(Diario de Ibiza, 4/09/2020)

El Ayuntamiento ejecutará el derribo subsidiario de las construcciones ilegales en Sant Mateu

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha impuesto durante un año multas coercitivas, a razón de 25.000 euros cada mes, al propietario de las viviendas y construcciones ilegales de Sant Mateu para forzarle, de momento infructuosamente, a que ejecute su derribo. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, explica que la acumulación de sanciones alcanza ya la cuantía de 300.000 euros y, ante la resistencia de la propiedad a ejecutar la demolición de las edificaciones, ahora el Consistorio procederá a hacerlo de forma subsidiaria.

«Ahora le toca al Ayuntamiento, se activa la maquinaria», indica Costa, que reconoce que el proceso será «lento»: primero se debe redactar un proyecto de derribo, dotar una partida económica en el presupuesto para su ejecución (después se pasará la factura al infractor) y contratar la obra.

El edil de Urbanismo explica que las sanciones que se han impuesto al propietario son proporcionales al coste de las obras ilegales (un 10%) sobre las que pesa una orden de demolición por parte del Ayuntamiento desde febrero de 2014. Hay que tener en cuenta que cinco años antes, en 2009, el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza condenó al propietario a seis meses de prisión y al pago de una multa por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Entonces, la sentencia no obligaba al condenado a echar abajo las construcciones ilegales, sino que dejó esta decisión en manos del Ayuntamiento. Cinco años después, el Consistorio resolvió que se debían derribar las edificaciones levantadas sin permiso en una zona protegida calificada como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).

En concreto, las construcciones ilegales consisten en un conjunto de casas de madera unidas y comunicadas interiormente que suman una superficie de casi 94 metros cuadrados, otra edificación de 72 metros cuadrados, además de otras edificaciones con varias dependencias en planta baja de 240 metros cuadrados y una piscina de siete por tres metros y medio.

Urbanismo sigue atascado y con bajas de personal

El departamento de Urbanismo aún no ha recuperado los servicios de la arquitecta y la ingeniera que se encuentran de baja desde hace varios meses, lo que está «retrasando» el trabajo pendiente, según el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa. «El departamento, que acumula trabajo atrasado, se resiente con dos personas menos, claro», indicó.

Costa reconoce que la situación del área de Urbanismo no ha mejorado. El Consistorio mantiene contratos externos para tratar de desatascar el trabajo.

Las dos personas que se encuentran de baja son las que redactaron los informes desfavorables a la reforma del 'beach club' Bam-Bu-Ku que fueron echados atrás por el concejal de Urbanismo al amparo de un informe del secretario, que consideraba que no se ajustaban a Derecho.

El Consistorio tarda una media de dos años y medio en dar una licencia de obra, cuando debería darlas en seis meses según admitió el edil en julio. La situación no ha cambiado, indica Costa.