Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Sóller pide un plan especial para poder realizar obras en el Barranc de Biniaraix

(Diario de Mallorca, 3/02/2016)

El concejal de Urbanismo, Jaume Mateu, defiende la iniciativa para dar una solución de legalidad

J. Mora Sóller. El ayuntamiento de Sóller solicitará al Consell de Mallorca que articule un plan especial para que los propietarios de olivares situados en el Barranc de Biniaraix puedan realizar pequeñas obras de mantenimiento y consolidación de sus instalaciones.

Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo de Sóller, Jaume Mateu, quien defendió la creación de dicho instrumento urbanístico para dar una solución de legalidad a las obras que se realicen en los porches y pequeñas edificaciones que existen en el Barranc. [Nota de Disúrbia: obres que es duen a terme sense llicència i que, per tant, no poden ser defensades de cap manera i a més són constitutives de delicte penal]

La solicitud que en breve será remitida a la institución insular ha surgido tras el malestar que ha generado en Sóller, especialmente entre los barranquers (propietarios de fincas del Barranc), la paralización de unas obras en un porche que ejecutó la semana anterior la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca. El Barranc de Biniaraix es suelo rústico protegido en la categoría de Área Natural de Interés Paisajístico (ANEI) y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

La actual normativa urbanística hace muy difícil la realización de cualquier tipo de obra de mantenimiento o consolidación de los pequeños porches que hay repartidos por numerosos olivares de la zona, lo que ha comportado que muchos estén en situación de abandono. El concejal de Urbanismo de Sóller cree que por el hecho de que el Barranc sea zona BIC puede permitir la creación del plan con el que se articule una vía de solución a las demandas de los propietarios de las fincas [Nota de Disúrbia: curiosament, és tot el contrari...].

Disciplina urbanística

La petición que realizará Sóller será coetánea al traspaso de parte de las competencias urbanísticas al Consell que, a través de la Agencia de Disciplina Urbanística, ejercerá el control del suelo rústico protegido del municipio. Esta propuesta ha suscitado más rechazo aún entre propietarios de fincas y, también, en el sector de la construcción. El traspaso de competencias será aprobado en un pleno de la corporación.

Sant Josep: el GEN denuncia a tres hoteles de Platja d´en Bossa por aumentar su volumen

(Diario de Ibiza, 3/02/2016)

Los ecologistas aseguran que un puente que une dos edificios y la pantalla gigante luminosa de la fachada de otro incumplen la normativa

efe | ibiza. El Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN-GOB) ha denunciado ante el Ayuntamiento de Sant Josep el incremento de volúmenes «no autorizables» en tres hoteles de Platja d´en Bossa. Las denuncias están dirigidas contra los hoteles Grand Palladium White Island Spa&Resort, Grand Palladium Palace Ibiza Resort&Spa y Hard Rock Hotel, todos integrados en el Grupo de Empresas Matutes.

El GEN afirma en un comunicado que los tres establecimientos están realizando instalaciones que suponen un incremento de volumen en los edificios «que puede superar los 4.000 metros cúbicos», actuaciones que considera que no pueden ampararse en licencia debido a la clasificación del suelo en el que se ubican.

En el planeamiento municipal, es suelo urbanizable desclasificado en aplicación de la ley de Directrices Territoriales y en la actualidad es «suelo rústico protegido como Área de Protección Territorial (APT) de Costas, con edificabilidad cero», asegura el GEN. La asociación también asegura que los edificios existentes «están disconformes con la normativa de aplicación de la zona».

La denuncia afecta a la instalación de un puente elevado de 100 metros de longitud que une dos edificios, el complejo Grand Palladium White Island Spa&Resort y Grand Palladium Palace Ibiza Resort&Spa.

La denuncia se refiere también a una estructura metálica de grandes dimensiones en el edificio del Hard Rock Hotel «para la instalación de una pantalla gigante» que, según los ecologistas, además incumple las Normas Subsidiarias, que no permiten elementos que «puedan atentar contra la estética del paisaje cuya protección se pretende».

