Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Ciutadella: un año de prisión y multa de 7.200 euros por construir una casa ilegal

(Menorca, 12/12/2019)

Miguel Juan Urbano. El acuerdo de conformidad entre su abogado, Francisco Marqués, y el fiscal del caso, Eduardo Norro, permitió este lunes al propietario de una vivienda edificada en el Camí Son Gall, de Ciutadella, evitar la demolición inmediata que solicitaba el Ministerio Público en el escrito de acusación por un delito contra la ordenación del territorio.

En el juicio penal a prevención celebrado por la mañana en Ciutadella ambas partes pactaron el acuerdo que conlleva el pago de una multa elevada al propietario, a razón de 20 euros diarios durante un año (7.200 euros), además de un año de prisión que no cumplirá al carecer de antecedentes penales. El auto para la demolición de la obra ya había sido dictado con anterioridad, aunque el letrado lo había impugnado ante el Juzgado Contencioso Administrativo por defectos de forma [Nota de Disúrbia: frase sense sentit, ja que un jutjat contenciós mai no pot revisar un acte penal], y en principio no se resolverá hasta dentro de un par de años, aproximadamente.

Ese fue el acuerdo alcanzado por el abogado, considerando que el propietario no había edificado para lucrarse sino que se trataba de su propia residencia habitual por lo que no ha tenido que justificar cualquier otra operación relacionada con ella. La conformidad evitó así la demolición inmediata de la vivienda, como pedía el fiscal en su escrito, además del pago de 31.073 euros en que se había peritado el coste de la reposición del suelo a su estado original.

La condena, no obstante, supone que el propietario, natural de Ciutadella de 37 años, acepta la comisión del delito urbanístico al haber levantado la construcción de forma ilegal. Además, la sentencia incluye la condena al constructor que queda inhabilitado por el plazo de dos años.

Los hechos ocurrieron cuando el acusado, en septiembre de 2016, mientras residía en la parcela de un familiar en esa misma finca del Camí Son Gall, pese a tener conocimiento de que el terreno estaba clasificado como no urbanizable de carácter rústico protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de Menorca, construyó una vivienda de nueva planta de 120 metros cuadrados y estructura de hormigón.

La incoación del procedimiento sancionador a cargo del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha supuesto en este caso, como en otros que se consideran de especial relevancia, que también haya sido trasladado al ámbito penal.

El GOB denuncia la eliminación de 2 kilómetros de pared seca en Es Mercadal

(Menorca, 12/12/2019)

Los ecologistas piden al ayuntamiento que aba expediente sancionador a la empresa de las obras

Efe. El responsable de la Ordenación Territorial del GOB Menorca, Miquel Camps, ha solicitado este jueves al Ayuntamiento de Es Mercadal que abra expediente sancionador a la empresa que realiza las obras en la finca Santa Creu, tras detectar la eliminación de más de dos kilómetros de pared seca.

Los ecologistas han recordado que la finca se encuentra ubicada en un Área de Interés Paisajístico.

«Tenemos documentos que ilustran la enorme pérdida de patrimonio etnológico y estructural de la zona. La normativa es clara al respecto y defiende la conservación de este elemento tan característico del paisaje rural», ha señalado Camps a Efe.

Además, el responsable del grupo proteccionista ha reclamado al Ayuntamiento de Es Mercadal celeridad y contundencia en la respuesta. «Hemos preguntado si las actuaciones están amparadas por la licencia, o bien ésta se habría otorgado de manera irregular», ha denunciado.

La pared seca sirve para controlar el ganado, separar los cultivos, salvaguardarse del viento, frenar la erosión y de refugio para la fauna.

