Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Josep: el magnate ruso Doronin deberá demoler el búnker ilegal de su mansión de Platges de Comte

(Diario de Ibiza, 21/10/2021)

Laura Amores. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha desestimado el recurso de apelación de la defensa del magnate ruso Vladislav Doronin por la sentencia dictada en 2019, que le condenaba a demoler las obras ejecutadas en el año 2014 en su mansión de Platges de Comte sobre terreno forestal en suelo rústico protegido en Sant Josep. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) había denunciado en 2014 las obras ilegales, detectadas tras una inspección desde un helicóptero.

 La sentencia también desbloquea otro expediente que valoraba la gravedad de la infracción urbanística cometida y obligaba a Doronin a pagar una multa de un millón de euros al Ayuntamiento de Sant Josep.

 Tras esta resolución del TSJB, el Ayuntamiento de Sant Josep abrirá un expediente bajo el que le dará la oportunidad al magnate ruso de demoler las obras ilegales y, si no lo hiciera, el Consistorio podrá demolerlas bajo ejecución subsidiaria y, posteriormente, pasará los gastos a la empresa de Doronin.

La empresa que hizo las obras «incumplió una licencia para obras de rehabilitación y mejora otorgada en el año 2012, ya que ejecutó actuaciones distintas que extralimitaban el permiso. Se habían modificado las instalaciones, sustituido la pavimentación, anulado la fosa séptica y construido una terraza, así como una pasarela elevada, entre muchas cosas que contemplaba la licencia», según indica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears por el que se ha desestimado la apelación de la sentencia inicial.

 Expediente de demolición

 La sentencia pone fin al expediente de disciplina urbanística que el Ayuntamiento de Sant Josep abrió por el volumen de obras detectado. La promotora presentó el proyecto de legalización, pero se le denegó, por lo que recurrieron ante el juzgado de lo contencioso en 2015.

 Una primera sentencia en 2019 resolvió como correcta la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep y tras un recurso de apelación por el magnate ruso, esta sentencia del TSJB de 2020 ratifica la actuación del Consistorio.

 Con la confirmación del TSJB de que la infracción fue valorada acertadamente y el proyecto de legalización correctamente denegado, se procederá a la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento.

 Desde el Consistorio apuntan que «debido a la carga de trabajo en el departamento de urbanismo, se ha retrasado el procedimiento», pero que «el siguiente paso es iniciar el expediente de demolición».

Sant Josep: multa millonaria al ex novio de Naomi Campbell por construir una mansión ilegal en Ibiza

(Última Hora, 20/10/2021)

S. Escribano / José M. de Lamo. El multimillonario Vladislav Doronin, ex novio de la top model Naomi Campbell y fundador de la multinacional Capital Group, deberá abonar una multa de algo más de un millón de euros al Ayuntamiento de Sant Josep y derribar las obras ilegales que se llevaron a cabo en su mansión ubicada en Platges de Comte y que adquirió con la sociedad Inversiones Rapa Nui 2012 SL a la también top model Elle Machperson. También deberá abonar esta multa Estructuras y Cimentaciones Ibiza en calidad de constructora de las obras declaradas ilegales e ilegalizables tanto por el Consistorio como por los tribunales.

Según consta en la sentencia 00414/2020 de la sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la propiedad de la mansión pretendía la legalización de una serie de construcciones ejecutadas sobre la servidumbre de protección de la Ley de Costas «careciendo de licencia alguna, además de haberse excedido con creces de la licencia de obra menor» otorgada en 2013. Dicha licencia se solicitó para la realización de trabajos interiores, revestimientos y pavimentos.

Obras en todo el inmueble

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Consell d’Eivissa remitió un requerimiento de información al Ayuntamiento josepí ya que, tras una inspección, habían detectado que se estaban realizando obras de reforma integral sobre la vivienda existente que afectaban a la estructura del inmueble, y otra serie de obras que requerían de maquinaria pesada en el exterior, tales como el levantamiento de estructuras de hormigón de nueva planta y trabajos de excavación.

