Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Ultimátum judicial a Andratx para demoler los apartamentos de Monport

(Última Hora, 29/05/2021)

Pedro Aguiló Mora. Ultimátum judicial al Ajuntament d’Andratx para que ejecute de una vez la sentencia que le obliga a demoler los ocho bloques de apartamentos ilegales en Monport, cuya construcción, ejecutada en aproximadamente un 80 por ciento, fue paralizada en julio de 2007. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, la magistrada Nuria Magem Ramos, fijó el pasado 23 de abril un plazo de dos meses para que el consistorio «materialice en actuaciones concretas» el protocolo firmado el 2 de marzo con el Govern para la redacción del proyecto de demolición los edificios.

Una encomienda de gestión a la que los servicios jurídicos de la entonces Conselleria de Mobilitat i Habitatge ya dieron ‘luz verde’ en octubre de 2019, pero que el ayuntamiento sólo ha protocolarizado después de que los letrados del Consell de Mallorca (en calidad de acusación particular) remitieran el 9 de febrero un escrito a la juez en el que denunciaban que, desde el último trámite dictado el 18 febrero de 2020, referente a la ejecución forzosa de la sentencia de demolición, había pasado casi un año «viendo que aún no se ha dado el primer paso, que es la elaboración del preceptivo proyecto de demolición».

En este sentido, desde el Consell insisten en considerar que el Ajuntament d’Andratx «busca justificaciones o excusas y pasar la responsabilidad de ejecución a otras administraciones, por lo cual resulta patente que persiste en el incumplimiento de la interlocutoria que en agosto de 2017, por la cual se concedió al Ayuntamiento un plazo máximo de un año para la restauración del orden jurídico infringido».

Este severo escrito remitido por los abogados del Consell de Mallorca al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, es el que activa la providencia de la magistrada y, entre medias, la firma del protocolo con la ahora Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat para la redacción del proyecto de derribo de los ocho bloques de apartamentos ilegales, compuestos por 68 viviendas sin habitar.

Fruto de ese documento protocolario, el pleno de la corporación andritxola aprobó de forma inicial el jueves un convenio con la citada consejería del Govern para redactar el mencionado proyecto. Un convenio cuya aprobación definitiva y posterior rúbrica todavía puede demorarse meses.

Nueva polémica en Campanet por la instalación sin licencia de una ‘antena’ en suelo rústico

(Última Hora, 12/05/2021)

La alcaldesa asume las críticas de Més y moverá el dispositivo que está vinculado a una cámara de vigilancia

Elena Ballestero. Més denuncia que el Ajuntament de Campanet ha instalado «sin solicitar los correspondientes informes técnicos ni pedir el interés general» una «antena» en la parte del aparcamiento municipal de la calle Creus que la Agencia de Defensa del Territori (ADT) ordenó precintar la legislatura pasada por estar en suelo rústico.

El portavoz de Més, Guillem Rosselló, carga contra los socialistas liderados por Rosa Bestard. «Se repite la historia con el PSOE de Campanet sobre la antena del cementerio que causó la inhabilitación del exalcalde Joan Amengual con un coste de 10.000 para el Ayuntamiento por la defensa jurídica», dice.

La polémica está servida, aunque la alcaldesa explicó ayer que el aparato en cuestión «no es propiamente una antena, sino un dispositivo para el almacenamiento de datos vinculados a una cámara de vigilancia que se ha instalado a petición de los vecinos en la parte urbana del aparcamiento que está abierta».

Defiende que es una «solución provisional» para dar seguridad a los usuarios que han sufrido daños en sus coches. Aunque la cámara ocupa suelo urbano, reconoce que la 'antena' está en la zona declarada ilegal. «Era el punto con más cobertura y ya se pensó para poder poner dos cámaras más cuando abra el aparcamiento ahora clausurado», dice.

Bestard asume la responsabilidad de haber instalado el dispositivo en suelo rústico sin tramitar el interés general. «Lo moveremos, asumimos nuestra responsabilidad y estamos contentos de que Més también vea el problema de este aparcamiento que esperamos solucionar lo más rápido posible».

Cabe recordar que fue precisamente Més quien construyó el aparcamiento parcialmente sobre suelo rústico, lo que provocó su precinto por orden de la ADT a la espera de su legalización.

