Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Llucmajor: demolida una casa construida sin permiso

(Diario de Mallorca, 23/02/2017)

T.O. La Agència de Defensa del Territori de Mallorca informa de la demolición, ordenada en 2007 y ejecutada a finales de 2016, de una vivienda que se construyó sin licencia en suelo rústico del municipio de Llucmajor. La parcela tiene menos de 5.000 m2, "muy lejos de las dimensiones mínimas para que se pueda implantar una vivienda unifamiliar", señala la misma agencia.

Ciutadella: condenan a un año y medio de cárcel a la exconcejal Antònia Salord

(Menorca, 21/02/2017)

Eludirá la prisión debido a que es una pena menor de dos años y que sus antecedentes penales no son computables a efectos de reincidencia. La sentencia del caso expediente desaparecido le impone cuatro años de inhabilitación, una multa de 3.650 euros y el pago de las costas procesales

J.G.V. EFE. La exconcejal de Ciutadella, Antònia Salord (PP-UMe) ha sido condenada a un año y medio de cárcel por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, según la sentencia del caso del expediente desaparecido hecha pública este lunes.

El Tribunal Popular ya dictaminó el pasado 1 de febrero la culpabilidad de Salord al constatar su intención de beneficiar a un funcionario afin. Estaba pendiente de que la juez de la Audiencia Provincial redactara la sentencia, aunque debido al delito consumado se enfrentaba a una condena de entre 1 a 4 años de cárcel. El fiscal solicitaba una pena de dos años, mientras que UPCM, como acusación particular, la elevaba a tres años. Al final serán 1,5 años. Salord eludirá la cárcel, debido a que a una pena menor de dos años y que sus antecedentes penales no son computables a efectos de reincidencia.

Asimismo la sentencia le impone cuatro años de inhabilitación especial para ocupar cargo público, una multa de 3.650 euros y el pago de las costas procesales, incluido los de la acusación particular (UPCM), personada en la causa.

La argumentación

La jueza, a partir del veredicto del jurado, declara probado que la exconcejal, en febrero de 2009, solicitó 12 expedientes originales sancionadores de disciplina urbanística, de los que unos días después devolvió 11 e «intencionadamente no devolvió» el que correspondía a un policía local con el que tenía amistad.

El 9 de marzo de 2009, Salord se reunió con el policía para hablar del expediente sancionador, fecha en la que dicho documento estaba en el despacho de la ahora condenada. El 17 de marzo de 2009, cuando pasó a ocupar ese mismo despacho Maite Salord, el expediente no estaba allí, según declaró ésta en el juicio.

La jueza recuerda en la sentencia que, según el veredicto del jurado, la exconcejal, que gestionó el área de policía entre 2003 y 2009, no respondió a un requerimiento de información sobre el paradero del expediente por parte del ayuntamiento en junio de 2010.
A consecuencia de no devolver ese expediente, la tramitación de la sanción se retrasó al menos durante varios meses.
La jueza descarta que la exconcejal dejara el expediente en su despacho cuando cesó del cargo, tanto por su voluntad de hacerlo desaparecer como porque su sucesora nunca lo vio. Añade que el expediente acabó con una sanción para el policía, «lo que explica el interés en ocultarlo».

También descarta la versión de la acusada de que pidió los expedientes para hacer una estadística, cuando no se hizo, tampoco era su competencia ni tenía conocimientos para ello.

Destaca además que no respondió a la reclamación del ayuntamiento: «La conducta posterior revela asimismo mala fe pues lejos de preocuparse no responde a la petición formal que se le realiza».

Para fijar la pena, la jueza ha tenido en cuenta que los expedientes le fueron entregados a Salord en atención a su cargo y que no hizo nada para reparar el delito cometido.

También ha destacado que Salord «ocupó los más altos cargos del Ayuntamiento, lo que le obligaba justamente a representar a su pueblo con la máxima dignidad», y también que además «benefició a una persona llamada por la ley a hacerla cumplir» como es un agente de policía.

Además ha tenido en cuenta en beneficio de la exteniente de alcalde el largo lapso de tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos en 2009 y la condena en 2017.

La jueza no fija indemnización al estimar que el perjudicado por el delito es «la sociedad en general, el buen funcionamiento de la Administración y la confianza de lso ciudadanos en la honestidad de los funcionarios y el correcto actuar de los cargos públicos», sin daño evaluable económicamente para el Ayuntamiento.

