(Diario de Mallorca, 07/10/2021)

Silis Campins. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha anulado la orden de derribo del edificio levantado en el solar del antiguo cine Fantasio de Alaró. Un acuerdo extrajudicial permite frenar la ejecución de la sentencia de demolición dictada hace años por el Tribunal Supremo. Dos décadas de pleitos judiciales están a punto de llegar a su fin. El final para la vía jurídica y también para la angustia de una veintena de propietarios por un asunto del que solo eran víctimas sin ninguna responsabilidad.

El juzgado encargado de ejecutar el fallo considera en un auto firmado el 1 de octubre que se puede suspender el derribo tras la renuncia explícita del denunciante a exigir la ejecución de la sentencia firme. La magistrada Cristina Pancorbo argumenta que el pacto no es contrario «al interés ni al orden público».

El acuerdo tendrá un coste de 100.000 euros para el municipio, lejos de la cantidad de entre 600.000 y 900.000 que se calculaba en indemnizaciones en caso de que los propietarios hubieran perdido sus viviendas.

En 2006, los tribunales fallaron que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento para levantar un edificio con pisos y aparcamientos era ilegal. Consideraban probado que se había autorizado ilegalmente un edificio que invadía una calle de dominio público. El denunciante era un constructor local, rival encarnizado del promotor de la obra.

 Diversas instancias judiciales, incluido el Supremo, fallaron una y otra vez a favor del demandante y ordenaron el derribo de la parte ilegal, que había ocupado algo menos de doce metros cuadrados de suelo público. Sin embargo, la decisión afectaba gravemente al mantenimiento del edificio en su conjunto. La sentencia pasó en 2014 a la fase de ejecución. Después de varias suspensiones, el juzgado activó el pasado mes de marzo la orden de demolición y amenazó con sanciones económicas al alcalde si no actuaba para que se cumpliera la resolución judicial.

Desde que se produjo el fallo firme del Supremo se sabía que la única opción para evitar la piqueta era un acuerdo con el demandante. Sin embargo, sus elevadas pretensiones económicas –llegó a exigir un millón de euros– quedaban fuera del alcance de las finanzas municipales. Unas cuentas ya sustancialmente averiadas tras abonar a lo largo de la última década un millón de euros por la expropiación forzosa de un solar destinado a aparcamiento en la calle Blanca de Son Penaflor.

La entrada en concurso de acreedores del constructor que presentó la denuncia abrió una nueva vía de negociación a través del administrador concursal. El pacto alcanzado ha sido avalado por el juzgado de lo mercantil que dirime la suspensión de pagos.

Indemnización

La indemnización de 100.000 euros al denunciante acabará en manos del administrador concursal, que a cambio renuncia a emprender nuevas acciones legales. El Ayuntamiento se compromete asimismo a aprobar en el plazo de dos meses «un código de buenas prácticas urbanísticas». Un documento cuyo objetivo es evitar que se repitan situaciones como la del edificio del Fantasio. También tendrá que rectificar la alineación de las calles Pere Rosselló i Oliver y Son Amengual cuando apruebe las nuevas normas subsidiarias. Se establece, además, un compromiso mediante el cual se estudiará dedicar a equipamientos dos parcelas propiedad del denunciante situadas a la entrada del pueblo, aunque solo en caso de que el consistorio necesite este tipo de suelo.

El auto de la magistrada que salva, al parecer definitivamente, la construcción, será firme quince días después de su notificación si nadie lo recurre. Los vecinos se quitarán de encima un enorme peso que los errores del Ayuntamiento colocaron sobre sus espaldas.

De Llucalcari a Alaró, mismo caso, distintos caminos
El alcalde de Deià tomó personalmente la piqueta para derribar los chalés ilegales de Llucalcari. Lo hizo en 2010 después de que el juez amenazara al edil con una multa por cada día que se retrasara la ejecución de una sentencia firme. En cambio, la demolición de un edificio con 18 viviendas de la calle Lluís Alemany de Andratx se paralizó en 2013 en el último momento. Como en el caso de Alaró, todas las partes implicadas en el proceso judicial alcanzaron un pacto in extremis que evitó el derribo.