(Diario de Mallorca, 15/05/2012)

Los afectados por la sentencia de 2000 que obliga a Cort a demoler 14 construcciones consideran que no se puede ejecutar la orden judicial

J. CAPÓ. PALMA Los propietarios de las catorce parcelas situadas en una urbanización ilegal de Son Anglada sobre cuyas edificaciones pesa una sentencia de 2000 que obliga al ayuntamiento de Palma a derribar estas construcciones consideran que Cort no puede ejecutar la orden judicial por cuanto existe un auto anterior, plenamente válido, y que no ha sido anulado.

Este pronunciamiento judicial previo al fallo da su conformidad a un decreto de alcaldía dictado por el entonces alcalde Ramón Aguiló, por el cual se obliga a los propietarios a vallar y limpiar los solares [Nota de Disúrbia: i què té que veure una cosa amb l'altra??].

Según uno de los propietarios afectados por la sentencia que obliga a derribar las construcciones realizadas sin las correspondientes autorizaciones, "la existencia de este auto y de la licencia fue maliciosamente ocultada al juzgado por parte del Ayuntamiento". Insisten en que el juzgado no ha resuelto ni la prescripción ni ha dictado la nulidad del decreto municipal que les obligó en su momento a vallar y limpiar los solares". Asimismo, insisten en que a lo largo del dilatado proceso que ha durado más de veinte años, aunque la sentencia que les obliga a derribar las edificaciones es de 2000, el procedimiento se ha hecho mal. Entre otras cuestiones porque no se ha notificado de forma individual a los 14 propietarios afectados ni por parte del Ayuntamiento cuando abrió el expediente de disciplina urbanística, ni por parte del juzgado en ninguna de las fases de la instrucción. Por ello, consideran que la sentencia de 2000 es nula de pleno derecho y, además, no es de aplicación porque está prescrita.

(Diario de Ibiza, 15/05/2012)

El promotor admite la infracción, pero alega que lo hizo para preservar la salud de su hijo enfermo

J. LL. F. | IBIZA El portavoz del POSE-Pacte en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Josep Marí, Marge, exigió ayer por escrito la consulta del expediente relativo al derribo de las obras ilegales de Sant Mateu, que según afirmó este fin de semana el concejal de Urbanismo, José Torres, se encuentra ya concluido.

Marí expresó sus dudas de que el expediente esté realmente concluido y aseguró que, en todo caso, «ha estado paralizado» durante meses, a pesar de que vecinos de la zona pidieron en septiembre del año pasado que se reactivara la vía administrativa, una vez que había recaído una sentencia condenatoria contra el promotor.

«Estaremos vigilantes», anunció el portavoz de la oposición progresista, quien aseguró que el equipo de gobierno no habría actuado al respecto de no haber sido por sus denuncias y las de los vecinos.

«Solo me sacarán muerto»

Por su parte, el promotor de las obras, Francisco Periáñez, admitió ayer la infracción cometida, pero aseguró que lo hizo para ayudar a la rehabilitación de su hijo, gravemente enfermo. «No me sacarán de esa casa si no es muerto», indicó desde su domicilio actual en Vila, donde reside con el resto de su familia.

El promotor recalcó que en ningún caso pretendió realizar negocio alguno con estas obras, sino que siguió el consejo de los médicos de dar a su hijo un entorno tranquilo con la presencia de caballos para favorecer su recuperación.

Periáñez asegura que toda la polémica desatada en torno a estas obras «obedece solo a cuestiones políticas» y a las denuncias de un vecino alemán.

«Es cierto que me faltaban 400 metros cuadrados de terreno, pero no me arrepiento de nada», señala el promotor.

La sentencia que condenó a este hombre como autor de un delito contra la ordenación del territorio afirma que construyó, sin ningún tipo de licencia, una casa de 240 metros cuadrados, un grupo de casas de madera de casi 100 metros cuadrados, otra construcción de 71 metros y una piscina, todo ello en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), protegida por la Ley de Espacios Naturales.