2019-12-13 | Etiquetes: , , | Categories: Menorca | Enllaç

Bunyola: el GOB pide la nulidad de la licencia del 'Petit Bunyola' y que se paren las obras

(Diario de Mallorca, 11/12/2019)

Los ecologistas avisan que llegarán a los tribunales porque el consistorio podría haber "prevaricado"

Jaume Mateu. El GOB ha registrado una petición de anulación de la licencia de obras de urbanización de Can Mas, la construcción de 36 viviendas de lujo en esta possessió de Bunyola. Además, los ecologistas solicitan la paralización inmediata de las obras, que empezaron a mediados del pasado mes de noviembre.

El GOB, presidido por el bunyolí Amadeu Corbera, afirma que las personas que intervinieron en el proceso de autorización de la licencia "conocían perfectamente la realidad física de Can Mas y sabían perfectamente la ilegalidad, por lo que han incurrido presuntamente en prevaricación". Según la entidad ecologista, la licencia es "ilegal" y "nula de pleno derecho" al vulnerar, al menos, dos normas.

Una de las possibles irregularidades detectadas por el GOB se centra en la firma del informe legal preceptivo para su concesión, que debe ser de un funcionario de carrera del ayuntamiento y, en este caso, está firmado por un abogado externo a la institución. Además, los ecologistas sospechan de la "celeridad" en su concesión, especialmente porque Bunyola estaba afectada por una suspensión de licencias tras la aprobación inicial del nuevo PGOU. Según la cronología aportada por los ecologistas, el pasado 22 de enero se produce la solicitud de licencia, pero hasta el 28 de enero la constructora no aporta la documentación necesaria. El informe jurídico del abogado externo, también puesto en duda por el GOB, tiene fecha del 1 de febrero, solo tres días después del registro de la documentación pertinente. El 7 de febrero la junta de gobierno otorgó la licencia.

Paralelamente, el 17 de enero, cinco días antes de la petición de licencia, el pleno aprobó la suspensión de licencias en el municipio, que el BOIB publicó el 12 y el 28 de febrero. "Entre la suspensión de licencias y la publicación en el BOIB de las mismas se produce velozmente la autorización de la licencia de obras" (el 7 de febrero), se sorprende el GOB, que lo califica de "juego de fechas" que "parece una operación estratégica para dejar a salvo, in extremis, la urbanización de Can Mas".

Por todo ello, los ecologistas piden la nulidad de la licencia y, mientras esta se resuelve, la paralización inmediata de las obras.

Polémica asamblea
El ayuntamiento intentó salir al paso de las numerosas críticas convocando una asamblea, que se celebró el pasado lunes, para explicar el proyecto de Can Mas y el nuevo PGOU todavía en trámite.

"En cualquier juzgado esta licencia cae. Antes de llegar a ese extremo, pedimos al ayuntamiento que la retire", afirmó Amadeu Corbera. El alcalde, Andreu Bujosa, acompañado por el técnico municipal que ha firmado la licencia, explicaron la posición del consistorio y resolvieron las dudas planteadas por los asistentes.

En cuanto a la petición de nulidad de la licencia, Bujosa señaló que "se tramitará" y "si se tiene que revisar, se revisará", pero señaló que "no es cierto que todas las aprobaciones iniciales (del nuevo PGOU) lleven una suspensión de licencias".

2019-12-11 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Sant Josep revisará la licencia de la promoción paralizada Vadella 24

(Diario de Ibiza, 7/12/2019)

Recursos Hídricos comunica al Ayuntamiento que no se puede autorizar el edificio que se levanta en la desembocadura del torrente

Eugenio Rodríguez.l Ayuntamiento de Sant Josep revisará de oficio la licencia, otorgada en 2001, en la que se amparan las obras de construcción del edificio de apartamentos Vadella 24 que han sido paralizadas por el Ayuntamiento por invadir la zona de dominio del torrente y no contar con la preceptiva autorización de la dirección general de Recursos Hídricos del Govern balear.

