(Diario de Mallorca, 13/07/2014)

(Editorial). El pleno del Consell aprobó el jueves, con los votos mayoritarios del PP, conceder un plazo de tres años a las edificaciones rurales fuera de normativa, ya prescritas, para que puedan tramitar su legalización. En contra de algunas previsiones en sentido contrario, tal función se deja en manos de los ayuntamientos.

La medida adoptada es la puesta en práctica en Mallorca de uno de los apartados más controvertidos de la Ley del Suelo del Govern Bauzá y en sentido más práctico constituye, directamente, una amnistía urbanística en toda regla. Pura y dura, sin paliativos. De hecho, el conseller insular de urbanismo, Mauricio Rovira, lo ha reconocido en tales términos intentando amortiguarla con el beneficio recaudador que supondrá para los ayuntamientos y la solución para las incuantificables construcciones fuera de ley que "nunca podrán ser sancionadas o demolidas".

No nos engañemos, la disposición impulsada por el Govern y ejecutada por el Consell conlleva, de entrada, un mensaje tan claro como corrosivo para los propietarios de territorio rural: haz lo que quieras y como te apetezca porque, total, un día u otro acabará siendo legalizado. Es también la consolidación de la política de favores tan arraigada y todavía estimulada y buscada en esta isla. El rigor y la seriedad, el principio de igualdad, se vuelve escombro en beneficio de la chapuza y el aprovechamiento privado, primero tolerado y después bendecido por las instituciones.

Por desgracia, nada de lo hecho por el Consell el jueves puede sorprender. Estaba cantado desde el momento en que el Parlament aceptó la ley del Suelo del Govern y el PP aplica, sin aportaciones de la oposición, sus mayorías absolutas. Es más, la adulteración del suelo, la invasión o la reconversión constructora, incluso en tiempos de crisis, proseguirá si no se produce un vuelco y cambian las intenciones de la Ley Agraria.

El borrador que se conoce de ella viene a decir que todo será adaptable en una fora vila de usos diversificados y sujeta a la contradicción de ver cómo la explotación agraria y ganadera, no sólo deja de ser potenciada, sino que entra en fase de marginación. Tal sobrecarga encima del suelo rural es especialmente grave en cualquier circunstancia, pero llega a adquirir condiciones alarmantes en una isla como Mallorca, por su propia naturaleza y aún más porque ha hecho de las dimensiones del paisaje y su geografía su propio medio de vida. Ahora, desde el balcón privilegiado de la serra de Tramuntana, patrimonio de la Humanidad, se podrá ver la anarquía legalizada sobre el Pla, el Migjorn y el Llevant de Mallorca. Es difícil hallar contradicciones superiores. La corrupción tiene distintos camuflajes sobre intensidades diferentes.

El Consell pretende transmitir la impresión de que está haciendo un favor a los ayuntamientos y que son ellos mismos quienes han reivindicado estas medidas de gracia para las construcciones rurales fuera de ley. La recaudación de hoy puede ser penuria para mañana, porque no se ha alcanzado a ver, o no se ha querido observar, que el patrimonio colectivo y los bienes naturales constituyen un bien muy superior al tributo momentáneo.

El mensaje perverso y el agravio comparativo para quienes sí han sido respetuosos y han actuado con respeto a la ley queda instalado. El Consell acaba de subir al pódium a los infractores. A partir de él, el efecto llamada puede ser incontenible. Confirmamos la impresión de que no se están haciendo leyes para regular y mejorar las cosas, sino que se está dotando de revestimiento legal lo que ya está hecho de cualquier manera. Exactamente a la inversa de lo razonable.