(Diario de Mallorca, 30/03/2014)

Buscarán asesoramiento para reclamar indemnizaciones

Bartomeu Noguera. Con sorpresa e incredulidad recibieron ayer los vecinos del edificio de la calle Pere Rosselló la noticia de que el juez ordena la demolición inmediata de su bloque de viviendas. Muchos sabían de los problemas que habían existido en el proceso de construcción, pero la opinión generalizada era que hace un par de años todo había quedado solucionado. La reacción de algunos propietarios al enterarse del auto judicial ha sido contactar con el Ayuntamiento para solicitar una reunión en la que el alcalde explique la situación actual y qué consecuencias puede tener para ellos si el juez insiste en ejecutar la sentencia.

Los vecinos lamentan que se hayan tenido que enterar de la noticia a través de la prensa y que nadie les haya puesto al día de cada una de las denuncias y sentencias que afectaban a sus casas. Algunos aseguran que la actual incertidumbre les afecta "porque si el Ayuntamiento presenta un recurso y esto se alarga, ¿cómo lo hacemos si queremos vender el piso si cada día que pasa está perdiendo valor?". Otro vecino del inmueble afirma que tendrán que asesorarse para reclamar indemnizaciones, aunque añade que "por suerte, sabemos quién es el promotor y es una persona seria y solvente que seguro que no nos dejará tirados. Suponemos que él reclamará también contra los que le dieron la licencia".

Uno de los temas de debate entre los vecinos es cómo se podrán demoler solamente los 11,70 metros cuadrados que ocupan la calle, puesto que corresponden a una franja estrecha –unos 35 centímetros en la parte más ancha– que comienza en la esquina con la calle de Son Amengual y prosigue a lo largo de toda la fachada de Pere Rosselló. El temor que tienen muchos de ellos es que este derribo sea técnicamente imposible y se acabe por tirar abajo todo el edificio, que está compuesto por 14 pisos y un sótano para 35 aparcamientos.

El denunciante insiste

El exempresario que inició el contencioso en 2005, Antonio Parrilla, afirmó ayer que le parece "vergonzoso que por culpa del alcalde todo el pueblo esté gastando miles de euros en abogados y costas de juicios perdidos, y todo esto para beneficiar solo a una persona: a un promotor".

El denunciante calcula que las arcas públicas ya han gastado más de 70.000 euros en este tema "pero quieren seguir recurriendo para retrasarlo todo". Parrilla asegura que a él ya no le interesa ningún proyecto urbanístico: "Yo ya no quiero nada para mí, ahora quien me preocupa son los propietarios de los pisos, porque se les ha estafado su dinero". Dice que irá hasta el final para que paguen los culpables, y recuerda que el alcalde, Joan Simonet, "está imputado por falsificación de documento público, por lo que no entiendo como sigue allí y no ha dimitido o lo han echado".