(Diario de Mallorca, 5/10/2018)

El Ayuntamiento paró la construcción de una gran superficie comercial en el antiguo campo de fútbol del Coll den Rabassa

J. F. Mestre. El Ayuntamiento de Palma tendrá que afrontar el pago de una cuantiosa indemnización, cifrada en 3,6 millones de euros, por anular en el año 2009 una licencia, previamente concedida, para construir una gran nave comercial en la zona de es Carnatge, junto a la barriada del Coll de Rabassa. En concreto, esta gran superficie comercial, donde estaba previsto montar un comercio de venta de productos deportivos, se iba a construir en los mismos terrenos donde antiguamente estaba ubicado el campo de fútbol del Collerense, situado junto a la carretera que une esta barriada con Can Pastilla.

Este terreno era propiedad de tres socios a los que hace una década les salió la oportunidad de iniciar un proyecto de construcción. Hasta ese momento habían estado recibiendo los ingresos por el alquiler del campo de fútbol a Cort y de las vallas publicitarias, pero se les planteó la posibilidad de construir una gran nave comercial. De hecho, habían alcanzado un acuerdo con Decathlon para explotar esta gran superficie por un periodo mínimo de 25 años. Los socios crearon la sociedad Inversiones Son Manuel y consiguieron todos los permisos correspondientes para llevar a cabo la obra. Aunque el terreno se encontraba en una área próxima a la zona protegida de es Carnatge, en este solar se podía construir. Por ello, tanto el Ayuntamiento de Palma, como el Consell Insular dieron luz verde al proyecto, que consistía en la construcción de una gran superficie, junto a una zona de aparcamientos. Para llevar a cabo el proyecto, la empresa canceló el contrato que tenía con Cort para la explotación del campo de fútbol como zona deportiva municipal.

Sin embargo, cuando ya se habían iniciado las primeras obras el Ayuntamiento de Palma descubrió un grave error. La licencia se había aprobado sin contar con un permiso de la autoridad aeronáutica, dado que la zona donde se iba a construir se encontraba muy próxima al aeropuerto de Son Sant Joan. Ante esta situación, el Consistorio inició un expediente, que concluyó con la anulación de la licencia, de tal forma que se frustró el proyecto de esta empresa de inversiones.

La empresa perjudicada por esta decisión municipal presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Palma. La demanda la defendió el abogado Rafael Mora, que reclamó una indemnización de 13 millones de euros, que correspondían a las pérdidas por la inversión que había realizado la empresa, a los gastos bancarios, pero sobre todo al lucro cesante, es decir, los ingresos que se dejaron de recibir por el alquiler de la nave que se había acordado con la firma de la marca deportiva.

Tanto el juez de primera instancia, como ahora el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, a través de la sala de lo contencioso, dan la razón a la empresa, frente al Ayuntamiento. Lo único en lo que se discrepa es en la indemnización que debe recibir la empresa por los perjuicios que le ha ocasionado la pérdida de estos derechos de construcción. De hecho, el propio Ayuntamiento de Palma aceptaba su responsabilidad y se mostraba conforme en indemnizar a los propietarios, pero no en las cantidades que se reclamaban.

Mientras que en la primera sentencia el juez establecía una indemnización de 2,2 millones de euros, el Tribunal Superior ha incrementado esta cifra. La Sala ha establecido una indemnización de 3,6 millones de euros, por cuanto entiende que se debe reconocer el lucro cesante, es decir, el dinero dejado de ingresar por la empresa, al no poder cobrar la renta pactada por el alquiler de la nave. Los jueces consideran que, de los 25 años de alquiler acordados, la empresa perjudicada tiene el derecho de recibir cuatro años de la renta. Este alquiler no recibido, que tendrá que pagar ahora el Ayuntamiento, alcanza la cifra de 1,4 millones de euros.