El GEN solicita la paralización de las obras que se estén llevando a cabo, la revisión y la anulación de cualquier licencia o autorización que pueda haberse otorgado para estas instalaciones «puesto que incumplen toda la normativa urbanística de aplicación».

2016-02-03 | Etiquetes: , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Sant Josep: otro peritaje del caso Huerta constata el exceso de edificación en Cala Carbó

(Diario de Ibiza, 1/02/2016)

El proyecto de la pareja del hijo del exarquitecto municipal en ses Serretes sobrepasa en un 127,6% la superficie máxima construible y en un 233% el número de viviendas También verifica que se levantó una planta más de las tres autorizadas

eugenio rodríguez | ibiza. El peritaje del caso Huerta sobre el área de actuación 4.1 (subárea I) conocida como Ses Serretes, en Cala Carbó, constata, tal como denunció el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) en 2005, un importante exceso de edificación sobre el máximo previsto en el estudio de detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Sant Josep en 1995. En concreto, en esta zona, dividida en cinco parcelas (dos para edificar viviendas y tres para espacio libre de uso público y la instalación de viales y servicios), se han levantado 56 viviendas, cuando solo se podían construir 20, lo que supone un 180% de más.

El exceso de viviendas se traduce en un incremento de la edificabilidad por encima del doble de lo máximo permitido. Así, en esta zona se han construido un total de 8.171 metros cuadrados de superficie, cuado el máximo permitido era de 4.052 metros cuadrados, según el informe del perito.

El proyecto de edificación de la parcela número 1 está firmado por Pilar Fernández, la pareja del hijo del exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, recientemente fallecido y al que la Fiscalía situaba al frente de una supuesta trama para monopolizar los proyectos urbanísticos que se desarrollaban en el municipio en el que desempeñaba su función pública. Fernández y el hijo de Huerta están imputados en la causa.

La promotora obtuvo licencia el 3 de febrero de 2005, con informe favorable de Huerta, para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex y tres estudios, aparcamientos y piscina, a pesar de que incumplía los parámetros urbanísticos del estudio de detalle. En concreto, en esta parcela se podía edificar una superficie máxima de 1.289 metros cuadrados y un global de seis viviendas.

14 viviendas más de lo permitido

Pese a ello, la superficie construida computable se sitúa en 2.933,4 metros cuadrados, lo que supone un exceso de 1.644,5 metros cuadrados, un 127,6% más de lo previsto en el estudio de detalle.

El informe también advierte de que se incumple el número máximo de viviendas permitido, que era de seis. El perito constata que las densidades ejecutadas no corresponden a 14 apartamentos, ocho dúplex y tres estudios como indica el proyecto autorizado, sino que, al amparo del punto 1.3.3 de las Normas Subsidiarias (establece el número de habitaciones y la superficie de lo que se considera una vivienda, un apartamento y un estudio), contabiliza 20 viviendas, 14 más del máximo (un 233,3%).

Según el estudio de detalle, la parcela 1 tiene un total 4.860 metros cuadrados, pero el proyecto tramitado apunta una superficie neta de 7.930,5 metros cuadrados, lo que supone un exceso del 63,2%. Además, la parcela invade y ocupa una franja de terreno de una zona calificada como suelo rústico forestal y que actualmente forma parte de un Lugar de Interés Comunitario (LIC), de la Red Natura 2000.

El perito también constata que el edificio supera el número de plantas permitido (tres), ya que «el semisótano cuenta como planta edificada por sobrepasar en más de un metro el terreno natural». También supera en un metro la altura máxima de la cornisa (11 metros).

