(Última Hora, 20/06/2020)

M.G. La defensora de la ciudadanía, Anna Moilanen, presentó ayer en comisión una serie de recomendaciones y advertencias a Cort entre las que se encuentra la que alerta de la impunidad que genera la falta de ejecución de muchas de las demoliciones aprobadas por Urbanisme, según ha podido constatar la oficina a lo largo de los últimos meses.

La defensora mostró su preocupación por "la incapacidad de Cort para garantizar el ordenamiento, provocando con ello la impunidad de los infractores y obligando a las víctimas a sufrir la situación o a tener que recurrir ante los tribunales".

Admitió que "los casos que nos llegan son sólo la punta del iceberg" y recordó que "el problema es que pasado un tiempo, normalmente ocho años desde la última actuación, caduca el expediente de demolición" [Nota de Disúrbia: això no és així amb la LUIB...]. El derribo de una construcción ilegal es competencia del particular infractor, y aunque el Ajuntament podría actuar de forma subsidiaria, normalmente no lo hace porque no existen garantías de poder recuperar el coste, porque muchas personas se declaran insolventes.

Por otro lado, Moilanen reclamó ayer la redacción de un proyecto integral de reforma para Pere Garau y criticó la "inseguridad" que crean las bicis y patinetes que circulan por las aceras.