Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El Consell denunciará ante la Fiscalía las competiciones de polo en sa Barralina, en Campos

(Última Hora, 24/04/2019)

M. Nadal. La Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell denunciará ante la Fiscalía las competiciones de polo que se siguen celebrando en la finca de sa Barralina, en Campos, a pesar de que los terrenos rústicos no cuentan con la licencia urbanística.

La consellera de Territori del Consell, Mercedes Garrido, explicó este martes que «la ADT tiene un protocolo de actuación y se está siguiendo». En el caso de la finca de sa Barralina, Territori precintó los terrenos y suspendió así la actividad (que no una obra) en el año 2017, «pero ahora hemos tenido constancia de que esta orden de paralización no se ha ejecutado por lo que, siguiendo el protocolo, se denunciará ante Fiscalía», según Garrido.

De hecho, Ultima Hora publicó en su edición del pasado domingo que se mantiene la celebración de competiciones de polo en sa Barralina y, después, la ADT anunció que llevaría el caso ante la Fiscalía.

Según la Agència «no se trata de estar a favor o en contra de los campos de polo en Mallorca, sino de aplicar la ley. La legislación dice que para convertir una finca en un campo de polo se necesita una licencia urbanística y esta instalación no la tiene, por lo que existe una orden de paralización confirmada por el Tribunal Superior de Justícia de Balears y plenamente aplicable a día de hoy», apuntan.

Aún así, la propiedad sigue adelante con la actividad. De hecho, el pasado fin de semana todo estaba preparado para acoger un partido, que no se pudo celebrar por el fuerte viento.

En una web se anuncia que entre el 11 y el 28 de abril sa Barralina acoge la Copa de Pascua 2019.

Campos mantiene las competiciones de polo pese a la orden de suspensión del Consell

(Última Hora, 21/04/2019)

J. Socies. La actividad en los dos campos de polo de sa Barralina, en Campos, sigue en marcha. En la mañana del sábado, todo estaba preparado para acoger un partido. Los camiones de los distintos equipos de polo permanecen estacionados en unos terrenos rústicos próximos a las instalaciones desde hace unos días.

Incluso en una web especializada se indica que entre el 11 y el 28 de este mes de abril, sa Barralina acoge la Copa Pascua 2019. Se trata de un evento que se ha celebrado cada año pese a las actuaciones en contra de la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell por las infracciones urbanísticas.

Estos dos terrenos de juego fueron precintados en noviembre de 2017 por la ADT de la institución insular «al detectarse su uso a pesar de no contar con las pertinentes licencias». Y el pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) desestimó el recurso que presentó la propiedad y el promotor de los dos campos de polo. Confirmando así «la suspensión dictada por la Agència de Defensa del Territori por no disponer de licencia urbanística». Pese a ello, en las redes sociales también se pueden ver algunas fotografías de la celebración de la Copa Otoño, el pasado octubre, en las instalaciones, lindantes con el Parc Natural des Trenc-Salobrar.

Además de los camiones de los distintos equipos de polo estacionados, se ha podido ver a caballos entrenando en una nueva pista habilitada en los terrenos rústicos de la finca que a modo de hipódromo sirve para entrenar a los caballos. Una tarde de la semana pasada también se pudo contemplar un improvisado partido de fútbol, con porterías reglamentarias. E incluso otro de los detalles que se ha observado ha sido la instalación de una señal de dirección prohibida en el camino público que cruza las instalaciones deportivas de sa Barralina.

En febrero, la ADT señaló que en caso que no se respetará la orden de suspensión, el ente «se verá obligado a aplicar el artículo 187.6 de la Ley de urbanismo de las Illes Balears (LUIB)».