En la otra parcela (la número 2), en la que se desarrollaron otros dos proyectos de viviendas, no firmados por Fernández, el perito también constata un exceso en el global de la parcela (990 metros cuadrados de más) de construcción y viviendas. En uno de los proyectos, el informe revela un exceso de edificabilidad de 857,2 metros cuadrados (78%) y la construcción de 6,7 viviendas más de las 5,5 máximas previstas en el estudio de detalle (122,1%). El perito apunta que tras certificarse el final de obra del 81 y el 19% de las obras, el promotor tramitó un modificado del proyecto para legalizar viviendas no previstas inicialmente.

En el otro proyecto de la parcela 2, se constata, según el peritaje, un exceso de 2.949 metros cuadrados (un 58,6%) de la superficie de la parcela, a lo que se agrega un aumento ilegal de la superficie edificada de 1.616,8 metros cuadrados (121,2%) y la construcción de 15,2 viviendas más del máximo posible (6,75), lo que supone un 225,9% de más. A diferencia del edificio de la parcela 1, las dos de la número 2 poseen menos de tres plantas y no sobrepasan la altura de cornisa, según el peritaje.

Huerta avaló que se levantara la paralización de obras
El exarquitecto municipal dio por buenos los argumentos de la pareja de su hijo sobre la edificación de una planta ilegal

e. r. / j. ll. f. | ibiza El desarrollo del proyecto de Pilar Fernández (Keltike S.L.) para construir 14 viviendas, ocho dúplex, tres estudios y piscina común fue paralizado a raíz de una denuncia vecinal y del grupo ecologista GEN, que aseguraba que la promotora incumplía el proyecto y estaba edificando cuatro plantas, una más de lo autorizado y del máximo previsto en el estudio de detalle. El exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta emitió un informe (mayo de 2005) en el que constataba que se estaba levantando una altura no permitida, lo que provocó que se ordenara la paralización de las obras.

Apenas dos días después, el 2 de junio, el Ayuntamiento recibió tres escritos (del constructor, el promotor y la arquitecta) en contra de la suspensión de las obras. En sus alegaciones, Fernández argumentaba que por «razones de seguridad estructural» había sido necesaria «una mayor excavación de la proyectada inicialmente para encontrar el firme adecuado... causando desde el exterior la falsa imagen de una planta de más en el conjunto». «En ningún momento se sobrepasa la altura máxima», decía.

Cuatro días después, Antonio Huerta emitió un nuevo informe en el que daba por buenos los argumentos de la pareja de su hijo y concluía que procedía «levantar la suspensión cautelar de las obras». El 8 de junio, el exalcalde del PP José Serra Escandell dictó un decreto para que se reanudaran los trabajos.

Para la obtención de la licencia de obra, en enero de 2005, Antonio Huerta emitió un informe favorable en el que indicaba que el proyecto cumplía la normativa en vigor y que «no altera la superficie autorizada en el proyecto inicial», puesto que se trataba de la modificación de uno antiguo.

El PP niega que ocultara obras ilegales y afirma que en 2011 encontró 700 expedientes

(Diario de Mallorca, 28/01/2016)

El portavoz popular en el Consell, Mauricio Rovira, aseguró que muchas de las construcciones irregulares se remontan a la época socialista

Miquel Adrover Palma. El colapso en la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell de Mallorca, denunciado el lunes por la consellera insular de Territorio, Mercerdes Garrido, provocó ayer el contrataque del PP. Mauricio Rovira, actual portavoz popular en el Consell y exconseller de Territorio en la pasada legislatura, negó de forma rotunda que se ocultaran en los cajones los expedientes y las órdenes de demolición, como aseguró Garrido.La consellera socialista indicó que el colapso en la ADU se debía a que había 1.206 expedientes sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin ejecutar y más de 70 recursos de infractores presentados contra los expedientes que tampoco se habían resuelto. Rovira afirmó ayer a este periódico que cuando el PP llegó en 2011 al Consell se encontró con 700 expedientes que eran de la época en que la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, comandaba la institución insular.El conseller del PP puso en duda las cifras de Garrido: "Si en una legislatura se tramitan, de media, unos 250 expedientes de sanciones, es imposible que en un período de gobierno de cuatro años se hayan acumulado más de mil expedientes sin resolver". Rovira insistió en que la mayor parte de los expedientes urbanísticos aludidos por Garrido proceden de épocas anteriores a su legislatura 2011-2015. "Son expedientes antiguos que se remontan a la época de Francina Armengol al frente del Consell, e incluso aún más allá", aseveró.