Este organismo, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, ha informado al Consistorio de que «no se puede autorizar» esta edificación, por lo que se procederá al inicio del expediente de revisión de la licencia, según el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero. El Ayuntamiento está recopilando la documentación para remitirla al Consell Consultiu, el órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, para que resuelva si procede o no anular el permiso de obra. La promotora de Vadella 24, Vadella Mediterranean Homes SL, ha presentado alegaciones ante Recursos Hídricos para tratar de salvar el proyecto, del cual ya se ha levantado parte de la estructura.

Aparte de la falta de autorización de Recursos Hídricos, Vadella Mediterranean Homes SL libra una disputa interna con Abalot Eivissa SL y Atika del Noroeste SL (ambas son de un mismo constructor) por la licencia de Vadella 24. Precisamente, el representante de Atika del Noroeste, que es el titular del permiso de obra, desarrolló la primera fase de la licencia, con la construcción de un edificio de 25 estudios y cinco locales, al cual recientemente el Consistorio otorgó el final de obra parcial, y que se halla frente a la playa, en una esquina, a una distancia de Vadella 24. En total, la licencia de 2001 ampara la construcción de dos edificios para 20 apartamentos, 28 estudios, locales, piscina y aparcamiento público.

La entidad privada que gestiona la urbanización de Cala Vedella (UMSA) vendió el solar donde se levanta Vadella 24 a Vadella Mediterranean Home SL, que, pese a sus intentos, no ha logrado que Atika del Noroeste le cediera la titularidad de la licencia.

De hecho, el titular del permiso de obra advirtió a finales de mayo a través de un burofax al promotor de Vadella 24 de que no contaba con el correspondiente permiso de obra para levantar la promoción de viviendas. Como la ley prevé que el titular de la licencia es el responsable de las obras, Abalot Eivissa SL, avisó por escrito a Vadella Mediterranean Homes SL (también al Ayuntamiento) de que como no mantiene ninguna relación jurídica con esta sociedad, no estaba dispuesto a asumir las consecuencias de los trabajos que se han ejecutado.

Prohíbe el uso de la licencia

Le prohibía hacer uso de la licencia para la ejecución de la licencia y avisaba de que si seguía adelante con las obras ejercería las oportunas acciones legales, al tiempo de que se eximía de cualquier responsabilidad sobre la obra. Según ha podido saber este diario, Abalot Eivissa se plantea renunciar a la licencia. Esta acción podría condicionar el posible pago de indemnizaciones por parte del Ayuntamiento en el caso de que finalmente se decidiera anular la licencia y derribar lo construido.

Por su parte, Vadella Mediterranean Home SL ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el final de obra parcial que el Consistorio ha concedido al edificio construido por Abalot Eivissa, la primera fase que ampara la controvertida licencia.

La construcción en rústico en Algaida registra un gran incremento de proyectos

(Última Hora, 5/12/2019)

J. Socies. El municipio de Algaida ha sufrido un importante incremento de proyectos de obra tanto en rústico como en urbano a lo largo de los años 2018 y 2019. Una situación que también se ha visualizado en las sanciones que ha realizado desde el Consell de Mallorca la Agència de Defensa del Territori (ADT). Algaida, con 36 sanciones durante el pasado año [Nota de Disúrbia: en realitat foren 33 sancions, i Marratxí en va tenir 41... La xifra de 36 correspon a les demolicions ordenades durant el bienni 2017-2018], se ha convertido en el municipio con más multas en zona rústica de la Isla.

Cabe señalar que Algaida es uno de los municipios con más residentes en fora vila. Alrededor de 1.500 personas tienen su domicilio en zonas rústicas. La proximidad de la localidad con Palma hace que muchas personas tengan su residencia en Algaida y trabajen en la capital, lo que lo convierte en un fora vila dormitorio.

Inspecciones

La alcaldesa de la localidad, Maria Antònia Mulet, manifiesta su satisfacción por el trabajo de la ADT en su municipio. «Nosotros nos adherimos a la Agència desde sus inicios y la verdad es que al tener un municipio grande el inspector realiza un buen trabajo». «Más allá de la sanciones hay un importante número de inspecciones» indica Mulet.

