Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Alaior: el Govern certifica la plena legalidad del complejo hotelero de Son Bou

(Menorca, 21/09/2018)

Además de la licencia, halla en los archivos del Colegio Oficial de Arquitectos el recibo de las tasas y el final de obra

Mercè Pons. Tuvieron un origen legal y en ningún momento estuvieron en una situación de fuera de ordenación. Así lo certifica el Govern en un extenso informe de 23 páginas sobre el complejo hotelero Milanos-Pingüinos de Son Bou, en el punto de mira después de que la cadena Meliá Hotels International presentara proyecto para su reforma.

El Ejecutivo autonómico concluye que «el reconocimiento expreso» de la existencia de los hoteles en todos los distintos planeamientos urbanísticos (posteriores a su construcción) «imposibilita su posible consideración como edificación fuera de ordenación».

Pero, además de la plena legalidad de las dos torres, el departamento de Ordenación del Territorio del Ejecutivo autonómico aporta la licencia definitiva, así como el recibo correspondiente a las tasas municipales por la concesión de la licencia y el certificado oficial de final de la dirección de obra, documentos que el Ayuntamiento de Alaior no localizó en los archivos municipales.

El informe balear que tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Alaior el pasado día 7 de septiembre y al que ha podido acceder «Es Diari» desmonta los argumentos esgrimidos por el Consistorio para aprobar la suspensión durante un año de las licencias en la zona.

La Dirección General de Ordenación del Territorio ha hallado estos documentos en los archivos del Colegio Oficial de Arquitectos que, a pesar de ser un expediente antiguo, el mismo número de expediente se fue manteniendo para todas las actuaciones que se realizaron en esa parcela.

Explica el director general Luis Corral, en este documento, que el arquitecto autor del proyecto solicitó al Colegio de Arquitectos el libro de órdenes que, para tramitarlo se exigía indicación de la fecha de concesión de la licencia. Es por ello que adjunta una copia del certificado municipal con fecha del 4 de diciembre de 1971 que da cuenta de esa licencia municipal concedida por la Comisión Municipal Permanente el día 30 de noviembre de ese mismo año.

El alcalde certifica en este documento que la Comisión Municipal Permanente ha estimado que el proyecto reúne las condiciones y que después de que el arquitecto municipal Víctor A. Tolós Mitjavilla, haya informado favorablemente la construcción de las obras solicitadas, por unanimidad, acuerda conceder licencia municipal para construir los dos citados hoteles.

En los archivos colegiales también se encuentra el recibo con fecha de 4 de diciembre de 1971 correspondiente a las tasas municipales por la concesión de licencia y por valor de 1.225.530 pesetas, así como el certificado oficial de final de obras del 18 de abril de 1973 «que tampoco había sido localizado en los archivos municipales», constata Corral. No queda claro, no obstante, si el documento de las tasas es solo el que anuncia el importe a pagar o el recibo de su pago.

2018-09-21 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Sant Josep: Marí Ribas admite que la obra que invade una ANEI se debe derribar

(Diario de Ibiza, 21/09/2018)

No se ha iniciado un expediente para restituir la zona de Cala Molí afectada a su estado original. El GEN apunta la necesidad de que haya un consorcio de disciplina para evitar esta parálisis

Eugenio Rodríguez. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, reconoce que las obras de la urbanización de Cala Molí que invaden un Área Natural de Especial Interés (ANEI) «se deben derribar». El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) confirmó en 2008 la validez del acuerdo de la junta de gobierno en 2005 de anular la licencia otorgada tres años antes (para edificar 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas, dos locales y aparcamientos y trasteros). Sin embargo, el Consistorio no ha iniciado ningún expediente para forzar el derribo de la estructura que quedó a medias (la parte que invade la ANEI) y que se restituya la zona a su estado original.

«Se debería hacer para culminar el proceso», apunta el alcalde, que, por otra parte, ayer expresó su satisfacción por la reciente sentencia, también del TSJB, avanzada por este diario, que exime al Consistorio del pago de la indemnización por daños y perjuicios, de algo más de seis millones de euros, que reclamaba la promotora. «Estoy muy contento, como no puede ser de otra manera», resaltó.

Durante el primer gobierno progresista en Sant Josep, cuando el tribunal balear confirmó que la licencia no se podía ejecutar, al invadir un espacio inedificable, el entonces concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, ya dijo que esa parte de la urbanización, inacabada, se debía echar abajo. «Si quedan sin licencia, seguramente habrá que instar a los propietarios a restaurar este espacio», dijo Prats.

