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Técnicos de Inca avisaron a Rotger de que era ilegal autorizar los pisos de Mandrava |
(Diario de Mallorca, 3/01/2006)
La denuncia ante la fiscalía afecta al alcalde y a los cuatro concejales que votaron el proyecto
F.GUIJARRO/P.CORCOLES. PALMA.
El gobierno municipal de Inca, encabezado por el alcalde Pere Rotger, conocía perfectamente que estaba adoptando una medida ilegal cuando aprobó la licencia para edificar 77 viviendas protegidas y 77 plazas de aparcamiento sobre unos terrenos que parcialmente estaban calificados como zona verde. La advertencia de que se estaba adoptando una decisión que vulneraba la normativa urbanística entonces vigente en el municipio fue formulada tanto por el secretario de la corporación como por el letrado asesor en Urbanismo, según consta en el acuerdo de concesión.
Tal y como adelantó ayer DIARIO de MALLORCA, el Consell de Mallorca ha remitido un informe al fiscal de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears en el que le comunica que la decisión del equipo de gobierno de Inca, además de una infracción urbanística, podría suponer un delito tipificado en el artículo 320 del Código Penal, en el que se señala que la autoridad o funcionario público que haya votado a favor de un proyecto de edificación o concesión de licencias "a sabiendas de su injusticia"podrá ser castigada con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación en el cargo de siete a diez años.
Según consta en la propia documentación municipal, facilitada por el PSM, la construcción de las citadas viviendas de la calle Mandrava fue apoyada, pese a la advertencia de ilegalidad antes señalada, por el alcalde Pere Rotger, que además es el presidente del PP de Mallorca y del Parlament; por el concejal de Urbanismo, Bartomeu Seguí, que está teniendo problemas con el Consell por las irregularidades de una casa de su propiedad en Alcúdia; por Joan Rubert, también ante los tribunales por firmar unos certificados falsos para legalizar la vivienda del ex alcalde de ses Salines; por el primer teniente al alcalde, Rafael Torres, al que se acusa de tener un cargo en el Instituto de Desarrollo Industrial sin apenas acudir a trabajar; y por el concejal Joan Deus Díez. La diputada y concejal Maria Salom no estuvo el día de la votación.
Pere Rotger ha admitido en varias ocasiones -entre ellas en unas declaraciones concedidas a este periódico en septiembre del pasado año- que era consciente de que estaba cometiendo una irregularidad al conceder la licencia para las viviendas protegidas, pero justificó esta decisión alegando que no se buscaba beneficio económico y en la necesidad de iniciar los trabajos antes de que comenzaran las lluvias.
Denuncias ante el Consell
La actuación del equipo de gobierno de Inca fue denunciada ante el Consell por los vecinos a los que se recortó la zona verde próxima a sus viviendas y por el PSM. El portavoz de los nacionalistas en la institución insular, Antoni Alorda, manifestó su apoyo a la decisión de remitir este tema a la fiscalía con el objetivo de poner fin al hecho de que algunos cargos públicos "se tomen la legalidad a la ligera". Al respecto, recordó que el ayuntamiento de Inca también inauguró un cuartel de la Policía Local antes de que los terrenos fueran recalificados para permitir ese uso, y que se permitió la ampliación de Gráficas Garcías sin contar todavía con la nueva plaza pública que se había pactado. "Es la manera de actuar de Pere Rotger", sentenció Alorda.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Francesc Antich, señaló los casos de Inca, de la vivienda ilegal del ex alcalde de ses Salines, o la crisis en el ayuntamiento de Calvià como ejemplos del ambiente político que el PP está provocando en las islas.
La denuncia ante la fiscalía afecta al alcalde y a los cuatro concejales que votaron el proyecto
F.GUIJARRO/P.CORCOLES. PALMA.
El gobierno municipal de Inca, encabezado por el alcalde Pere Rotger, conocía perfectamente que estaba adoptando una medida ilegal cuando aprobó la licencia para edificar 77 viviendas protegidas y 77 plazas de aparcamiento sobre unos terrenos que parcialmente estaban calificados como zona verde. La advertencia de que se estaba adoptando una decisión que vulneraba la normativa urbanística entonces vigente en el municipio fue formulada tanto por el secretario de la corporación como por el letrado asesor en Urbanismo, según consta en el acuerdo de concesión.