Argumentan falta de dinero

El PP justificó con la falta de recursos económicos el no haber reactivado la agencia encargada de perseguir las construcciones ilegales en el suelo rústico de Mallorca. "Simplemente –aseveró Rovira– asumimos que era una situación lógica teniendo en cuenta la falta de medios técnicos, operativos, legales y económicos del Consell para hacer frente a esta acumulación de trabajo. A pesar de los reajustes presupuestarios originados por la crisis, que se tradujeron en un 15 por ciento de reducción de las partidas globales de la institución, la Agencia de Disciplina Urbanística mantuvo su dotación económica y también sus recursos humanos",

El dirigente se congratuló de que con la mejora de la financiación del Consell y el incremento de ingresos "ahora haya dinero para contratar a más personal para combatir las obras ilegales, nosotros no pudimos contar con más funcionarios porque no podíamos ni pagar las nóminas".
Mauricio Rovira también rebatió las afirmaciones de Garrido cuando apuntó que no tenían ni material para que los inspectores precintaran las infracciones. En este aspecto recordó que la nueva Ley del Suelo impulsada por el PP es la que ha permitido que el Consell pueda actuar en todos los municipios y le dé cobertura legal para precintar las obras. "Se trata de una ley aprobada en 2014 y por ello es ahora cuando deben poner en marcha los precintos".

Por último, el exresponsable de Territorio insular recordó que el objetivo era dar salida a los expedientes que suponían una mayor gravedad o exigían una actuación más inmediata".

2016-01-28 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep: Serra Escandell reitera que no tiene «nada que ver» con el caso Huerta

(Diario de Ibiza, 28/01/2016)

El exalcalde del PP de Sant Josep insiste en que nunca sospechó de la existencia de una supuesta trama urbanística y que la comisión de gobierno solo daba licencia cuando había informe favorable

e. rodríguez | ibiza. El exalcalde de Sant Josep José Serra Escandell reiteró ayer que no tiene «nada que ver» con el caso Huerta y que ni él ni los miembros de su comisión de gobierno sospecharon nunca de la existencia de una supuesta trama encabezada por el difunto Antonio Huerta, arquitecto municipal entre 1996 y 2006, para acaparar los proyectos urbanísticos que se ejecutaban en el municipio.

Serra Escandell insistió en que los componentes de su gobierno «no eran técnicos» y que solo se daba licencia a los proyectos que contaban con «informe favorable», ya fuera de Huerta o del exaparejador municipal Julio Blanco, quien no está imputado en la causa que se instruye en el Juzgado de instrucción número 3 de Ibiza.

Sobre el informe pericial del Consell que revela múltiples irregularidades en la mayoría de los 38 expedientes analizados que fueron incautados por la Guardia Civil durante los registros efectuados en la llamada Operación Pitiusa, en octubre de 2008, el exalcalde aseguró que no tiene nada que decir, aunque agregó que si se mira «con lupa» algún fallo puede tener cualquier proyecto. «No era nuestro caso», indicó acto seguido, aunque en referencia a que la comisión de gobierno solo otorgaba licencias si los informes de los técnicos eran favorables.

En el informe que redactó sobre los documentos y expedientes recogidos del Ayuntamiento y despachos y domicilios de la familia de Huerta, el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil pidió a la jueza instructora que citara a declarar al exalcalde del PP de Sant Josep y a otras personas para aclarar las circunstancias en que fueron concedidas decenas de licencias vinculadas con el caso.