2021-05-12 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Fiscalía pone en su punto de mira el urbanismo de Sóller de los años 1987 a 2016

(Diario de Mallorca, 7/05/2021)

Joan Mora. Todos los consistorios que han gobernado Sóller entre los años 1987 y 2016 están bajo el punto de mira de la Fiscalía de las Illes Balears, que ayer remitió al ayuntamiento solleric un oficio para que dé explicaciones por la aparición de expedientes del área de Actividades, Obras y Urbanismo, algunos de los cuales estarían sin tramitar. La fiscal Rosario García ha abierto diligencias de investigación penal sobre unos hechos que recientemente fueron descubiertos de forma casual durante unas labores rutinarias de ordenación del archivo municipal.

De este modo, los distintos ejecutivos que han gobernado Sóller durante 30 años están en la lupa de la Fiscalía por su gestión en el área de urbanismo. Durante estas tres décadas Sóller ha estado gobernado por siglas de todo el espectro político.

Los hechos que ahora pasan a estar bajo investigación penal son fruto del trabajo de ordenación del archivo municipal. El archivista municipal recopiló centenares de expedientes administrativos que supuestamente estaban sin tramitar durante las tareas de clasificación del archivo administrativo del Ayuntamiento. La cifra varía entre el millar y los 1.500, según las fuentes consultadas. El edil de urbanismo de Sóller, Jaume Bestard, se vanaglorió en redes sociales por haber descubierto tan importante volumen de expedientes sin tramitar. Sus declaraciones realizadas en medios han servido ahora para que Fiscalía abra diligencias penales contra el ayuntamiento de Sóller y su gestión en el área de urbanismo.

A raíz de la información periodística, la fiscal Rosario García remitió ayer un oficio al Ayuntamiento en el que informa de la apertura de diligencias de investigación. A su vez, la fiscal pide información acerca de los expedientes que supuestamente el archivista habría descubierto durante sus tareas de ordenación de la documentación administrativa depositada en un almacén situado en el edificio consistorial.

Esta documentación está formada por expedientes administrativos tramitados desde urbanismo, pero no solo relacionados con obras e infracciones urbanísticas. También están otros relacionados con el área de actividades.

El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, que manifestó sentirse «tranquilo», aseguró ayer que el ayuntamiento «colaborará con la Fiscalía» y aportará la documentación requerida. No obstante, el primer edil no ocultó su «sorpresa» por la investigación penal abierta a raíz de un trabajo que calificó de «ordinario» promovido en un departamento que gestiona El Pi, partido que firmó un pacto con el PP en 2020. El alcalde manifestó su «total tranquilidad» porque «se estaría dando una falsa imagen de que durante 30 años se habrían ocultado expedientes de infracción urbanística cuando la documentación almacenada es de muchas otras más cosas».

Prescripción

La mayor parte de los expedientes que supuestamente se han ocultado durante años habrían prescrito. Y es que la información requerida por la Fiscalía hace referencia a documentos que están depositados en el archivo municipal. La investigación se para en 2016, ejercicio en el que se puso en marcha el sistema de gestión telemática.
 

2021-05-07 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Gran despliegue policial por el derribo de una casa ilegal en Marratxí

(Diario de Mallorca, 3/05/2021)

J.F. Mestre. El Ayuntamiento de Marratxí ha llevado a cabo este lunes el derribo de una vivienda ilegal, que fue construida hace más de 20 años en la urbanización de Son Negre, limítrofe con Bunyola. Esta ejecución desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad, mediante un espectacular despliegue de medios policiales, en el que intervino varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Marratxí. De esta forma se evitó que se produjera ningún tipo de incidente.

Esta vivienda fue construida por un matrimonio de etnia gitana, que levantó la casa sin ningún tipo de permiso. Además, se trata de un terreno rústico, donde se puede construir. A pesar de la prohibición en la zona se encuentran numerosas viviendas.

Sin embargo, la única casa que ha sido denunciada por construcción ilegal ha sido esta vivienda. En el inmueble solo vivía una mujer, que hace nueve años fue denunciada por el propio ayuntamiento. Una denuncia penal que concluyó con un juicio y con una condena. El juez estableció que la vivienda se debía demoler, una vez comprobado que se había construido de una forma ilegal.

La mujer, mediante el abogado Esteban Siquier, había estado negociando un aplazamiento de la ejecución, dado que se había presentado un recurso ante el Supremo. El letrado consideraba que se debía reconsiderar el derrumbe, porque esta urbanización estaba en un proceso de legalización y no tenía sentido derribar la casa de su clienta y permitir que el resto de propietarios se beneficiaran de la prescripción y no corrieran el peligro de perder sus viviendas. Esta mujer sufrió el domingo, mientras sacaban sus enseres de la vivienda, un ataque de pánico y tuvo que ser hospitalizada.

