Multan al alcalde de Campos con 1.500¤ por demorar el derribo de Ses Covetes |
(El Mundo, 27/02/2013)
Enrique Fueris. Ni la más mínima concesión. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ya advirtió en noviembre de que iba en serio y que no toleraría demora alguna en los plazos fijados para el derribo de los apartamentos de Ses Covetes. Lo volvió a advertir el mes pasado al constatar "el deficitario estado" que presentaba el proceso de ejecución de las obras -sin ninguna empresa contratada todavía para llevar a cabo la faena- y alertó al alcalde de Campos que la próxima providencia aludiría directamente a su bolsillo. Dicho y hecho. El TSJB dictó ayer un auto que impone a Sebastià Sagreras (PP) 1.500 euros de multa por incumplir los plazos de ejecución.
El órgano que preside Gabriel Fiol impone una multa coercitiva de 500 euros al entender que el Consistorio campaner incumplió el plazo del 15 de enero, fecha límite para la presentación del proyecto; pese que el proyecto de demolición fue presentado, el Ayuntamiento alegó que estaba a la espera de modificarlo para conseguir un abaratamiento del coste, lo cual, para el TSJB, implica que el proyecto presentado es por tanto papel mojado. La Sala impone otra multa de 1.000 euros al haber transcurrido asimismo 20 días hábiles desde el 15 de enero sin que el Consistorio subsanara el entuerto.
Sagreras dispone ahora de diez días para pagar las dos multas. En cualquier caso, el Tribunal ya advierte de que podrá imponer una nueva multa al alcalde "si persiste el incumplimiento".
En la línea de sus últimos pronunciamientos en torno al caso de Ses Covetes, el tono del último auto del TSJB es de lo más contundente y crítico con el Ayuntamiento. Especialmente en referencia a los recursos presentados: "Los pretextos, excusas y disculpas para evitar la ejecución de las sentencias en materia urbanística son tantos como se puedan imaginar y todas esas excusas se enderezan al único propósito de perpetuar el hecho consumado, para el caso la urbanización ilegal de Ses Covetes".
A juicio de la Sala, todos los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Consistorio no son sino "incumplimientos disimulados" de la sentencia. De esta manera, los magistrados resuelven que de "si no obliga por todos los medios jurídicos a su alcance al Ayuntamiento de Campos a la demolición y restitución, la Sala no habrá hecho justicia".
Por otro lado, señala que el primer edil no puede eludir su responsabilidad aludiendo al hecho de que sus antecesores en la alcaldía "hubieran conseguido eludirla". Es más, el auto es especialmente crítico con el primer edil al subrayar que "el comportamiento del señor Sagreras se resume en no hacer nada y callárselo".
Sagreras lleva implorando ayuda supramunicipal para financiar las obras desde que se confirmó la orden de demolición el 15 de noviembre. El alcalde afirma que ha ido puerta por puerta recorriendo los despachos de Govern, Consell de Mallorca y Demarcación de Costas para tratar de lograr su implicación monetaria en una actuación que el Ayuntamiento por sí solo no puede sufragar. Los técnicos de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda tasaron en 926.000 euros el coste del derribo, aunque el Consistorio esperaba rebajarlo a cerca de la mitad con la ayuda de las otras administraciones.
Sin embargo, pese a que el alcalde se mostraba confiado desde el primer día, la confirmación de la ayuda no ha llegado y los jueces, con una celeridad que Sagreras ya querría para las instituciones de las que espera respuesta, no han titubeado un solo segundo a la hora de cumplir su amenaza. Las ayudas no llegan. La multa ya está aquí.