(Diario de Ibiza, 21/05/2012)

Los ecologistas expresan su oposición a los intentos del DC-10 de legalizar infracciones con las que pretende alcanzar un aforo de 1.800 personas

EFE/REDACCIÓN | PALMA/IBIZA. ­La asociación ecologista GEN pidió ayer «responsabilidad» a los políticos para impedir la regularización de locales de ocio costeros o anexos a espacios naturales que han sido ampliados ilegalmente, como el DC-10, situado junto al parque natural de ses Salines, o el Blue Marlin, en Platja des Jondal.

En un comunicado, el GEN expresó su oposición «al intento del establecimiento DC-10 de legalizar infracciones urbanísticas que ha ido llevando a cabo durante los últimos años para poder alcanzar un aforo de 1.800 personas».

La organización recordó que el local está junto al Parque Natural de ses Salines y dentro de su zona de influencia, donde se prohíben «industrias u obras que supongan una amenaza para los bienes protegidos por la figura de Parque Natural». «Es obvio que una macrodiscoteca destinada al ocio nocturno para casi 2.000 personas, con todo el volumen de tránsito de vehículos y ruido consiguiente, constituye una de estas actividades descartadas por la normativa», resalta el grupo ecologista.

Para el GEN, legalizar y permitir esta macrodiscoteca representaría «una agresión» al Parque Natural. Además, recordó que hace ya cerca de veinte años se obligó a cancelar y cambiar de sitio la fiesta rociera que se hacía a unos diez metros del DC-10, «precisamente por los perjuicios que ocasionaba a la avifauna de ses Salines». Esto a pesar de que era una celebración «muy limitada en el tiempo» y de que la asistencia de gente era menor. «Con más razón se debe prohibir una celebración continuada durante diversos meses del año con mucha más afluencia de gente y una gran aglomeración de vehículos», apostilló.

En la misma línea, los ecologistas tacharon de «insulto a la inteligencia» los intentos del Ayuntamiento de Sant Josep de legalizar «otra infracción intolerable como es el Blue Marlin» de Platja des Jondal, «convertido en otra discoteca encubierta gracias a la pasividad de las instituciones y a su abierta complicidad». «En lugar de castigar al infractor por haber hecho ampliaciones ilegales, lo premian promoviendo su legalización», indicó el GEN, que consideró que esto es «una burla al Estado de Derecho y a la propia democracia».

«El GEN-GOB quiere pedir a las instituciones que se abstengan de caer en la trampa de la masiva legalización de establecimientos construidos al margen de la ley», ya que ello supone premiar a los infractores urbanísticos y demostraría «la total ausencia de autoridades que hay en Ibiza, donde directamente mandan los empresarios sin escrúpulos», expusieron los ecologistas.