Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Formentera: el Consell ordena el desmantelamiento de «un campamento» en la Mola

(Diario de Ibiza, 14/02/2018)

En la zona se acumulaban diversos enseres y materiales y parecía que vivía gente en verano, según el Consell

Carmelo Convalia. El Consell de Formentera, mediante una resolución de su presidente, ha ordenado «la retirada de una valla y de unos elementos que componen un campamento en una parcela de la Mola» tras concluir un expediente por el que determina el restablecimiento de la legalidad urbanística en ese lugar. El anuncio publicado en el Boletín Oficial de Balears (BOIB) da un plazo de quince días para llevar a cabo la retirada de todos esos elementos, ya que no ha sido posible la notificación mediante carta certificada.

El área de comunicación del Consell precisó que se trata de una denuncia realizada «por acumular diversos enseres inservibles y distintos materiales en una parcela, creando una especie de campamento donde parece que vivía gente en verano».

En Formentera la normativa urbanística prohíbe explícitamente la actividad de camping en todo su territorio.

Santa Eulària: la jueza condena a Khün a seis meses de cárcel por las obras ilegales en Tagomago

(Diario de Ibiza, 10/02/2018)

El empresario ha recurrido la sentencia, que también le inhabilita durante dos años como promotor

José María Alonso. De poco le ha servido a Matthias Kühn, al menos por ahora, contar como abogado con el famoso exfiscal del caso Noos, Pedro Horrach, porque la jueza ha rechazado la petición del abogado de anular el proceso contra el empresario alemán y lo ha condenado a seis meses de cárcel por las obras ilegales que realizó en el islote de Tagomago en los años 2007 y 2008.

La sentencia no es firme y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial, por lo que, al menos por ahora, no tendrá que ingresar en prisión, pero si la Audiencia ratifica esta sentencia y, finalmente, los juzgados logran averiguar si el alemán cuenta con antecedentes computables, podría pasar unos meses en la cárcel. Por el momento, los juzgados españoles ignoran si Khün tiene o no antecedentes penales.

El Ministerio Público reclamaba dos años de cárcel para este empresario alemán, propietario de la entidad mercantil Khün&Partner, y lo mismo para Guido Hecker, ejecutor de las obras ilegales en el islote, a los que acusa de la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente. La Fiscalía de Ibiza reclamaba un año de cárcel por cada uno de los dos delitos.

Finalmente, la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, la magistrada Martina Rodríguez, ha absuelto a los dos acusados del delito de contra el medio ambiente, pero les ha condenado por el de ordenación del territorio. Además de los seis meses de prisión, la jueza ha impuesto a Khün y Hecker una multa de 5.400 euros a cada uno (18 meses multa a diez euros diarios) y les ha inhabilitado durante dos año para la profesión de promotor y constructor, respectivamente.

Sin autorización

La sentencia señala que «las obras se realizaron sin autorización, extremo conocido por el constructor» y que «no contaban con el preceptivo de la conselleria balear de Medio Ambiente». La jueza, además, rechaza el argumento de que «el silencio administrativo amparaba la realización de las obras ante la no contestación del Ayuntamiento de Santa Eulària».

El juicio contra Khün y Hecker se celebró el 21 de septiembre. Horrach, en sus conclusiones, insistió en que se habrían vulnerado los derechos fundamentales de su cliente porque «se ha invertido la carga de la prueba».

«Uno de los supuestos hechos delictivos por los que se acusa a Khün ni siquiera ha sido calificado como infracción por el Ayuntamiento de Santa Eulària, la única administración competente para determinar si una obra es autorizable o no, y, por otro lado, la comisión de Medio Ambiente del Govern dictó en junio de 2012 un informe favorable sobre la legalización de la vivienda», remarcó la defensa del empresario.

Cemento, piedra y hormigón en un islote protegido
Los condenados ejecutaron las obras pese a que Tagomago cuenta con un gran nivel de protección

Las obras por las que han sido condenados Matthias Kühn y Guido Hecker se ejecutaron sin autorización previa a pesar de que Tagomago, aparte de Área Natural de Especial Interés (ANEI) del más alto nivel de protección, también es Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 de la UE.