Sin embargo, la magistrada consideró que esta diligencia debía «posponerse» a la espera del «resultado» del informe pericial del Consell que ahora, más de dos años después de haberlo encargado, se ha conocido, «a fin de poder valorar correctamente el grado de implicación de cada uno de ellos».

Posible citación judicial

«Supongo que no [será citado por el juzgado]. Yo no tengo nada que ver con esto», indicó Serra Escandell, al tiempo que señaló: «He ido tantas veces [a los juzgados] inútilmente...», en alusión a las declaraciones y juicios por diversas causas que le han obligado a sentarse en el banquillo de los acusados pero por las que nunca ha sido condenado. «No lo sé [si será citado]. A mí que ya no me hablen de política que me fui hace muchos años [tras perder las elecciones de mayo de 2007]», añadió.

Serra Escandell tampoco quiso pronunciarse sobre la advertencia lanzada por el alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, acerca del posible «quebranto económico» que podría sufrir el Ayuntamiento en el caso de que la juez ordenara la revisión de las licencias que, según el informe pericial del Consell, no se tendrían que haber otorgado. «No lo sé. Si lo dice Agustinet... él es el alcalde. No tengo nada que decir de esto», se limitó a declarar Serra Escandell.

La advertencia del alcalde

En concreto, Marí Ribas ha alertado, en declaraciones a este diario, del perjuicio que podrían causar a las arcas del Consistorio las posibles demandas de responsabilidad patrimonial de los promotores que obtuvieron una licencia que ahora fuera objeto de revisión porque en su día, cuando se aprobaron, incumplían la legalidad.

Del mismo modo, el alcalde ha advertido de las consecuencias para las terceras personas de buena fe que compraron una vivienda afectada por alguno de los permisos supuestamente irregulares.

Pese a que el caso Huerta es ajeno a sus dos etapas como alcalde, Marí Ribas ha asegurado que todo lo sucedido hace «caer la cara de vergüenza a los josepins», por lo que ha pedido públicamente «disculpas a los ciudadanos». También ha defendido que desde que asumió el mando en el Ayuntamiento, en 2007, ha habido «un antes y un después» en el «control y rigor» en la concesión de licencias y finales de obra.

El GEN defiende la revisión de las licencias mal dadas
El grupo ecologista sostiene que se tiene que «perseguir» a los responsables de la concesión de los permisos

e. r. | ibiza Pese a que el alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, alerta del posible «quebranto económico» que supondría la revisión de las licencias vinculadas al caso Huerta mal dadas, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) defiende que se tendría que hacer porque «no perseguir un delito es contrario a ley». Así lo dijo ayer el presidente del GEN, Joan Carles Palerm, quien destacó que el informe pericial del Consell sobre los expedientes vinculados con el caso Huerta pone de manifiesto que las denuncias del grupo ecologista estaban «bien fundadas» y demuestran, a su entender, «la corrupción generalizada» que envolvía «todo lo que se permitía en Sant Josep desde los años 80». «Es la impresión que tengo y se va confirmando», resaltó.

El presidente del GEN discrepa con el alcalde sobre el alto coste que podría suponer para las arcas del Consistorio la revisión de las licencias supuestamente irregulares y pone por ejemplo el caso de la mansión de Michel Cretu, en Santa Agnès. «Se decía lo mismo y tampoco se tendrá que pagar tanto», indicó en referencia al exceso de construcción de la vivienda respecto a la licencia dada.

Además, Palerm destacó que el Ayuntamiento tiene la obligación de «perseguir» a las personas que «concedieron las licencias» y que sean estas las que paguen las posibles responsabilidades en que pudiera haber incurrido la Administración. En este sentido, resaltó que, en su día, ni los miembros del equipo de gobierno hicieron caso omiso a las denuncias de su grupo y «la oposición no denunció nada en los tribunales». «Nosotros lo hemos intentado y siempre ha salido el exalcalde [Serra Escandell] sin sentencia condenatoria», dijo Palerm, quien también lamentó «la discriminación» que supone para las personas que sí cumplen la normativa.