La oposición denunciará ante la agencia urbanística el nuevo parking de Petra

(Diario de Mallorca, 18/04/2019)

Consideran que el equipo de gobierno ha empezado las obras sin los permisos del Consell de Mallorca y sin haber publicitado la licitación

S. Sansó. El aparcamiento para casi 70 vehículos que en estos momentos se está construyendo en las afuera de Petra "no tiene los permisos necesarios del Consell de Mallorca y por lo tanto las obras no son legales", explica la portavoz y candidata a la alcaldía por Més, Caterina Mas. Lo que supone que en los próximos días la oposición denunciará el proyecto ante la Agència de Defensa del Territori.

"En el pasado pleno municipal del 7 de marzo se aprobó de manera inicial la modificación puntual de las normas subsidiarias porque parte del aparcamiento está en rústico", recuerda Tomeu Gual (Més per Petra). "Solo unos días más tarde, el 15 de marzo se adjudicaban las obras, sin un estudio de movilidad previo y sin que fueran publicadas en el perfil del contratante". Lo que unido a la falta del informe favorable del Consell pone en apuros la legalidad de la obra.

"No criticamos si hay o no necesidad de plazas en Petra, sino las formas con las que el alcalde Martí Sansaloni (PP) lo lleva a cabo, saltándose la normativa, sin esperar el visto bueno de la administración y pensando solo en sacar rédito electoral", añade Mas, que apunta a que "de esta forma está diciendo que cualquier vecino que quiera puede empezar una obra en rústico sin esperar que el Consell le dé permiso. Esto puede tener consecuencias económicas para el Ayuntamiento".

El alcalde petrer por su parte, explica que "de momento se trata de un vallado del terreno y que el espacio no va a ser asfaltado". "El pueblo necesita plazas de aparcamiento y eso es lo que vamos a conseguir".

Ya en enero Diario de Mallorca adelantaba que el ayuntamiento de Petra compraría un solar de 1.200 metros cuadrados en la entrada del pueblo desde Sant Joan, por un precio de algo más de 80.000 euros y con la intención clara de dar al espacio una nueva imagen.

Mejorar la entrada

Se trata del último solar antes de que empiece la carretera, con lo cual una parte importante está grafiada como suelo urbano, mientras que otra (unos 500 m2), están en suelo rústico. Por lo que en la primera se prevé la construcción de un parking, mientras que la otra parte se adecentaría con la siembra de distintos árboles y plantas con un continuo cierre de marés "que ayude a dar vistosidad y mayor presencia a la llegada a Petra", señala Sansaloni.

2019-04-18 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Petra: la ex edil de Més que 'perdonó' la multa a su marido persiguió a otros infractores

(El Mundo, 11/04/2019)

El Ayuntamiento que presidía Caterina Mas presionó de forma reiterada a un vecino por una obra ilegal y luego a su viuda y herederos - La ex alcaldesa y candidata al Consell está acusada de varios delitos de corrupción

Miguel Ángel Font. Caterina Mas, ahora tercera en la candidatura que presenta Més al Consell de Mallorca, dejó prescribir un multa de 58.000 euros a su marido cuando era la alcaldesa de Petra al tiempo que presionó de forma reiterada a una familia del municipio para que pagara una sanción de 48.000 euros por una obra en suelo rústico sin licencia. Al mismo tiempo exigía a esta familia la demolición de la edificación ilegal, algo que no hizo con su marido por la edificación ilegal de la Ferretería Bonany, ubicada a la entrada del pueblo.

La doble vara de medir del Ayuntamiento de Petra cuando Mas era la alcaldesa era patente. Mientras enredó hasta su caducidad el expediente por infracción urbanística contra la empresa de la que era socio su marido, el expediente contra el vecino de la localidad Juan Ramón Salom siguió todo el procedimiento administrativo correspondiente hasta finalizar con la sanción y la orden de derribo de la edificación ilegal levantada en la finca de Son Nero.

El Ayuntamiento dirigió todas sus actuaciones contra Salom, que había fallecido en abril de 2005, como titular de finca. Ante el impago de la multa, el Ayuntamiento la reclamó de forma insistente pero siempre con notificaciones al fallecido titular de Son Nero. Una vez que el Ayuntamiento se percató de que el infractor había fallecido, optó por seguir el expediente cargando contra la viuda del propietario y sus herederos.

