(Diario de Mallorca, 11/01/2019)

Una de las construcciones estaba en Polllença y ha sido derribada por la propiedad y la otra era era una ampliación irregular con piscina en Montuïri

La Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca no descansa. Pese a las fiestas navideñas ya ha anunciado y tramitado [Nota de Disúrbia: cal tenir en compte que la tramitació d'aquests procediments no és en absolut immediata, i que la seva culminació és conseqüència d'una feina prèvia feta des de molt de temps abans, així que per tant no ve condicionada ni per festes nadalenques ni per altres circumstàncies puntuals] la demolición de dos grandes cases ilegales en suelo rústico de máxima protección ambiental (ANEI) que fueron cazadas por sus inspectores. Una en Pollença que supone la demolición total, y la otra en Montuïri donde se ha realizado una ampliación y construcción de piscina de forma ilegal.

La primera de las mansiones consistía en una gran casa de 175 metros cuadrados, con piscina y solera de hormigón de 220 metros cuadrados, que fueron construidos sin licencia municipal en una Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Pollença. La construcción de viviendas está del todo prohibida en la zona y, además la parcela solo contaba con 4.000 metros cuadrados.

La sanción impuesta es de 30.000 euros, ya que la propiedad se ha comprometido a no recurrir y a realizar el pago anticipado. De igual modo, si restablece la legalidad, dejando el terreno en las mismas condiciones que estaba antes de la edificación, la multa se le rebajará hasta los 1.300 euros.

La segunda mansión cazada por el Consell este año es en Montuïri. Se trata de una ampliación de una casa en unos 125 metros cuadrados, con terraza y piscina que también había sido construido en zona de máxima protección de una Árena Natural de Especial Interés.

Hay que recordar que de las 159 órdenes de demolición dictadas por el Consell en 2017 y hasta los meses de noviembre y diciembre de 2018, un total de 143 fueron derruidas por sus promotores y propietarios restableciendo la legalidad. El motivo es que de esta forma se pueden ahorrar casi el 90% de la sanción, siempre y cuando dejen el terreno en las mismas condiciones en que estaba antes de cometer la ilegalidad urbanística.

Bartomeu Tugores, director de la Agencia de Defensa del Territorio, y Mercedes Garrido, consellera de Territorio del Consell, siempre han indicado que la posibilidad de aplicar las llamadas multas coercitivas, incrementando el importe de la sanción a los infractores que no cumplen y rebajando en caso de demolición, ha ayudado a que "los infractores urbanísticos" tomen conciencia.