lo aporta al expediente del PSOE

Pep Mir. Desde el momento en que sus cinco compañeros del equipo de gobierno, respaldados por la gestora insular del PSOE, reclamaron su renuncia por lo que consideran una serie de irregularidades en su gestión, el alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll, ha llevado a cabo varias acciones para tratar de enmendar algunas de estas actuaciones. La documentación que deja constancia de estas enmiendas ha sido aportada por el propio Moll como parte de su defensa en el expediente que en estos momentos tramita el partido, y que está ya en su recta final, para luego ser enviado a la dirección estatal. El alcalde asegura que lo ha hecho a instancias del propio instructor para probar su honestidad.

Una de estas decisiones corresponde a un expediente por parte del Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico a una finca propiedad del alcalde y una segunda persona en la zona de Es Plans de Dalt, en Es Migjorn. Según la documentación a la que ha podido acceder este diario, el 13 de marzo de 2017, dos semanas después de que se conociera la controversia y diez después de que los concejales del PSOE explicaran las razones de su postura, Pere Moll entró un escrito en el Consorcio en el que anuncia que procedería a la demolición del cubrimiento de un safareig, actuación ilegal e ilegalizable por la que fue objeto del citado expediente en 2010, cuando todavía no era alcalde. De este modo, se constata la existencia de una irregularidad que, siempre según algunas fuentes del partido, incluso llegó a negar en las últimas semanas.

Pere Moll acata así una demolición que fue dictaminada por los técnicos del Consorcio en septiembre de 2010, con un plazo de ejecución de tres meses. Se da la circunstancia de que a comienzos de 2017, el alcalde recibió un nuevo requerimiento del Consorcio en este sentido, que esta vez, seis años y medio después, sí ha obtenido una respuesta positiva. La orden de demolición se tramita en paralelo a la sanción que le corresponda, que se verá reducida en cuanto se restituya el espacio, de apenas diez metros cuadrados.

El expediente incluye además un cambio de uso de un almacén a vivienda, anterior en el tiempo, realizado por un anterior propietario de la finca, tampoco legalizable y que el Consorcio insta también a revertir. La denuncia por el caso de la alberca se presentó en abril de 2010, cuando se detectó que se estaba procediendo a cubrirla para pasar a utilizarla como depósito de agua para el uso agrícola y ganadero.

Pere Moll reconoce que la instrucción del expediente por parte del PSOE ha precipitado que acatara ahora la orden de demolición de esta obra de 2010. Explica que hasta este momento no lo había hecho porque buscaba vías para intentar dar con una solución alternativa. «Está mal hecho, y me ahora me he dado cuenta de que no lo puedo legalizar», concluye.

Segundo frente urbanístico en sus propiedades

No es la alberca la única controversia urbanística en la que se ha visto implicado el alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Moll. En junio de 2014 se supo que el Ayuntamiento había firmado la caducidad de un expediente por unas obras ilegales realizadas en su casa, puesto que la infracción, que correspondía a unas actuaciones realizadas en 2004, en concreto la construcción de una terraza y una piscina no ajustada a la licencia, habían prescrito (lo hacen a los ocho años). Moll justificó entonces la medida por la saturación del área de Urbanismo, que hizo que la resolución de su expediente no llegara a tiempo para eludir la caducidad. 

2017-05-10 | Etiquetes: , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Sant Josep: la empresaria de Casa Lola inicia las obras de una nueva casa sin tener la licencia

(Diario de Ibiza, 10/05/2017)

Sant Josep ordenará «la paralización» de los trabajos, que cortan un camino por el que pasan las rutas cicloturistas 7 y 12

Eugenio Rodríguez. La empresaria Francisca Sánchez, propietaria de Casa Lola y Casa Paola, dos polémicas construcciones por las ilegalidades urbanísticas que acumulan, ha iniciado la construcción de otra vivienda en una zona boscosa entre la carretera de es Cubells y la que conduce a Porroig sin disponer de la correspondiente licencia.

El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó la concesión del permiso de obra el pasado mes de noviembre, después de que la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Patrimonio (Ciotupha), dependiente del Consell, informara favorablemente al proyecto. Sin embargo, según ha confirmado el Consistorio, la promotora aún no ha presentado el proyecto de ejecución, condición imprescindible para la retirada de la licencia urbanística (previo pago, además, de la tasa) y el inicio de los trabajos.

Este trámite no se ha hecho y, según el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, en estas condiciones, «las obras no deberían haber empezado». La promotora sólo presentó en su día el proyecto básico. De hecho, Guerrero, que aseguró que no tenía constancia del inicio de estas obras (puntualizó que tampoco ha recibido ninguna denuncia) anunció, al ser preguntado por este diario, que hoy mismo enviará a un celador para comprobar los hechos y ordenar «su paralización».

Hasta ahora, se han levantado los cimientos de la vivienda y de la piscina. La casa, que se emplaza en suelo rústico común (pese a que está en una zona boscosa), se está construyendo justo en medio de un camino que conecta la carretera de es Cubells con la de Porroig y que forma parte de las rutas 7 y 12 de la red cicloturista del Consell.

Camino cortado

La propiedad ha instalado dos vallas que cortan el paso por esta pista, con un cartel que prohíbe el acceso «a toda persona ajena a la obra», aunque el pasado fin de semana estaban semiabiertas. En todo caso, las obras cortan el paso del camino y los ciclistas tienen que pasar entre las columnas levantadas para seguir las rutas 7 y 12, que están señalizadas.

Guerrero informó de que este sendero no figura en el «inventario de caminos municipales» y, por tanto, el Ayuntamiento no puede actuar. «Si no está inventariado, los servicios técnicos apuntan que es una cuestión entre propietarios: si hay o no derechos de paso». El Ayuntamiento tampoco ha recibido ninguna denuncia por ello.

Pese a los antecedentes de la promotora, que, aparte de las múltiples ilegalidades urbanísticas, incluida la rotura de precintos, ha estado en prisión por un delito fiscal, Guerrero apunta que la concesión de licencias es «un acto reglado» y que «si se cumplen» los parámetros urbanísticos (tiene informe favorable del Consell), el Ayuntamiento «no puede denegarla». «Sería un acto arbitrario», dijo.





		

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