Los condenados pavimentaron un área de 470 metros cuadrados adyacente a la vivienda denominada Can Domingo, donde antes solo había campo (se incluye una rampa de 40 metros cuadrados de piedra seca junto a la piscina) y construyeron un muro de cemento de nueve metros de longitud y tres de altura. También hicieron un camino de piedra y cemento de 1,5 metros de ancho y 20 metros de largo para unir la casa principal con otras edificaciones donde se ubicaban los aparatos de aire acondicionado, lavadoras y otros electrodomésticos y grupos electrógenos. Igualmente ampliaron con tres filas de bloques de hormigón la contrucción donde se instaló el grupo electrógeno y se almacenaba el combustible, y construyeron un vial empedrado de 80 metros para unir la vivienda con el camino del faro, así como, en la zona del embarcadero, una caseta de piedra y cemento (1,2 metros de alto por 1,2 de ancho) en cuyo interior se guardaba un «motocarro».

Condenan a un constructor por injurias contra el exalcalde de Alaró

(Diario de Mallorca, 8/02/2018)

Antonio Parrilla vertió acusaciones contra Joan Simonet a sabiendas de su falsedad para perjudicar la imagen del político

Pep Córcoles. La juez Juana Arbona, titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Inca, ha condenado al constructor Antonio Parrilla Núñez, por injurias con publicidad contra la autoridad, a una pena de seis meses de multa a razón de cuatro euros diarios de cuota. El condenado profirió injurias contra el que fue alcalde de Alaró, Joan Simonet, mientras éste estaba en el cargo.

El constructor ha sido condenado por segurar en una entrevista que el alcalde le había pedido comisiones para dejarle seguir adelante con el proyecto de urbanizar una finca. También afirmó que cuando Simonet era concejal le pidió un sobre y que si no se lo daba le quitaría 14 pisos del proyecto. Declaró, además, que le dijo, que si le pagaba y retirba las denuncias que el constructor había presentado podría construir todavía más de lo previsto.

Entrevista

El constructor efectuó las declaraciones en una entrevista publicada por este diario. Simonet presentó una demanda contra el empresario por "injurias". El acusado se retractó posteriormente en otras declaraciones, que también publicó Diario de Mallorca en su día.

La jueza considerá probado en su sentencia que el condenado vertió falsedades, "a sabiendas de su falsedad y con ánimo de perjudicar la reputación de Simonet". La vista no llegó a celebrarse porque las partes llegaron a un acuerdo después de que el acusado reconociera la falsedad de sus denuncias. La sentencia es firme y deja abierta la posibilidad de que el exalcalde solicite una indemnización por la vía civil.

Las divergencias entre el constructor y el Ayuntamiento que desembocaron en cruces de denuncias arrancan hace bastante tiempo. El empresario intentó entre 2003 y 2007 impulsar dos proyectos en la zona del Camp Roig, en Alaró, uno de pisos y otro de adosados, pero, finalmente, y los mismos gobernantes que, según decía, le habían garantizado la viabilidad del plan –el pacto PSOE-UM– se echaron atrás y abortaron la urbanización.

El exalcalde Simonet explicó en su día que estaba cansado de recibir insultos del empresario por la calle. Además, dijo que Parrilla se ha dedicado durante años a denunciar a otros constructores del pueblo por posibles ilegalidades.

En otra ocasión, el empresario acudió al ayuntamiento para pedir una entrevista con el alcalde por una multa , y se encontró a Simonet. El exalcalde manifestó: "Cuando le dije que no le podía atender y que lo presentara por escrito me dijo que yo le tenía que escuchar porque yo era un empleado suyo y que él me pagaba".

