(Diario de Ibiza, 6/07/2022)

Noemí Martínez. La propietaria de unas casas prefabricadas y de un almacén reconvertido en vivienda en el Parque Natural de ses Salines (Salinera Española), se enfrenta a una multa de112.667 euros, la misma cantidad a la que se enfrenta la promotora de las obras,aunque aún no se ha resuelto este expediente sancionador. El Consell Executiu haaprobado una propuesta del departamento de Territorio del Consell por la cual seordena a la propiedad el «cese inmediato del uso residencial y el restablecimiento de larealidad física ordenada en las obras constitutivas de infracción urbanística».

Entre las actuaciones que ya se han llevado a cabo en la zona al margen de la legalidadestán el cierre de solares y terrenos con madera, piedra, malla cinegética y postes demadera con cadenas valorados en 12.976 euros. También se han ejecutado forjados enel depósito y la cisterna con una superficie total de 16m2 valorados en 1.197 euros.Además, se ha detectado la instalación de casetas de madera con una superficie totalde 6m2, con escalera de acceso de hormigón de 32m2, valoradas en 2.418 euros. Lostécnicos del Consell también han detectado la colocación de carteles de propagandavisibles desde la vía pública. Son un total de tres carteles de 2x3 metros, valorados en1.635 euros.

La última actuación que aparece en el informe consiste en el cambio de uso de unalmacén y refugio al de vivienda, sin contar con el título habilitante, con una superficiede, al menos, 83m2, que incluye la construcción de una fosa séptica, instalación desuministro de agua, etc.
Esta obra está valorada en 86.110 euros. Según informan desde el Consell de Ibiza, las actuaciones están registradas en informes del celador y delarquitecto técnico del área de Territorio del mes de mayo de 2018 y septiembre de2020.

Ahora, la propiedad tiene un mes de plazo para presentar el proyecto derestablecimiento del lugar o demolición ante el Ayuntamiento de Sant Josep y seismeses para ejecutar el derribo de las obras. Además, según fuentes consultadas poreste medio, la entidad mercantil Salinera Española, en calidad de propietaria, seenfrenta a una sanción de 112.667 euros.

Proceso

«Llevamos un año instruyendo el procedimiento sancionador y de restablecimiento. Hay una parte que es urbana y otra rústica protegida; esta última es de nuestra competencia, la otra, de Sant Josep. Por eso, en lo que nos compete, abrimos dos expedientes sancionadores: uno a la propiedad y otro al promotor de las obras», explica el conseller de Territorio, Mariano Juan.

Juan avanza que el segundo expediente aún está por resolver. «El promotor esextranjero y hemos tenido que hacer la traducción del expediente, que ya está en lafase final», añade. El conseller considera que no será posible legalizar las actuacionesllevadas a cabo, por lo que las edificaciones «no se pueden seguir utilizando comovivienda». «Si no cumplen con el derribo en el plazo estipulado, se le impondrá unamulta de 10.000 euros cada mes hasta que derribe la construcción», detalla. «El promotor está pendiente, pero será una sanción con el mismo importe y la misma obligación», sostiene.

De momento, la propiedad, que es la sancionada, puede recurrir. Además, si restablece la realidad física alterada dentro del término otorgado, la sanción se reduce al 50%, esdecir, a 56.633 euros.

Alquiler

Como ya informó este diario el año pasado y hace unas semanas, portales inmobiliarioscomo Idealista anuncian el alquiler de una de estas construcciones. Según reza elpropio anuncio, se trata de una casa de una habitación con «entrada privada, jardín privado y terraza con vista al mar».

El anunciante pide 1.500 euros al mes y una fianza de tres meses, así que al entrar avivir hay que desembolsar 6.000 euros por una vivienda ilegal. Además, no se alquilapor un periodo inferior a seis meses y la ocupación máxima es de dos personas. «Está amueblada y cuenta con una parcela de 200 m2», explica el anuncio.