Ante este requerimiento, el celador municipal procedió a visitar la propiedad y detectó que se estaban haciendo obras en todo el inmueble, concretamente «el cambio de instalaciones, cambio de tierra, impermeabilizaciones, saneamiento de vigas y revestimientos, movimientos de tierras en la zona de acceso a la finca con anulación de la fosa séptica, así como la construcción de una pasarela y una terraza de madera, ambas elevadas».

En julio de 2014 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente elaboraron un informe-denuncia detallando una serie de obras que se habían ejecutado sobre terreno forestal, en suelo rústico protegido en área de especial interés de alto nivel de protección, consistentes en un jacuzzi de obra cementada, una pérgola de madera sobre base de hormigón, ajardinamiento de zona forestal y aporte de áridos, construcción de una edificación bajo tierra, ampliación del volumen sobre edificación preexistente, ampliación de piscina y la eliminación de cubierta vegetal.

La propiedad presentó un proyecto de legalización de los trabajos realizados fuera del ámbito de la obra menor, que fue denegado por la Junta de Gobierno Local que meses después, ya en enero de 2015, resolvió ordenar a la propiedad la restauración de la legalidad mediante la reposición de los terrenos a su estado original.

Desde esa fecha la sociedad Inversiones Rapa Nui fue presentando recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por el Consistorio, que finalmente fueron ratificadas en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Formentera abre expedientes a terrenos usados como parking

(Diario de Ibiza, 20/10/2021)

 Carmelo Convalia. El Consell de Formentera ha abierto expedientes informativos, que pueden derivar en sancionadores, a cada uno de los 15 terrenos, la mayoría en suelo rústico, que fueron denunciados por un particular por ser usados como aparcamientos de vehículos en 2018. Esta persona notificó una Acción Pública en materia de urbanismo y ahora los servicios técnicos del Consell comprueban si realmente se usan esos solares denunciados como estacionamientos de vehículos, actividad prohibida por el Plan Territorial Insular de Formentera.

 Esta denuncia de 2018 fue reiterada ayer por el mismo particular que aduce en la justificación motivos medioambientales. La denuncia, remitida por Mario Sámper Omarramenteria, señala que hace tres años ya puso en conocimiento del Ayuntamiento la Acción Pública, amparada en el artículo 14 de la Ley balear de Urbanismo de 2017. Esta persona aprovecha la carta para felicitar a la presidenta del Consell, Ana Juan, «por su reciente nombramiento» y para poner en su conocimiento la citada Acción Pública pidiendo que «actúe de inmediato». El correo ha sido remitido a la presidenta del Consell, al diputado y todavía conseller de Medio Ambiente y Servicios de Inspección, Antonio Sanz, y al conseller de Territorio, Rafael González.

 Ante esta petición de información las áreas de Inspección, Medio Ambiente y Territorio del Consell de Formentera «abrieron expedientes de cada uno de los terrenos en cuestión y se ha estudiado y realizado informes de la situación concreta y de las medidas a tomar dependiendo de la situación legal», de cada uno de ellos. Fuentes del Consell aseguraron que debido a los inconvenientes de la pandemia, estos expedientes habían «quedado parados y ahora se están retomando los mismos y se continuará con su tramitación».

 La persona que denuncia esta actividad, aunque no lo cite expresamente en su escrito, se refiere a los solares que se usan para guardar y estacionar los vehículos de alquiler de las empresas que operan en la isla.

 Mario Sámper pregunta en su carta: «¿Cómo es posible que estas actividades se estén permitiendo, si el planeamiento del municipio lo prohíbe expresamente?, máxime teniendo en cuenta que ya existe una denuncia ciudadana de hace más de tres años por este motivo».

 El denunciante continúa: «¿Constan licencias que permitan la realización de estas actividades, tan nocivas para el medio ambiente?».

 Además añade que, según consta en las referencias catastrales de los terrenos supuestamente usados para este fin, hay «dos fincas en la zona del Parque Natural de ses Salines», para luego preguntar: «¿Disponen de autorización para que en ellas se acumulen tantos y tantos coches?». Termina preguntando si las autoridades «¿son conscientes de los riesgos que supone para el medio ambiente esta gran cantidad de vehículos estacionados sobre terreno rústico?», y muestra su sorpresa porque «una isla paradisiaca que aparentemente lucha por mantener el paisaje de gran calidad, se permita estos ataques contra el medio natural».