Por su parte, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), que fue quien denunció los hechos, sostiene que, al margen de lo que especifique la sentencia, la estructura inacabada se tiene que derribar «en cumplimiento de la normativa de disciplina urbanística. «Una zona ANEI es inedificable y lo que toca es restaurar ese lugar a su estado original», recalca la portavoz del GEN, Neus Prats.

Consorcio de disciplina

La ecologista ibicenca indica, además, que en el caso de que el promotor se negase a demoler la estructura levantada en un espacio protegido, el Consistorio debería hacerlo y «pasarle luego la factura» al responsable. «Lo que no puede ser es que se quede eternamente así. Estamos perdiendo una cantidad de espacios en el municipio que no se puede asumir», agrega Prats, al tiempo que reitera que en Ibiza debería haber, como sí se da en el caso de Mallorca y Menorca, un consorcio de disciplina urbanística que «se encargara de estas cosas». «Se persiguen a veces minucias como la apertura de una ventana y barbaridades como ésta parece que no se ven», critica.

Las demoliciones de casas ilegales crecen un 800 %

(Última Hora, 16/09/2018)

Joan Riera. Por primera vez en medio siglo de ‘caseterismo’ ilegal en terreno rústico o protegido de Mallorca, el Consell, a través de la Agència de Defensa del Territori, se ha lanzado a la caza de los infractores de una manera decidida y sin concesiones. Y ha llegado hasta el final. En lo que va de legislatura ya se han realizado 168 ejecuciones de demolición, algo nunca visto en la isla.

En la anterior legislatura fueron 19. Se trata de un crecimiento exponencial que se acerca al 800 por cien. De estas 168 demoliciones, todas menos una han sido llevadas a cabo por los propietarios, ya que en 2016 se ha puesto en marcha la figura de las multas coercitivas. Se pueden imponer un máximo de doce al dueño si no derriba él mismo, que es lo que han acabado haciendo casi todos.

Sin embargo, esta reacción institucional llega tras décadas de permisividad. Las edificaciones ilegales en suelo rústico o protegido de Mallorca comenzaron en los años sesenta del siglo pasado, en paralelo al ‘boom’ urbanístico de las ciudades y núcleos costeros de la Isla. El descontrol se prolongó durante décadas. A mediados de los años ochenta, a comienzo de la autonomía, se calculaba que en el extenso núcleo de Llucmajor había cerca de 2.000 construcciones ilegales en terreno rústico. También el concepto ‘ilegal’ era un término relativo. Había fórmulas ‘consentidas’ para burlar la normativa, como pagar una fuerte sanción al ayuntamiento y, a cambio, la casa quedaba ‘regularizada’.

Las falsas legalizaciones se producían por ‘consolidación’ [Nota de Disúrbia: la consolidació és una altra cosa, aquí sembla que es vol parlar de prescripció de la infracció], al pasar más de ocho años desde su construcción sin que el ayuntamiento reaccionase. Se dieron casos flagrantes y escandalosos como que en algún caso una construcción ilegal se levantó sobre un talaiot.

Sin embargo, ya hubo acciones de denuncias llevadas a cabo por el GOB en los años ochenta. Fueron larguísimas batallas legales que duraron lustros y conllevaron sonados derribos de construcciones ilegales, como fueron varias casas en Llucalcari, donde el alcalde fue condenado a multa por los tribunales si no procedía a la demolición, o la famosa urbanización de Ses Covetes, también demolida [Nota de Disúrbia: ha de quedar clar que aquests són dos exemples de llicències mal concedides pels ajuntaments, no d'obres fetes sense llicència].

El año 2006 estalló el caso Andratx a causa de la denuncia de un particular en la que se intuía una intencionalidad política detrás y por primera vez fue encarcelado un alcalde: Eugenio Hidalgo. En Andratx, uno de los municipios con fama de ser muy permisivo, la situación urbanística cambió de manera radical en aquel momento.

Por aquel entonces, cuando se produjeron estas denuncias ecologistas, las competencias en urbanismo dependían de cada ayuntamiento [Nota de Disúrbia: això no és exactament així, la subrogació dels consells insulars en les competències municipals existeix des de 1990...]. En este contexto, el Consell puso en marcha la Agencia de Disciplina Urbanística en 2009 y se instó a los ayuntamientos a que cediesen sus competencias en urbanismo. Este organismo ha cambiado de denominación y actualmente se llama Agència de Defensa del Territori, tiene su sede en la Conselleria del Territori del Consell, al frente de la cual está Mercedes Garrido. Esta agencia está dirigida por el técnico Bartomeu Tugores y desarrolla su tarea de forma autónoma al poder político.

