(Diario de Mallorca, 2019/12/24)

El colectivo ecologista insta a la Agència de Defensa del Territori a investigar si las edificaciones son ilegales

J. Frau. El colectivo ecologista Terraferida ha denunciado hoy ante la Agència de Defensa del Territori del Consell dos casos de urbanismo presuntamente ilegal en espacios protegidos de Banyalbufar. Se trata de dos edificaciones con apariencia de viviendas que se ejecutan en el ámbito de Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP-boscoso) en la zona de Son Creus, en el paraje natural de la Serra de Tramuntana. Las parcelas donde se ejecutan las obras tienen superficies de 6.000 y 9.000 metros cuadrados que "no tienen la condición de edificables", según Terraferida.

Según el colectivo, los promotores habrían obtenido licencia del ayuntamiento de Banyalbufar para realizar edificaciones de nueva planta y reconstrucciones para usos exclusivamente agrícolas. "Para obtener estas licencias se habrían acogido a la exoneración del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la Ley Company, aprobada en 2014 por el Govern Bauzá", explica Terraferida, que añade que estas autorizaciones de la conselleria de Agricultura "estarían condicionadas a usos apícolas y a un punto de venta de productos agrícolas". No obstante, Terraferida destaca que la apariencia de las construcciones es de vivienda, "en ningún caso de edificaciones agrícolas".

El colectivo ecologista sospecha de la existencia de un "fraude de ley" porque las construcciones se ubican en una zona boscosa de difícil acceso donde "difícilmente serían viables" las actividades agrícolas registradas. Por este motivo ha denunciado los dos casos a la Agència de Defensa del Territori para que inicie una investigación al respecto.

Terraferida denuncia que la ley agraria es un "colador de ilegalidades urbanísticas" que deben ser revisadas y recuerda que cuando se aprobó el texto legislativo, diversas entidades ya advirtieron que la exoneración de los parámetros urbanísticos "podría ser un colador para edificar chalés en lugares no edificables".

Por este motivo, el colectivo reclama al Govern que "revise" todos los expedientes parecidos a los dos casos de Banyalbufar para comprobar si las autorizaciones que se han concedido en los últimos años se ajustan a la actividad agrícola solicitada por los promotores. [Nota de Disúrbia: com que el Govern no té cap competència en disciplina urbanística, demanar això és completament inútil...]