2021-10-20 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Imponen una sanción económica ejemplar por construir en suelo rústico en Mallorca

(Diario de Mallorca, 18/10/2021)

J.F. Mestre. Máxima contundencia ante la construcción ilegal en Mallorca. El Tribunal Superior de Justicia de Balears, en una reciente sentencia, ha confirmado la sanción económica ejemplar impuesta a una familia que decidió construirse una vivienda de lujo en un solar rústico, donde no se podía realizar. La sanción económica se fija en algo más de 260 mil euros, que coincidiría con el valor de la construcción. Los promotores no solo tendrán que abonar esta elevada sanción económica, sino que además podrían verse obligados a derribar la construcción, dado que no se puede legalizar. El tribunal no se pronuncia sobre el futuro de esta construcción, sino únicamente sobre la legalidad de la sanción económica, que ha sido confirmada en todos sus extremos. Así, los jueces le dan la razón al Consell de Mallorca, que impuso esta multa a través de la Agencia de Disciplina Urbanística, que se encarga de perseguir las construcciones ilegales de la isla.

El proyecto urbanístico, que se realizó en un solar rústico ubicado en Felanitx, empezó a levantarse hace ya casi diez años. Cuando el celador municipal descubrió que se estaba realizando una obra en terreno donde no se podía construir, presentó una denuncia ante el propio Ayuntamiento, que procedió a ordenar la paralización inmediata de las obras. Los promotores, según destaca la sentencia, pusieron todas las trabas posibles para evitar que se comprobara el estado de las obras. Además, aunque se comprometieron a solicitar permiso de obras, que no se les hubiera otorgado porque el solar rústico no tenía la suficiente superficie para levantar una construcción, no detuvieron los trabajos.

El proyecto consistió en una vivienda de 219 metros cuadrados, junto a un porche de casi 65 metros, más un garaje de la misma superficie, una piscina y un almacén.

El ayuntamiento de Felanitx trasladó el expediente al Consell de Mallorca para que se aplicara la normativa sobre disciplina urbanística. Dicha norma establece que cuando se descubre una construcción ilegal, se impone una sanción económica al infractor.

El promotor intentó evitar el pago de la sanción, alegando que la administración competente para perseguir esta construcción ilegal debía ser el ayuntamiento de Felanitx, y no el Consell de Mallorca. Sin embargo, el tribunal recuerda que la ley le otorga a la Oficina de Disciplina Urbanística [Nota de Disúrbia: per favor, Agència de Defensa del Territori, no és tan difícil aquest nom...] de la institución competencias suficientes para perseguir y sancionar estas obras ilegales, entre las que se incluyen las que se levantan en terrenos rústicos.La sanción se basa en el calculo que realizaron los técnicos para determinar cuánto costó construir esta amplia vivienda. Un valor que coincidía en términos generales con el calculo que realizó la perito judicial. La obra levantada se valoró en 260.000 euros.

Según la normativa que aplica el Consell de Mallorca ante estas obras ilegales, la sanción se calcula a partir del valor de la construcción y la multa que se impone es la misma que el precio pagado por las obras ejecutadas. No considera el tribunal que la multa sea desproporcionada porque la administración no puede imponer una sanción por un importe distinto al que determina la ley. Y en este caso la normativa establece que la sanción económica que corresponde cuando se levanta una vivienda en un suelo donde se puede construir es del cien por cien del valor de las obras ejecutadas [Nota de Disúrbia: perquè en aquest cas era aplicable la Llei 10/1990. Ara, les sancions són encara més grosses]. La sentencia incide además que el terreno rústico es un suelo que está preservado a los desarrollos urbanísticos. 