El PP dejó 1.206 expedientes de obras ilegales en rústico sin tramitar en el Consell

(Diario de Mallorca, 27/01/2016)

La consellera de Territorio, Mercedes Garrido, acusa a María Salom de falta de voluntad política para evitar el colapso en la Agencia de Disciplina Urbanística

Miquel Adrover Palma. El Consell de Mallorca ha detectado un verdadero colapso en la Agencia de Disciplina Urbanística. 1.206 expedientes de obras ilegales en suelo rústico sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin ejecutar y más de 70 recursos de alzada presentados por presuntos infractores contra los expedientes incoados que tampoco se han resuelto. La consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido, acusó directamente al PP de "falta de voluntad política" para evitar el atasco en la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell, ya que buena parte de los expedientes de obras irregulares se remontan a antes de 2009.

Garrido, junto con el gerente de la Agencia de Disciplina Urbanística, Bartomeu Tugores, anunciaron un plan de choque para hacer frente a el colapso de expedientes que dejó el PP sin tramitar. Para ello se contratarán 11 personas más, especialmente juristas y urbanistas que resuelvan los expedientes y ejecuten las obras de demolición.

La consellera insular aseguró literalmente que las 150 órdenes de demolición "estaban en un cajón", y acusó al PP de "haber tenido guardados estos expedientes y no haberlos comunicado a nadie porque no ha creído nunca en la disciplina urbanística". La titular del Territorio del Consell comentó también que la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) en el año 2009 tenía 20 trabajadores y en estos momentos cuenta con unos 11. Ello quiere decir que durante el mandato del PP se redujo el personal de este departamento para luchar contra el urbanismo irregular en el suelo rústico de Mallorca y que tiene competencia para actuar en todos los municipios de la isla.

"La ADU –indicó Garrido– no tenía ni material para precintar una obra ilegal. Hemos tenido que comprar para que los inspectores puedan ejercer su competencia de precintar una presunta construcción irregular". Ello, según Garrido, ha imposibilitado que los inspectores puedan paralizar de forma inmediata las edificaciones irregulares. Asimismo, la consellera de Territorio denunció que durante 2014 no se ejecutó ninguna demolición de una construcción ilegal en fora vila.

En este sentido, el Consell ha decidido poner en marcha un protocolo de actuaciones para paralizar de forma urgente las obras irregulares. "Hay que tener en cuenta que los costes de demolición y la sanción de una obra son mucho más elevados si ya está acabada. Por consiguiente, la paralización inmediata de la construcción es la mejor solución", aseveró la titular de Territorio del Consell de Mallorca.

De los 1.206 expedientes pendientes de iniciar los trámites de sanción y demolición, 562 no han pasado el llamado Índice de Calificación de Actuaciones. Este baremo es utilizado por los técnicos para priorizar la demolición de la vivienda irregular, en base a criterios como el tipos suelo (rústico normal o protegido), valor de las obras o reincidencia del infractor, entre otros. Este baremo solo ha sido calculado en las infracciones cometidas a partir del año 2010.

150 demoliciones en los cajones

Además de los 1.206 expedientes sin tramitar, la cifra más llamativa es la de las 150 órdenes de demolición de infracciones urbanísticas que no se han ejecutado. Se trata de construcciones que ya se ha verificado en toda su tramitación que son del todo ilegales e ilegalizables y no fueron comunicadas a los infractores para que procedan al derribo. Sobre esta cuestión, Mercedes Garrido apuntó que la ADU "pondrá en marcha las multas coercitivas con el objetivo de forzar a los propietarios de infracciones a proceder a la demolición". Este tipo de sanciones están contempladas en la Ley de Suelo y consisten en aplicarlas a los infracciones que no cumplan. El Consell ya trabaja en hacer efectivas estas órdenes de derribo a los propietarios, algunas de ellas han tenido que ser reiteradas hasta en dos ocasiones ante la falta de cumplimiento.