Control férreo

Defensa del Territori actúa e impide que prosiga la degradación del rústico mallorquín en toda Mallorca. Entre 2016 y 2017 la Agència ha emitido 142 informes dirigidas a los ayuntamientos para constatar si la licencia pedida se ajusta a obras ilegales detectadas. Compromete a los consistorios. Estos informes no se hacían antes de 2016.
 

Alaior: las torres de Son Bou se acogieron a un decreto franquista para obtener licencia

(Menorca, 9/09/2018)

Aprobado en 1970, el decreto permitió al promotor saltarse normativas urbanísticas y lograr el permiso de construcción

Javier Gilabert. Sí que se construyeron con licencia municipal. Las dos torres que conforman el complejo hotelero Milanos-Pingüinos, en el punto de mira por el proyecto de reforma presentado por Meliá Hotels International –su actual propietario–, consiguieron obtener el permiso de obras después de que el Ministerio de Información y Turismo franquista aprobara en diciembre de 1971 –publicado en enero del 71– un decreto sobre «requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos» que en la práctica exoneraba al promotor del cumplimiento de los parámetros de la normativa urbanística.

Así consta en el acta de la reunión que el 30 de noviembre de 1971 celebró la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Alaior y en la que se da cuenta del visto bueno de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas y se toma en consideración el informe favorable del arquitecto municipal, Víctor A. Tolós –a la sazón el apoderado de los terrenos a edificar– para acordar por unanimidad «conceder licencia municipal para construir los citados hoteles».

No ha sido ni el grupo hotelero que promueve su reforma, ni los técnicos municipales, ni los juristas contratados por el consistorio los que han dado con la prueba de que las torres más llamativas del litoral menorquín se construyeron con licencia, sino el Centre d’Estudis Locals de Alaior, que tras poco más de una hora de búsqueda en los archivos municipales ha dado con una información que puede ser crucial, teniendo en cuenta que la falta de licencia –y el incumplimiento de los parámetros urbanísticos de la época– es uno de los argumentos que se han utilizado para frenar el proyecto que consolida las estructuras.

Hasta el momento el único documento hallado sobre el permiso de obra de los bloques –entonces llamados Tamo y Laguna Playa– lo había encontrado el GOB en febrero y se trata de una licencia provisional, curiosamente concedida un día antes de que el gobierno franquista aprobase el decreto sobre alojamiento turístico. En esta se condicionaba la construcción del proyecto hotelero al cumplimiento de unos parámetros urbanísticos que no se siguieron ni de cerca cuando se ejecutaron las obras en 1973.

De hecho se establecía que el máximo de edificación era de 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, una construcción de poco más de 4.000 metros cúbicos, cuando finalmente, y a la vista de la documentación gracias al decreto franquista, casi se alcanzan los 76.000.

2018-09-09 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Andratx incorporará dos celadores en Urbanismo

(Diario de Mallorca, 6/09/2018)

El teniente de alcalde de Urbanismo recordó que las competencias en suelo rústico son del Consell

Lorenzo gutiérrez. El primer teniente de alcalde de Andratx y responsable de Urbanismo, Jaume Porsell (PP), manifestó ayer que, en los próximos meses, se incorporarán dos celadores de obras en el Ayuntamiento. Tal y como publicó Diario de Mallorca, el municipio no dispone desde hace un año de este tipo de funcionarios para inspeccionar y efectuar seguimientos a las obras. Una situación que han criticado duramente tanto Més per Andratx como el PSOE, partidos que están en la oposición municipal.

Concurso–oposición

Según declaró Porsell, actualmente han efectuado un concurso–oposición para cubrir las dos plazas vacantes de celadores de obras en el municipio. El procedimiento, añadió el teniente de alcalde, está a la espera de valorar los méritos de los aspirantes.