El nuevo Plan General de Palma regulariza 19 de las 48 parcelaciones rústicas ilegales

(Diario de Mallorca, 2021/10/12)

Josep Capó. Un total de 19 de las 48 parcelaciones rústicas ilegales que el actual Plan General de 1998 recogía como Zonas de Regulación Especial (ZRE) podrán regularizar su situación urbanística en el nuevo planeamiento puesto que se les reconoce como núcleo rural en aplicación de la ley de urbanismo de 2017.

En estos 19 núcleos, no obstante, el nuevo Plan General limita considerablemente sus posibilidades de edificación, según se indica desde Modelo de Ciudad, aunque se permite que la parcela mínima sea de 7.000 metros cuadrados en lugar de la de 14.000 metros cuadrados que se exige como mínimo en el resto del suelo rústico común.

De esta forma, teniendo en cuenta el suelo rústico disponible, no se prevé que se puedan construir más viviendas en estas zonas.

En el caso de que sus propietarios quieran realizar modificaciones en las edificaciones ya existentes, se prevé que se puedan autorizar obras de conservación o consolidación que deberán estar vinculadas a la adopción de medidas de reducción de impacto ambiental y paisajístico, algo que se traduce, entre otras medidas, en que solo se permite la edificación en planta baja.

El resto de Zonas de Regulación Especial reconocidas en el Plan General de 1998 que no son considerados como núcleos rurales se debe a que o bien están afectadas por zonas de protección de riesgos o tienen un menor grado consolidación o entidad, ya que para ser núcleo rural tienen que tener un mínimo de tres viviendas. De esta forma se prevé que estas zonas queden reguladas en su correspondiente categoría como suelo rústico.

Además, en el caso de que estas parcelas rústicas queden dentro del futuro Parque Agrario se deberán ajustar a lo que estipule el futuro Plan Especial, principalmente por lo que hace referencia a la prevención de riesgos por inundación.

Con el planteamiento actual en 23 años solo ha regularizado su situación urbanística un asentamiento ilegal

Cabe recordar que el Plan General de 1998, que aún está en vigor, identificó un centenar de parcelaciones rústicas ilegales, la mayoría ejecutadas a finales de los años 70 del siglo pasado y las décadas de los 80 y 90. En el planeamiento de 1998 se reconocieron un total de 48 zonas que fueron calificadas como de Régimen Especial, con la posibilidad de regularizar su situación urbanística presentando un Plan Especial. No obstante, en los 23 años de vigencia del plan, mediante este mecanismo solo se aprobó el Plan Especial de una de ellas: el Secar de Son Sardina.

La ley de urbanismo de les Illes Balears de 2017 establece el Núcleo Rural como una categoría especial en suelo rústico y obliga al planeamiento general a «reconocerlos, delimitarlos y ordenarlos»

El nuevo planeamiento de Palma establece como uno de los criterios más importantes el de «proteger el medio rural y preservar sus valores ambientales y paisajísticos al mismo tiempo que se evita la construcción fuera del tejido urbano, en especial la creación de nuevos núcleos urbanos aislados.

También se establece el criterio de impedir la consolidación de los núcleos aislados con baja densidad de población previstos en el Plan General de 1998 que no se han desarrollado como son por ejemplo Gènova, Son Gual o Puntiró, o crecimientos no residenciales que se han valorado como no necesarios o que podrían quedar afectados por zonas de protección de riesgos de inundaciones como es el caso de Son Garcias Vell y parte de Son Pardo.
 

Un acuerdo extrajudicial salva del derribo el edificio del viejo cine Fantasio de Alaró

(Diario de Mallorca, 07/10/2021)

Silis Campins. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha anulado la orden de derribo del edificio levantado en el solar del antiguo cine Fantasio de Alaró. Un acuerdo extrajudicial permite frenar la ejecución de la sentencia de demolición dictada hace años por el Tribunal Supremo. Dos décadas de pleitos judiciales están a punto de llegar a su fin. El final para la vía jurídica y también para la angustia de una veintena de propietarios por un asunto del que solo eran víctimas sin ninguna responsabilidad.

El juzgado encargado de ejecutar el fallo considera en un auto firmado el 1 de octubre que se puede suspender el derribo tras la renuncia explícita del denunciante a exigir la ejecución de la sentencia firme. La magistrada Cristina Pancorbo argumenta que el pacto no es contrario «al interés ni al orden público».