2018-02-08 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

La nueva Oficina Anticorrupución investigará irregularidades en una urbanización de Alaró

(Última Hora, 2/02/2018)

A. Pol. La plataforma vecinal de la calle Solleric de Alaró denunció este miércoles ante la Oficina Anticorrupción la urbanización de Son Mas, un entramado de nuevas calles y solares urbanizables creado en el otro costado de la calle, frente a sus domicilios. Los representantes de la plataforma hicieron entrega de una documentación que, según ellos, «podría poner en entredicho la buena praxis y transparencia en la ejecución de las obras por parte del Ajuntament, la promotora y la constructora».

La denominada urbanización de Son Mas –el nombre que recibe la finca antes poblada de almendros; ahora calles y solares– se comenzó a tramitar hace dieciséis años, cuando el gobierno formado por el PP y el PSM recalificó sobre la normativa urbanística la parcela de rústica a urbana «sin un informe previo de impacto medioambiental». Los vecinos recuerdan que la parcela era también rica en patrimonio: contenía un qanat árabe, una manxa (pozo) «de más de 500 años de antigüedad», un marge de piedra del siglo XVI e incluso «una pequeña cueva de origen natural». Estos elementos «han desaparecido del municipio y nadie sabe dónde están», señalan.

La plataforma ha presentado ahora ante la Oficina Anticorrupción una serie de informes, testimonios y otra documentación que, al parecer, «pondría de manifiesto el amiguismo y el trato de favor entre el Consistorio y la promotora desde sus inicios hasta el presente más reciente». Dicha información detalla como el gobierno formado el PSOE y UM paralizó las obras «por irregularidades» en 2003 y como el PP las reinició cuatro años después tras recuperar el poder. «Ahora, con el PSOE y Més al gobierno, las obras se están ejecutando a pasos agigantados y sin que el Consistorio haya contestado a las instancias o requerimientos presentados por los vecinos».

2018-02-02 | Etiquetes: , , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep: rechazada la legalización de las obras de ampliación del restaurante de es Xarco

(Diario de Ibiza, 2/02/2018)

Hace 20 años se dictó una orden de demolición sobre 86 metros cuadrados de las instalaciones

Eugenio Rodríguez. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) rechaza la legalización de las obras de ampliación del bar restaurante Es Xarcu, sobre las cuales pesa desde el año 1997 una orden de demolición. En concreto, la dirección de Costas y Puertos acordó entonces el derribo de una cocina de 22 metros cuadrados, un baño y un vestidor de 15 metros, un comedor de 29 y una barra de bar de 20. En abril de 2005 se aprobó la ejecución subsidiaria de la demolición.

El establecimiento situado en es Xarco, junto a es Jondal, funciona desde 1984 y cuenta con autorización de apertura otorgada por el Consell en julio de 1998 y de licencia municipal de funcionamiento desde noviembre del mismo año.

En marzo de 2007, la propiedad del establecimiento solicitó la suspensión del derribo de las obras y su legalización al amparo de la disposición adicional 14 incluida por el Govern balear del PP en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat Autònoma de ese año.

En diciembre de 2006, el grupo del Pacto en el Consell, entonces en la oposición, denunció en rueda de prensa que esta disposición adicional se había incorporado a posta para evitar el derribo del restaurante de la familia de Carolina Torres, entonces consellera insular de Cultura en el gobierno presidido por Pere Palau, del PP. «De la redacción tan concreta [de la disposición adicional] se desprende que está hecha a medida de este caso particular», denunciaba entonces la consellera del Pacto Pilar Costa.

Sin embargo esta medida de gracia se quedó corta al igual como sucedió anteriormente con la 'amnistía de Cretu', que también incorporó el PP en otra ley de acompañamiento de los presupuestos para tratar de salvar la mansión del músico en Santa Agnès.

Así lo confirma la sentencia del TSJB. La disposición adicional 14, que fue derogada posteriormente por la izquierda con la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears, permitía legalizar la situación de las obras, instalaciones y actividades existentes en establecimientos de servicio de temporada en el litoral autorizables con carácter ordinario de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Costas que, entre otras condiciones, ocupasen un máximo de 150 metros cuadrados de superficie cubierta sobre rasante.

