(Menorca, 11/12/2009)

Maria Solá. Maó. La junta de gobierno del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico acordó ayer cuatro nuevas órdenes de demolición de actuaciones ilegales, según señaló el conseller de Ordenación del Territorio del Consell, Juan Marqués. En concreto se trata de un edificio de nueva planta, dos de reforma y sustitución de la cubierta y uno por actividad de vertido de ruina y depósito de material.

El conseller destacó el descenso de apertura de expedientes sancionadores en los últimos meses (tan sólo se han abierto 84 desde diciembre de 2007), aunque apuntó que el Consorcio continúa centrando esfuerzos en las labores preventivas de vigilancia y control que permitan detectar las ilegalidades en su fase inicial.

Por otro lado, durante el encuentro celebrado ayer se informó de la demolición voluntaria de dos construcciones ilegales frente a las que el Consorcio ya había decidido actuar. En este sentido, Marqués, apuntó que, por primera vez, el Consorcio ha obtenido dos autorizaciones judiciales para poder dar cumplimiento a la ejecución subsidiaria. “En los dos casos se ha dado el hecho de que los implicados han optado por efectuar la restitución de manera voluntaria, evitando de este modo que se ahorran las molestias de que una empresa externa lleve a cabo el derribo”, explicó el conseller. Asimismo, el conseller de Ordenación del Territorio señaló que de los cinco proyectos de ejecución subsidiaria iniciados hasta el momento por el Consorcio frente a la inactividad de la propiedad, tan sólo quedan tres por resolver.

La junta de gobierno aprobó también los presupuestos del órgano de gestión para el próximo año, que prevén un gasto de 579.000 euros, una cifra superior a la de 2009, en que se destinaron 431.000 euros. Marqués destacó que el presupuesto incluye un incremento del gasto de personal a causa de la incorporación de un asesor jurídico y un auxiliar administrativo. No obstante, el conseller recaló que estas plazas no se convocarán hasta que no se detecte una cantidad de trabajo que lo haga imprescindible.

Finalmente, Marqués dio a conocer la sentencia favorable al Consorcio a un contencioso administrativo que ponía en cuestión la competencia del órgano para abrir expedientes de ilegalidad en edificios en suelo rústico.

Ciutadella

La alcaldesa del Ayuntamiento de Ciutadella, Pilar Carbonero, presentó ayer las cifras de la actividad del Consorcio en el municipio, que entró a formar parte del órgano de gestión el pasado mes de febrero.

Desde entonces se han abierto 13 expedientes de legalización en el municipio, once de los cuales corresponden a obras en curso y otros dos a trabajos ya finalizados.

Abierto un expediente a Impresa por las dos naves de Ciutadella

El Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico ha abierto un expediente sancionador a la empresa de materiales de construcción Impresa, tras considerar ilegal la construcción de dos naves modulares ubicadas en un solar propiedad de la empresa situado en la entrada de Ciutadella.

No obstante, Marqués señaló que el expediente todavía se encuentra en fase de tramitación y que aún no ha sido tratado por la Junta de gobierno. “Nos encontramos en la fase de alegación y presentación de pruebas por parte de los titulares de las naves”, apuntó el conseller.

Asimismo, Marqués aseguró que “la sanción que podría imponerse a los propietarios está en función del valor de la obra ejecutada, teniendo en cuenta los parámetros del momento en que fueron construidas las naves, aunque me consta que todavía no está calculado”.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Ciutadella ya ordenó en mayo de 2002 la demolición de las dos naves, tras decretar la orden de paralización de los trabajos al entender que la actuación urbanística promovida por Impresa resultaba ilegal. En un primer momento, la empresa manifestó su disposición a presentar un proyecto de legalización, pero, transcurrido el plazo legal, Impresa no registró ninguna propuesta encaminada a la regularización de las obras.

En este sentido, Pilar Carbonero recalcó que el Ayuntamiento se encuentra actualmente revisando el expediente que, según señaló la alcaldesa, “quedó en su momento en situación de congelamiento” [Nota de Disúrbia: eh? Si no s'ha presentat la legalització en els dos mesos, s'ha de dictar ipso facto la proposta de demolició de les obres, no s'ha de "revisar" res més.]