(Diario de Ibiza, 10/08/2022)

Josep Àngel Costa. Una de las primeras conclusiones del Ayuntamiento de Sant Josep tras acceder ayer a Casa Lola fue que deberá abrir nuevos expedientes de infracción urbanística al detectar nuevas irregularidades. No fue la única sorpresa que se encontraron, ya que tuvieron que desalojar a 60 turistas que pasaban sus vacaciones y que, a pesar de afirmar haber pagado a la propiedad por el alojamiento, desconocían que ayer empezaba la demolición de la práctica totalidad del complejo turístico ilegal.

Los técnicos municipales, acompañados de 25 guardias civiles, seis policías locales y los operarios de una empresa de derribo, lograban entrar poco después de las nueve de la mañana para hacer cumplir la orden judicial para derribar 2.000 metros cuadrados de construcciones, entre alojamientos, tres piscinas o numerosas pérgolas, tal y como se contemplaba en dos expedientes urbanísticos de 2010 y 2013. Al llegar con la orden judicial, tres personas que esperaban detrás de la puerta se negaron a facilitarles la entrada y aseguraron que no tenían llaves, por lo que tuvo que intervenir un cerrajero.

Detenciones

Según indicó el alcalde, Ángel Luis Guerrero, estos tres individuos, de nacionalidad rumana, son trabajadores del complejo y dos de ellos acabaron detenidos por resistencia a la autoridad. En cambio, otro de estros empleados de Casa Lola salió voluntariamente y permaneció durante toda la mañana en la entrada del camino, junto a la carretera que se dirige a Porroig, para atender a varios coches particulares que fueron llegando a la zona y que daban media vuelta. Se pudo constatar cómo en un par de estos vehículos viajaban grupos de jóvenes en evidente estado de euforia. 

De hecho, una de los nuevas construcciones ilegales detectadas ayer en Casa Lola es una discoteca insonorizada que se ha usado en los últimos años para celebrar fiestas clandestinas, incluso durante la pandemia. Como recordó el alcalde, la Policía Local tuvo que acceder a esta sala de fiestas en julio de 2020 para disolver una rave que vulneraba todas las restricciones del covid. «Los agentes fueron denunciados por la propiedad por allanamiento de morada», lamentó. «Vivimos en un estado demasiado garantista que provoca casos como este, en el que sea la corporación [municipal] la que deba defenderse de un infractor», abundó.