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El Consell de Mallorca ofrece 160.000 euros para demoler ocho obras ilegales |
(Diario de Mallorca, 21/05/2007)
Por primer vez sale a concurso el derribo "en bloque" de varias construcciones levantadas de forma irregular en la isla
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca está dispuesto a pagar 160.000 euros a la empresa que acepte demoler ocho obras ilegales ejecutadas en Santanyí, Son Servera, Calvià, Sóller, Llucmajor, Pollença, Colònia de Sant Pere y Son Serra de Marina. El Boletín Oficial de Balears del pasado día 17 publicó la convocatoria del concurso, que supone la primera iniciativa destinada a combatir el urbanismo ilegal "en bloque", según destacó el responsable de Territorio en la institución insular, Bartomeu Vicens. Y ya se está preparando el segundo grupo.
Esta iniciativa pretende dejar en manos de una empresa constructora el derribo de aquellas obras ilegales cuyo propietario se niega a ejecutar. La actuación del Consell conllevará pagar a un tercero para que lleve a cabo este trabajo de forma subsidiaria, para posteriormente pasar la factura a los autores de la infracción urbanística.
El concurso supone que las empresas interesadas deberán ejecutar los proyectos de demolición y posteriormente realizar este trabajo. La oferta económica inicial es de 160.000 euros.
Dos años de tramitación
Esta iniciativa ha precisado de más de dos años de tramitación, al no existir precedentes, lo que ha obligado a elaborar los correspondientes informes jurídicos. La demolición se llevará a cabo de forma subsidiaria por parte del Consell debido a la negativa del propietario a ejecutarla personalmente y ante la pasividad de los respectivos ayuntamientos a la hora de hacer cumplir la legalidad en materia urbanística, según se puso de relieve.
Las empresas que deseen realizar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta mediados del próximo mes, mientras que la fecha de adjudicación aún no ha sido determinada.
Las obras a demoler incluyen una vivienda unifamiliar con una superficie total de unos 400 metros cuadrados, situada en la calle Torrent d´es Mestre de Santanyí, y otra de unos 65 metros cuadrados de planta en la finca sa Rota d´es Xorc en Calvià.
También se han incluido una edificación complementaria de unos 300 metros cuadrados del hotel Don Jaime, de Cala Millor; una cubierta de hormigón de unos 230 metros cuadrados en el camino de acceso a la finca Ca´s Gordo, en Sóller; y una caseta de herramientas y un depósito de agua en Llucmajor.
La lista de ocho obras a derribar la completan un porche en una vivienda de la calle Calvari, en Pollença; la ampliación de una vivienda en 44 metros cuadrados en la calle Metxo, de la Colònia de Sant Pere; y un cambio de ubicación de una escalera exterior en la calle México de Son Serra de marina.
Por primer vez sale a concurso el derribo "en bloque" de varias construcciones levantadas de forma irregular en la isla
F. GUIJARRO. PALMA.
El Consell de Mallorca está dispuesto a pagar 160.000 euros a la empresa que acepte demoler ocho obras ilegales ejecutadas en Santanyí, Son Servera, Calvià, Sóller, Llucmajor, Pollença, Colònia de Sant Pere y Son Serra de Marina. El Boletín Oficial de Balears del pasado día 17 publicó la convocatoria del concurso, que supone la primera iniciativa destinada a combatir el urbanismo ilegal "en bloque", según destacó el responsable de Territorio en la institución insular, Bartomeu Vicens. Y ya se está preparando el segundo grupo.
Esta iniciativa pretende dejar en manos de una empresa constructora el derribo de aquellas obras ilegales cuyo propietario se niega a ejecutar. La actuación del Consell conllevará pagar a un tercero para que lleve a cabo este trabajo de forma subsidiaria, para posteriormente pasar la factura a los autores de la infracción urbanística.
El concurso supone que las empresas interesadas deberán ejecutar los proyectos de demolición y posteriormente realizar este trabajo. La oferta económica inicial es de 160.000 euros.
Dos años de tramitación
Esta iniciativa ha precisado de más de dos años de tramitación, al no existir precedentes, lo que ha obligado a elaborar los correspondientes informes jurídicos. La demolición se llevará a cabo de forma subsidiaria por parte del Consell debido a la negativa del propietario a ejecutarla personalmente y ante la pasividad de los respectivos ayuntamientos a la hora de hacer cumplir la legalidad en materia urbanística, según se puso de relieve.
Las empresas que deseen realizar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta mediados del próximo mes, mientras que la fecha de adjudicación aún no ha sido determinada.
Las obras a demoler incluyen una vivienda unifamiliar con una superficie total de unos 400 metros cuadrados, situada en la calle Torrent d´es Mestre de Santanyí, y otra de unos 65 metros cuadrados de planta en la finca sa Rota d´es Xorc en Calvià.
También se han incluido una edificación complementaria de unos 300 metros cuadrados del hotel Don Jaime, de Cala Millor; una cubierta de hormigón de unos 230 metros cuadrados en el camino de acceso a la finca Ca´s Gordo, en Sóller; y una caseta de herramientas y un depósito de agua en Llucmajor.
La lista de ocho obras a derribar la completan un porche en una vivienda de la calle Calvari, en Pollença; la ampliación de una vivienda en 44 metros cuadrados en la calle Metxo, de la Colònia de Sant Pere; y un cambio de ubicación de una escalera exterior en la calle México de Son Serra de marina.
Una lista con unas 40 obras ilegales a derribar
La decisión de encargar a empresas privadas la demolición de obras ilegales fue adoptada por el Consell hace unos dos años. En aquel momento se disponía de un listado con unas 40 actuaciones irregulares que debían ser derribadas, repartidas en 22 municipios de la isla.
Antes de proceder a la ejecución subsidiaria, a los propietarios se les ha dado un plazo adicional para que pudieran realizar personalmente esta actuación.
Sanciones por valor de nueve millones de euros en cuatro años
F.G. PALMA.
Desde el Consell de Mallorca se destaca que entre 2003 y 2006 se han aplicado multas vinculadas al urbanismo ilegal por valor de 8,9 millones de euros, mientras que durante la legislatura anterior, también bajo la presidencia de Maria Antònia Munar aunque entonces con el Pacto de Progreso, ese importe fue de sólo 3,6 millones.
Un aspecto a tener en cuenta es que el número de sanciones impuestas ha registrado un incremento más moderado. Si en el periodo 1999-2002 la cifra fue de 137, entre 2003 y 2006 ascendieron a 156 multas. Por el contrario, la cuantía se ha multiplicado por 2,5.
Algo similar ocurre con las ordenes de demolición. Si durante la anterior legislatura se ordenaron 20 derribos, en la actual esta cifra ha pasado a 76. Y en el caso de las subsidiarias -las que asume el Consell Insular ante la negativa a hacerlo del propietario-, se han iniciado 10 expedientes de este tipo en los últimos cuatro años, cuando en los anteriores no aparece ninguno.
Por lo que respecta a la impugnación por parte del Consell de licencias urbanísticas concedidas por los Ayuntamientos, se ha pasado de las tres de la anterior legislatura a las 20 de la actual.
De estas últimas, siete corresponden a Andratx y cinco a Selva, municipios en los que se están investigando o se han denunciado presuntas irregularidades. El resto de los casos se han dado en Campanet, Campos, Esporles, Lloret, Petra, Santa Margalida, ses Salines y Sineu.