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La 'policía urbanística' impulsada por el Consell de Menorca da sus primeros pasos cojeando |
(El Mundo, 18/06/2005)
El PP considera que la institución no es 'quién para dar lecciones después de todos los escándalos' - Considera más importante crear 'seguridad jurídica' en esta materia
MIREYA ROURA
MAÓ.- El Consorcio para la Disciplina en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia. Seis ayuntamientos de la isla y el Consell Insular constituyeron este organismo autónomo cuya misión principal será la de velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular (PTI) en el campo. Sin embargo, el proyecto estrella de la presidenta Joana Barceló para esta legislatura nace cojo. Ni Ciutadella, ni Ferreries han querido suscribirse a esta iniciativa, por lo que más de un tercio del territorio quedará fuera del control de esta «policía urbanística» que ha sentado un precedente en España.
El Consorcio dispone de personalidad jurídica propia y tendrá potestad para expedientar y sancionar, bajo un criterio unificado de control de disciplina urbanística en suelo rústico. Por el momento, serán cuatro los miembros de este ente: un asesor jurídico, dos inspectores y un administrativo, aunque el conseller de Ordenación del Territorio, Marc Pons, no descarta aumentar la plantilla o crear una plaza de gerente.
El presupuesto para sostener el nuevo organismo es de 128.000 euros, aunque la intención es que en un futuro se autofinancie con la propia recaudación de las multas que se impongan. En este sentido, la resolución de los expedientes sancionadores correrá a cargo de la Junta de Gobierno que estará formada por un miembro de cada ayuntamiento y por el Consell.
Desde el PP, su portavoz insular, José Seguí, consideró que el Consorcio no era una prioridad y que, en cambio, si lo es «crear más seguridad jurídica para que no se produzcan situaciones como la de Binifadet», dijo. Se refería así al silencio administrativo del Consell en cuanto a la concesión de una licencia al empresario menorquín Carlos Anglés, amigo personal de Maragall, para construir una finca de lujo en terreno rústico.
En este sentido, Seguí criticó al Consell «porque con todos los escándalos que ha tenido en materia urbanística, no es quién para dar lecciones», aseveró además de poner en duda la eficacia que tendrá el Consorcio en un futuro.
También Santa Bárbara
Otro ejemplo reciente en cuanto a incongruencias con el PTI es el de la ampliación de la cantera de Santa Bárbara, avalada por la institución menorquina pese a que la actuación afectaba a un ANEI (Área de Natural de Especial Interés). También el Consell «mutiló» un informe para convertir en favorable un dictamen que desaconsejaba la ubicación que la empresa Triatges Menorca había elegido para una planta de residuos.
El informe alegaba que la planta se iba a erigir sobre una zona considerada como de alto riesgo de inundación. No obstante, este fragmento desapareció misteriosamente en la versión definitiva.
El portavoz del PP, José Seguí, quiso remarcar, no obstante, su respeto hacia los municipios que han querido formar parte del Consorcio.
De hecho, uno de los motivos por los que los ayuntamientos han querido adherirse a la iniciativa es porque sus inspectores no dan abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la disciplina urbanística en suelo rústico. La falta de medios provoca que la mayor parte de los centenares de expedientes que se incoan en Menorca al año acaben caducando antes de su resolución. Arturo Bagur, alcalde de Maó, explicó ayer que de esta forma sus técnicos podrán dedicarse más a controlar las zonas urbanas.
Ciutadella comunicó su negativa a formar parte del Consorcio y justificó que ya contaban con su propio gabinete de disciplina urbanística en el propio Consistorio. El concejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, matizó por entonces que no quería transferir a otra institución unas competencias que, por ley, eran municipales.
Barceló, al respecto, recalcó ayer que el nuevo Consorcio no nacía a partir de la cesión de competencias, sino que de un modelo de corresponsabilidad.
El PP considera que la institución no es 'quién para dar lecciones después de todos los escándalos' - Considera más importante crear 'seguridad jurídica' en esta materia
MIREYA ROURA
MAÓ.- El Consorcio para la Disciplina en Suelo Rústico empezó ayer a escribir su historia. Seis ayuntamientos de la isla y el Consell Insular constituyeron este organismo autónomo cuya misión principal será la de velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular (PTI) en el campo. Sin embargo, el proyecto estrella de la presidenta Joana Barceló para esta legislatura nace cojo. Ni Ciutadella, ni Ferreries han querido suscribirse a esta iniciativa, por lo que más de un tercio del territorio quedará fuera del control de esta «policía urbanística» que ha sentado un precedente en España.
El Consorcio dispone de personalidad jurídica propia y tendrá potestad para expedientar y sancionar, bajo un criterio unificado de control de disciplina urbanística en suelo rústico. Por el momento, serán cuatro los miembros de este ente: un asesor jurídico, dos inspectores y un administrativo, aunque el conseller de Ordenación del Territorio, Marc Pons, no descarta aumentar la plantilla o crear una plaza de gerente.
El presupuesto para sostener el nuevo organismo es de 128.000 euros, aunque la intención es que en un futuro se autofinancie con la propia recaudación de las multas que se impongan. En este sentido, la resolución de los expedientes sancionadores correrá a cargo de la Junta de Gobierno que estará formada por un miembro de cada ayuntamiento y por el Consell.
Desde el PP, su portavoz insular, José Seguí, consideró que el Consorcio no era una prioridad y que, en cambio, si lo es «crear más seguridad jurídica para que no se produzcan situaciones como la de Binifadet», dijo. Se refería así al silencio administrativo del Consell en cuanto a la concesión de una licencia al empresario menorquín Carlos Anglés, amigo personal de Maragall, para construir una finca de lujo en terreno rústico.
En este sentido, Seguí criticó al Consell «porque con todos los escándalos que ha tenido en materia urbanística, no es quién para dar lecciones», aseveró además de poner en duda la eficacia que tendrá el Consorcio en un futuro.
También Santa Bárbara
Otro ejemplo reciente en cuanto a incongruencias con el PTI es el de la ampliación de la cantera de Santa Bárbara, avalada por la institución menorquina pese a que la actuación afectaba a un ANEI (Área de Natural de Especial Interés). También el Consell «mutiló» un informe para convertir en favorable un dictamen que desaconsejaba la ubicación que la empresa Triatges Menorca había elegido para una planta de residuos.
El informe alegaba que la planta se iba a erigir sobre una zona considerada como de alto riesgo de inundación. No obstante, este fragmento desapareció misteriosamente en la versión definitiva.
El portavoz del PP, José Seguí, quiso remarcar, no obstante, su respeto hacia los municipios que han querido formar parte del Consorcio.
De hecho, uno de los motivos por los que los ayuntamientos han querido adherirse a la iniciativa es porque sus inspectores no dan abasto para ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la disciplina urbanística en suelo rústico. La falta de medios provoca que la mayor parte de los centenares de expedientes que se incoan en Menorca al año acaben caducando antes de su resolución. Arturo Bagur, alcalde de Maó, explicó ayer que de esta forma sus técnicos podrán dedicarse más a controlar las zonas urbanas.
Ciutadella comunicó su negativa a formar parte del Consorcio y justificó que ya contaban con su propio gabinete de disciplina urbanística en el propio Consistorio. El concejal de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, matizó por entonces que no quería transferir a otra institución unas competencias que, por ley, eran municipales.
Barceló, al respecto, recalcó ayer que el nuevo Consorcio no nacía a partir de la cesión de competencias, sino que de un modelo de corresponsabilidad.