2017-02-21 | Etiquetes: , , , , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Sant Josep: Fiscalía destaca «la falta de interés» de los arquitectos en el caso Huerta

(Diario de Ibiza, 20/02/2017)

La jueza instructora desestima el recurso del colegio profesional contra el archivo provisional y ahora pasa a la Audiencia Provincial. Argumenta que agotó el plazo del que disponía sin calificar

Eugenio Rodríguez. La titular del Jugado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha rechazado el recurso de reforma del Colegio de Arquitectos, que ejerce la acusación particular, en contra del archivo provisional del caso del difunto exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta. Los arquitectos, que alegan «indefensión» por no haber tenido tiempo suficiente para presentar, si lo consideraban, escrito de acusación (por el cambio de abogado), han elevado su apelación a la Audiencia Provincial.

La Fiscalía se pronunció en favor de la desestimación del recurso argumentando que el Colegio de Arquitectos contó con «un mayor plazo» del que prevé la ley para calificar y, por otro lado, «la falta de interés» que ha mostrado durante el proceso judicial. «En años ni ha contestado a los recursos, ni ha intervenido en las declaraciones, ni interesado diligencias. No consideramos que en modo alguno hubieran tenido interés en las presentes actuaciones habiendo tenido conocimiento y copia de todas ellas», destaca.

Después de que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento provisional para los siete imputados (la esposa del exarquitecto municipal, su hijo y la que era la pareja de este, además del exconcejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas Reganes y el exaparejador municipal Julio Blanco, entre otros) y el Colegio de Arquitectos no presentara escrito de acusación, la jueza dio carpetazo a la causa elpasado 21 de diciembre.

El fiscal que inició la investigación situaba a Huerta al frente de una supuesta trama, aprovechando su condición de funcionario en Sant Josep, para monopolizar con su entorno familiar los proyectos arquitectónicos que se ejecutaban en este municipio. Sin embargo, la última fiscal que asumió la causa justificó el archivo de la misma en la falta de pruebas para ir a juicio y en «errores» en la «desgraciadamente» larga instrucción, que duró 11 años.

El abandono del abogado

El pasado 21 de noviembre, el juzgado trasladó a la defensa de los arquitectos la posición de la Fiscalía al efecto de sumarse a esta o bien presentar escrito de acusación. Sin embargo, el letrado de la acusación particular presentó por sorpresa su renuncia en el juzgado el 2 de diciembre. En su escrito, solicitaba además la suspensión del plazo para calificar la causa hasta que sus clientes contrataran a un sustituto.

El Colegio de Arquitectos no ha explicado las causas por las que su abogado abandonó la defensa en el momento más inoportuno. La comparecencia en el juzgado de la nueva defensa se formalizó el 27 de diciembre, seis días después del archivo provisional de la causa.

La jueza argumenta que el pasado 1 de abril se notificó a los arquitectos el cierre de la instrucción (sin archivar el proceso), y que por ello era «consciente» de que una vez que se pronunciara la fiscal, se le daría traslado para decidir si presentaba escrito de acusación. Eso sucedió pasados «más de ocho meses», resalta la jueza, dando a entender que tuvo tiempo suficiente para preparar su posición.

Además, la jueza argumenta que en el momento de decretar el sobreseimiento provisional había transcurrido el plazo que tenían para solicitar la apertura de juicio oral y formular, en su caso, escrito de acusación. Del mismo modo, también se habían superado los 10 días que establece la ley para la personación de la nueva defensa de la acusación particular.

La apelación de los arquitectos

En el recurso de apelación, los arquitectos defienden que la jueza instructora debería haber sido «escrupulosa en extremo a la hora de velar por los derechos de la única acusación particular, ya que una cuestión meramente formal, como el cambio de defensa letrada, ha sido interpretada como algo parecido a una renuncia tácita a las acciones penales y civiles».

La nueva letrada sostiene así que la jueza debería haber suspendido el plazo mientras se llevaba a cabo su personación y en el caso de que considerara «excesivo el tiempo» en formalizarla, «lo lógico» hubiese sido requerir a los arquitectos a que lo hicieran y en caso contrario, tenerlos por «desistidos». Asimismo, alega que es «práctica habitual» (y cita jurisprudencia) conceder «plazos extraordinarios» para formular escritos de acusación o defensa en temas de tanto volumen como este, con más de 7.000 folios.