(Diari de Balears, 15/05/2012)

El Consell i l’Ajuntament de Capdepera confirmen al GOB que s’hi podrien haver comès delictes mediambientals. El Govern li concedí l’interès autonòmic

Antoni Pol. La Fiscalia de Medi Ambient investiga el projecte de construcció d'un macrocomplex hoteler a Canyamel, aquell mateix que el Govern fa un mes i mig declarà d'interès autonòmic juntament amb el de la Ràpita. El GOB confirmà que el Consell de Mallorca, d'una part, i l'Ajuntament de Capdepera, de l'altra, han remès al Ministeri Fiscal la denúncia que l'organització ecologista presentà davant les dues institucions a finals de 2011.

Segons el GOB, el Consistori gabellí -l'equip de govern del qual, format pel PSOE i UCAP, s'han mostrat sempre partidaris del projecte- va remetre l'expedient al fiscal "davant l'existència de possibles delictes ambientals i contra l'ordenació del territori". De la seva banda, el Consell, per mitjà de l'Agència de Disciplina Urbanística, comunicà per escrit al GOB que, després d'haver estudiat la denúncia "i la documentació de l'Ajuntament [el de Capdepera], podrien existir actuacions penals sobre els mateixos fets".

El projecte en qüestió preveia la construcció "il·legal" d'un hotel de 400 places "dins una zona protegida" i "sense llicència ni autorització", sosté l'entitat proteccionista. L'agost del 2007, la Conselleria de Medi Ambient paralitzà les obres -motivada per l'informe d'un agent- i n'obrí un expedient. L'Ajuntament de Capdepera també en va obrir un, informa el GOB. De llavors ençà, les tasques -uns moviments de terra considerables, fets a mitjan muntanya- estan aturades.

Convé precisar que la promotora ha modificat el projecte hoteler que tenia entre mans el 2007. El d'ara és conegut perquè es finançaria amb capital àrab i perquè el Govern, instat per la Conselleria de Turisme, li va atorgar l'interès autonòmic.

"Il·legalitats amnistiades"

El GOB afirma que "les il·legalitats de la promotora han estat amnistiades per l'Ajuntament de Capdepera durant anys. Primer amb el Partit Popular i ara amb PSOE-UCAP. Ni el Govern del PP ni el del Pacte de Progrés no van voler multar la promotora; és més, deixaren caducar els expedients que l'afectaven".

A tot això, prossegueix el GOB, "s'hi suma ara el fet que l'arquitecte director de l'obra quan es van cometre aquest cúmul d'il·legalitats era Jaime Martínez, actual director general de Turisme del Govern". "Martínez hagué de renunciar-hi per incompatibilitat amb el càrrec públic que ocupà el juny de 2011. L'interès autonòmic concedit al projecte pel Consell de Govern realitzat el 30 de març de 2012 va ser-ho a proposta de la Conselleria de Turisme", remata l'organització ecologista.

El complex hoteler que es pretén construir ocuparia una trentena d'hectàrees, una extensió equivalent al poble d'Ariany.

(Diario de Ibiza, 14/05/2012)

Un particular edificó varias construcciones en zona protegida como ARIP sin pedir siquiera licencia

JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA ­El Ayuntamiento de Sant Antoni ha ordenado derribar un grupo de construcciones levantadas de forma ilegal en Sant Mateu, en una zona protegida con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), después de que una sentencia confirmara hace tres años la ilegalidad de tales obras y condenara a su promotor a la pena de seis meses de prisión, así como al pago de una multa económica.

Tras reactivar el expediente de disciplina urbanística abierto antes de esa sentencia –y que quedó paralizado precisamente por este proceso judicial–, el Ayuntamiento acaba de aprobar la demolición de todo lo construido de forma ilegal y la notificación al promotor «ha llegado ya o está a punto de llegar», confirmó el concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Pepe Torres.

Según la sentencia emitida en abril de 2009 por el juzgado de lo penal número 2 de Ibiza, Francisco Periáñez Rayas, dueño de la entidad Automóviles Peri SL, cometió un delito contra la ordenación del territorio al construir, sin obtener ni pedir licencia de ningún tipo, un conjunto de casas de madera unidas y comunicadas entre sí que ocupaban en total casi 100 metros cuadrados, así como otra obra de 71 metros cuadrados, una tercera de 240 metros y una piscina de 7x3,5 metros, todo ello en una zona protegida por la Ley de Espacios Naturales (LEN) como ARIP.