En la actualidad, la ex alcaldesa Caterina Mas está imputada por un delito de presunta corrupción. Está acusada de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos públicos. A pesar de esta acusación, que se está tramitando en los juzgados de Manacor, Mas se presentó a las primarias de Més para el Consell de Mallorca. Resultó ser la candidata más votada y ocupa el tercer puesto de la lista dado que los dos primeros ya estaban ajuiciados a Bel Busquets y Guillem Balboa.

La tramitación de la causa contra Caterina Mas ha sufrido algunos retrasos por una baja de la magistrada y la incomparecencia de un testigo pero previsiblemente después de las elecciones se dictará la apertura del juicio.
A pesar de la imputación Més arropa a Caterina Mas y defiende su candidatura al Consell, algo que roza con el Código Ético de la formación nacionalista.

La causa contra la ex alcaldesa se remonta al año 2004 cuando el ahora conseller insular Joan Font (Més) era el alcalde y Caterina Mas su primera teniente de alcalde. En aquel año el Ayuntamiento decidió cambiar las Normas Subsidiarias y el terreno donde ahora se ubica la Ferretería Bonany pasó de rústico a urbano, incrementado así notablemente su valor.

Un mes y medio antes de este cambio, la empresa participada por el marido de la entonces teniente de alcalde Caterina Mas adquirió la parcela e inició la construcción de la nave ilegal. En el pleno de 11 de abril de 2004 que aprobó la nueva normativa urbanística, Caterina Mas no se abstuvo en la votación a pesar de sus intereses familiares. Las obras prosiguieron incumpliendo toda la normativa urbanística sin que el alcalde Joan Font Massot interviniera.

Así lo denunció constantemente el PP, cuyo portavoz entonces era Joan Font Rosselló. Primero se construyó una nave de 255 metros cuadrados, una dimensión superior a la permitida. A pesar de ello, el Ayuntamiento concedió el final de obra.

Ante tanta permisividad, la empresa del marido de la teniente de alcalde decidió construir una segunda nave junto a la otra, ahora ya sin ni siquiera pedir licencia. Esto colmó la paciencia de la oposición y PP, PSOE y UM se unieron para exigir la dimisión del alcalde Joan Font y de la teniente de alcalde Caterina Mas.

El secretario municipal denunció las irregularidades de la construcción mediante varios escritos pero sin ningún éxito. La inauguración de la Ferretería Bonany fue una fiesta a la que asistió el propio alcalde.

Prosiguieron las denuncias y el Ayuntamiento no tuvo más remedio que abrir un expediente por infracción urbanística contra la edificación ilegal. Fue una decisión de los técnicos a la que no pudo oponerse el alcalde Joan Font. Se declaró que la obra era ilegal e ilegalizable, lo que conlleva la orden de derribo.

Además, se impuso una multa de 119.000 euros a la ferretería. La sanción se redujo luego a 59.000 euros para evitar la intervención del Consell, que tiene las competencias en sanciones superiores a los 60.000 euros [Nota de Disúrbia: les tenia fins 2012].

Pasa el tiempo y en septiembre de 2010 el alcalde Font dimite para ceder la vara de mando a Caterina Mas, ya con vistas a las elecciones de 2011. Mas fue alcaldesa hasta 2015 y ahora es vicepresidenta del IMAS. Durante sus años de alcaldesa, su marido presentó el plan de pagos para liquidar la multa de 58.000 euros y de hecho abonó los primeros recibos pero pronto dejó de hacerlo. La deuda supera los 56.000 euros. La alcaldesa guardó en su despacho el expediente de demolición de la obra ilegal sin que ningún funcionario pudiera acceder al mismo. Así que pasó el tiempo y el expediente caducó.