Desestimada la copia solicitada de todo el expediente

La jueza instructora también ha desestimado la petición de la nueva abogada del Colegio de Arquitectos para que se le entregue una copia de todo el expediente, de más de 7.000 folios.

La juez argumenta, también con el apoyo de la Fiscalía, de que al tratarse de un cambio de letrado y no una nueva personación, el Estatuto General de la Abogacía Española establece «la obligación» del letrado sustituido a «devolver la documentación en su poder al cliente y facilitar al nuevo letrado la información necesaria para continuar la defensa».

El Ajuntament de Santa Eugènia retrasó seis años la demolición del adosado de ses Olleries

(Última Hora, 19/02/2017)

A. Pol. El adosado de ses Olleries demolido esta semana debería llevar seis años derribado. La sentencia judicial que ordenaba su demolición fue dictada en septiembre de 2010 y daba al Ajuntament de Santa Eugènia un plazo de dos meses para ejecutarla, pero la institución municipal la retrasó durante años y hasta trató de legalizar la edificación que debían derribarse. Así lo establece un auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) de octubre del año pasado que los denunciantes, la plataforma vecinal Salvem ses Olleries, han facilitado a Ultima Hora.

Legalización

El TSJIB critica que el Consistorio taujà pretendiera legalizar en 2013 la construcción cuya demolición se había sentenciado mediante el otorgamiento de una licencia. Los magistrados recuerdan que dos autos judiciales de 2013 habían reiterado de nuevo que el fallo de 2010 únicamente podía cumplirse mediante el derribo del adosado, pero que el Consistorio «dio un paso más en el sentido contrario al debido» cuando la junta de gobierno local «de espaldas al juzgado, decidió otorgar otra licencia sobre el mismo inmueble afectado por la demolición pendiente».

Dicha licencia, que el propio TSJIB anuló, estaría encaminada a legalizar la construcción y evitar su derribo. En otros párrafos, la sala del TSJIB dice que el Ajuntament «consintió –pero desobedeció–» resoluciones judiciales.

Xisco Martorell, el alcalde, ratificó ayer que el Ajuntament «no ha podido proceder a la demolición hasta que el juez no aclarara que efectivamente debíamos derribar el adosado». «No hemos retrasado la ejecución», aseguró Martorell.
 

Santa Eugènia: derriban una construcción ilegal en el núcleo de ses Olleries

(Diario de Mallorca, 15/02/2017)

miquel bosch. El propietario de un chalet adosado ubicado en el núcleo de ses Olleries, en el municipio de Santa Eugènia, ha procedido a derribar la edificación después de que una sentencia judicial declarara su ilegalidad hace dos años tras un largo proceso.

El historial de la construcción derribada se inició en el año 2007, cuando el Ayuntamiento concedió licencia para una promoción de ocho adosados en el citado núcleo de población después de que la empresa presentara un estudio topográfico. La construcción de estas edificaciones causó una cierta polémica en el municipio de Santa Eugènia, donde algunos vecinos constituyeron una plataforma con el nombre de Salvem ses Olleries e iniciaron una serie de protestas ante el Consistorio para denunciar la construcción de estos adosados que, a su entender, alteraban la tipología de la pequeña localidad del Pla.

El Ayuntamiento, ante las quejas vecinales, solicitó un nuevo estudio topográfico en el cual se pudo comprobar que el presentado previamente por la promotora tenia más metros de los que realmente pertenecían al proyecto, quedando fuera de planeamiento el octavo adosado que estaba previsto, cosa que el consistorio 'taujà' comunicó inmediatamente al promotor, iniciándose los respectivos procesos.

El promotor paralizó entonces la construcción del octavo adosado, que ya estaba muy avanzado, a la espera de una resolución judicial. La sentencia no determinaba con claridad si debía derribarse todo el chalet o solo una parte de la construcción.

Finalmente, a finales del año 2016, el juzgado aclaró que era la totalidad del chalet lo que debía demolerse. Por este motivo, a instancias del ayuntamiento de Santa Eugènia, la promotora inmobiliaria ha iniciado estos días el proceso de derribo del octavo chalet adosado de ses Olleries que quedó fuera de ordenación.

