(Diario de Mallorca, 14/11/2018)

Expertos analizan el cambio de paradigma y lamentan el deterioro paisajístico en la época de la impunidad

Jaume Bauzá. Mallorca se acerca al fin de la impunidad urbanística tras décadas de un crecimiento incontrolado que ha transformado el paisaje de manera irreversible. Una mayor determinación por parte de las administraciones -tras años mirando hacia otro lado- y un cambio de mentalidad en los ciudadanos y también en los infractores han supuesto un punto de inflexión con respecto a la época de la barra libre de ladrillo, con especial incidencia en el suelo rústico.

"En 1956 Mallorca tenía 56 kilómetros cuadrados urbanizados; en 2010 la cifra ascendía a 315 kilómetros cuadrados, sin contar con las carreteras. Es decir, en 70 años hemos urbanizado más que en los 4.000 años anteriores. Pero si protestas y pides un freno a la construcción te llaman radical", manifestó ayer Jaume Adrover, miembro de Terraferida y uno de los ponentes en la mesa redonda 'El urbanismo ilegal en Mallorca: de la impunidad a la demolición', que ofreció el Club Diario de Mallorca.

El debate, moderado por el especialista de este diario en temas de Medio Ambiente, Lluís Amengual, también contó con el concurso de Gabriel Fiol, abogado experto en derecho administrativo; Antoni Frontera, alcalde de Selva; y Bartomeu Tugores, director gerente de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT).

"En la pasada legislatura se demolieron diecinueve construcciones ilegales; en estos tres años la cifra asciende a 185. Y todas las demoliciones menos una han sido ejecutadas por los mismos propietarios gracias a la imposición de multas coercitivas", informó Tugores, que en 2011 aterrizó en una ADT que sumaba "miles de expedientes sin que se hubiera tramitado ninguna sanción" [Nota de Disúrbia: o la frase és un invent periodístic, o és que no llegeix aquest blog?].

Fiol enfatizó que "afortunadamente la impunidad empieza a desaparecer", y apuntó a un cambio de chip en los ciudadanos. "El infractor puede reducir las sanciones entre un 95% y 80% si acepta demoler la construcción ilegal dentro de los plazos previstos. Y yo lo veo en mi despacho: cada día más gente opta por la demolición cuando tienen claro que no hay opción de legalización, así al menos pueden ahorrarse mucho dinero", indicó este experto.

Frontera, por su parte, puso el acento en el enorme crecimiento urbanístico que ha vivido el municipio de Selva en los últimos sesenta años. "En este tiempo hemos crecido en 400 habitantes, pero hemos pasado de 900 viviendas a 2.800. ¿Cómo es eso posible? Porque la gran mayoría se construyeron en suelo rústico", lamentó el regidor.

Selva es "uno de los dos municipios" de Balears que no tiene un plan urbanístico, pero Frontera se felicitó porque por primera vez se está redactando uno con el asesoramiento del Consell: "Necesitamos esa herramienta para establecer una delimitación clara entre suelo urbanizable y no urbanizable; hasta ahora nuestros técnicos lo tienen muy difícil para determinarlo cuando alguien nos pide una licencia".

Adrover advirtió de que, pese al cambio de paradigma, Mallorca se encamina al colapso si se da luz verde al millón de plazas que, según el Govern, todavía se pueden edificar: "¿Por dónde circularán los coches? ¿Quién atenderá a la nueva población? ¿De dónde sacaremos el agua? ¿Y todos los servicios que ya tenemos que contratar fuera?", se preguntó.