(Diario de Mallorca, 2/12/2018)

De las 159 órdenes de demolición dictadas en 2017 y 2018 por el Consell, 143 fueron llevadas a cabo por los dueños

Miquel Adrover. Las multas coercitivas están surtiendo su efecto en el caso de las infracciones urbanísticas que se cometen en el suelo rústico de Mallorca. Los datos de la Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca demuestran que el 90% de los infractores urbanísticos decidió derribar de forma voluntaria la obra ilegal que habían levantado. En concreto, de las 159 órdenes de demolición dictadas por el Consell en 2017 y lo que llevamos de 2018, un total de 143 han sido derruidas por sus promotores y propietarios restableciendo la legalidad.

Bartomeu Tugores, director de la Agencia de Defensa del Territorio, aseguró que "las multas coercitivas han ayudado a tomar conciencia a los infractores urbanísticos. Saben que si las derriban en el momento en que se les ordena la demolición se pueden ahorrar hasta un 90% de la multa, mientras que si ejecutan el derribo de la obra ilegal cuando haya concluido el expediente, el ahorro puede llegar al 80%". Por contra, a medida que los infractores no cumplen con la orden de demolición se les incrementa el importe de la multa en cada notificación que reciben. Por este motivo, la inmensa mayoría de promotores de construcciones irregulares decide acabar con su edificio de forma voluntaria.

78 demoliciones en 2018

En 2016 se dictaron 16 órdenes de demolición de obras ilegales en Mallorca. Sin embargo, la ofensiva del Consell en 2017 y 2018 contra el urbanismo ilegal en el campo ha multiplicado la apertura de expedientes de infracción con la correspondiente orden de demolición. Prueba de ello es que en 2017 se dictó el derribo de 81 construcciones irregulares y en lo que llevamos de 2018 son ya 78. Tugores aseguró que este año superarán las de 2017.

Según la Agencia de Defensa del Territorio no todas las órdenes de demolición implican que se deba derribar por completo la construcción. En muchas de ellas tan solo deben eliminar una parte que no está sujeta a normativa, en la mayoría de los casos por la falta de la parcela mínima permitida para construir o ampliar. También se vienen detectando numerosas construcciones de piscinas sin que los terrenos rústicos tengan la extensión que permita este tipo de instalaciones. Desde el Consell se ha apuntado en diversas ocasiones que el repunte del urbanismo irregular en el campo está directamente relacionado con el auge del alquiler turístico en toda Mallorca.

Las multas coercitivas fueron contempladas por primera vez por la normativa urbanística balear en 2012 [Nota de Disúrbia: això no és cert, les va introduir la LOUS en 2014...]. En concreto, fue el PP con la famosa Ley Company, en honor al entonces conseller y ahora presidente del PP Biel Company, quien las incluyó y las autorizó para su aplicación. Lo que ocurre es que durante la pasada legislatura prácticamente no se impusieron. Ha sido en esta legislatura cuando el departamento de Territorio que dirige la socialista Mercedes Garrido ha decidido declarar la guerra al urbanismo ilegal en el suelo rústico de toda Mallorca.

Uno de los casos que más han impactado y que ha ayudado de forma especial a tomar conciencia y miedo a los infractores urbanísticos fue la sanción de hasta un millón de euros que el Consell dictaminó para una mansión ilegal en Marratxí.

El importe de las sanciones que impone el Consell está en una media de 60.000 y 70.000 euros por obra irregular. El importe de las multas va en función del volumen de la construcción y, especialmente, en el tipo de suelo en el cual se ha cometido la irregularidad urbanística. En el caso de que la obra ilegal se haya levantado en zonas protegidas, como por ejemplo las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) o Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), el coste se incrementa de forma considerable.

793 expedientes para iniciar

La actividad es frenética en el Consell de Mallorca. Según la consellera Mercedes Garrido quedan 793 expedientes de obras irregulares que no han sido iniciados todavía, otras 153 órdenes de demolición que tampoco se han notificado [Nota de Disúrbia: no entenem què significa això d'ordres no notificades, no té sentit] y hasta 88 recursos por obras ilegales que todavía no se han resuelto. "Para ello necesitamos más personal técnico con el objetivo de hacer frente al urbanismo irregular. Estamos tramitando la contratación de 24 nuevos técnicos con la creación de su correspondiente plaza para hacer frente al volumen de trabajo que tenemos", aseguró Garrido.

Un dato a tener en cuenta es que desde el año 2010 el volumen de multas urbanísticas impuestas por el Consell de Mallorca supera los 14 millones de euros.

Sin embargo, el colapso del departamento de urbanismo del Consell viene de lejos. En 2016, poco después de las elecciones y cuando el Pacto de Izquierdas asumió la gestión del Consell, se descubrió el atasco en la Agencia de Disciplina Urbanística, ahora denominada Agencia de Defensa del Territorio. 1.206 expedientes de obras ilegales en suelo rústico sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin ejecutar y más de 70 recursos de alzada presentados por presuntos infractores contra los expedientes incoados que tampoco se habían resuelto por parte de la institución insular [Nota de Disúrbia: xifres coincidents amb les actuals, segon la pròpia notícia... En realitat, el problema és tan gros que no es pot solventar ni en una ni en cinc legislatures]. La consellera de Territorio, Mercedes Garrido, acusó al PP de "falta de voluntad política" durante la pasada legislatura para evitar el atasco en la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell, ya que buena parte de los expedientes de obras irregulares se remontaban a antes de 2009.

No obstante, desde el PP le recordaron el recorte de personal sufrido durante la crisis y especialmente que durante la pasada legislatura todavía no se podían aplicar las multas coercitivas que autorizó el Govern del PP.

De 6 a 31 municipios

Por otra parte, hasta hace pocos años la gestión de la disciplina urbanística estaba en manos de los ayuntamientos. Había pocos medios y las administraciones locales tenían muchas más dificultades para denunciar a un vecino con otras ilegales, especialmente en los pueblos pequeños. Ello ha provocado innumerables casos de obras ilegales sin expedientar que todavía siguen poblando el suelo rústico de Mallorca.

Sin embargo, en los últimos años la tendencia ha cambiado. Los municipios han decidido ceder la gestión de la disciplina urbanística a la Agencia de Defensa del Territorio del Consell. En concreto, de 6 municipios que tenían cedida esta competencia a la institución insular en 2015, se ha pasado a 31 localidades en la actualidad. El 80% de los municipios de la isla cuenta con un organismo supramunicipal que le controla el urbanismo. Solo los ayuntamientos grandes, con un departamento de urbanismo potente, siguen ostentando y aplicando la disciplina urbanística en su término municipal. [Nota de Disúrbia: tant de bo fos així, perquè de fet hi ha molts ajuntaments petits que no han mostrat mai el més mínim interès per l'Agència]

De igual modo, se han incrementado, con esta cesión municipal al Consell, las inspecciones, tanto oculares como también vía satélite y aéreas. Esta circunstancia ha permitido cazar a muchos más infractores que antaño, se les ha abierto el correspondiente expediente de infracción y si la obra no se puede legalizar se dicta la orden de demolición.