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Alaró: los jueces ordenan la demolición inmediata de un edificio con 14 pisos

(Diario de Mallorca, 29/03/2014)

El auto advierte de que fijará multas personales a los ediles si no se cumple la orden en dos meses

Bartomeu Noguera. El juzgado de la contencioso administrativo 2 de Palma ha dictado un auto en el que exige al Ayuntamiento de Alaró que cumpla de forma inmediata una sentencia de 2010, y ejecute la demolición de parte de un edificio que invade el vial público en las calles Pere Rosselló i Oliver y Son Amengual. El requerimiento del juez advierte de que si en el plazo "improrrogable" de dos meses no se ha ejecutado su orden se fijarán multas a las autoridades o funcionarios responsables­.

El alcalde, Joan Simonet (PP), asegura que el cumplimiento de la sentencia presenta dificultades técnicas, puesto que los 11,70 metros cuadrados que deben demolerse corresponden a la fachada del edificio, y añade que el consistorio ha subsanado ese error mediante una modificación del planeamiento urbanístico por la cual se legalizará la actual alineación del edificio. De momento, el Ayuntamiento ha optado por presentar un recurso de apelación contra este auto.

A pesar del intento municipal por solucionar el conflicto mediante un cambio de las normas urbanísticas, el propio redactado del juez ya descarta esta posibilidad al citar una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 según la cual se establece que "tratándose de obras realizadas al amparo de una licencia que contraviene normas urbanísticas, la anulación de ésta comporta la obligación de demolición". Según el auto dictado ahora por el juez Santiago Alejandro García Navarro, la citada sentencia determina "de forma rotunda" que se debe proceder a la demolición aunque no se hubiera solicitado por la acusación ni se hubiera citado en el fallo de resolución. Finalmente, el texto incluye una dura crítica a las actuaciones municipales de las que dice que "no hacen sino enmascarar o burlar la obligación de restaurar el ordenamiento jurídico infringido y, por ende, la legalidad urbanística".

El portavoz del PSM en el Ayuntamiento, Mateu Marcús, criticó durante el pleno del pasado jueves que el equipo de gobierno del PP todavía no haya reaccionado tras haber recibido el auto de demolición. Para el edil nacionalista, "lo normal sería que hubieran convocado una reunión con los vecinos afectados". Marcús lamenta que la estrategia del PP sea la de dejar pasar el tiempo "y esta forma de actuar ya nos ha salido muy cara en el solar de la calle Blanca de Son Penyaflor. Ahora, vuelve a pasar lo mismo, cuando aparece un problema lo guardan en un cajón, y las consecuencias las paga siempre el pueblo", añade el concejal.

Sentencia de 2010

El auto confirma la sentencia dictada en abril de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Balears por la que se declaró nulo el acuerdo de pleno de 2006 que desafectó los terrenos ocupados por el edificio y aprobó su venta al promotor por 19.305 euros.

Aquella sentencia recoge que los viales son bienes públicos y su desafectación –acto por el que se desprovee de ese carácter público- debería haberse hecho con una modificación previa del planeamiento. Añadiendo que "no es posible que a través de la desafectación se pueda cambiar el destino de ese suelo, ya que ello supondría una modificación inaceptable del planeamiento".

Diez años de pleitos en el viejo cine Fantasio

Todos los problemas del edificio comenzaron el año 2002, cuando se derribaron las paredes del viejo cine Fantasio y se levantó sobre el patio de butacas un nuevo bloque de 12 viviendas, dos estudios y 35 plazas de aparcamiento. En ese mismo momento los responsables urbanísticos detectaron la desviación del edificio, pero lo intentaron solucionar de forma que el promotor no se viera perjudicado. En julio de 2002, el actual alcalde, Joan Simonet, ­–que entonces era edil de urbanismo–, un técnico municipal y la dirección de las obras firmaron un documento privado en el que se reconoce la invasión de hasta 35 centímetros en la calle, pero a continuación acuerdan que a partir de ese momento esa será la alineación correcta de la vía pública. En base a ese documento –que apareció en el expediente en 2005 tras la primera denuncia– se autorizó a proseguir la construcción del edificio.

Tres años después, en 2005, el empresario Antonio Parrilla, que había visto paralizado un proyecto de promoción en el Camp Roig, presentó la primera denuncia contra el edificio del viejo cine Fantasio.

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