Por otra parte, los 70 recursos de alzada presentados por los infractores que no fueron resueltos durante la época del PP han creado un problema administrativo en la ADU. "Su paralización ha impedido que no se pueda comenzar a recaudar las sanciones y tampoco proceder a su demolición hasta que no estén administrativamente dictaminados", afirmó Garrido.

Todas estos cifras de expedientes, órdenes de demolición y recursos corresponden a construcciones en suelo rústico, que es donde tiene competencias el Consell de Mallorca y que teóricamente se encarga de controlar mediante la Agencia de Disciplina Urbanística. El suelo urbano es competencia de los ayuntamientos. En estos momentos hay 8 localidades de la isla que tienen cedida a la ADU la disciplina urbanística. En este caso el Consell actúa de forma directa. En el resto, incluidos los grandes como Palma, Manacor o Calvià, cuando el Consell detecta una construcción irregular la comunica al departamento de urbanismo municipal y también puede actuar de oficio.

Para solventar el colapso que sufre este departamento insular se contratará a tres juristas, aumento del personal de administración general con especialidad jurídica, así como dos inspectores más. Las infracciones también llegan al Consell mediante denuncias de particulares, de la conselleria de Medio Ambiente o del Seprona de la Guardia Civil.

El alcalde alerta de que el caso Huerta puede quebrar las arcas de Sant Josep

(Diario de Ibiza, 27/01/2016)

Marí Ribas advierte del perjuicio económico que supondría para el Ayuntamiento si el juzgado ordenara la revisión de las licencias irregulares según el peritaje del Consell | Descarta actuar de oficio: «No es que no queramos, no nos corresponde»

eugenio rodríguez | ibiza. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, alerta de la posibilidad de que el caso Huerta pueda suponer «un quebranto económico o patrimonial» para el Ayuntamiento en el caso de que el juzgado ordenara la revisión de las licencias urbanísticas concedidas supuestamente de forma irregular entre 1998 y 2006.

El informe pericial elaborado por el Consell sobre 38 expedientes vinculados con la causa que se instruye contra el exarquitecto municipal Antonio Huerta, recientemente fallecido, constata que presuntamente se produjeron múltiples irregularidades, al amparo de los informes técnicos del Consistorio, en la concesión de los permisos de obra analizados.

En la mayoría de los casos, según revela el peritaje efectuado por el Consell, los promotores no habían cumplido los trámites necesarios previos para obtener la correspondiente licencia de obras: o no se habían aprobado definitivamente los estudios de detalle ni los proyectos de urbanización, entre otras cuestiones. En algunos casos se incumplían los parámetros de edificabilidad.

Marí Ribas puntualiza que no puede avanzar qué consecuencias judiciales puede tener el informe pericial del Consell, pero advierte del perjuicio económico que le supondría al Consistorio la revisión de las licencias otorgadas supuestamente de forma irregular. «Si se determinase que son ilegales, que no lo sé, y se tuviera que volver atrás... se supone que el señor que construyó [al amparo de un permiso de obras] pondría una demanda al Ayuntamiento porque se vería perjudicado. No sé si esto pasará», apunta no obstante...

Perjuicio a terceras personas

Aparte, el alcalde señala que «en muchos casos se solía construir de más [de lo autorizado] en una parcela», lo que afectaría a «terceras personas»; es decir, a aquellas que en su día, hace «muchos años», compraron su vivienda. «¿Y cómo arreglamos esto?», cuestionó Marí Ribas. «Esto es anticiparse mucho, y es un poco arriesgado. No sé qué dirá el juzgado. No sabemos a qué tendremos que enfrentarnos», agregó.