Caducó este expediente mientras el Ayuntamiento tramitó otros muchos, lo que demuestra que no se trató de un mal funcionamiento de la administración municipal sino de algo intencionado.

Entre los expedientes tramitados destaca el ya mencionado contra Juan Ramón Salom en primera instancia y luego contra su viuda y herederos por unas infracción urbanística consistente en la ampliación de una edificación para convertida en vivienda y la construcción de una piscina. Las obra ilegales fueron valoradas en su momento en 96.000 euros. La multa es del 50% de aquella cantidad más los intereses, lo que suma algo más de 48.000 euros. La sanción que el Ayuntamiento de Caterina Mas intentó cobrar por todos los medios era por tanto de inferior cuantía a la impuesta al marido de la alcaldesa y que nunca se ha pagado, salvo unas pequeñas cantidades entregadas a cuenta que no superan los 2.000 euros.

Por lo que se refiere a la sanción por las obras de Son Nero, los herederos de Salom presentaron un recurso en 2015 alegando indefensión puesto que todas las notificaciones se dirigieron contra él cuando ya había fallecido. El Ayuntamiento, ahora presidido por el PP, dio la razón a los herederos y el expediente fue declarado nulo.

Caterina Mas siempre ha negado que participara en el expediente contra la empresa de su marido dando la responsabilidad de su caducidad a los técnicos del Ayuntamiento. Sobre la persecución contra los propietarios de Son Nero, Mas afirmó ayer a este medio que no recordaba este caso y que de todos modos el responsable de la tramitación de los expedientes por infracción urbanística es el secretario de la Corporación. Sobre la causa judicial por las obras de la Ferretería Bonany, Caterina Mas comentó que no había ninguna novedad y que el proceso seguía su curso.

El Consell expedienta tres chalets de alquiler turístico ilegales en Campos

(Diario de Mallorca, 9/04/2019)

Se contruyeron tres viviendas en una parcela de solo 14.700, sin licencia y en zona de riesgo de inundación

Miquel Adrover. La Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca ha abierto un expediente de infracción urbanística contra tres chalets ilegales que al menos dos estaban dedicados al alquiler turístico en pleno campo. Están ubicados en una zona rústica del municipio de Campos, en las inmediaciones de la emblemática playa de Es Trenc, y levantados sobre una zona de riesgo de inundación.

Las tres viviendas están construidas en una parcela de 14.700 metros cuadrados, cuando sólo se puede levantar un chalet por cada 14.000 metros, que es la percela mínima permitida en zonas rústicas normales de Mallorca. Dos de las construcciones, dedicadas al alquiler turístico y anunciadas en plataformas de internet, fueron edificados sin licencia municipal, ya que la propiedad no contaba con la extensión de terrenos permitida.

En las imágenes aéreas que acompañan estas líneas se puede apreciar como en el año 1997 solo había una vivienda construida en dicha parcela. Ahora hay tres chalets y piscina construidos de forma irregular y que deberán ser derribados y recibirán su correspondiente multa. Si la propiedad decide demoler por su propia cuenta se podría ahorrar cerca del 90% de la sanción que va en función del volumen de obra ilegal edificado.

La ofensiva del Consell de Mallorca iniciada en 2017 y 2018 contra el urbanismo ilegal en el campo sigue en este 2019. Se ha multiplicado la apertura de expedientes de infracción con la correspondiente orden de demolición. Prueba de ello es que en 2017 se dictó el derribo de 81 construcciones irregulares y en varios meses de 2018 fueron 78. Este año ya se superan las 20 órdenes de demolición por obras irregulares dictadas por la Agencia de Defensa del Territorio.