El abogado anunció que presentará una querella contra el ayuntamiento por discriminación y prevaricación, ya que no entiende que la única casa ilegal que se denunció fue la de su clienta.

2021-05-04 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Territori abre diligencias por las obras del aparcamiento en suelo rústico de Maria

(Última Hora, 3/05/2021)

Lola Olmo. La Agència de Defensa del Territori ha iniciado trámites para determinar la situación legal del aparcamiento construido en suelo rústico en la finca de Es Cós y cerrado desde el 31 de octubre de 2020, por lo cual no pide medidas cautelares. El organismo de disciplina urbanística del Consell ha requerido al Ajuntament de Maria que informe sobre si las obras realizadas tienen licencia municipal y si se ha incoado o no algún expediente de infracción urbanística sobre las mismas.

Origen del conflicto

Las obras del aparcamiento fueron contratadas por el propio Ajuntament en 2015, según consta en un informe del secretario municipal. El coste de las mismas, 47.267 euros, fue abonado por las arcas municipales, pese a que los terrenos son de propiedad privada. El Ajuntament de Maria, gobernado entonces por Toni Mulet (PP) había firmado en el año 2010 un convenio urbanístico con la propiedad merced al cual, estos terrenos rústicos serían recalificados como suelo industrial, de servicios y de equipamientos públicos. Este convenio preveía que el Ajuntament podría realizar anticipadamente las obras, pero estaba vinculado a una modificación de las Normas Subsidiarias que jamás se produjo, porque la Comissió Insular d’Urbanisme del Consell, en 2012, no aprobó los planes urbanísticos del Ajuntament. Con ello, el convenio perdía su validez, pero las obras se efectuaron de todos modos y el aparcamiento se continuó usando hasta que fue cerrado por el propietario el 31 de octubre de 2020, al día siguiente de la moción de censura que llevó al poder al pacto PP - X Maria y desalojó al anterior formado por PI-PSOE.

El alcalde de Maria, Bernat Quetglas (XMaria), se muestra optimista ante la posibilidad de legalizar la situación urbanística. «Responderemos a la ADT para que la propiedad quede exonerada de la responsabilidad; pero el tema está encarrilado, hay una necesidad de aparcamientos disuasorios y esperamos llegar a una acuerdo en cuanto el Consell adjudique la revisión de las Normas Subsidiarias». Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Rafel Aulet, apunta que «pediré responsabilidades por haber gastado 47.000 euros en un terreno que no era municipal».

Sant Josep: el Ayuntamiento ordena demoler las obras ilegales de un restaurante de Platges de Comte, en Ibiza

(Diario de Ibibiza, 1/05/2021)

Los trabajos pretendían convertir la piscina en habitaciones para uso residencial. El derribo deberá ejecutarse en un plazo máximo de dos meses

Redacción.El Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado la demolición de todas las construcciones ilegales correspondientes a un restaurante ubicado en Platges de Comte, en Ibiza.

El derribo deberá producirse en un plazo máximo de dos meses, ha informado el Consistorio este sábado en un comunicado.

Las obras que se estaban acometiendo sin licencia fueron detectadas el año pasado en un antiguo restaurante situado en el camino de ses Roques Males, en las inmediaciones de Platges de Comte.

Estas obras consistían, entre otras, en la conversión de la piscina en habitaciones para destinarlas a uso residencial, tal y como detectaron los agentes de la Policía Local en una inspección realizada a raíz de la denuncia recibida en el retén de la Policía Local a raíz de las obras a la edificio.

La junta de gobierno de Sant Josep ha ratificado la propuesta de resolución de los servicios jurídicos municipales, que entre otras cosas advierte al promotor de que si incumple la orden de restauración de la legalidad urbanística infringida arriesga a la imposición de hasta 12 sanciones coercitivas por importe del 10% del valor de las obras realizadas y de un mínimo de 600 euros cada una mientras persistan las irregularidades.

Otro expediente, ahora sancionador

Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad, ahora se abrirá otro expediente de carácter sancionador contra el promotor de estas obras ilegales, consideradas una infracción grave.

