(Menorca, 9/09/2018)

Aprobado en 1970, el decreto permitió al promotor saltarse normativas urbanísticas y lograr el permiso de construcción

Javier Gilabert. Sí que se construyeron con licencia municipal. Las dos torres que conforman el complejo hotelero Milanos-Pingüinos, en el punto de mira por el proyecto de reforma presentado por Meliá Hotels International –su actual propietario–, consiguieron obtener el permiso de obras después de que el Ministerio de Información y Turismo franquista aprobara en diciembre de 1971 –publicado en enero del 71– un decreto sobre «requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos» que en la práctica exoneraba al promotor del cumplimiento de los parámetros de la normativa urbanística.

Así consta en el acta de la reunión que el 30 de noviembre de 1971 celebró la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Alaior y en la que se da cuenta del visto bueno de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas y se toma en consideración el informe favorable del arquitecto municipal, Víctor A. Tolós –a la sazón el apoderado de los terrenos a edificar– para acordar por unanimidad «conceder licencia municipal para construir los citados hoteles».

No ha sido ni el grupo hotelero que promueve su reforma, ni los técnicos municipales, ni los juristas contratados por el consistorio los que han dado con la prueba de que las torres más llamativas del litoral menorquín se construyeron con licencia, sino el Centre d’Estudis Locals de Alaior, que tras poco más de una hora de búsqueda en los archivos municipales ha dado con una información que puede ser crucial, teniendo en cuenta que la falta de licencia –y el incumplimiento de los parámetros urbanísticos de la época– es uno de los argumentos que se han utilizado para frenar el proyecto que consolida las estructuras.

Hasta el momento el único documento hallado sobre el permiso de obra de los bloques –entonces llamados Tamo y Laguna Playa– lo había encontrado el GOB en febrero y se trata de una licencia provisional, curiosamente concedida un día antes de que el gobierno franquista aprobase el decreto sobre alojamiento turístico. En esta se condicionaba la construcción del proyecto hotelero al cumplimiento de unos parámetros urbanísticos que no se siguieron ni de cerca cuando se ejecutaron las obras en 1973.

De hecho se establecía que el máximo de edificación era de 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, una construcción de poco más de 4.000 metros cúbicos, cuando finalmente, y a la vista de la documentación gracias al decreto franquista, casi se alcanzan los 76.000.