Sant Antoni despide al celador que fue detenido pero acabó absuelto

(Diario de Ibiza, 7/04/2019)

El Ayuntamiento basa su decisión en que aunque no fuera condenado quedó probado que inspeccionó unas obras en una vivienda, «con resultado negativo», cuando actuaba de apoderado de la propietaria

Eugenio Rodriguez, José María Alonso. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha apartado de forma indefinida al celador municipal que fue detenido en enero de 2009 (estuvo 10 días en prisión y salió tras pagar una fianza de 8.000 euros) acusado de aceptar supuestamente sobornos a cambio de no dar parte de supuestas infracciones urbanísticas. El caso fue a juicio, pero el celador fue absuelto en una sentencia de mediados de 2017.

La Fiscalía finalmente no presentó escrito de acusación contra el celador, pero sí el Ayuntamiento de Sant Antoni, que ejerció la acusación particular. Pedía una pena de ocho meses de multa y la suspensión de empleo por tiempo de un año y seis meses por un delito de negociación prohibida a funcionarios.

Pese a que fue absuelto, el Consistorio decidió apartar indefinidamente al celador a raíz de los hechos probados que constan en la sentencia. El afectado ha recurrido en el juzgado su despido. En concreto, el extrabajador municipal mantenía una relación de «amistad y confianza» con una persona extranjera que tenía una vivienda en Ibiza (actuó de apoderado en la tramitación ante un notario de unas escrituras de segregación y compraventa y declaración de obra nueva), en la que hizo una inspección con «resultado negativo» tras la denuncia de una vecina.

La sentencia apunta que actuar como apoderado al margen de su función pública no se puede considerar delito alguno. De hecho, el entonces secretario del Ayuntamiento declaró en el juzgado durante la fase de instrucción que «únicamente se le amonestó porque no existía incompatibilidad».

La sentencia

No obstante, el celador «debió abstenerse y no lo hizo», según la sentencia, de la inspección de obras que hizo a la vivienda de la persona para la que actuaba de apoderado y que resultó «negativa». Esto es en lo que se basó el Consistorio para apartar definitivamente al trabajador.

La magistrada del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, justifica la absolución del celador en que los hechos probados encajan en el artículo 439 del Código Penal, y no en el 441 que sostenía la acusación. El 441 es aquel que castiga al «funcionario que realizara una actividad profesional o de asesoramiento privado en asuntos que deba intervenir en su función pública o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina de la que dependa».

El escrito de acusación del Ayuntamiento apuntaba que el celador «inspeccionó» la vivienda, pero no especificaba que hubiera elaborado algún informe, «conducta exigible de forma imprescindible para integrar el hecho penal» que esgrimía el Consistorio. Documentalmente tampoco se acreditó, ya que la única visita de inspección que aparece en la causa la hizo otra persona. El propio acusado reconoció que hizo varias visitas de inspección a esa vivienda y que redactó posteriormente los correspondientes informes, «aunque era el Ayuntamiento el que decidía si se abría o no expediente de infracción urbanística». «Está claro», agrega la sentencia, que aunque la capacidad decisoria final no fuera suya, esta se adoptaba «con la opinión que plasmaba en sus informes».

Motivación de la absolución

La magistrada concluye que los hechos probados encajan en el artículo 439 del Código Penal, que protege el mismo bien jurídico que el 441 y que castiga al «funcionario que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones». Como una sentencia «no puede imponer una pena superior a las más graves solicitadas por la acusación [la del artículo 439 supera la del 441]», la jueza absuelve al acusado.

Por otra parte, el Ayuntamiento también acusaba al celador de haber asesorado a dos personas que construyeron dos viviendas sin licencia, pero la magistrada sostiene que la acusación no presentó ninguna prueba que lo acreditara. Indica que asesorar no es «una actividad prohibida», siempre y cuando se haga dentro de unos límites.

