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El Govern endurecerá la ley para tratar de combatir las ilegalidades urbanísticas |
(Última Hora, 10/10/2004)
La nueva ley del suelo obligará a que las sanciones por obras ilegales consten en el Registro de la Propiedad de la vivienda
NEKANE DOMBLÁS
El Govern balear ha decidido endurecer la normativa urbanística para evitar que los ciudadanos realicen obras ilegales. Lo hará a través de la ley del suelo, en cuyo texto trabaja desde hace meses del Direcció General d'Ordenació del Territori de la Conselleria d'Obres Públiques, que dirige Mabel Cabrer. Esta nueva ley, cuyo anteproyecto se presentará con toda seguridad antes de que finalice el año, incluye al menos dos disposiciones que tratarán de evitar que los ciudadanos incumplan la legislación urbanística en la realización de obras.
La primera de esta medidas permitirá a los consells insulars actuar con mayor celeridad cuando se detecte una infracción urbanística. El director general d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, explicó que la intención del Ejecutivo es eliminar las actuales subrogaciones de los consells en materia de disciplina urbanística y, a cambio, se les dotará de la capacidad de intervenir en esta materia «de forma conjunta con los ayuntamientos y siempre en segunda instancia». De esta forma, se respetan las competencias exclusivas que tienen los municipios en esta materia.
Registro de la Propiedad
La otra medida que incluirá la futura ley del suelo balear es la obligación de incluir en el Registro de la Propiedad la instrucción de expedientes urbanísticos que pueda tener la vivienda, ya sean de paralización de obras o expedientes sancionadores y de demolición. Massot explicó que la legislación actual ya posibilita realizar estas inscripciones en el registro, pero la ley de suelo intentará que sean obligatorias y no discrecionales, como ahora.
El director general d'Ordenació del Territori se mostró convencido de que estas inscripciones en el Registro de la Propiedad tendrán un efecto disuasorio para aquellos ciudadanos que tengan la intención de realizar obras sin contar con las correspondientes licencias. Massot añadió que esta medida permitirá, de forma simultánea, dotar de mayor seguridad a lo que llamó «tráfico inmobiliario».
El responsable de Ordenació del Territori del Govern añadió que la medida dará «más confianza al posible comprador», que tendrá toda la información sobre la vivienda que vaya a adquirir ya que quedará constancia expresa de las infracciones en el Registro de la Propiedad. De esta forma, quien quiera comprar una vivienda, además de conocer las posibles cargas hipotecarias que pesen sobre ella, también tendrá los datos actualizados y podrá saber si el inmueble se encuentra en situación de infracción o de ilegalidad urbanística.
Cercanía municipal
Estas medidas se toman a la vista de que los ayuntamientos se ven incapaces, en muchas ocasiones, de resolver los expedientes sancionadores que pesen sobre los habitantes del municipio. Muchos expedientes sancionadores no se tramitan o, cuando se hace, todas las obras ilegales terminan pasando por un proceso posterior de legalización de todo el proyecto.
Para evitar el problema que provoca la 'cercanía' entre las autoridades urbanísticas y los ciudadanos que cometen ilegalidades, Govern y Consell pactaron en un principio la creación de la figura del defensor del territorio, pero no quedará recogido en el texto que prepara el Govern. Ya se da por hecho que esta nueva figura no llegará a crearse en la presente legislatura, por lo que la ley de suelo servirá para incidir en un tema que en un principio debía ser competencia exclusiva del defensor del territorio.
A pesar de que el director de Ordenació del Territori no quiso dar más detalles del contenido de la ley que prepara el Ejecutivo, si bien sí informó de que el Govern está buscando fórmulas jurídicas para obligar a los promotores a que agoten todas las posibilidades edificatorias de los solares. Es decir, que si un solar tiene una posibilidad de edificar cinco alturas, no se construyan sólo dos plantas. Esta medida permitirá consumir mucho menos territorio y aprovechar al máximo el poco suelo disponible que pondrá en el mercado el Plan Territorial.
