Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sant Josep: adaptan la ´casa del motor´ de ses Salines como vivienda

(Diario de Ibiza, 21/05/2015)

Temor entre los ecologistas a los efectos que tendrá este nuevo uso, que consideran ilegal, en una zona «muy sensible» del Parque Natural

j. ll. f. | ibiza La propiedad de la ´casa del motor´ de ses Salines –una instalación histórica que albergaba la maquinaria para bombear agua de mar hacia los estanques– está transformando esta construcción para convertirla en vivienda y para ello ha abierto nuevos ventanales en sus fachadas y ha reformado su interior. Los ecologistas del GEN afirmaron ayer que estas obras son ilegales por excederse de lo legalmente permitido.

Los conservacionistas temen que la conversión de esta edificación en una vivienda habitada conlleve numerosas molestias para la fauna protegida de ses Salines, ya que se ubica justamente en uno de los puntos más sensibles del Parque Natural. La llegada de vehículos, la presencia permanente de personas y la actividad propia de una vivienda pueden tener consecuencias negativas sobre el entorno, señaló el presidente del GEN, Joan Carles Palerm.

Además, según esta entidad, las obras que se están desarrollando serían ilegales, puesto que «solo se podía restaurar lo que había, nunca darle el uso de vivienda».

Los ecologistas anunciaron que reclamarán al Ayuntamiento el inmediato precinto de los trabajos, debido a las afecciones que pueden tener sobre el Parque Natural.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Sant Josep afirmó que los trabajos «tienen licencia y han pasado por Medio Ambiente», pero, aparte de esto, no pudo ofrecer más detalles.

Personas conocedoras de la zona recordaron a este periódico que la casa, hasta ahora, «no tenía ni puertas ni ventanas, solo una abertura hacia sa Llonganissa [un estanque salinero]; solo era un almacén». Esta fuente añadió que la mitad de la construcción se encuentra en dominio público.

Las construcciones tradicionales de la industria salinera están consideradas de gran valor arquitectónico por tratarse de unas edificaciones industriales antiguas únicas en Ibiza. De hecho, el Consell de Ibiza inició años atrás los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) todos estos elementos, pero la iniciativa no llegó a materializarse, por lo que actualmente estos edificios carecen de protección legal. La mayoría de ellos son propiedad de Salinera Española, empresa explotadora de las salinas.

Inca: El alcalde paraliza las obras de un nuevo vial en el polígono

(Diario de Mallorca, 19/05/2015)

La promotora había iniciado los trabajos sin que la necesaria modificación del Plan General esté aprobada

j. frau. El alcalde de Inca, Rafel Torres (PP), firmó ayer el decreto de paralización inmediata de las obras de construcción de un nuevo vial de acceso al polígono industrial por la calle Teixidors debido a la falta de licencia municipal de los trabajos ejecutados por la empresa Aldi Supermercados S. L.

El decreto de suspensión recuerda que el nuevo vial de acceso responde a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana mediante la que 178 metros cuadrados de una parcela urbana clasificada como suelo industrial y comercial pasarán a tener la calificación de sistema viario. Sin embargo, la modificación urbanística está todavía en fase de aprobación inicial y pendiente del informe ambiental por parte de la comisión balear de Medio Ambiente.

Por este motivo, Torres avisa a la empresa responsable de que tiene un plazo de 48 horas para ejecutar la orden de suspensión y que el incumplimiento dará lugar a sanciones coercitivas. También otorga dos meses a la promotora para que solicite la licencia municipal que permitirá llevar a cabo los trabajos, si bien aclara que el permiso "no podrá otorgarse hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General".

2015-05-19 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Campos: la promotora no renuncia aún a cobrar 27,3 millones municipales por Ses Covetes

(Diario de Mallorca, 16/05/2015)

El consistorio mantiene abierta la puerta para que Marina Ernst justifique en qué basa sus reclamaciones por la demolición de 2013

S. Sansó. El ayuntamiento de Campos mantiene la puerta abierta para que Marina Ernst, la promotora de los 68 apartamentos de ses Covetes demolidos hace dos años, pueda avalar con documentación los más de 27 millones de euros que solicita al consistorio por los perjuicios derivados de haberle concedido una licencia de construcción, que después fue revocada tras un largo proceso judicial y obligó a los promotores a tener que derribar la integridad de la urbanización. Se da la circunstancia de que uno de los propietarios de Marina Ernst SA es Sebastià Sagreras, padre del actual alcalde de Campos del mismo nombre.