2019-04-07 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Sant Josep ordena la paralización de las obras de la depuradora de Cala Vedella

(Diario de Ibiza, 5/04/2019)

El Ayuntamiento detecta «un exceso» de excavación sobre lo que la promotora había declarado en su comunicación previa | La sociedad afirma que ha parado los trabajos a la espera ahora de que Recursos Hídricos informe a favor de la ampliación

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ordenó ayer la paralización de las obras de ampliación de la depuradora privada de Cala Vedella tras comprobar que la promotora, Urbanizadora Mediterránea S.A. (UMSA), se estaba excediendo con respecto a lo previsto en la comunicación previa de declaración responsable. En concreto, la excavación afecta a un área fuera del ámbito previsto en el proyecto autorizado por el Ayuntamiento, lo cual, según el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, «no está amparado en la comunicación previa».

Guerrero indicó que desconoce los motivos por los que UMSA, el agente urbanizador del plan parcial de Cala Vedella, ha ido más allá de lo previsto, pero, en todo caso, apunta que «eso no quiere decir que las obras no sean legalizables o que no se puedan hacer con otro tipo de licencia [una de obra mayor]».

Hace unos días, Guerrero justificó en el pleno, para sorpresa del PP, que las obras de la depuradora, situada dentro de un torrente, estaban amparadas en una comunicación previa (antigua licencia menor) y que no era necesaria la autorización de Recursos Hídricos. Los técnicos municipales sostienen que, como la urbanización no está recepcionada (tampoco la depuradora, construida hace 50 años), los permisos que en su día se otorgaron para edificar la planta amparan esta obra y que una comunicación previa es suficiente.

Sin embargo, como la excavación que se ha hecho va más allá de lo declarado en el Ayuntamiento, la actuación acometida sí precisaría ahora de una autorización de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente. Por eso, justifica Guerrero, se ordenó ayer la paralización de las obras. «Lo que se está haciendo afecta a lo que se llama policía de torrentes», aseguró.

Pozos negros ilegales

El proyecto al que los técnicos del Ayuntamiento dieron el visto bueno afectaba a las instalaciones actuales y el cambio de una estación de bombeo, lo cual «era autorizable». «Pero no es lo que está pasando ahí, donde hay un exceso de excavación», reiteró.

Un portavoz de la promotora explicó a este diario que se había decidido paralizar voluntariamente las obras a la espera de obtener el visto bueno de Recursos Hídricos ya que, inicialmente, no eran conscientes de que fuera necesaria esta autorización. Este paro retrasará las obras, con el temor, apuntan las fuentes consultadas de UMSA, de que no estén acabadas de cara al inicio del verano. Recuerdan que, con este proyecto, se prevé acometer el enganche de diversos edificios a la depuradora y evitar el uso de pozos negros ilegales. La promotora sostiene que estos pozos son el origen de los vertidos de fecales que afectaron a la playa el verano pasado y por los que la Fiscalía ha abierto diligencias penales.

Por otra parte, tal como publicó hace unos días este diario, las rocas y la tierra excavada en las obras de la depuradora se depositaron de forma ilegal en un terreno natural, situado al final de la calle Pollença, en primera línea de costa, a algo menos de 500 metros de la obra, en lugar de trasladarla a una cantera en vía de regeneración.

El jefe de la obra explicó que se trataba de un depósito provisional, ya que se pretendía reutilizar el material acumulado en esta zona para el relleno de las canalizaciones proyectadas, pero ante «el revuelo causado» entre los vecinos se decidió retirarlo.

Guerrero indicó ayer que «se ha retirado todo» el material. El primer teniente de alcalde recordó que el terreno en el que se depositó el material es «urbano» (una zona natural no desarrollada), pero no es propiedad de la promotora de las obras. Pese a que el propietario no ha denunciado los hechos, el primer teniente de alcalde recalcó que «no podían dejar ahí» el material excavado. Un celador comprobó el pasado viernes el alcance de los depósitos y redactó un acta, aunque según Guerrero el Ayuntamiento aún no ha abierto un expediente de diligencias previas para determinar si se debe tramitar un procedimiento sancionador.