La nueva ley del suelo obligará a que las sanciones por obras ilegales consten en el Registro de la Propiedad de la vivienda
NEKANE DOMBLÁS
El Govern balear ha decidido endurecer la normativa urbanística para evitar que los ciudadanos realicen obras ilegales. Lo hará a través de la ley del suelo, en cuyo texto trabaja desde hace meses del Direcció General d'Ordenació del Territori de la Conselleria d'Obres Públiques, que dirige Mabel Cabrer. Esta nueva ley, cuyo anteproyecto se presentará con toda seguridad antes de que finalice el año, incluye al menos dos disposiciones que tratarán de evitar que los ciudadanos incumplan la legislación urbanística en la realización de obras.
La primera de esta medidas permitirá a los consells insulars actuar con mayor celeridad cuando se detecte una infracción urbanística. El director general d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, explicó que la intención del Ejecutivo es eliminar las actuales subrogaciones de los consells en materia de disciplina urbanística y, a cambio, se les dotará de la capacidad de intervenir en esta materia «de forma conjunta con los ayuntamientos y siempre en segunda instancia». De esta forma, se respetan las competencias exclusivas que tienen los municipios en esta materia.
Registro de la Propiedad
La otra medida que incluirá la futura ley del suelo balear es la obligación de incluir en el Registro de la Propiedad la instrucción de expedientes urbanísticos que pueda tener la vivienda, ya sean de paralización de obras o expedientes sancionadores y de demolición. Massot explicó que la legislación actual ya posibilita realizar estas inscripciones en el registro, pero la ley de suelo intentará que sean obligatorias y no discrecionales, como ahora.
El director general d'Ordenació del Territori se mostró convencido de que estas inscripciones en el Registro de la Propiedad tendrán un efecto disuasorio para aquellos ciudadanos que tengan la intención de realizar obras sin contar con las correspondientes licencias. Massot añadió que esta medida permitirá, de forma simultánea, dotar de mayor seguridad a lo que llamó «tráfico inmobiliario».
El responsable de Ordenació del Territori del Govern añadió que la medida dará «más confianza al posible comprador», que tendrá toda la información sobre la vivienda que vaya a adquirir ya que quedará constancia expresa de las infracciones en el Registro de la Propiedad. De esta forma, quien quiera comprar una vivienda, además de conocer las posibles cargas hipotecarias que pesen sobre ella, también tendrá los datos actualizados y podrá saber si el inmueble se encuentra en situación de infracción o de ilegalidad urbanística.
Cercanía municipal
Estas medidas se toman a la vista de que los ayuntamientos se ven incapaces, en muchas ocasiones, de resolver los expedientes sancionadores que pesen sobre los habitantes del municipio. Muchos expedientes sancionadores no se tramitan o, cuando se hace, todas las obras ilegales terminan pasando por un proceso posterior de legalización de todo el proyecto.
Para evitar el problema que provoca la 'cercanía' entre las autoridades urbanísticas y los ciudadanos que cometen ilegalidades, Govern y Consell pactaron en un principio la creación de la figura del defensor del territorio, pero no quedará recogido en el texto que prepara el Govern. Ya se da por hecho que esta nueva figura no llegará a crearse en la presente legislatura, por lo que la ley de suelo servirá para incidir en un tema que en un principio debía ser competencia exclusiva del defensor del territorio.
A pesar de que el director de Ordenació del Territori no quiso dar más detalles del contenido de la ley que prepara el Ejecutivo, si bien sí informó de que el Govern está buscando fórmulas jurídicas para obligar a los promotores a que agoten todas las posibilidades edificatorias de los solares. Es decir, que si un solar tiene una posibilidad de edificar cinco alturas, no se construyan sólo dos plantas. Esta medida permitirá consumir mucho menos territorio y aprovechar al máximo el poco suelo disponible que pondrá en el mercado el Plan Territorial.