Tal y como adelantó ayer DIARIO de MALLORCA, el Consell de Mallorca ha remitido un informe al fiscal de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears en el que le comunica que la decisión del equipo de gobierno de Inca, además de una infracción urbanística, podría suponer un delito tipificado en el artículo 320 del Código Penal, en el que se señala que la autoridad o funcionario público que haya votado a favor de un proyecto de edificación o concesión de licencias "a sabiendas de su injusticia"podrá ser castigada con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación en el cargo de siete a diez años.
Según consta en la propia documentación municipal, facilitada por el PSM, la construcción de las citadas viviendas de la calle Mandrava fue apoyada, pese a la advertencia de ilegalidad antes señalada, por el alcalde Pere Rotger, que además es el presidente del PP de Mallorca y del Parlament; por el concejal de Urbanismo, Bartomeu Seguí, que está teniendo problemas con el Consell por las irregularidades de una casa de su propiedad en Alcúdia; por Joan Rubert, también ante los tribunales por firmar unos certificados falsos para legalizar la vivienda del ex alcalde de ses Salines; por el primer teniente al alcalde, Rafael Torres, al que se acusa de tener un cargo en el Instituto de Desarrollo Industrial sin apenas acudir a trabajar; y por el concejal Joan Deus Díez. La diputada y concejal Maria Salom no estuvo el día de la votación.
Pere Rotger ha admitido en varias ocasiones -entre ellas en unas declaraciones concedidas a este periódico en septiembre del pasado año- que era consciente de que estaba cometiendo una irregularidad al conceder la licencia para las viviendas protegidas, pero justificó esta decisión alegando que no se buscaba beneficio económico y en la necesidad de iniciar los trabajos antes de que comenzaran las lluvias.
Denuncias ante el Consell
La actuación del equipo de gobierno de Inca fue denunciada ante el Consell por los vecinos a los que se recortó la zona verde próxima a sus viviendas y por el PSM. El portavoz de los nacionalistas en la institución insular, Antoni Alorda, manifestó su apoyo a la decisión de remitir este tema a la fiscalía con el objetivo de poner fin al hecho de que algunos cargos públicos "se tomen la legalidad a la ligera". Al respecto, recordó que el ayuntamiento de Inca también inauguró un cuartel de la Policía Local antes de que los terrenos fueran recalificados para permitir ese uso, y que se permitió la ampliación de Gráficas Garcías sin contar todavía con la nueva plaza pública que se había pactado. "Es la manera de actuar de Pere Rotger", sentenció Alorda.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Francesc Antich, señaló los casos de Inca, de la vivienda ilegal del ex alcalde de ses Salines, o la crisis en el ayuntamiento de Calvià como ejemplos del ambiente político que el PP está provocando en las islas.
El alcalde admite una "irregularidad administrativa"
Rotger reconoció ayer que las obras de las viviendas de protección oficial en la calle Mandrava de Inca son ilegales, pero con matices. El alcalde no considera que constituya un delito sino más bien una "irregularidad administrativa". El ayuntamiento de Inca otorgó una licencia para "el movimiento de tierras, que no la definitiva" -según explicó ayer el alcalde- "amparándose en que el solar estaba en proceso de recalificación y, si bien el PGOU de la ciudad había sido suspendido por deficiencias y estaba en período de subsanación, ninguna deficiencia afectaba a esa recalificación".
Rotger explicó que "no hay lucro de nadie con este tema, hablamos de una propiedad del Ibavi que ha sido recalificada para construir VPO". Por otra parte, la concesión de una licencia para la ejecución del proyecto básico no permite la construcción del edificio, lo cual indica que las obras que está haciendo el Ibavi en estos momentos son ilegales. Rotger reconoció ayer que "la licencia definitiva se le dará en unos diez días". Y respondió a la pregunta directa de si el Ibavi podía ejecutar actualmente las obras con un "no", aunque matizó después que "cuenta con el beneplácito municipal y además el proyecto no tiene ningún problema. Si se le concede la licencia para el proyecto básico es de suponer que se le dará la de obras. Es muy normal que pase esto, como ya ha pasado en otros edificios de interés general". Por otra parte, el alcalde aseguró no entender "la razón por la cual el Consell pone esto en conocimiento de la Fiscalía ahora que el PGOU ya se ha aprobado y no antes".