El concejal de Urbanismo confirmó que el expediente de infracción abierto en su día «está concluido y se resuelve que deberán derribarse todas las construcciones ilegales», aunque admitió que esta decisión «se ha demorado un poco» [Nota de Disúrbia: "un poco"??], pues han trascurrido tres años desde que recayó la citada sentencia penal contra el promotor. También aludió Torres a las adversas circunstancias personales del condenado, a pesar de lo cual recordó que «si una cosa está mal hecha, está mal hecha».En caso de que el responsable de los hechos no ejecutara la orden de derribo, sería el Ayuntamiento el que se ocuparía de ello de forma subsidiaria, derivándole luego los gastos al propietario, tal y como prevé la legislación vigente.

Denuncias vecinales

Las denuncias contra este conjunto de construcciones, situadas al pie un monte que linda con el Pla de Sant Mateu, cerca de la carretera que lo circunvala, fueron impulsadas por un vecino de nacionalidad alemana, Bernd Dücker, abogado de profesión, que en septiembre del año pasado apremió al Ayuntamiento de Sant Antoni a adoptar las medidas necesarias para proceder a la demolición de las construcciones.

Dücker le recordó entonces que existían expedientes sancionadores en marcha desde 2004 pero que aún no se habían resuelto en ningún sentido.

Ayer, este vecino manifestó a este periódico su intención de exigir la ejecución de la demolición y lamentó la falta de actuación del Ayuntamiento, pero el concejal de Urbanismo negó categóricamente que hubiera parálisis en el caso.

Según la sentencia, el condenado se amparó en que, debido a «la enfermedad de su hijo, necesita una casa en el campo, para tener contacto con ciertos animales, en este caso caballos», pero la juez cuestiona que dicha terapia «tuviera que llevarse a cabo en un domicilio particular y no, por ejemplo, en un centro social o recreativo, como puede ser un picadero».

A pesar de que lo había pedido la Fiscalía, el Ayuntamiento y los denunciantes particulares, la juez no obligó a derribar estas obras, sino que lo dejó a la libre elección de la Administración, la cual ha decidido «ser consecuente» y pedir la demolición.

(Diario de Mallorca, 14/05/2012)

Los casi 200 propietarios de estos apartamentos cercanos a los Pullman, que fueron construidos en los sesenta, carecen de la autorización legal de ocupación como viviendas mientras continúa su degradación

SILVIA VELERT. PALMA Los edificios Panam son vecinos de los Pullman. En la calle Puig d´Alaró se levantan estos apartamentos que se construyeron entre los años sesenta y setenta al calor del boom turístico. Comparten problemas parecidos. Entre ellos que tienen dificultades con el sistema de la luz. Parte de las líneas se quemaron y algunos ascensores han dejado de funcionar.

Esta circunstancia agudiza la degradación que sufren las construcciones desde que dejaron de utilizarse como apartahoteles y se convirtieron en pequeños pisos de residencia habitual.

Endesa ha dado un ultimátum a los casi 200 propietarios de los dos bloques de los Panam. Disponen de un plazo de seis meses para colocar contadores individuales. Ya han pasado dos pero tienen la dificultad añadida de que carecen de la llamada "cédula de habitabilidad", un documento que sirve para acreditar que los apartamentos cumplen unos requisitos mínimos para ser ocupados como viviendas.

La acreditación permite que las compañías ofrezcan los servicios básicos de agua, electricidad o telecomunicaciones. Los dueños de los dos centenares de viviendas que suman ambos bloques calculan que tendrán que invertir unos 500.000 euros en la nueva instalación eléctrica pero antes deberán conseguir su permiso para ser habitados.

