(Diario de Mallorca, 9/03/2021)

Se trata de una posibilidad que hasta el momento el Ayuntamiento no había aplicado y que se ha puesto en funcionamiento a partir de este mes

Josep Capó. El Ayuntamiento de Palma penalizará a los infractores urbanísticos con multas coercitivas que se aplicarán cada mes durante un período máximo de un año. La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha explicado que el departamento de Infracciones Urbanísticas ha "activado" desde este mes esta posibilidad contemplada legalmente, pero que hasta ahora nunca se había aplicado en el Ayuntamiento. Con ello se persigue un mayor cumplimiento de la normativa y que los propietarios de actuaciones que la incumplen restituyan la legalidad urbanística, como es su obligación.

Truyol ha explicado que, para que estas multas coercitivas puedan aplicarse, se ha procedido a una remodelación del personal del departamento de Disciplina Urbanística. Se trata de multas vinculadas a un expediente sancionador que ya dispone de una orden de suspensión o demolición. En este caso, desde el momento en que la orden de ejecución es aprobada por el Ayuntamiento hasta que el propietario infractor la ejecute, Cort le puede sancionar mensualmente durante un año con una cuantía equivalente al 10% del presupuesto de la obra realizada ilegalmente.

La teniente de alcalde ha puesto un ejemplo práctico con el fin de dar a conocer el alcance de la medida. Si la orden de demolición no ejecutada afecta, por ejemplo, a una obra con un presupuesto de 1.000.000 euros, la sanción mensual por no ejecutar la demolición puede ser de 100.000 euros, por lo que al cabo de un año la cuantía de la multa será de 1.200.000 euros, por este concepto. Todo ello sin contar la sanción económica correspondiente que ya se le habrá impuesto por ejecutar los trabajos careciendo del correspondiente permiso municipal, o por no ajustarse a la licencia concedida, entre otras circunstancias.

Truyol ha realizado también un balance de la actividad llevada a cabo por el departamento de Disciplina Urbanística el año pasado. Pese a que fue un año "marcado por la pandemia" la actividad de este departamento, tras una remodelación y el refuerzo con más personal, fue equiparable a la de otros años.

De hecho, a lo largo de 2020 se investigaron 715 casos de posibles infracciones detectadas por los celadores municipales, la Policía Local o por denuncias de particulares. A 308 casos se les abrió un expediente de infracción urbanística, lo que supone un 43% de los investigados frente el 39% de 2019. Un 60% de los expedientes de infracción iniciados fueron archivados por tratarse de una obra que podía legalizarse y sus propietarios presentaron el correspondiente proyecto de legalización o bien por haber desistido de su ejecución y restituido la legalidad urbanística.

No obstante, en el 40% de los casos restantes (el año pasado representaron 137) no existe la voluntad de los propietarios de restituir la legalidad urbanística, por lo que el Ayuntamiento abrió un expediente de demolición. Estos últimos son los que ahora, además, se les impondrá una multa coercitiva mensual desde el momento de la notificación de la sanción hasta que sea ejecutada.

Otra novedad que se aplica desde el año pasado consiste en la eliminación de hasta el 95% de la cuantía de la sanción impuesta a los infractores. Truyol consideró que esta bonificación provocaba que las infracciones urbanísticas "salieran muy baratas", ya que solo se abonaba el 5% de la cuantía de la multa impuesta. Una modificación legislativa aprobada por el Parlament a instancias del Ayuntamiento de Palma ha "rebajado" esta bonificación al 50%.

En relación a las cantidades ingresadas el año pasado en concepto de infracciones urbanísticas, Truyol ha manifestado que los 1.700.000 euros recaudados representan una "cifra récord", ya que duplica a la de 600.000 euros de 2019. En función de la gravedad de la infracción las multas que se imponen van desde los 600 euros hasta el millón.

Presentadas solo un 20% de inspecciones técnicas de edificios

Por último, la teniente de alcalde ha hecho un llamamiento a los propietarios de inmuebles que debían pasar los Informes de Evaluación de la Edificación (IEE) o inspección técnica, que lo hagan cuanto antes ya que, pese a la ampliación del plazo para su presentación, de los 5.000 inmuebles obligados solo lo han hecho 847, un porcentaje que no llega al 20%.

Truyol aseguró que su departamento "será flexible" con los plazos, puesto que lo que interesa es que se presente el informe y no la imposición de multas.
Recordó que el año pasado debían presentar la IEE por segunda vez los inmuebles construidos entre 1.900 y 1.910, además de los edificados en 1970.