La gran presencia de personas viviendo en fora vila, según Mulet, hace que «tengamos mucha construcción. La mayoría de manera legal pero supongo que también implica que otros vecinos opten por saltarse la ley». Por lo que se refieren al elevado número de sanciones, Mulet indica que «no todas son grandes infracciones». «Puede haber multas por una pared o un gallinero construido de manera ilegal. No todo son grandes demoliciones de casas», explica.

La alcaldesa añade que entre 2018 y 2019 «hemos notado un importante aumento de proyectos y supongo que esto va ligado a que también se haya incrementado el número de sanciones».

El número de multas también indica el color político del gobierno insular del Consell. Una vez iniciada la Agencia, durante los años 2011 a 2015 hubo un claro descenso, mientras que a partir de 2016 vuelve a subir el número de sanciones hasta el máximo alcanzado en el año de 2017 con 41 infracciones detectadas [Nota de Disúrbia: totes les dades que apareixen a la notícia són greument errònies, ja que, per exemple, aquestes 41 no són infraccions detectades, sinó sancions imposades].

La Agència de Defensa del Territori cuenta con la cesión de las competencias de 27 municipios de la Isla, una situación que descarga a los consistorios de estos pueblos del trabajo de inspección. La ADT también actúa en municipios en los que no tiene cedidas la competencias y también se pueden denunciar infracciones de manera anónima en la web de la Agència.

Sant Josep renuncia a extinguir la licencia del hotel de Punta Xinxó

(Diario de Ibiza, 29/11/2019)

El Consistorio aprueba definitivamente el estudio de detalle sin cesiones públicas | Guerrero dice que «no había más remedio» y Ara Eivissa lamenta que se reproduce «la vieja política urbanística»

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ha renunciado por segunda vez a seguir adelante con un expediente parta declarar extinguida la licencia que se concedió en 2006 para la construcción de un hotel de cuatro estrellas en Punta Xinxó. La promotora levantó la estructura y, por problema económicos, paralizó las obras. La situación sigue igual y, pese a los reiterados compromisos de Xinxó S.L. de reanudar las obras, según el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, aún no lo han hecho. «Estamos esperando a que lo hagan». En todo caso, Guerrero justifica la renuncia del Ayuntamiento a declarar la caducidad del permiso de obra (por la paralización) porque «no hay inactividad» por parte de la promotora.

Guerrero se refiere, por ejemplo, a la solicitud de la promotora de la aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela (de 18.000 metros cuadrados) por silencio administrativo que se aprobó ayer en el pleno del Ayuntamiento, con la abstención de PP y Proposta per Eivissa y el voto en contra del concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats. Este último remarcó que pensaba que ya se había pasado página a «la vieja política urbanística del municipio».

El estudio de detalle se aprobó de forma inicial en 2002 y, sin culminar el proceso con la aprobación definitiva, en 2006 se concedió ya la licencia urbanística sin determinar la cesiones de suelo público obligatoria, en un proceso irregular propio de «la época más oscura del PP», según Guerrero. Prats destacó que el informe técnico municipal apunta que falta documentación (el proyecto de reparcelación, que no ha presentado la promotora) para aprobar definitivamente el estudio de detalle y que, por tanto, se debería exigir a Xinxó SL que previamente formalizara este trámite y, además, cumpliera con las correspondientes cesiones de suelo público o, si ya no hubiera posibilidad de hacerlo, compensara al Consistorio económicamente.

Guerrero explicó que la promotora ha interpuesto un contencioso administrativo para obtener la aprobación definitiva del estudio de detalles y que los técnicos consideraban que si el Consistorio no cedía, se iba a perder el litigio en los tribunales. «No es agradable para mí esta aprobación, pero no tenemos más remedio que hacerlo», justificó, al tiempo que resaltó que la eventual anulación de la licencia para obtener la cesión de suelo obligatoria por ley podría suponer «una carga para el Ayuntamiento [por el pago de una indemnización] más gravosa que el beneficio que obtendría».

