(Diario de Mallorca, 5/03/2021)

El Ayuntamiento acaba de legalizar una parte del inmueble y la sentencia obliga al condenado a derribar el resto

Marcos Ollés. Un hombre fue condenado ayer a un año de prisión y 1.080 euros de multa por construir de forma ilegal un chalé de 160 metros cuadrados con piscina en un terreno rústico a las afueras de Manacor. La finca tenía una extensión cuatro veces menos que la mínima exigida por las normas urbanísticas para poder edificar. El acusado reconoció los hechos, se declaró autor de un delito contra la orden del territorio y aceptó las penas tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Una parte del inmueble acaba de ser legalizado por el Ayuntamiento, pero el resto deberá derribarlo. El pacto incluye la suspensión de la pena de cárcel siempre que cumpla con la demolición. El terreno era propiedad de la madre del procesado, también acusada en el proceso judicial pero que ayer fue exculpada al retirarse los cargos contra ella.

De acuerdo con la sentencia, el hombre llevó a cabo entre los años 2011 y 2014 la construcción de una vivienda unifamiliar sin ningún tipo de licencia. Lo hizo en una parcela rústica de 3.382 metros cuadrados, cuando el mínimo requerido por el Plan Territorial de Mallorca y las normas subsidiarias de Manacor para poder construir era de 14.000 metros cuadrados.

Una denuncia alertó a la Guardia Civil de esta irregularidad urbanística y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado llevó a cabo una inspección. Los agentes comprobaron que se había edificado un chalé de 160 metros con espacios adyacentes, piscina, leñero y hasta caseta para el perro. El caso llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente y un juzgado de Manacor inició un procedimiento judicial.

El acusado solicitó posteriormente la legalización de estas obras irregulares al Ayuntamiento, un expediente se cerró el pasado mes de diciembre con la regularización de parte de la construcción.

El acusado y su madre comparecieron ayer en un juzgado de lo penal de Palma. Sus abogados alcanzaron un acuerdo con la fiscalía, que limitó la responsabilidad al hijo y rebajó su petición de condena. Las zonas que no han sido legalizadas deberán demolerse.