«Un pequeño negocio que creció»

La Ley de Costas se refiere a la zona de servidumbre de protección, «y sólo a esa», resalta la sentencia, que agrega que si alguna instalación invadiera zona de servidumbre de tránsito o dominio público marítimo terrestre ya no podría beneficiarse de la 'amnistía'. «Al ser un supuesto excepcional, la ley debe interpretarse en sentido estricto».

«Pues bien, lo que antaño empezó siendo un pequeño negocio de bar restaurante en zona de servidumbre de protección, resulta que creció y se fue ampliando», explica el fallo judicial, que destaca que la Administración advirtió en 2012 que las obras objeto del litigio se hallan en servidumbre de protección pero también en servidumbre de tránsito, lo que impide su legalización. Un almacén, de 19,7 metros cuadrados, se ubica en dominio público marítimo terrestre y, según el perito judicial, la superficie de cubierta sobre rasante es de 171 metros cuadrados.

Revisión de oficio del Govern

La propiedad tiene que hacer frente al pago de las costas del proceso judicial, hasta un máximo de 2.000 euros. Contra esta sentencia cabe recurso de casación.

El Govern balear abrió hasta tres procesos de revisión de oficio de la solicitud de legalización de las obras, al constatar que se trataba de un acto nulo de pleno derecho, y podía considerarse efectivo mediante «el silencio positivo». El primero fue en junio de 2010. En febrero de 2011 se reinició por segunda vez el expediente, que concluyó con la declaración de nulidad del acto presunto de legalización. El Govern tuvo que estimar un recurso de la propiedad al haber caducado el expediente. En mayo de 2015 se reinició por tercera vez la revisión de oficio y se declaró de nuevo su nulidad. La sentencia del TSJB obedece al recurso de la propiedad contra dicha resolución.

Palma: Cort ordena a la Fundació Natzaret y Cursach demoler las ilegalidades de la discoteca Pachá

(Diario de Mallorca, 31/01/2018)

Tanto la propiedad como el titular de la actividad se enfrentan a una multa de 960.000 euros, además de a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento

Josep Capó. El Ayuntamiento de Palma ordenó ayer a la Fundació Natzaret, como propietaria de los terrenos, y a la empresa de Bartolomé Cursach que explotaba Pachá la demolición de las obras realizadas sin licencia en la discoteca del paseo Marítimo.

La gerencia de Urbanismo celebrada ayer cerró el expediente de reposición de la legalidad urbanística con esta orden de demolición, tras comprobar que se han realizado obras sin licencia en la antigua discoteca por un importe de 880.000 euros. En este caso, la sanción económica se agrava por el hecho de que los terrenos y la edificación en los que se ha realizado la ilegalidad están protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según informó el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, los celadores municipales detectaron hasta nueve obras realizadas en el local o en su exterior sin la correspondiente licencia municipal, que ahora deben ser demolidas.

Entre ellas, citó la instalación de vallas publicitarias con seis focos de iluminación, la ampliación de la terraza principal y de la zona del patio y de la sala VIP y la ejecución de un sótano, además de dos reformas interiores y de otras dos en el exterior.

Hila explicó que ahora el Ayuntamiento notificará la resolución a las partes y, una vez realizado este trámite, que puede durar meses, la propiedad y el antiguo gestor de la discoteca dispondrán de dos meses para ejecutar las obras demolición.

En caso contrario, el Ayuntamiento las ejecutará de forma subsidiaria, pasándoles la factura de los gastos ocasionados, además de imponerles una multa mensual durante un máximo de doce meses por un importe equivalente al 10% del valor de las obras realizadas sin permiso.

En este caso, el importe mensual de la sanción sería de 80.000 euros, lo que multiplicado por 12 da una cifra de 960.000 euros que deberán hacer efectiva, si se da el caso, la Fundació Natzaret y Cursach.

