(Diario de Ibiza, 5/04/2019)

El Ayuntamiento detecta «un exceso» de excavación sobre lo que la promotora había declarado en su comunicación previa | La sociedad afirma que ha parado los trabajos a la espera ahora de que Recursos Hídricos informe a favor de la ampliación

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ordenó ayer la paralización de las obras de ampliación de la depuradora privada de Cala Vedella tras comprobar que la promotora, Urbanizadora Mediterránea S.A. (UMSA), se estaba excediendo con respecto a lo previsto en la comunicación previa de declaración responsable. En concreto, la excavación afecta a un área fuera del ámbito previsto en el proyecto autorizado por el Ayuntamiento, lo cual, según el primer teniente de alcalde, Ángel Luis Guerrero, «no está amparado en la comunicación previa».

Guerrero indicó que desconoce los motivos por los que UMSA, el agente urbanizador del plan parcial de Cala Vedella, ha ido más allá de lo previsto, pero, en todo caso, apunta que «eso no quiere decir que las obras no sean legalizables o que no se puedan hacer con otro tipo de licencia [una de obra mayor]».

Hace unos días, Guerrero justificó en el pleno, para sorpresa del PP, que las obras de la depuradora, situada dentro de un torrente, estaban amparadas en una comunicación previa (antigua licencia menor) y que no era necesaria la autorización de Recursos Hídricos. Los técnicos municipales sostienen que, como la urbanización no está recepcionada (tampoco la depuradora, construida hace 50 años), los permisos que en su día se otorgaron para edificar la planta amparan esta obra y que una comunicación previa es suficiente.

Sin embargo, como la excavación que se ha hecho va más allá de lo declarado en el Ayuntamiento, la actuación acometida sí precisaría ahora de una autorización de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente. Por eso, justifica Guerrero, se ordenó ayer la paralización de las obras. «Lo que se está haciendo afecta a lo que se llama policía de torrentes», aseguró.

Pozos negros ilegales

El proyecto al que los técnicos del Ayuntamiento dieron el visto bueno afectaba a las instalaciones actuales y el cambio de una estación de bombeo, lo cual «era autorizable». «Pero no es lo que está pasando ahí, donde hay un exceso de excavación», reiteró.

Un portavoz de la promotora explicó a este diario que se había decidido paralizar voluntariamente las obras a la espera de obtener el visto bueno de Recursos Hídricos ya que, inicialmente, no eran conscientes de que fuera necesaria esta autorización. Este paro retrasará las obras, con el temor, apuntan las fuentes consultadas de UMSA, de que no estén acabadas de cara al inicio del verano. Recuerdan que, con este proyecto, se prevé acometer el enganche de diversos edificios a la depuradora y evitar el uso de pozos negros ilegales. La promotora sostiene que estos pozos son el origen de los vertidos de fecales que afectaron a la playa el verano pasado y por los que la Fiscalía ha abierto diligencias penales.

Por otra parte, tal como publicó hace unos días este diario, las rocas y la tierra excavada en las obras de la depuradora se depositaron de forma ilegal en un terreno natural, situado al final de la calle Pollença, en primera línea de costa, a algo menos de 500 metros de la obra, en lugar de trasladarla a una cantera en vía de regeneración.

El jefe de la obra explicó que se trataba de un depósito provisional, ya que se pretendía reutilizar el material acumulado en esta zona para el relleno de las canalizaciones proyectadas, pero ante «el revuelo causado» entre los vecinos se decidió retirarlo.

Guerrero indicó ayer que «se ha retirado todo» el material. El primer teniente de alcalde recordó que el terreno en el que se depositó el material es «urbano» (una zona natural no desarrollada), pero no es propiedad de la promotora de las obras. Pese a que el propietario no ha denunciado los hechos, el primer teniente de alcalde recalcó que «no podían dejar ahí» el material excavado. Un celador comprobó el pasado viernes el alcance de los depósitos y redactó un acta, aunque según Guerrero el Ayuntamiento aún no ha abierto un expediente de diligencias previas para determinar si se debe tramitar un procedimiento sancionador.