"No entendemos porqué si hace unos años los promotores no pudieron aportar nada, vuelven a reclamar, ni tampoco porqué el Ayuntamiento vuelve a ofrecerles la posibilidad después de que pareciera que había dado por cerrado el tema", explican desde Més per Campos

El procurador y representante de la Sindicatura de la quiebra de Marina Ernst SA, Juan Cerdó Frías, reclamó en junio de 2014 al consistorio campaner, una indemnización muy parecida a la que ya se pidiera también en 2010: 27,3 millones de euros. Una reclamación que el consistorio permite ahora justificar.

Cerdó enumera en el escrito registrado en el Ayuntamiento, la efectividad de la lesión y su valoración económica. Considera que los promotores adquirieron el suelo y su licencia por el valor de mercado y como si efectivamente en él se pudieran construir chalés acomodados en la primera línea de costa. Por tanto la indemnización debería tener en cuenta tanto el precio, como los tributos derivados de la adquisición y los intereses legales.

La petición pide que se tengan en cuenta también "las inversiones realizadas para el desarrollo y edificación del suelo realizadas por Marina Ernst SA; los gastos de defensa de la condición de urbano del suelo y la validez de la licencia", así como el "lucro cesante por la imposibilidad final" de desarrollar los 68 apartamentos. Finalmente pide no tener que soportar "coste alguno de demolición y restauración de la legalidad infringida con las NNSS de 1991 y con la licencia".

Hace cinco años el ayuntamiento de Campos, por aquel entonces comandado por un pacto de centro-izquierda, ya concedió a la promotora un periodo para que avalara con pruebas, facturas y documentación los millones reclamados por el proyecto frustrado; periodo que concluyó sin que Marina Ernst aportara datos más significativos que la propia reclamación.

Comprados en 1994

La historia de los polémicos apartamentos de Ses Covetes arranca cuando los alemanes Michael Fischer y Hans Jager, a través de su empresa, solicitan la pertinente licencia a la corporación municipal, en manos del Partido Popular. El equipo de gobierno decide concederla amparándose en las Normas Subsidiarias vigentes en aquellos momentos y que parecían dar un carácter urbano a los terrenos. Todo ello sin tener en cuenta que tres años antes, en julio de 1988, había entrado en vigor la Ley de Costas, que afectaba directamente a las dos parcelas de Ses Covetes, a las que clasificaba como suelo rústico.

En 1994, cuando los germanos no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca para seguir adelante, La Caixa se quedó con lo construido, que fue comprado por diversos socios mallorquines, entre ellos Sebastià Sagreras padre. Tras un periodo judicial de casi una década, y tras la paralización definitiva del proyecto a medio construir, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenaba definitivamente la demolición. 

La juez obliga a Sant Josep a expedientar a cinco exconcejales por una obra ilegal

(Diario de Ibiza, 15/05/2015)

La Justicia admite la petición del GEN de reactivar el expediente sancionador contra Serra Escandell y los otros ediles que aprobaron el permiso del Puig d´en Serra | Antes de un año deberá haberse concluido la tramitación del proceso

joan lluís ferrer | ibiza. ­El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Josep que reactive los trámites para la posible sanción a los cinco concejales del PP que en 1992 aprobaron la licencia ilegal otorgada a la vivienda –ahora demolida– del Puig d´en Serra, en es Cubells. El Ayuntamiento acordó en 2006 suspender este expediente, pero tras un recurso interpuesto por los ecologistas del GEN, dicho juzgado ordena ahora continuar con su tramitación y obliga al Ayuntamiento a concluirlo en el plazo máximo de un año.

