(Diario de Ibiza, 16/07/2019)

El conseller de Territorio prevé que se puedan tramitar a través de una declaración responsable todas las licencias de obra mayor que permite la ley. Mariano Juan considera que permitirá «más control» porque ahora «falla» la supervisión posterior

Eugenio Rodríguez. El Consell de Ibiza proyecta «impulsar» un reglamento insular para facilitar que los ayuntamientos de la isla que así lo quieran puedan conceder ciertas licencias de obra mayor mediante la presentación de una declaración responsable, tal como permite la nueva ley de Urbanismo. El conseller insular de Territorio, Mariano Juan, explica que se que aplicará este cambio a «todo lo que la ley permita». «No es mucho, pero más de lo que hay ahora», indica.

Actualmente, los ayuntamientos ya pueden tramitar licencias de obra menor directamente mediante la presentación de declaraciones responsables, pero para hacer lo mismo con algunas de obra mayor es necesario el reglamento previo del Consell. La ley permite, por ejemplo, previa aprobación de los consells, que la modificación de una licencia de obra mayor se pueda hacer mediante una declaración responsable. «Son casos muy concretos, pero muy numerosos», indica.

En este sentido, el conseller explica que, en ningún caso, la ley permite que se pueda eludir la tramitación de una licencia para la construcción de una vivienda o proyectos en suelo protegido o que afecten a elementos patrimoniales catalogados. «No se trata de que se pueda construir sin control», remarca.

Mariano Juan tiene previsto convocar a los alcaldes o concejales de Urbanismo para preguntarles si quieren que el Consell facilite la concesión de permisos de obra, tal como prevé la ley de Urbanismo en toda la isla o en determinados municipios. El conseller considera que la tramitación de licencias «quita recursos [humanos] a los ayuntamientos para funcionar».

Más disciplina urbanística

Así, Juan indica que la condición que el Consell impondrá a los ayuntamientos para que puedan autorizar proyectos de obra mayor mediante una declaración responsable (los que la ley permite) es que se destine más personal a «disciplina urbanística».

El conseller defiende que la autorización de una obra mediante una declaración responsable sirve «para controlar más». Se refiere a que no tiene ninguna duda de que las licencias que conceden los ayuntamientos, con el correspondiente informe de los organismos externos, están «niqueladas». En cambió, sí tiene «dudas» de que, «las construcciones autorizadas cumplan las condiciones de las licencias». «Considero más importante lo segundo que lo primero. Falla el control posterior», indica Juan, que considera que este control mejorará con la tramitación de las comunicaciones de declaración responsable.

El conseller también cree que es necesario que haya «más técnicos fuera de los despachos» verificando el cumplimiento de las condiciones de los permisos de construcción y que esto se puede conseguir a través de las declaraciones responsables de obra. «Esto liberaría a técnicos en los ayuntamientos que podrían destinarse a disciplina urbanística. Mi sensación es que falla la disciplina porque nos obcecamos en los controles previos, y no en los posteriores», reitera.

Rechazo a un consorcio insular

Dicho esto, el conseller rechaza la idea de crear un consorcio insular en el que se mancomune con los ayuntamientos la gestión de la disciplina urbanística, tal como se hace en Mallorca o Menorca. «No soy amigo de crear consorcios y sí de potenciar las competencias y recursos de los ayuntamientos, que son los que mejor conocen la realidad del terreno. Al final, cuando un ciudadano detecta una obra ilegal, acude al Ayuntamiento a denunciarlo, no al Consell», indica.

Mariano Juan considera que son los ayuntamientos los que tienen que ejercer sus competencias sin injerencias de otras administraciones y que debe ser la propia ley de Urbanismo la que prevea «la dotación necesaria de recursos» para su gestión. El conseller discrepa, por ejemplo, de que la nueva ley de Urbanismo haya traspasado a los consells la competencia de la disciplina en los suelos protegidos por una cuestión «práctica», ya que, cuando se abre un expediente, las instituciones insulares tienen que pedir a los ayuntamientos la información: si el posible infractor dispone de licencia urbanística... «Se pierde celeridad y la inmediatez que antes se tenía en la tramitación de los expedientes», explica Juan.

Una veintena de expedientes en suelo protegido

El Consell de Ibiza ha abierto una veintena de expedientes de infracción urbanística en suelo rústico protegido desde la puesta en marcha, a finales de 2018, de la nueva unidad de disciplina, según explica el conseller de Territorio, Mariano Juan. La nueva ley de Urbanismo de Balears traspasó a los consells insulares la competencia de disciplina urbanística en terrenos protegidos: LEN, ANEI, ARIP o APT de Costas. Este departamento cuenta con un arquitecto, un arquitecto técnico, dos juristas y una auxiliar administrativa. Está pendiente cubrir la plaza de arquitecto. Juan sostiene que «no es suficiente» porque «se necesita fluidez en la información de los ayuntamientos».