El acuerdo tendrá un coste de 100.000 euros para el municipio, lejos de la cantidad de entre 600.000 y 900.000 que se calculaba en indemnizaciones en caso de que los propietarios hubieran perdido sus viviendas.

En 2006, los tribunales fallaron que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento para levantar un edificio con pisos y aparcamientos era ilegal. Consideraban probado que se había autorizado ilegalmente un edificio que invadía una calle de dominio público. El denunciante era un constructor local, rival encarnizado del promotor de la obra.

 Diversas instancias judiciales, incluido el Supremo, fallaron una y otra vez a favor del demandante y ordenaron el derribo de la parte ilegal, que había ocupado algo menos de doce metros cuadrados de suelo público. Sin embargo, la decisión afectaba gravemente al mantenimiento del edificio en su conjunto. La sentencia pasó en 2014 a la fase de ejecución. Después de varias suspensiones, el juzgado activó el pasado mes de marzo la orden de demolición y amenazó con sanciones económicas al alcalde si no actuaba para que se cumpliera la resolución judicial.

Desde que se produjo el fallo firme del Supremo se sabía que la única opción para evitar la piqueta era un acuerdo con el demandante. Sin embargo, sus elevadas pretensiones económicas –llegó a exigir un millón de euros– quedaban fuera del alcance de las finanzas municipales. Unas cuentas ya sustancialmente averiadas tras abonar a lo largo de la última década un millón de euros por la expropiación forzosa de un solar destinado a aparcamiento en la calle Blanca de Son Penaflor.

La entrada en concurso de acreedores del constructor que presentó la denuncia abrió una nueva vía de negociación a través del administrador concursal. El pacto alcanzado ha sido avalado por el juzgado de lo mercantil que dirime la suspensión de pagos.

Indemnización

La indemnización de 100.000 euros al denunciante acabará en manos del administrador concursal, que a cambio renuncia a emprender nuevas acciones legales. El Ayuntamiento se compromete asimismo a aprobar en el plazo de dos meses «un código de buenas prácticas urbanísticas». Un documento cuyo objetivo es evitar que se repitan situaciones como la del edificio del Fantasio. También tendrá que rectificar la alineación de las calles Pere Rosselló i Oliver y Son Amengual cuando apruebe las nuevas normas subsidiarias. Se establece, además, un compromiso mediante el cual se estudiará dedicar a equipamientos dos parcelas propiedad del denunciante situadas a la entrada del pueblo, aunque solo en caso de que el consistorio necesite este tipo de suelo.

El auto de la magistrada que salva, al parecer definitivamente, la construcción, será firme quince días después de su notificación si nadie lo recurre. Los vecinos se quitarán de encima un enorme peso que los errores del Ayuntamiento colocaron sobre sus espaldas.

De Llucalcari a Alaró, mismo caso, distintos caminos
El alcalde de Deià tomó personalmente la piqueta para derribar los chalés ilegales de Llucalcari. Lo hizo en 2010 después de que el juez amenazara al edil con una multa por cada día que se retrasara la ejecución de una sentencia firme. En cambio, la demolición de un edificio con 18 viviendas de la calle Lluís Alemany de Andratx se paralizó en 2013 en el último momento. Como en el caso de Alaró, todas las partes implicadas en el proceso judicial alcanzaron un pacto in extremis que evitó el derribo.

El Consorcio en Rústico frena de forma drástica su ritmo de multas

(Menorca, 3/10/2021)

El nivel de cobro de las sanciones aumenta del 7 al 10,7 por ciento tras el ejercicio 2020

Pep Mir.El Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico de Menorca continúa con su eterno problema en el cobro de las sanciones impuestas, aunque durante 2020 logró incrementar algunos puntos el exiguo porcentaje de los infractores que acaban pasando por caja. Eso sí, el año pasado se produjo una notable reducción en el volumen de las multas cursadas. El Informe de Intervención incluido en la Cuenta General del pasado ejercicio, que en estos momentos está en periodo de exposición pública, atribuye esta última circunstancia al efecto del confinamiento general por la covid-19, periodo durante el cual no hubo sanciones, y a la disponibilidad de un asesor jurídico menos en la plantilla de este organismo.