La sentencia que ordenó derribar la vivienda del Puig d´en Serra establecía también que los concejales que aprobaron este permiso debían ser sancionados económicamente. Se trata del propio exalcalde, José Serra Escandell, y de los exconcejales José Ribas Marí, José Torres Cardona, Francisco Bonet Roig y José Marí Prats, este último padre de la actual alcaldesa, Neus Marí.

El propio Serra Escandell, siendo aún alcalde, fue el que decretó la suspensión del expediente sancionador que le afectaba.

Ahora, el auto emitido por la juez Núria Ramos Magem admite el recurso de los ecologistas del GEN, desestima las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Sant Josep para impedir la sanción a los autores de la licencia y establece plazos concretos para que se impongan estas multas.

«Ordeno al Ayuntamiento de Sant Josep que alce la suspensión del expediente sancionador incoado contra los responsables de la concesión de la licencia de obras», afirma la juez, que exige que «continúe su tramitación hasta dictar una resolución que ponga fin al referido expediente». El Ayuntamiento, «en el plazo de un mes, deberá comunicar al juzgado el estado del procedimiento en cuestión» y habrá de comunicar su finalización «en el plazo máximo de un año».

Prescripción de la infracción

El equipo de gobierno alegó ante el juzgado que las posibles infracciones cometidas por los ediles que aprobaron la licencia «habrían prescrito», por lo que el Ayuntamiento considera ya «cumplida la sentencia».

En un comunicado, los ecologistas del GEN lamentaron que «el Ayuntamiento, pese a estar obligado por sentencia a sancionar a los responsables, decidió gastar recursos públicos para defender a los responsables [de esta licencia], con lo cual pretendía que fuera el pueblo de Sant Josep el que terminara pagando los actos ilegales de los concejales implicados». En cambio, «el GEN ha tenido que destinar sus recursos económicos a defender el interés público y al pueblo de Sant Josep, mientras el Ayuntamiento defendía los intereses particulares de antecesores en los cargos municipales», añade la nota.

En 2008, el Ayuntamiento, basándose en un informe externo encargado a un abogado de la isla, consideró que el equipo de gobierno no había incurrido en ninguna responsabilidad y también desestimó el pago de las indemnizaciones que exigía el propietario de la vivienda ahora derribada. Dicho informe se basaba en que el promotor no respetó las condiciones de la licencia, si bien este dictamen pasaba por alto que, en todo caso, el permiso de obras concedido seguía siendo ilegal.

Caso Cretu en Sant Antoni

Por otra parte, Reinicia Sant Antoni emitió ayer una nota en la que aprovechó la noticia sobre el caso de Puig d´en Serra para preguntar al equipo de gobierno qué ha hecho para cobrar la sanción de 10.000 euros más costas impuesta al promotor musical rumano Michael Cretu por la Audiencia Provincial de Palma. «Nos gustaría saber qué tipo de diligencias o actuaciones ha puesto en marcha el Consistorio de Sant Antoni para hacer efectivo el cobro de estas cantidades», señala Reinicia.

«Teniendo en cuenta que el equipo de gobierno ha llegado a decir en pleno que no tienen suficiente dinero para comprar un bote de pintura para los pasos de cebra, estos 10.000 euros más le habrían venido muy bien al municipio de Sant Antoni», señala la nota de Reinicia. El Ayuntamiento también está pendiente de cobrar la multa por el exceso de construcción realizada por Cretu.

El Ayuntamiento afirma que ya cumple con la orden

j. ll. f. | ibiza El Ayuntamiento de Sant Josep reaccionó a la noticia dada a conocer por el GEN con un comunicado en el que confirma que el juzgado emitió este auto el 20 de febrero. El Consistorio señala que «en la junta de gobierno local del 12 de marzo de 2015 se levantó la suspensión del expediente sancionador y continuó con la tramitación del mismo», tal y como le ordenó el juzgado. «Actualmente, este expediente, como cualquier otro expediente sancionador del Ayuntamiento, continúa con su tramitación y quedará resuelto dentro del periodo legalmente establecido para ello», añade el PP municipal, que añade: «Este equipo de gobierno quiere dejar claro que en ningún momento elude el cumplimiento de las sentencias judiciales, ni esta ni ninguna otra». Aprovecha la nota para señalar que ha sido el actual equipo de Neus Marí «el que ha procedido a la demolición de esta vivienda construida ilegalmente y no otro». El concejal de Urbanismo, Javier Marí, dijo «lamentar profundamente la utilización del GEN de la información sobre una sentencia del mes de febrero, que el Ayuntamiento acató de forma inmediata» y criticó que lo haga «a una semana de las elecciones». «Es un acto claramente electoralista y malintencionado», concluye el comunicado del Consistorio de Sant Josep.

