(Última Hora, 23/06/2019)

A. Pol. La Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo adscrito al Consell de Mallorca, ha ordenado 60 demoliciones de obras ilegales en lo que va de 2019 y ya suma 261 en los últimos tres años y medio. Este balance contrasta con los 19 derribos ejecutados en el período comprendido entre los años 2011 y 2015.

La activación y el impulso a la Agència de Defensa del Territori ha sido una de las apuestas políticas del equipo de gobierno del Consell que ahora va a cesar. Al poco de iniciarse la legislatura, la institución insular nombró a un gerente al frente de la Agència y la dotó de personal y recursos. Asimismo, se modificaron sus estatutos y el Parlament revisión la Ley de Urbanismo con objeto –entre otros– de afianzarla como el ente público que asegura el cumplimiento de la legalidad urbanística en suelo rústico.

«Creo que hemos demostrado que cuando se trabaja con un objetivo claro, en este caso acabar con la indisciplina urbanística, se puede conseguir», señaló la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido.

Dos tipos de multa

La mayor parte las demoliciones se corresponden a la reconversión de edificaciones agrarias en viviendas, ampliaciones de construcciones ya existentes y piscinas, informa la ADT. Se debe matizar que, salvo una, las 261 demoliciones han sido llevadas a cabo por el propio infractor y no por la Agència. Ello se debe a las reducciones de sanción que prevé la normativa, que alcanzan el 90 % si el infractor la ejecuta durante la tramitación del expediente y del 80 % si lo hace dentro del plazo voluntario.

Las sanciones por infracción suelen oscilar entre el 50 y el 200 % del valor de las obras realizadas ilegalmente. Desde la ADT señalan que estos descuentos favorecen que la Agència cumpla su objetivo principal, que es la restitución de la legalidad y la preservación del territorio y el paisaje de Mallorca, «no la recaudación».

El elevado número de demoliciones se debe también a las multas coercitivas, que son aquellas que se imponen a fin de lograr el derribo. La legislación establece que pueden imponerse hasta doce por un valor máximo del 10 % de las obras ilegales. Estas sanciones son independientes de las motivadas por infracción.

Por otro lado, hay que remarcar que la ADT ya tiene competencias urbanísticas (inspección y restablecimiento de la legalidad) en 27 de los 53 municipios de la Isla. Al iniciarse la legislatura solo eran seis (Algaida, Montuïri, Marratxí, Puigpunyent, Son Servera y Campanet), pero durante la legislatura 2015-2019 hasta 21 ayuntamientos –se está tramitando la incorporación de Binissalem, con lo que serán 22– han delegado sus competencias urbanísticas en rústico en la ADT.

Hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Urbanismo le otorgó las competencias para inspeccionar en suelo rústico protegido ubicado en cualquier municipio, que supone el 38 % del territorio de Mallorca.