Ciutadella: Impresa tendrá que pagar 13.900 ¤ al mes si no derriba las naves

(Menorca, 11/02/2017)

A.C.F/ M.D.F. El Ayuntamiento de Ciutadella vuelve a ordenar a Industrial Menorquina de Prefabricados (Impresa) que derribe las dos naves ilegales que erigió en 2001 y, de no hacerlo, le exigirá 13.900 euros por cada mes de retraso desde el momento en que se le comunique formalmente.

El Consistorio podría pedirle un máximo de 12 mensualidades, es decir, 166.800 euros si no ejecuta la demolición, que está pendiente desde 2002. De ser así la administración municipal se encargaría de derribar las instalaciones, en unos terrenos cercanos al kilómetro 41,6 de la carretera general.

El concejal de Urbanismo José López explica que la decisión no se toma por afán recaudatorio, sino que lo que pretende es no dar la opción a que el proceso se alargue aún más.

La Junta de Gobierno municipal aprobó requerir el cumplimiento del derribo para evitar que prescribiera 15 años después de que se ordenara por primera vez. Ya entonces los técnicos municipales habían calculado una multa de entre 10 y 15 millones de las antiguas pesetas, equivalente al 50 por ciento de las obras efectuadas sin licencia y en 2009 se propuso una sanción de 250.000 euros.

2017-02-11 | Etiquetes: , , | Categories: Menorca | Enllaç

Aprueban ampliar la Agencia de Protección Urbanística

(Diario de Mallorca, 10/02/2017)

Redacción. El pleno del Consell de Mallorca acordó ayer la ampliación, con más recursos humanos, de la Agencia de Protección Urbanística, que crecerá en personal y será dotada de más agilidad y solvencia como "instrumento básico para hacer cumplir la legalidad urbanística en Mallorca, una asignatura pendiente", según explicó la portavoz de Més en la institución insular, Mercè Bujosa. Precisó que desde los ayuntamientos "es más difícil aplicar la disciplina necesaria" en materia urbanística, "tanto por falta de medios como por proximidad a los afectados", algo que no ocurre con el Consell. Por otro lado, el pleno rechazó, con los votos del Pacto, la moción del PP por la que pedía instar al Govern a dejar sin efecto el reparto de los fondos del impuesto turístico y realizar una nueva distribución de los ingresos obtenidos con la ecotasa teniendo en cuenta los proyectos presentados por los ayuntamientos.

2017-02-10 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Ciutadella: el Jurado declara por unanimidad culpable a Antònia Salord

(Menorca, 2/02/2017)

Se enfrenta a una pena mínima de 1 año de cárcel y a una máxima de 4, por cometer un delito de infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos. El Tribunal se muestra favorable a la suspensión de la condena

Jordi González. La exconcejal de Ciutadella, Antònia Salord (PP y Unió Menorquina) ha sido declarada por unanimidad culpable por el Jurado Popular, una vez concluido el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Palma, en el que se le acusa de hacer desaparecer, entre febrero y marzo de 2009, un expediente de disciplina urbanística (que acarreaba una sanción económica) de un funcionario afín.

Al ser declarada culpable por cometer un delito de infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, Antònia Salord se enfrenta a una pena mínima de 1 año y una condena máxima de 4 años. La jueza deberá dictar en los próximos días la sentencia, de acuerdo con el veredicto (de culpabilidad) emitido por el Jurado Popular. El Tribunal se ha mostrado favorable a la suspensión de la condena, lo que puede implicar que la pena de cárcel se pueda sustituir por trabajos para la comunidad u otras medidas, que en todo caso será la juez quien las determine. Asimismo el Jurado se ha mostrado contrario a que pueda ser indultada.

Por su parte, la Fiscalía ha rebajado su petición, solicitando una pena de dos años de cárcel (por los 2,5 años iniciales) y no se ha opuesto a la suspensión de la condena. La defensa ha solicitado la pena mínima y ha avanzado que recurrirá la decisión, mientras que la acusación particular (UPCM) mantiene su petición de tres años de cárcel y una multa de 18 meses a 30 euros diarios (16.200 euros).

2017-02-02 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Menorca | Enllaç





		

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