Pollença: Cortina podrá legalizar su chalé si derriba una de las tres plantas

(Diario de Mallorca, 2015/05/13)

Los técnicos municipales sostienen que se ha excedido en 2,5 metros la altura permitida - Los arquitectos concluyen que la obra efectuada no respeta el proyecto autorizado

Pep Córcoles. Los técnicos municipales de Pollença han finalizado su informe acerca de la posible legalización del chalé que construyó Alberto Cortina en 2005 en la urbanización de Formentor. Ese informe concluye que no es posible legalizar la edificación en su estado actual. Indica que para que se pueda regularizar es imprescindible demoler una de las tres alturas del la casa ya que la normativa vigente permite únicamente dos.

Bartomeu Cifre, alcalde de Pollença, sostiene que "esta opción debe cogerse con pinzas ya que sólo es el informe técnico. Queda por emitirse el informe jurídico, aunque dudo mucho que éste matice una opinión tan clara de los arquitectos. Más que nada el informe jurídico indicará cómo se debe proceder". El alcalde detalla que "probablemente el propietario deba presentar ahora un proyecto de legalización en el que incluya la demolición de la planta que excede la altura legal".

Incumplimiento

Los técnicos municipales indican que existe una licencia de obras concedida en base a un proyecto de ejecución, pero que una vez revisado el proyecto y la realidad sobre el terreno no coinciden. Según la opinión de los arquitectos el propietario podía construir dos alturas y "entraba en el límite de tolerancia un forjado superior de saneamiento de un metro de altura". Sin embargo, ese forjado superior no es tal sino una altura de 2,5 metros adicional susceptible de finalizar como un habitáculo más de la construcción.

Existe una sentencia judicial que establece que el chalé causa un gran impacto visual que debe ser corregido. El Tribunal Superior declaró no conforme a derecho la licencia otorgada en agosto de 2005 y la anuló. También declaró no conforme a derecho y canceló el decreto de la Alcaldía que otorgó el final de obra a dicha vivienda en octubre de 2007.

Restablecimiento

El tribunal ordenó que el Ayuntamiento procediera a restablecer "la legalidad infringida mediante la demolición y la reposición de los terrenos a su estado natural anterior, si es que las obras realizadas no fueren legalizables o si es que la legalización no se interesara en el plazo legal".

La sentencia recuerda que se solicitó la licencia para una vivienda unifamiliar aislada de una altura de ocho metros y 875 metros cuadrados más dos porches, con un presupuesto de 869.083 euros.

Tras multitud de vicisitudes, como una primera paralización porque se empezaron los trabajos sin proyecto de ejecución o el derribo de unas terrazas ilegales, la empresa propietaria de una finca colindante, Masampe SL, impugnó ante el Ayuntamiento la licencia de obras. El Ayuntamiento paró las obras en marzo de 2008 y ordenó revisar la licencia, aunque días después cambió de criterio, estimó que el permiso era legal y otorgó licencia de final de obra.

Santa Eulària: precintan en Cala Mestella las obras de una casa y la construcción de una piscina

(Diario de Ibiza, 12/05/2015)

El Ayuntamiento de Santa Eulària denunciará por delitos contra el medio ambiente y desobediencia grave

r. s. | ibiza. La Policía Local de Santa Eulària ha precintado las obras de ampliación de una vivienda y la construcción de una piscina en la zona de Cala Mestelleta, al lado de Cala Mestella.

Además, el Ayuntamiento interpondrá una denuncia por un presunto delito contra el medio ambiente y otra por desobediencia grave, puesto que los propietarios han puesto trabas al trabajo de los técnicos y de los policías municipales, según informó ayer el Consistorio en una nota.