Autorización de Industria

De momento, los vecinos han optado por engancharse al sistema comunitario de la luz para no perder el suministro. Es una solución provisional mientras obtienen la autorización de la conselleria de Industria. El portavoz de los propietarios, Cándido Pena, explica que estos antiguos apartahoteles disponen de una superficie de unos 25 metros cuadrados cuando lo mínimo debe ser de 26 metros cuadrados. Pena recuerda que la exalcaldesa de Palma Catalina Cirer les propuso derribar estos apartamentos pero son conscientes de que ahora no hay dinero para expropiaciones. La negociación con el Ayuntamiento es un paso importante con el fin de lograr el permiso de ocupación legal. Calculan que existen unos treinta expendientes urbanísticos ilegales abiertos aunque confían en llegar a un acuerdo con el Consistorio [Nota de Disúrbia: no cal dir que mentre hi hagi expedients d'infracció urbanística en tramitació no es poden concedir cèdules d'habitabilitat]. El Consell es la institución competente para facilitar el permiso de habitabilidad. El electricista que se encarga de la instalación de los aparatos individuales de la luz tendrá que entregar un informe a Industria. La ocupación de estos apartamentos de modo irregular es una constante en los últimos años y acrecienta la morosidad. Los representantes vecinales calculan que de los 196 apartamentos registrados sólo unos 90 asumen los costes lo que representa pagar el doble en cada recibo pasando de los 60 euros de media a 120 euros. Los casi 200 dueños de los Pullman han conseguido que Emaya les financie los 400.000 euros que cuesta la colocación de contadores individuales de agua tras dos años con falta de suministro por una deuda acumulada de unos 35.000 euros. Tendrán que devolver el dinero en un plazo de cinco años en sus recibos bimestrales. A los Panam les costará unos 270.000 euros la mejora de la red para conseguir el líquido. La falta de seguridad es otro de los inconvenientes que deben sortear los moradores de estos inmuebles para alcanzar la normalidad necesaria.

(Diario de Mallorca, 12/05/2012)

Recuerda que la propiedad no ha eliminado los siete hangares construidos ni las pistas asfaltadas

S. SANSÓ El Consell de Mallorca ha desestimado la declaración de Interés General para el polémico aeródromo de s´Olivó, en el municipio de ses Salines, solicitada por su promotor para legalizar las pistas y construcciones irregulares que impiden el despegue y aterrizaje de ultraligeros desde verano de 2009. El último informe de la ponencia técnica de la conselleria insular de Urbanismo y territorio, considera que tanto las construcciones como las pistas actuales ocupan un espacio demasiado grande (10.296 metros cuadrados), para que se pueda garantizar la seguridad tanto de pilotos como de vecinos, "a lo que hay que sumar los caminos y circulaciones interiores, que exceden los parámetros de ocupación e incumplen las separaciones mínimas con las edificaciones próximas, incumpliendo con el artículo 26.4 de la Ley del Suelo Rústico".

En junio de 2009 la Agencia de Disciplina Urbanística ya decidió abrir un expediente sancionador contra los propietarios del aeródromo "por intentar, mediante la solicitud del Interés General, legalizar las obras realizadas entre 2001 y 2005, y que en su momento tampoco fueron autorizadas por el ayuntamiento de ses Salines"; y le daba a los propietarios un plazo de dos meses para derribar tanto "las siete naves metálicas que conforman el complejo, como para eliminar la pista de vuelo asfaltada de casi dos kilómetros de longitud".

En febrero de 2010, y ante la falta de corrección, el Consell impuso sendas multas económicas tanto al club de vuelo (64.412,30 euros), como a los propietarios de las instalaciones (14.039 euros). Hoy en día en s´Olivó, cerrado e inoperativo desde entonces, todavía permanecen los siete hangares mencionados más dos caravanas.

En contraste, según la propiedad consta "de una pista de vuelo de 220 metros de longitud por 20 de anchura" (2.200 metros cuadrados de ella asfaltados), y de una pista de rodadura de 5.200 m2, con un total de superficie ocupada de aproximadamente 9.600 m2".

Interés general

Los titulares del aeródromo solicitaron hace unos meses (con el beneplácito de los informes del Ayuntamiento) la declaración del Interés General para la parcela 47 del polígono 5 de ses Salines, amparándose en buena medida en la declaración del Interés Social aprobada en noviembre de 1991 por la Comisión Balear de Medio Ambiente y en el cambio de modelos y usos de los actuales ultraligeros.