Con esta convocatoria de plazas, la Casa Consistorial gobernada por el PP y El Pi pretende normalizar la situación en el departamento de Urbanismo. Fuentes municipales indicaron que, una vez formalizadas las resoluciones, se ocuparán las plazas de inmediato. Hasta el momento, según las misma fuentes, "continuaremos los controles con el mismo procedimiento de colaboración con la Policía Local y los técnicos municipales". Porsell hizo hincapié en que las competencias en suelo rústico son de la agencia de disciplina del Consell [Nota de Disúrbia: no és així, només són del Consell en sòl rústic protegit, no en sòl rústic comú]. Los Socialistas de Andratx criticaron que la situación es alarmante y que refleja la mala gestión de las áreas de Urbanismo y Personal.

2018-09-06 | Etiquetes: , , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Santa Eulària ingresó en 2017 casi 430.000 euros en multas por obras ilegales

(Diario de Ibiza, 1/09/2018)

El Ayuntamiento aprobó un total de 38 expedientes de derribo y ordenó 21 actuaciones de mejora en edificios particulares

Joan Lluis Ferrer. El Ayuntamiento de Santa Eulària ingresó durante el año pasado casi 430.000 euros por sanciones impuestas a obras ilegales, según informó ayer el Consistorio en una nota de prensa, en la que también señala que durante 2017 abrió más de 200 expedientes sancionadores de todo tipo por cuestiones urbanísticas.

En concreto, por infracciones propiamente dichas se recaudaron 402.500 euros, básicamente por multas impuestas tanto en 2017 como en el año anterior, puesto que la tramitación de los expedientes se demora en ocasiones durante meses. Otros 24.400 euros proceden de las llamadas multas coercitivas, que son las que se imponen a los infractores mes tras mes cuando se resisten a ejecutar la demolición. Las multas coercitivas tienen como misión presionar al infractor para que termine derribando la obra ilegalmente ejecutada. En lo que va de 2018 ya se han ingresado 7.800 euros por este mismo concepto.

Personal municipal

Los expedientes abiertos tienen como origen la labor de vigilancia que realiza el personal propio del Ayuntamiento (celadores de obras, policías locales, personal de Medio Ambiente y otros departamentos), pero también se abren a raíz de denuncias de particulares y de otras administraciones, según la citada nota municipal. Fue así como durante el año pasado se abrieron 215 expedientes de disciplina urbanística relativos a diferentes cuestiones. De ellos, 95 fueron diligencias previas por infracción urbanística, procedimiento que permite a la Administración suspender las obras o los usos de una instalación para garantizar que no se desarrollan ilegalmente.

El Ayuntamiento destacó asimismo los 38 expedientes de demolición aprobados también en 2017, a los que hay que sumar otros 11 de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. [Nota de Disúrbia: hi ha algú que ens pugui aclarir aquesta distinció?]

Por otra parte, durante el mismo periodo el Ayuntamiento dictó 21 órdenes de ejecución, que son mandatos que realiza el Consistorio para que un particular ejecute una mejora en la conservación o seguridad de un elemento arquitectónico. En 2018 se han abierto otros diez procedimientos de este tipo.

La Audiencia exige la demolición para evitar la cárcel en delitos urbanísticos

(Diario de Mallorca, 31/08/2018)

Para conceder la suspensión de las penas privativas de libertad se pide el derribo de lo construido ilegalmente o un plan con fecha de ejecución

Felipe Armendáriz. La Audiencia de Palma está exigiendo a los condenados por delitos urbanísticos que piden la suspensión de sus penas de cárcel que derriben sus construcciones ilegales o, subsidiariamente, que presenten un detallado plan de demolición, con fechas de ejecución. No obstante,las demoliciones de los chalés y hasta fincas de pisos construidos al margen de la ley o en zonas protegidas son muy lentas, según destaca la fiscalía de Medio Ambiente en un balance.

El informe de la fiscalía de Medio Ambiente, a cuyo frente se halla Rosario García Guillot, destaca que en Balears se siguen produciendo condenas por delitos urbanísticos, aunque han aumentado también los casos por maltrato animal.

García se congratula de que la instrucción de estas causas se hace con diligencia, dado que todas las sentencias han sido condenatorias y cada vez son más frecuentes las conformidades (admisiones de culpabilidad previa rebaja de la condena).
Hace un tiempo, y al hilo de una reforma legal en la materia, surgieron discrepancias a la hora de ejecutar este tipo de delitos, que suelen ser penados con penas inferiores a dos años de cárcel y la restitución de la zona dañada a su estado original, normalmente la demolición de todo o parte de lo construido ilegalmente.