La resolución acordada también mantiene la suspensión de los usos urbanísticos de la parcela y se advierte de que, transcurrido el plazo para ejecutar las tareas necesarias para el restablecimiento de la realidad física alterada y el derribo de todo lo construido sin licencia, el Ayuntamiento podrá ejecutar de manera subsidiaria estos trabajos con coste a cargo del infractor.

Contra esta decisión se puede presentar recurso de reposición ante la Junta de Gobierno o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Al promotor se le imputa la construcción sin licencia de «al menos» una piscina, cubierta por toldos para ocultar las obras a sus vecinos, varias cámaras por debajo de ésta (soterradas y semi-enterradas), una terraza y unas escaleras de acceso a la zona. Las estancias disponían de ventilación e iluminación a través de aberturas en los paramentos verticales, lo que hace suponer que se querían destinar a uso residencial.

Obras ilegalizables

El expediente de restablecimiento de la legalidad vulnerada se abrió a raíz del informe de los servicios urbanísticos de septiembre del año pasado, que confirmaban que las obras no sólo no disponían de licencia sino que también eran ilegalizables, dada la calificación urbanística de la parcela, suelo rústico común afectado parcialmente por el área de protección territorial y en área de protección de riesgos de vulnerabilidad de acuíferos y parcialmente de incendios.

La apertura del expediente se comunicó también al Registro de la Propiedad para que fuera anotado preventivamente, un procedimiento que se hace de manera rutinaria desde el Ayuntamiento en estos casos y que se mantiene hasta la resolución de la infracción .

Tras varias gestiones para informar a la persona identificada como responsable de las obras ilegales y sus representantes sin que se presentara proyecto de legalización por su parte, a pesar de concederle la ampliación de plazo que había requerido para hacerlo, el procedimiento de restablecimiento de la legalidad ha seguido su curso una vez agotados «con creces» los plazos para que formularan alegaciones hasta la resolución ratificada por la junta de gobierno.

Paralización de las obras

Agentes de la Policía Local de Sant Josep ordenaron en febrero de 2020 la paralización de las obras sin licencia en un antiguo restaurante en el camino de ses Roques Males, en las inmediaciones de Platges de Comte, donde se estaba transformando en habitaciones una piscina, entre otras irregularidades. Los funcionarios actuaron a instancias de una queja recibida en el retén raíz de las obras en el edificio, donde se han detectado también algunos almacenes y una furgoneta donde se encontraron indicios de que había gente viviendo. La presencia policial provocó la desbandada de los trabajadores que en ese momento estaban en la obra.

A raíz de una queja por las obras en un edificio del Camino de ses Roques Males, una patrulla policial se desplazó al lugar para comprobar los hechos. Allí, el propietario del restaurante donde se estaban haciendo las obras, un ciudadano de origen francés, explicó que estaban haciendo una escalera y autorizó la entrada a los agentes para comprobarlo. Una vez en el recinto, los policías pudieron comprobar que las obras tenían un mayor alcance.

En la inspección del recinto se detectaron varios habitáculos con indicios de estar habitados, entre ellos una furgoneta y dos almacenes. Además, se observó gran cantidad de materiales de construcción y pruebas evidentes que se estaba trabajando, con cemento fresco en varios puntos. Además de la escalera en construcción, los agentes detectaron que se estaban alterando las dimensión de la piscina para hacer una construcción de tres habitaciones destinadas, posiblemente, a una vivienda.

En todo el recinto se habían extendido carpas para ocultar a los vecinos la realización de las obras. En un extremo del establecimiento se detectó una pequeña vivienda donde residían las dos personas identificadas, a las que se encontró también en posesión de una pequeña cantidad de marihuana. Una persona identificada también en la entrada corrió al interior del establecimiento para avisar a las que trabajaban en el interior, provocando una desbandada. Advertido de este hecho, el ciudadano francés explicó que probablemente habían huido por no tener su estancia regularizada en España.

Mancor se libra de pagar 1,8 millones al propietario de Biniatzent

(Última Hora, 30/04/2021)

Después de siete años de incertidumbre el Ajuntament de Mancor ya sabe que no tendrá que indemnizar con 1,8 millones de euros al propietario de Biniatzent d’Alt por derribar en 2014 el chalet que construyó en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) pese a que disponía de una licencia de legalización municipal.