Una concesión que precisamente también ha sido el argumento principal para ilegalizar s´Olivó, ya que en 1991 se especificaba la posibilidad de construir hasta dos pistas de 150 metros "de tierra sin asfaltar", pero no en cambio de ninguna "obra civil de casetas, hangares ni almacenes. Las únicas dependencias serán móviles tipo roulotte, y los servicios sanitarios serán móviles tipo WC-químico".

Según constata en el informe dentro del proyecto de legalización presentado al Consell de Mallorca, los propietarios pretendían legalizar hasta cinco hangares, una oficina y una caseta de herramientas, con una superficie total de 696 metros cuadrados.
Durante los últimos años la instalación para aeronaves ligeras y helicópteros ha contado con numerosos detractores como la Societat de Caçadors o la Asociación de Vecinos, Usuarios y Consumidores de ses Salines, sobre todo por problemas de ruido y falta de seguridad.

Cabe explicar que el aeródromo en cuestión se halla a escasa distancia del casco urbano de ses Salines, en zona rústica cerca de la calle de salida del pueblo hacia es Llombards.

Especialmente durante el mandato del alcalde Joan Burguera (PP) se celebraron multitudinarias demostraciones de vuelo de distintas aeronaves, congregando en la tradicional feria del 1 de mayo a miles de personas de la isla y extranjeros, que tenían la posibilidad incluso de conocer el interior de los helicópteros y aviones.

En la part forana todavía existen hasta cinco aeródromos irregulares en suelo rústico, cuyos casos están siendo estudiados desde hace años por técnicos del Consell de Mallorca y pendientes de resolver definitivamente por diferentes aspectos.

(Diario de Ibiza, 12/05/2012)

Una sentencia anula la licencia concedida por el equipo de Antonio Marí Tur al edificio social del recinto, que incluye una vivienda, por no haber pasado por el Consell. El fallo obliga al Ayuntamiento a restaurar la legalidad infringida

JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) acaba de emitir una sentencia en la que se declara nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Sant Antoni el 2 de mayo de 2000 –cuando era alcalde Antonio Marí Tur– a la edificación social de la finca de cría caballar de Sant Rafel, dado que no obtuvo la preceptiva declaración de interés general de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Ibiza, como correspondía por su ubicación en suelo rústico y por incluir una vivienda residencial. Además, esta edificación excede el volumen autorizado en 330 metros cúbicos, pues debía tener 1.500 como máximo y acabó teniendo 1.830.

Esta construcción, una de las más importantes de las numerosas obras desarrolladas dentro de esta finca, es propiedad del gestor financiero que esta semana ha sido detenido por la Policía acusado de una presunta estafa millonaria.

La sentencia, que lleva fecha del 3 de mayo pero fue conocida ayer por las partes, anula también la licencia de instalación concedida por el Ayuntamiento en septiembre de 2004.

La resolución del TSJB afirma que una actividad agropecuaria está permitida por la ley en suelo rústico común y que la finca de Sant Rafel constituye una explotación de esta índole. Dentro de estas fincas, pueden hacerse construcciones que tengan «un carácter necesario para realizar la actividad» y no necesitan obtener la declaración de interés general. «Distinta condición tiene la vivienda unifamiliar incluida en una explotación agropecuaria, ya que ese uso es condicionado y exige la correspondiente declaración de interés general», afirma la sentencia.

Sala de trofeos y biblioteca

La resolución es inequívoca al afirmar que «sea o no el edificio social un edificio que en la actualidad tenga en parte la condición de residencia del promotor, lo que es indudable es que (...) no constituye una edificación vinculada a la explotación agropecuaria, porque para un negocio de esta condición ni es preciso ni es indispensable una sala de trofeos o una biblioteca», que son algunas de las dependencias que tiene la construcción. Por ello, ese inmueble, «como tal edificio social, precisaba la declaración de interés general, y su ausencia constituye un defecto de nulidad radical insubsanable». De este modo, «la Administración realizará las actuaciones correspondientes en orden a la restauración de la legalidad infringida respecto a este edificio», destaca el fallo.