El año pasado el Consorcio cerró expedientes sancionadores por un importe total de 873.827 euros. Es una cantidad considerablemente inferior a los 5,5 millones de euros de 2019 o los 3,6 millones de 2018. De esta cantidad, se cobraron 83.388 euros, lo que supone un 9,5 por ciento del total. Además, se han conseguido liquidar una parte de las cantidades pendientes de ejercicios anteriores, lo que supone que en el acumulado desde la creación del Consorcio el nivel de cobro efectivo se sitúa en el 10,7 por ciento, cuando al cierre del ejercicio 2019 este porcentaje estaba en el 7 por ciento.

En ocho años de actividad de este organismo coparticipado por el Consell y los ayuntamientos se han impuesto sanciones por un importe total de 10,9 millones de euros y se han hecho efectivos 1,1 millones. Una parte de estas multas con que se cierran algunos de los expedientes del Consorcio se acaba liquidando por otras vías, como sentencias judiciales o bonificaciones que se aplican al restituir la legalidad.

La elevada actividad punitiva de los dos ejercicios precedentes ha generado, por los sistemas de cálculo que se emplean en estas cuestiones, un importante incremento de la cantidad de las sanciones impuestas que se consideran de dudoso cobro, capítulo que pasa de 1,4 a 2,7 millones de euros. Más de la cuarta parte del total pendiente. En su informe, Intervención solicita una vez más un mayor esfuerzo en la recaudación de estos derechos reconocidos a favor del Consorcio y define la realidad del organismo en este sentido como un «contexto ilusorio». Es, afirma el documento, su problema más acuciante.

Caja a mínimos

Estos anómalos porcentajes de cobro en el Consorcio provocan que la entidad disponga de una buena salud a nivel contable, con más de 7 millones de euros de remanente de tesorería, lo que en teoría le debería permitir devolver al Consell todas las aportaciones anuales que le ha hecho para que pueda funcionar, una cantidad que sube a 1,4 millones de euros. No obstante, esta opción no es aplicable porque el saldo de tesorería del Consorcio, es decir, el dinero que tiene en sus manos, tan solo son 62.173 euros.

2021-10-04 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç

Alaior: la familia de Es Plans ejecuta la demolición y se queda sin casa

(Menorca, 29/09/2021)

La maquinaria pesada ha entrado la mañana de este miércoles en el terreno que ocupa la casa de Rosa Robles y su familia, en la zona de Es Plans, a la altura del kilómetro 13.

A las 9.40 horas la retroexcavadora manipulada por un obrero ha comenzado a demoler la construcción que había sido el hogar de esta familia desde hace algo más de diez años.

Se ha ejecutado así la orden de demolición dictada por el Consorcio en suelo rùsitico del Consell el pasado mes de mayo.

La familia disponía de plazo hasta este jueves para cumplir la resolución del organismo público a riesgo de tener que hacer frente al pago de la totalidad de la multa que asciende a algo más de 30.000 euros, de los que ahora en principio solo deberán abonar el 20 por ciento.

Mientras tanto el matrimonio y su hija menor de edad residen desde el pasado sábado en un aparthotel de Son Bou, a partir de la gestión hecha por el Ayuntamiento de Alaior.

"Es triste pero hay que cumplir con la ley", ha declarado Rosa Robles con lágrimas en los ojos.

La familia adquirió la casa en 2011 sin saber que era una construcción ilegal porque se había levantado sin licencia, estaba junto a un torrente y en plena Area Natural de Especial Interés. Las continuas inundaciones por estas mismas circustancias acabaron sacando a la luz que la edificación era ilegal lo que inició el proceso que, tras la tramitación del expediente, ha derribado en el desenlace de este miércoles. La familia sigue a la búsqueda de una vivienda en la que alojarse puesto que el 17 de octubre deberán abandonar el apartamento en el que están residiendo.

2021-09-29 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Menorca | Enllaç





		

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