Los dueños comunicaron que iban a acometer unas obras, unos trabajos de mantenimiento y reforma parcial. Sin embargo, los técnicos comprobaron que se trataban de una reforma integral y de una ampliación de la casa.

Área de Interés Paisajístico

Además, estaban construyendo una piscina en una zona que se encuentra dentro del área de servidumbre de protección de costas, sin haber solicitado una licencia y en un espacio catalogado como un Área Rural de Interés Paisajístico, denunció ayer el Ayuntamiento en el mismo comunicado.

El Consistorio decretó en febrero la suspensión de las obras y después puso en marcha un requerimiento para una posterior inspección. La visita se concretó el pasado 16 de abril, día en el que los agentes de la Policía Local de Santa Eulària que se desplazaron hasta Cala Mestella comprobaron que los trabajos continuaban.

Durante este procedimiento, los propietarios han obstaculizado la actuación de los funcionarios públicos, motivo por el que se justifica la denuncia por desobediencia grave, insiste el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Igualmente, al realizarse parte de los trabajos en una zona de especial protección, también se informará a la Fiscalía de Ibiza, para que determine si considera que se ha cometido un delito medioambiental. Si es así, comenzará la instrucción de una causa que puede acabar con los promotores de esta obra sentados en el banquillo de los acusados, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones.

Mancor no indemnizará al dueño de Biniatzent por el derribo de las casas que legalizó Coll

(Última Hora, 7/05/2015)

E. Ballestero. El Ajuntament de Mancor acaba de finalizar la instrucción del expediente de reclamación patrimonial que determinará si el propietario de Biniatzent Dalt, Simó Alba, cobrará los 1.876.601,160 euros que reclama en concepto de daños y perjuicios por la demolición por orden judicial de las construcciones que realizó irregularmente en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) y que legalizó el  Consistorio cuando era alcalde el actual conseller de Cooperació Local, Bernardí Coll (PP). Todo ello, a pesar de que el uso de vivienda está prohibido en ese tipo de suelo.

Las pruebas practicadas por el arquitecto y el jurista concluyen que no procede indemnizar con ninguna cantidad porque queda sobradamente demostrado que Alba no realizó obras después de obtener las licencias de legalización. Según esta tesis, la anulación de las licencias no le ha supuesto coste alguno al propietario porque no invirtió en las casas con posterioridad a la concesión de las mismas.

El alcalde actual, Joan Antoni Ripoll, informó ayer, a preguntas de la oposición, en el último pleno de la legislatura de que «en estos momentos ya se ha finalizado la fase de instrucción del expediente, se han practicado las pruebas que se han solicitado, se ha emitido el informe por el técnico municipal y el asesor jurídico y ahora está pendiente de finalizar el trámite de audiencia, que lo hace estos días, para luego remitir el expediente al Consell Consultiu para que emita el dictamen previo, que es un requisito legal, si bien su dictamen no es vinculante. Tras ello se realizará la propuesta de resolución». 

Santanyí: el GOB denuncia la obras de construcción de un camino en s'Avallet

(Última Hora, 7/05/2015)

Agencias. El GOB ha remitido al Ayuntamiento de Santanyí, a la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca y la Conselleria de Agricultura, Medi Ambiente y Territori un escrito de denuncia por las obras de construcción de un camino que se están realizando estos días en la finca de s'Avallet.

En un comunicado, han apuntado que el sendero litoral, que parte desde el faro del Cabo de Ses Salines hacia levante se está ampliando con maquinaria pesada y se está pavimentando, por ahora con grava.

La zona afectada es Lugar de Interés Comunitario y Área de Alto Nivel de Protección (AANP) según el Plan Territorial de Mallorca. Por ello, el GOB considera que estas capas de protección legal no admiten  la ampliación y pavimentación que se está ejecutando estos días.

Por todo ello, el GOB ha solicitado la paralización de las obras, la apertura del correspondiente expediente de infracción y la  restitución de la zona afectada.

2015-05-07 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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