Por otra parte, Guerrero informó en el pleno de que la empresa que redacta el Plan Especial de Protección de Sant Josep y Sant Jordi (las medidas urbanísticas para garantizar la preservación de las dos iglesias) está «desaparecida» y no ha acabado el trabajo. Se ha hecho el 80%. El Consistorio ya le ha notificado que va a resolver el contrato. Ahora, el Consistorio tendrá que contratar a otra empresa para que culmine el trabajo.

Asimismo, el portavoz del PP, Javier Marí, denunció que la valla que se está levantando en las propiedades afectadas por la ampliación de la calle Camèlies, la que une Sant Jordi con Can Bellotera, para instalar una acera «incumplen el Plan Territorial Insular» (por su altura). El concejal de Obras, Pere Ribas, lo negó y defendió que se restituye el muro que había «desde hace 25 años».

El 90 % de derribos por obras ilegales en rústico en Mallorca se ejecutan dentro del plazo voluntario

(Última hora, 28/11/2019)

A. Pol. De las 97 demoliciones que ordenó en 2018 la Agència de Defensa del Territori (ADT), 88 –un 90 por ciento– fueron ejecutadas por el infractor dentro del plazo voluntario para llevar a cabo el derribo o incluso antes de que la Agència llegara a dictar la orden.

Uno de los motivos que explica que los infractores sean tan diligentes en proceder al derribo es que ello les permite acogerse a «reducciones muy importantes» de la sanción, en palabras del director de la ADT, Tomeu Tugores. Tugores recordó que la normativa prevé un descuento del 90 por ciento del importe de la multa si la demolición se realiza antes de que se dicte la orden y de un 80 por ciento si se hace dentro del plazo voluntario.

El otro 10 por ciento de demoliciones –9 de las 97 de 2018– fueron ejecutadas también por los infractores, pero ya fuera del plazo voluntario. Cuando se ha superado este plazo, la ley establece que la ADT impondrá sanciones periódicas a los infractores y, en caso de que sigan sin restaurar la legalidad, la Agència ejecuta por subsidiariamente el derribo. En 2018, la ADT no tuvo que realizar ninguno.

El director de la ADT se congratuló de que la gran mayoría de infractores ejecuten el derribo antes o dentro del plazo voluntario. «El objetivo de la ADT no es recaudatorio ni sancionador sino preventivo. La intención es que se restituya el paisaje y el territorio a su estado anterior», manifestó Tugores.

La Agència presentó este miércoles la memoria de 2018. El año pasado, la ADT realizó 328 inspecciones, de las cuales 110 fueron de oficio y 218 vinieron motivadas por una denuncia. Tugores destacó el incremento de las denuncias recibidas –en 2017 solo fueron 110–, algo que atribuyó a una «mayor coordinación» con la Guardia Civil y los ayuntamientos.

La memoria anual refleja también que en 2018 se dictaron 91 órdenes de demolición (en 2017 solo fueron 72) y que se impusieron 217 sanciones por valor de 5,25 millones de euros (el año anterior fueron 110 multas por valor de 4,94 millones). Estos datos prueban «la consolidación» de la ADT y su «intencionalidad preventiva», según la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcias.

La memoria incluye también un mapa de las demoliciones ejecutadas en 2017 y 2018 por municipios. Tugores señaló que aquellos pueblos en qué más se han ejecutado son los que forman parte de la Agència desde que se creó, como por ejemplo Marratxí, Montuïri o Algaida.

La plantilla de la ADT

La ADT tiene previsto contratar a 12 nuevos trabajadores en 2018 [Nota de Disúrbia: retroactivament?], de manera que la plantilla alcanzará los 47 trabajadores. Actualmente, 28 municipios tienen delegada la disciplina urbanística en rústico a la Agència. La consellera Maria Antònia Garcías destacó, por otro lado, que el Consell mejorará el año que viene la aportación económica a la ADT con 450.000 euros más que en 2019 , para que gane «liquidez» y que se trabajará para mejorar su documentación cartográfica.