2019-04-05 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Sant Josep ordena la paralización de las obras de la depuradora de Cala Vedella

(Diario de Ibiza, 5/04/2019)

El Ayuntamiento detecta «un exceso» de excavación sobre lo que la promotora había declarado en su comunicación previa | La sociedad afirma que ha parado los trabajos a la espera ahora de que Recursos Hídricos informe a favor de la ampliación

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ordenó ayer la paralización de las obras de ampliación de la depuradora privada de Cala Vedella tras comprobar que la promotora, Urbanizadora Mediterránea S.A. (UMSA), se estaba excediendo con respecto a lo previsto en la comunicación previa de declaración responsable. En concreto, la excavación afecta a un área fuera del ámbito previsto en el proyecto autorizado por el Ayuntamiento, lo cual, según el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, «no está amparado en la comunicación previa».

Guerrero indicó que desconoce los motivos por los que UMSA, el agente urbanizador del plan parcial de Cala Vedella, ha ido más allá de lo previsto, pero, en todo caso, apunta que «eso no quiere decir que las obras no sean legalizables o que no se puedan hacer con otro tipo de licencia [una de obra mayor]».

Hace unos días, Guerrero justificó en el pleno, para sorpresa del PP, que las obras de la depuradora, situada dentro de un torrente, estaban amparadas en una comunicación previa (antigua licencia menor) y que no era necesaria la autorización de Recursos Hídricos. Los técnicos municipales sostienen que, como la urbanización no está recepcionada (tampoco la depuradora, construida hace 50 años), los permisos que en su día se otorgaron para edificar la planta amparan esta obra y que una comunicación previa es suficiente.

Sin embargo, como la excavación que se ha hecho va más allá de lo declarado en el Ayuntamiento, la actuación acometida sí precisaría ahora de una autorización de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente. Por eso, justifica Guerrero, se ordenó ayer la paralización de las obras. «Lo que se está haciendo afecta a lo que se llama policía de torrentes», aseguró.

Pozos negros ilegales

El proyecto al que los técnicos del Ayuntamiento dieron el visto bueno afectaba a las instalaciones actuales y el cambio de una estación de bombeo, lo cual «era autorizable». «Pero no es lo que está pasando ahí, donde hay un exceso de excavación», reiteró.

Un portavoz de la promotora explicó a este diario que se había decidido paralizar voluntariamente las obras a la espera de obtener el visto bueno de Recursos Hídricos ya que, inicialmente, no eran conscientes de que fuera necesaria esta autorización. Este paro retrasará las obras, con el temor, apuntan las fuentes consultadas de UMSA, de que no estén acabadas de cara al inicio del verano. Recuerdan que, con este proyecto, se prevé acometer el enganche de diversos edificios a la depuradora y evitar el uso de pozos negros ilegales. La promotora sostiene que estos pozos son el origen de los vertidos de fecales que afectaron a la playa el verano pasado y por los que la Fiscalía ha abierto diligencias penales.

Por otra parte, tal como publicó hace unos días este diario, las rocas y la tierra excavada en las obras de la depuradora se depositaron de forma ilegal en un terreno natural, situado al final de la calle Pollença, en primera línea de costa, a algo menos de 500 metros de la obra, en lugar de trasladarla a una cantera en vía de regeneración.

El jefe de la obra explicó que se trataba de un depósito provisional, ya que se pretendía reutilizar el material acumulado en esta zona para el relleno de las canalizaciones proyectadas, pero ante «el revuelo causado» entre los vecinos se decidió retirarlo.

Guerrero indicó ayer que «se ha retirado todo» el material. El primer teniente de alcalde recordó que el terreno en el que se depositó el material es «urbano» (una zona natural no desarrollada), pero no es propiedad de la promotora de las obras. Pese a que el propietario no ha denunciado los hechos, el primer teniente de alcalde recalcó que «no podían dejar ahí» el material excavado. Un celador comprobó el pasado viernes el alcance de los depósitos y redactó un acta, aunque según Guerrero el Ayuntamiento aún no ha abierto un expediente de diligencias previas para determinar si se debe tramitar un procedimiento sancionador.

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