(Diario de Ibiza, 3/11/2010)

Dice que resulta difícil predecir si se van a derribar pese a que haya una sentencia

IBIZA | E. R. La Fiscalía de Ibiza ha resuelto archivar de forma provisional la investigación abierta por el caso de las viviendas ilegales del edificio Residencial Punta Pinet que invaden el retranqueo de una finca colindante y sobre las que desde hace años pesa una sentencia judicial de demolición. El fiscal incoó diligencias al apreciar indicios de la comisión de un posible delito de estafa por parte de la constructora sobre los propietarios de los pisos afectados.

Cabe tener en cuenta que la constructora (Anglobalear S.L.) conocía la existencia del procedimiento judicial sobre la posible invasión de parte del edificio sobre el terreno de un vecino y que no informó de ello a los compradores de los pisos, al menos a los que denunciaron los hechos ante la Fiscalía. De hecho, la constructora se comprometió ante el Ayuntamiento de Sant Josep a ejecutar de forma «voluntaria» el fallo judicial. La Junta de Gobierno concedió el certificado de final de obra en mayo de 2002.

Sin embargo, el fiscal recuerda que de momento ni se ha derribado ninguno de los pisos afectados ni se ha acordado su demolición por acto administrativo alguno. En todo caso, el actual alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, fue emplazado mediante un auto en noviembre de 2009 a que en un plazo de cuatro meses procediera a «la tramitación, resolución y notificación a los interesados y perjudicados de los actos necesarios para el cumplimiento de la sentencia». El Consistorio lo recurrió y a día de hoy, según el fiscal, aún no se conoce el fallo del mismo.

Restitución de la legalidad

El Ministerio Público sostiene que el Consistorio ha iniciado el expediente de revisión de oficio de la certificación emitida por el Ayuntamiento en diciembre de 1994 que avalaba «indebidamente» la segregación de la parcela, lo que supone el origen de la ilegalidad cometida (el Consistorio también mantuvo una licencia de obras que de forma sobrevenida se convirtió en ilegal), con la idea de resolver el problema y legalizar las viviendas. Por todo ello, el fiscal sostiene que en el momento actual «resulta difícil predecir o pronosticar» si las viviendas se van a demoler, por lo que de momento no concurre el delito de estafa, aunque entiende que el afectado puede resolver la venta por entender que el objeto comprado «no es de posesión pacífica», pero por la jurisdicción de orden civil.

En cuanto al posible delito de prevaricación (por incumplimiento de la ejecución de la sentencia), el fiscal apunta que, aparte de que puede deberse tanto a la inactividad del órgano judicial como por el hecho de que ninguna de las partes informara de los actos emprendidos para restablecer la legalidad sin demoler nada, cabe tener en cuenta que existen «intereses particulares ajenos al conflicto» y que por ello el Consistorio trate de salvar y conciliar los derechos de todos, aunque conlleve «el sacrificio del interés público». Todo esto no supone de no haya responsabilidades de tipo civil o disciplinaria, según el fiscal.