El Ayuntamiento, que está personado en el caso Huerta, recibió el lunes el informe pericial del Consell, aunque, según el alcalde, aún no se ha podido analizar su alcance. «No lo conozco en profundidad, pero se tendrán que extraer muchas conclusiones», dijo. En más de una decena de los expedientes analizados por las técnicas del Consell, Huerta informó a favor de los proyectos firmados por Pilar Fernández, pareja de su hijo y que está imputada en la causa. En casi todo ellos, Huerta emitió informes favorables a la concesión de la licencia, cuando, según el criterio de las técnicas del Consell, no tendría que haberse otorgado. Hay también casi una decena de proyectos de Fernández informados favorablemente por el exaparejador municipal Julio Blanco, que no está imputado, y que, según la pericial, tampoco deberían haberse autorizado por parte de la comisión de gobierno presidida entonces por José Serra Escandell.

El alcalde apunta que el Consistorio no puede revisar de oficio las licencias porque no cuenta con los expedientes. Todos ellos fueron requisados por la Guardia Civil, en octubre de 2008, cuando se registraron las dependencias municipales en la llamada Operación Pitiusa. Además, Marí Ribas puntualiza que en este momento no le corresponde al Ayuntamiento actuar por iniciativa propia porque el caso está pendiente de resolución judicial. «No es que no queramos, es que no nos corresponde», subraya.

«Se nos cae la cara de vergüenza, pido disculpas»
El alcalde lamenta lo que ha sucedido, aunque sea ajeno a su etapa de alcalde, y dice que hay «un antes y un después»

e. r. | ibiza Cuando Josep Marí Ribas se erigió por primera vez en alcalde de Sant Josep, en junio de 2007, hacía meses que Huerta había dejado su cargo de arquitecto municipal. Sin embargo, el alcalde socialista sufrió el registro que la Guardia Civil hizo en octubre de 2008 en las dependencias municipales en busca de pruebas de la actividad supuestamente ilegal de Huerta entre 1996 y 2006. «Esta causa nos ha hecho caer la cara de vergüenza a los josepins», indicó, al tiempo que pidió «disculpas a los ciudadanos» por todo lo sucedido, pese a ser ajeno a sus dos etapas como alcalde.

De hecho, Marí Ribas destacó que desde que asumió el mando en el Ayuntamiento, en 2007, se produjo «un antes y un después» en «el control y rigor» no solo en la concesión de licencias, sino también en la de los finales de obra. «Se dio un giro absoluto de 180 grados», subrayó.

Ses Salines: «Aquí no se puede sancionar a nadie del pueblo, sólo a extranjeros o gente de fuera»

(Última Hora, 27/01/2016)

J. Bastida. La presunta trama de corrupción urbanística que afecta a ses Salines ha puesto al descubierto nuevos datos. El arquitecto y la aparejadora municipal han declarado en sede judicial en relación a la denuncia interpuesta por un caso de prevaricación en materia urbanística (ampliación sin licencia del hotel Villa Piccola de la Colònia de Sant Jordi).

Los altos técnicos municipales, en su declaración en calidad de testigos, afirmaron «que el celador del Ayuntamiento de ses Salines es el primo de la alcaldesa, por lo tanto no hay ningún informe suyo. Que el celador nunca denunciará a una persona del pueblo ni nunca lo hará, que denuncia a extranjeros o a personas de fuera del municipio».

Las obras del hotel Villapicola empezaron sin proyecto. En septiembre de 2013 se solicita la licencia. Que con anterioridad a la solicitud, la alcaldesa junto con María B., (dueña del hotel) se entrevistaron con el declarante en varias ocasiones. La imputada (alcaldesa) y María se presentaron como amigas porque era clienta de la gestoría donde trabajaba la exalcaldesa», apunta el arquitecto.

Por su parte, la aparejadora se mostró mucho más crítica: «En la mayoría de los informes de disciplina urbanística la alcaldesa ponía pegas porque no sería bueno para el pueblo que pusieran multas. Realizamos un expediente de disciplina por el que las obras del hotel deberían haber sido paradas, sancionadas y tal vez derribadas, pero todo esto no se hizo y el hotel ha seguido funcionando. Había muchas presiones en el Ayuntamiento, se les escondían informes y había muy mal ambiente».

2016-01-27 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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