Al margen de este expediente de reposición de la legalidad urbanística, el Ayuntamiento abrió en su momento también otro de infracción, que aún no está resuelto y que acabará con una multa económica que, en este caso, deberá abonar la empresa que ejercía la actividad y no el propietario de las instalaciones.

La representante del empresario de ocio comunicó el pasado mes de diciembre su voluntad de renunciar a la licencia de actividad de la discoteca, después de que el Ayuntamiento determinara que el aforo del local no superaba las 277 personas en lugar de las 668 que reclamaban. En aquel momento ya se advirtió que la renuncia no implicaba el archivo de los expedientes de demolición ni el de disciplina urbanística.

Manacor: expedientan a las monjas de la Caritat de Son Macià por obras ilegales en el convento

(Última Hora, 31/01/2018)

J. Socies. El Ajuntament de Manacor ha abierto expediente y ha paralizado las obras de la cubierta de la antigua escuela de las monjas de la Caritat de Son Macià. Las religiosas habían solicitado al Consistorio un permiso de obra para «modificar la cubierta del edificio», pero los celadores del Ajuntament pudieron constatar que se ha levantado una planta piso sobre el edificio contiguo al convento del llogaret de Manacor.

El pasado 22 de agosto, el Ajuntament de Manacor concedió la licencia de obras a las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl-Curia General para proceder a renovar el tejado del antiguo edificio escolar, pero al percatarse de que, más allá de cambiar las tejas, se había levantado un piso y construido tres aperturas en la fachada delantera y otras tres en la trasera, se procedió a abrir expediente sancionador. Fue el pasado día 22 de diciembre. La denuncia se ratificó con la visita de los celadores municipales al edificio el 5 de enero de este año. Finalmente, el pasado 16 de enero se notificó la suspensión de las obras.

A partir de ahora el expediente abierto por el Ajuntament de Manacor sigue su curso. Las religiosas responsables de la construcción deberán optar por realizar todos los trámites oportunos para legalizar el aumento de volumen de la edificación si la normativa lo permite o bien por restablecer la edificación, devolverla a su situación original y realizar el cambio de tejado para el que tenían permiso exclusivamente.

2018-01-31 | Etiquetes: , , | Categories: Mallorca | Enllaç

El PP sospita d'un possible "tracte de favor" al propietari de Mango en una obra a Formentera

(Ara Balears, 24/01/2018)

Per al portaveu dels populars, José Manuel Alcaraz, la sentència del TSJ evidencia que haurien d"assumir-se responsabilitats polítiques"

El PP demanarà en el proper ple del Consell si el govern insular de Gent per Formentera (GxF) va fer un tracte de favor en concedir una llicència per a la construcció d'un habitatge a la zona protegida de Punta Gavina a l'amo de la multinacional tèxtil Mango, Isak Andic.

La iniciativa del PP es produeix després de conèixer-se la sentència del Tribunal Suprem, que ratifica una resolució anterior del Tribunal Superior de Balears, que obliga a incoar un expedient de revisió d'una de les cases construïdes a la zona de Torre Gavina, declarada Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI).

Els populars volen saber les conseqüències que pot tenir la sentència, el motiu pel qual s'ha amagat a la ciutadania, els costos jurídics del litigi i els passos que seguirà el Consell a partir d'ara.

Per al portaveu dels populars de Formentera, José Manuel Alcaraz, la sentència del Tribunal Suprem evidencia que haurien d"assumir-se responsabilitats polítiques".

En aquest sentit, incideix que GxF ha d'explicar en el ple "si va haver-hi tracte de favor" quan el 2012 es va atorgar la llicència de construcció corresponent.

El PP assenyala que els errors que atribueix la sentència al Consell tenen a veure amb l'"incompliment del termini d'exposició pública de l'expedient de construcció de l'habitatge en qüestió" i l'absència d'un informe jurídic.

Alcaraz insisteix que aquests "errors" hauran d'explicar-se judicialment i políticament i recalca que GxF sempre ha mantingut que "no hi havia urbanisme a la carta" i que en l'expedient "no hi havia cap error".

2018-01-24 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç





		

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