El Consorcio en Rústico ingresa en 2018 lo mismo que en sus 13 años anteriores |
(Menorca, 27/12/2018)
Cierra expedientes con sanciones por más de 130.000 euros de los que ha cobrado una gran parte, según el Consell
Pep Mir. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha incrementado este año de una forma muy considerable los derechos de cobro reconocidos por las sanciones impuestas, es decir, los expedientes cerrados en firme. Según recoge la memoria de los presupuestos del Consell de 2019, estos derechos de cobro de 2018, en el momento de elaborar las cuentas, entre octubre y noviembre aproximadamente, ascendían a 129.995 euros. Al cierre del ejercicio la cifra será superior.
Según explica el director insular de Ordenación del Territorio, Eduard Soriano, de esta cantidad se ha cobrado ya una gran parte, lo que también supone una novedad para el Consorcio. Es decir, se imponen más multas y se cobran con mayor celeridad. Una de las principales causas de esta mayor efectividad ha sido el incremento de personal que se ha producido en los últimos años, que ha permitido una mayor capacidad inspectora y de ejecución de los expedientes.
Estas cifras de derechos reconocidos y cobros contrasta con las cifras de años anteriores. Por ejemplo, los derechos de cobro reconocidos en 2017 fueron 46.385 euros, con unos ingresos efectivos algo superiores porque abonaron las multas personas o entidades que fueron sancionadas en ejercicios anteriores. En 2016 estos derechos reconocidos se quedaron algo por debajo de los 12.000 euros.
De hecho, entre 2005, el año de su constitución, y el año 2017 el dinero recaudado por el Consorcio ronda los 135.000 euros, es decir, prácticamente la misma cantidad que las estimaciones que se manejan para cerrar el año 2018. «Les hemos dado un impulso al Consorcio y esto se nota en los números», explica Eduard Soriano.
Una de las consecuencias de esta reactivación es que se reduce el déficit que genera cada año el Consorcio, que ha pasado de los 195.000 euros de 2016 a apenas 21.200 euros en 2017, con una previsión bastante más optimista para cuando se realice la liquidación de 2018. Eso sí, se mantiene en los presupuestos una transferencia corriente desde los recursos del Consell de 175.000 euros, sin la cual sería inviable.
Por otro lado, el cobro de las sanciones correspondientes a expedientes cerrados en años anteriores ha permitido reducir, aunque de forma no muy holgada, el volumen de la partida acumulada de pendientes de cobro. En la liquidación del ejercicio 2017 aparecen como pendientes de cobro acumulados 648.100 euros, lo que supone una rebaja de 30.000 euros respecto al año anterior.
Menos movimiento hay, dentro de estos 648.100 euros, en la partida de derechos reconocidos de dudoso cobro, es decir, aquellos en que el titular de la obra que ha sido sancionada se ha declarado en quiebra, insolvente o simplemente no se le encuentra. En la liquidación de 2017, la cantidad se mantiene, apenas varía, en torno a los 456.000 euros. En estos casos habría que promover una ejecución de la sanción mediante, por ejemplo, una subasta de los bienes, pero es un procedimiento que, según comenta, Eduard Soriano, todavía no se ha activado y no se prevé activar.