Palma: Cort prevé ingresar 2,7 millones más en 2020 por infracciones urbanísticas

(Diario de Mallorca, 21711/2019)

Modelo de Ciudad reforzará con más personal los departamentos de disciplina y concesión de licencias de obras y actividades

Josep Capó. El Ayuntamiento de Pama prevé ingresar el próximo año "un mínimo" de 2,7 millones más en concepto de infracciones urbanísticas y concesión de licencias de obras y de actividades, tras la decisión de la concejalía de Modelo de Ciudad de destinar una partida de 500.000 euros del presupuesto municipal de 2020 para reforzar con personal cualificado los departamentos de disciplina y concesión de licencias.

Con esta medida, tal como ha explicado esta mañana en su comparecencia en comisión la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, se pretente agilizar la tramitación de las licencias de obra y actividades y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística por parte de todos los ciudadanos y empresas.

Uno de los problemas de Modelo de Ciudad que se vienen arrastrando desde hace años es que su plantilla no ha variado en la última década, mientras que la actividad de los departamentos de concesión de licencias y disciplina "se ha multiplicado un 250%", según ha explicado el gerente de Urbanismo, Joan Riera. En relación al incremento de personal que permitirán estos 500.000 euros, la teniente de alcalde ha manifestado que se trata de una cuestión variable, que puede ser de 15 personas más, en función de la categoría de las personas que se contraten, ya que la mayoría de ellas deben ser arquitectos, ingenieros o Técnicos de Administración Especial.

El plazo para la concesión de licencias es muy variable en función del tipo de obras que se tenga que realizar, si afecta o no a un edificio catalogado y de si se presenta toda la documentación en regla por parte del solicitante y ésta debe ser subsanada o pendiente de informe por parte de otras administraciones y organismos. Según el gerente, Joan Riera, en la mayoría de solicitudes que entran con toda la documentación el permiso se da en tres meses, tal como obliga la normativa vigente. En caso contrario los plazos pueden ser muy variables y oscilan entre los cinco, ocho y hasta trece meses.

Truyol ha explicado que su departamento el próximo año continuará con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, con el fin de cumplir con el compromiso de tenerlo aprobado inicialmente en este mandato.

En materia de transformación Urbana se prevé el inicio de las obras del Casal de Barri de Génova y la redacción del proyecto del Velódromo con los 80.000 euros procedentes de la ecotasa para continuar con el bosque urbano del Canódromo, entre otras actuaciones.

También ha anunciado para el próximo año el inicio de las obras del centro deportivo y del aparcamiento en s'Aigo Dolça, un proyecto cuya financiación correrá a cargo en un 50% de los fondos europeos del EDUSI del litoral de Ponent. En el presupuesto del próximo año se destina una partida de 500.000 euros para este proyecto y el resto, hasta aproximadamente 1,5 proceden de fondos de capitalidad. Truyol explicó que el proyecto estará listo la próxima semana.

En materia de Vivienda se va a matener la subvención de 200.000 euros para la rehabilitaión de edificios en barrios vulnerables (las viviendas sociales del Camp Redó, Son Gotleu y Verge de Lluc) a la que se sumarán otros 200.000 euros procedentes del los fondos de capitalidad acordados por el Consell.

Desde Urbanismo se continuará con la redacción de los planes especiales de Son Busquets y de la antigua cárcel (la ejecución del proyecto c en estas instalaciones depende de Cultura).

Las ayudas al alquiler para 2020 han desaparecido de los presupuestos municipales, puesto que, de acuerdo con el Govern, estas se centralizan en el Ejecutivo autonómico, que destinará 8 millones. En cambio la oficina antidesahucios continuará siendo sufragada por Cort al considerar que se trata de una intervención inmediata.

2019-11-21 | Etiquetes: , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç





		

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