Los juzgados de lo penal de Eivissa concendieron algunas suspensiones sin la previa demolición. La fiscalía recurrió esa decisión y la Audiencia confirmó la suspendión de la pena de cárcel, pero supeditada "a la presentación (en el plazo de un mes) de un calendario de la obra, con la designación de la empresa que va a llevar a cabo las obras y las fechas de inicio y final de la obra".

Si este "planning" no se presentaba en un mes, se ordenaría el ingreso en prisión del condenado, según dispuso la Audiencia.

Cuatro demoliciones en un año

En 2016 se produjeron cuatro demoliciones por orden judicial, dos ejecutadas por los condenados y otras dos, subsidiaramente por los Ayuntamientos.

Según García Guillot, los derribos, como consecuencia de sentencias judiciales, son muy lentos y los Ayuntamientos de Balears se han quejado de que carecen de medios para ejecutar esas obras, que en algunos casos son muy costosas.

La memoria de la fiscalía de Medio Ambiente se hace eco de un penado que, para evitar el derribo de su chalé ilegal, compró los terrenos colindantes, a fin de reunir los metros cuadrados suficientes para legalizar una casa en suelo rústico.

Sant Joan: una cabaña en Ibiza con orden de derribo se alquila a turistas a través de Airbnb

(Diario de Ibiza, 30/08/2018)

El Ayuntamiento ordenó la demolición de la vivienda en 2010 - Se trata de una construcción que está prohibida por el Plan Territorial

Josep Àngel Costa. Una cabaña de madera en una zona forestal de Sant Joan se sigue alquilando por noches como alojamiento turístico a través de la plataforma Airbnb, a pesar de contar con una orden de derribo por parte del Ayuntamiento de Sant Joan como mínimo desde el año 2010, cuando el Consistorio remitió a la Fiscalía una copia de su expediente sancionador al constatar que el promotor había continuado con las obras de una vivienda ilegal.

Además, esta vivienda ha sido denunciada, hasta en tres ocasiones en el último año, al servicio de inspección turística del Consell de Ibiza, que el martes remitió una respuesta a uno de los denunciantes para informar de que «tomará las medidas necesarias para corregir la conducta infractora si el servicio constata la existencia de infracción en materia de Turismo».

Esta vivienda se encuentra en un solar de 5.000 metros cuadrados, en un suelo calificado como Área rural de interés paisajística (ARIP), donde el mínimo necesario para construir se fija en 25.000 metros cuadrados. Se trata de un terreno segregado de una finca de Sant Vicent tras ser vendido en el año 2008, según consta en el Registro de la Propiedad.

Primera denuncia, en 2009

Un año después de la venta de este terreno, ya se denunció al Ayuntamiento de Sant Joan que se estaban llevando a cabo «obras para la edificación de una casa de madera con cimientos de hormigón y el levantamiento de una pared alrededor de dicho terreno», según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Además de que la parcela no cumple con la superficie mínima que marca la ley, las construcciones de madera como la denunciada están prohibidas en suelo rústico por el Plan Territorial Insular (PTI).

El Ayuntamiento dictó en su momento una orden de paralización de las obras, además de su derribo, para cumplir con la «reposición de la legalidad urbanística», un expediente que fue remitido en enero de 2010 a Fiscalía. Más de ocho años después, esta vivienda de madera en suelo rústico sigue en pie y se alquila de manera ilegal a través de la plataforma Airbnb, donde se ofrece a 60 euros por noche para dos personas.

En el anuncio se destaca que la vivienda se encuentra a las faldas del valle de Morna, con «mucha privacidad, un gran jardín, árboles frutales y bosque a cuatro minutos de la playa». En las tres denuncias remitidas desde el año pasado al Consell, se advierte del riesgo de incendio que conlleva una actividad turística en este entorno.

Estas denuncias, finalmente han recibido la contestación del departamento de inspección del Consell, que anuncia que abrirá una investigación por alquilarse como alojamiento.





		

Arxius

<Septiembre 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Categories

  • Eivissa i Formentera
  • Especial
  • Mallorca
  • Menorca
  • Operacio Voramar
  • Suprainsular
  • Etiquetes

    Llista d'etiquetes

    Documents

  • Altres infraccions
  • Notícies d'anys anteriors
  • Què és Disúrbia?
  • Recopilacions de notícies
  • Cercador de Disúrbia:


    Disúrbia. Recull de notícies 2000-2004
    Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

    Blogalia

    Blogalia