(Diario de Ibiza, 13/12/2021)

Redacción. El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá una autorización judicial para acceder al interior del complejo turístico ilegal Casa Lola, en Davall sa Serra, al objeto de comprobar si la propiedad ha derribado por su cuenta las edificaciones con orden de demolición ratificada por sentencia firme de los tribunales y, en caso de que no se haya hecho, ejecutarla de forma subsidiaria con cargo a la propiedad. A primera hora de esta mañana, un técnico municipal, junto con un agente de la Policía Local de Sant Josep, se ha personado en la entrada de Casa Lola, pero nadie ha abierto la puerta del complejo, propiedad de la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez. Esta circunstancia obliga al Consistorio a solicitar una autorización judicial para acceder a esta propiedad privada, primero para comprobar su estado y, posteriormente, iniciar la demolición.

Antecedentes

El pasado 26 de noviembre, el alcalde josepí, Ángel Luis Guerrero, firmó un decreto por el cual el Ayuntamiento asumía "la ejecución forzosa de la orden de restablecimiento de la legalidad dictada el pasado agosto". Sant Josep ejecutará la demolición de manera subsidiaria, por lo que reclamará después a la promotora su coste, que se ha estimado en 275.000 euros.

La lista de las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, es interminable: piscina y terraza aneja en el edificio principal; el porche; edificación aneja de unos 50 metros cuadrados; los cimientos de una edificación de 30 metros cuadrados de superficie aproximada; edificación de unos 50 metros cuadrados construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso; dos edificaciones que forman una ‘L’ a de 200 metros cuadrados (50 metros una y 150 metros cuadrados la otra), y un depósito de agua con una superficie aproximada de 52 metros cuadrados.

También hay ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados; terrazas cubiertas con una superficie total al cien por cien de 342 metros cuadrados; terrazas abiertas con una superficie total de 414 metros cuadrados; otras dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados, y una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados de superficie.

1,4 millones de sanción

Pero la lista sigue con una construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloques prefabricados de hormigón y piedra natural. Todo suma una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación total aproximada de 1.892 metros cuadrados.

"Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, dado que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave", detallaba el pasado mes el Ayuntamiento.

El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros, a los que se tendrá que añadir también la factura de la demolición.