(El Mundo, 9/10/2018)

M.A. Font. Los conflictos urbanísticos en Ses Salines han vivido un nuevo episodio con la sentencia divulgada ayer contra el Ayuntamiento por sancionar de forma injusta a la aparejadora municipal que había denunciado múltiples irregularidades en el área de Urbanismo. La sentencia sienta un precedente puesto que el Ayuntamiento también sancionó al arquitecto municipal Antoni Campins, que todavía no ha podido recuperar su plaza.

Ahora el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Palma ha sentenciado que la sanción a la aparejadora no se ajustó a derecho y determina la existencia de desvío de poder por parte del Ayuntamiento. «La finalidad de la apertura del expediente y las consiguientes sanciones no tienen la finalidad de corregir una conducta inadecuada, sino apartar a éstos de sus funciones», afirma la juez Núria Ramos quien además condena al Ayuntamiento a pagar las costas.

En abril de 2015 el entonces arquitecto municipal, Antoni Campins, y la arquitecta técnica, Rebeca del Rey, advirtieron a la alcaldesa Maria Bonet (PP) de la existencia de 13 expedientes de disciplina urbanística que se habían paralizado sin ninguna justificación. El secretario de la Corporación, Jaime Perelló, era en virtud de su cargo la persona responsable de vigilar la correcta tramitación de los expedientes. El secretario no sólo desmintió esta paralización sino que impulsó la apertura de un expediente contra el arquitecto que finalizó con la suspensión de seis meses de empleo y sueldo, según una resolución firmada por la alcaldesa Bonet. Posteriormente hubo más denuncias, lo que originó un nuevo expediente al arquitecto Campins que finalmente se vio obligado a abandonar el Ayuntamiento. La aparejadora municipal fue sancionada con 31 meses de empleo y sueldo.

El motivo oficial de la sanción no fueron las denuncias sino los supuestos perjuicios causados por el arquitecto y la aparejadora al introducir ciertas modificaciones en el aparcamiento de la escuela pública de Sa Colònia de Sant Jordi. Al parecer, las obras no se ajustaron al proyecto y no se hizo el muro de hormigón que debía separar la zona peatonal de la carretera, ni la rotonda proyectada, entre otras cosas. La juez, sin embargo, no da importancia a estos hechos y concluye que la sanción no fue por esto sino que el motivo fue apartar de sus funciones a los dos funcionarios.

Los expedientes contra el arquitecto y el aparejador están siendo investigados por la Fiscalía y el Juzgado de instrucción número 3 de Manacor. Otro juzgado investiga las denuncias de Campins contra la ex alcaldesa Maria Bonet por un presunto delito de prevaricación al haber dejado caducar un expediente. Otra de las cuestiones que está en manos de la Justicia es la construcción de viviendas en suelo rústico protegido haciendo uso de licencias caducadas. Aparte está la investigación por la desaparición de documentos y la denuncia por presunta prevaricación al permitirse la ampliación sin licencia de un hotel.

La vista oral del contencioso por la sanción a Antoni Campins está suspendida a la espera de que se resuelva el procedimiento penal abierto contra la ex alcaldesa Maria Bonet. La determinación de la juez sobre la existencia de desvío de poder deja en un lugar difícil al actual alcalde Bernat Roig, vinculado a Més, que multiplicó por 5 la sanciones propuestas por el instructor a los dos funcionarios. La aparejadora, que ya ha cumplido la sanción, no ha podido recuperar su plaza dado q ue el Ayuntamiento decidió eliminarla cuando llegó el momento de la reincorporación. Campins tampoco ha podido recuperar su plaza a la espera de resoluciones judiciales.