(Menorca, 18/09/2022)

Desde su puesta en marcha solo ha logrado ingresar en caja el 12,5 % de las sanciones que ha impuesto

Javier Gilabert. Muchas multas, muy pocos ingresos. El proverbial problema de recaudación del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico se agrava y el órgano público encargado de controlar las ilegalidades urbanísticas en el campo ya acumula desde su creación –e incluso antes ya que heredó los expedientes municipales– la friolera de 10,4 millones de euros en multas pendientes de cobro. El número no tendría demasiada relevancia sin la comparación con la cifra de las sanciones impuestas, 11,9 millones. Dicho de otro modo, hasta el momento solamente ha logrado ingresar en caja el 12,5 por ciento del importe total de las multas.         

Son cifras oficiales de las cuentas generales del consorcio referentes al último año liquidado, 2021, en el que el porcentaje de cobro de multas ha sido uno de los más bajos desde 2013. El ente –participado por casi todos los ayuntamientos menos Es Migjorn Gran (se borró) y gestionado y financiado por el Consell– impuso el año pasado sanciones por un importe total de poco más de un millón de euros y solamente pudo recaudar menos de 60.200 euros, un exiguo seis por ciento. Un año antes, en plena covid, esa tasa de cobro fue del 19,6 por ciento y en 2019, del 9,6.