(Diario de Ibiza, 6/10/2018)

Considera que los delitos de los que se acusa al hijo del exarquitecto municipal de Sant Josep y a su expareja han prescrito

Eugenio Rodríguez. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, ha declarado prescrito el caso Huerta, la supuesta trama que encabezó el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta para monopolizar los proyectos que se desarrollaban en la localidad donde desempeñaba su función pública. En respuesta a las cuestiones previas a la celebración del juicio (aún no se había fijado una fecha) planteadas por la defensa de los acusados, Antonio Huerta Chamorro, hijo del que fue arquitecto municipal de Sant Josep, y su expareja Pilar Fernández, la jueza ha considerado que los delitos que les imputan han prescrito.

El Colegio de Arquitectos de Balears, que ejerce la acusación particular y que puede recurrir esta decisión, pide una pena de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de arquitecto y el pago de una multa de 54.000 euros (cada uno) para los dos acusados por la presunta comisión de un delito de actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, como cooperadores necesarios. En el caso de Pilar Fernández, la acusación particular agrega una condena de un año y medio de prisión, inhabilitación de tres años para ejercer su profesión y otra sanción de 54.000 euros por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y alternativamente (una o la otra) una pena de dos años de cárcel, tres de inhabilitación y una multa por la misma cuantía apuntada anteriormente por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La jueza considera que, desde que se inició la instrucción, en 2005, hasta que se tomó declaración a los acusados, los delitos que se les imputan han prescrito. De hecho, la Fiscalía ya indicó en su momento que los hechos por los que se le imputaban a Fernández los delitos contra la ordenación del territorio o, alternativamente, contra el medio ambiente, por la firma del proyecto de Cala Molí que invadía parte de una zona protegida ANEI, habían prescrito.

La Fiscalía pidió el archivo

Cuando se cerró la instrucción, la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de la causa por «no existir indicios de la comisión de los delitos por los que se incoó el procedimiento». También apuntaba que algunos testimonios destacados no habían podido ser contrastados, como el de una delineante, empleada de Huerta, que declaró que los proyectos que se presentaban en Sant Josep los hacía el exarquitecto municipal, pero los firmaban otras personas, entre ellas la que entonces era la pareja de su hijo, Pilar Fernández.

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos, que se vio forzado a cambiar de letrado (el que llevó la instrucción renunció) justo en el momento en el que se cerró la instrucción, recurrió el archivo y, en segunda instancia, la Audiencia Provincial obligó a reabrir el caso.

Diez años de instrucción y cinco para recibir un informe

La investigación arrancó en 2005, pero, según advirtió la Fiscalía, «desgraciadamente» se prolongó una década

La instrucción del caso Huerta se prolongó «desgraciadamente», según advirtió en su momento la Fiscalía, durante una década [Nota de Disúrbia: això és tercermundista, però ningú serà declarat responsable de res...]. La investigación arrancó a raíz de una denuncia del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por las obras de la urbanización en Cala Molí, que invadían una zona protegida ANEI y cuyo proyecto firmó Pilar Fernández, la pareja entonces del hijo del arquitecto municipal Antonio Huerta.

El Colegio de Arquitectos se personó en la causa para tratar de cortar el monopolio que, supuestamente, había montado Huerta para acaparar los proyectos que se desarrollaban en el municipio en el que ejercía su función pública. De hecho, el Colegio de Arquitectos advirtió de que en seis años se presentaron en el Ayuntamiento un total de 52 proyectos firmados por Pilar Fernández o la sociedad Keltike, de la que era administradora.

La dilación de la instrucción se agravó aún más después de que la Guardia Civil tardara cinco años en entregar a la jueza el informe sobre la documentación incautada durante los registros que se llevaron cabo en el Ayuntamiento, domicilios y oficinas de los imputados durante la llamada Operación Pitiusa, en octubre de 2008.