El Supremo no ha admitido a trámite el recurso que presentó el propietario de las casas Simó Alba contra la sentencia del TSJB que en noviembre de 2020 concluyó que el propietario no merecía ser indemnizado porque actuó «de forma dolosa o negligente» al ejecutar obras sin amparo de licencia previa, por lo que «la posterior licencia de legalización no le otorga la cobertura pretendida». Reclamaba 1.876.601,16 euros.
Reacciones

Cabe recordar que Reynés obtuvo la licencia de legalización cuando era el alcalde Bernardí Coll (PP) que acabó dimitiendo en 2013 por este caso.
Coll mostró ayer su «satisfacción». «Se ha hecho justicia, estoy muy contento, por el bien del pueblo pero también personalmente porque los tribunales han dejado claro que nos engañó y actuó de mala fe para obtener la licencia de legalización y los que hoy gobiernan lo utilizaron para perjudicarme», dijo.

La demolición costó más de 100.000 euros

El alcalde de Mancor, Guillem Villalonga, confirmó ayer que una vez la sentencia del caso es firme el ayuntamiento pedirá a su abogado que inicie los trámites para reclamar al propietario de Biniatzent el coste de la demolición que ejecutó el Consistorio y que supera los 100.000 euros [Nota de Disúrbia: cosa que legalment no és possible...]. El PP (en la oposición) también lo ha pedido expresamente en distintas ocasiones.

El área de Urbanismo de Sóller localiza y ordena 1.500 expedientes acumulados o traspapelados

(Última Hora, 23/04/2021)

Ll. García. l departamento municipal de Obras y Urbanismo de Sóller está elaborando un registro de los expedientes urbanísticos acumulados durante años en dependencias municipales, incluyendo de infracción a los que no se habría dado curso y ha elaborado un listado que ya cuenta con 1.500 expedientes. El concejal de Obras y Urbanismo, Jaume Bestard (PI), asegura que «de momento ya hemos encontrado ese número de documentos que se encontraban repartidos por armarios y despachos, la mayoría de ellos caducados y estamos tratando de poner todo el día». Según Bestard «este listado incluye la documentación que hemos encontrado acumulada y que se había generado entre los años 1987 y 2016, y por lo tanto corresponde a consistorios de todos los colores políticos que han gobernado durante 30 años».

Según el concejal, «buena parte de esta documentación ya está obsoleta y no se puede hacer nada más que su archivo». Respecto a infracciones en suelo rústico que no se habrían tramitado, Bestard sostiene que «la Agencia de Defensa del Territorio ya nos ha dicho que solo se puede hacer cargo de los expedientes generados tras el convenio en el que se cedió al Consell la competencia de la disciplina urbanística en este suelo». El concejal está al cargo del departamento de Obras hace poco más de un año y desde entonces el negociado ha incorporado un técnico que tiene entre sus funciones poner al día la documentación. Poco tiempo después ya se enviaron al archivo municipal un número importante de expedientes de obras acumulados en el departamento, documentación que a estas alturas ya ha sido totalmente procesada. El listado de 1.500 expedientes localizados, clasificados por años, incluye también los que ya se han archivado durante el último año.

Bestard asegura que «una vez pongamos orden a esta ingente cantidad de documentación todos los expedientes que no hayan prescrito se reactivarán porque evidentemente no los podemos volver meter en un cajón». Pero añade que ahora el gran trabajo es «revisar jurídicamente todos los documentos y ver bajo qué normativa vigente se generó cada uno de ellos, ya que las normas han ido cambiando mucho». Esta tarea, según el concejal, ha sido encomendada a los servicios jurídicos municipales.

En cuanto a la disciplina urbanística en urbano y en ‘zona de huertos’, en la que el ayuntamiento ha mantenido las competencias sancionadoras, Jaume Bestard informa de que durante el año 2020 se abrieron «una veintena de expedientes de infracción ». Las competencias en suelo rústico protegido ARIP y ANEI, recuerda, «están transferidas al Consell».

Trabajos de saneamiento en la ‘zona de los huertos’

El departamento de Urbanismo ha dado los primeros pasos para dotar de alcantarillado la zona diseminada conocida como ‘zona de huertos’. Según el concejal este proyecto costará 3,9 millones de euros, según el cálculo de la empresa adjudicataria del servicio de aguas. Ha trascendido que la empresa platea asumir esta inversión complementaria a cambio de una prórroga de la concesión, lo que ha motivado una airada protesta de la oposición y del concejal no adscrito Sebastià Aguiló, que es miembro del equipo de gobierno de PP y PI. Según Bestard no hay nada decidido sobre esta prórroga.





		

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