También se anula la licencia de instalación otorgada por el Ayuntamiento porque la actividad fue considerada como excluida menor, cuando debería haber sido de la categoría excluida mayor. La diferencia radica en la documentación que debe tramitarse por el propietario. En todo caso, «la solicitud presentada y la concesión de esa licencia fue incorrecta y por lo tanto, debe ser anulada», lo que podría afectar a la propia continuidad de la actividad.

No admite la sentencia las denuncias relativas a la controvertida valla que rodea la finca ni a otras obras del interior de la propiedad.

Legalización denegada

La abogada que representa al vecino recurrente destacó que no cabe recurso contra esta sentencia y que la construcción no sería legalizable.

De hecho, el Ayuntamiento abrió un expediente de disciplina urbanística en 2003 contra obras no ajustadas a licencia municipal. Dentro de este proceso, el promotor vio denegado por el Ayuntamiento en 2009 una solicitud para legalizar esta vivienda, dado que «el proyecto presentado corresponde con una vivienda unifamiliar aislada y no con edificación social» y, además, no cumplía el Plan Territorial.

Esta denegación municipal detallaba que la construcción, de 481 metros cuadrados «es una vivienda unifamiliar compuesta de planta baja con distribuidores, cocina, despensa, dos lavaderos, biblioteca, comedor, salón-comedor, dos dormitorios con baño y terrazas, y planta primera compuesta por tres dormitorios, tres baños y terrazas, y planta sótano con garaje y almacenes».

El propietario de la finca caballar ha interpuesto ante los tribunales un recurso contencioso administrativo contra esta denegación municipal de la legalización solicitada.

Ayuntamiento: «Esperaremos que nos ordenen actuar»

El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, José Torres, destacó ayer que la sentencia «solo anula la licencia de la sede social; hay otras licencias en la finca que están bien». «El Ayuntamiento ha de esperar que la sentencia sea firma y que nos ordenen actuar. En el momento en que nos ordenen actuar, acataremos el fallo del tribunal», añadió el concejal. También destacó el edil que el equipo de gobierno «sí actuó» en este caso, en contra de lo que sostenía el denunciante. Posteriormente, el Ayuntamiento afirmó en una nota que dio la licencia de obra mayor «después de la preceptiva autorización de la conselleria de Agricultura».

(Diario de Mallorca, 11/05/2012)

J. C. PALMA ­Las obras realizadas en el Biergarden Coco´s, situado en la denominada calle del Jamón de s´Arenal de Palma, se ajustan a la licencia concedida por el ayuntamiento de Palma.

Tal como se indica en un escrito remitido a la propiedad el pasado día 16 de marzo por el departamento de Obras y Calidad de la Edificación de Cort, las citadas obras "se han ejecutado y acabado sujetándose básicamente al proyecto que obtuvo licencia en su día, adaptándose a los parámetros urbanísticos, a la composición general de las fachadas y de distribución interior". El mismo informe pone de manifiesto que se han mantenido "las condiciones de habitabilidad mínima exigibles legalmente y los usos autorizados, cumpliéndose además las prescripciones técnicas impuestas en la concesión de la licencia".

[La notícia prèvia del Diario de Mallorca de 8/04/2012]

El ´Biergarten´ Coco´s debe derribar las obras ilegales

R.G. El propietario del Biergarten Coco´s tiene que derribar todas las construcciones ilegales que ha realizado en su local, situado en la llamada calle del Jamón del Balneario 6 de la Platja de Palma. Un decreto del Ayuntamiento le obliga a la retirada o demolición de una pérgola con seis vigas, la ampliación del porche hecha con una estructura de madera de cien metros cuadrados, el cierre de los laterales de la pérgola y el porche y puertas correderas de vidrio, además de otras obras o instalaciones llevadas a cabo sin la preceptiva licencia municipal, como se lee en el documento del área de Disciplina Urbanística y Seguridad de los Edificios.

El promotor de esta obra de gran volumen, Nova de Cerveza S.A., tiene hasta el próximo mes para restituir su establecimiento y dejarlo tal como se encontraba antes de cometer la infracción. El local se encuentra en la calle Pare Bartomeu Salvà, esquina con Canyes y Agustí Catany, es decir, la conocida como calle del Jamón, que junto a la calle de la Cerveza constituyen el centro de la zona de ocio de los alemanes en la Platja de Palma.