(Diario de Ibiza, 13/07/2018)

El Consistorio también prevé imponer a partir de septiembre a la promotora, Francisca Sánchez, multas coercitivas mensuales del 10% del coste del derribo de las edificaciones hasta que se ejecute

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Josep ha impuesto a Inversiones Hoteleras Faro S.L., cuya administradora única es Francisca Sánchez Ordoñez, una sanción de 341.305 euros por las obras ilegales ejecutadas en Casa Paola, junto a Casa Lola, el complejo turístico, también ilegal, situado en es Cubells.

Las obras sin permiso municipal son una edificación de 170 metros cuadrados de superficie y cuatro metros de altura que, aparentemente, se destinaba a uso residencial; un anexo, de unos 150 metros cuadrados, que también se destinaba a vivienda; una piscina de 100 metros cuadrados y un depósito de 75 metros cuadrados, además de unos bancales de tierra y áridos de distintas longitudes (hasta 120 metros) y con una altura de un metro.

Como la propiedad no permitió la entrada en la finca de los técnicos municipales, las medidas de las construcciones sin licencia son aproximadas. Se han empleado fotografías adjuntas al expediente, los informes del celador y la Policía Local, los vuelos aéreos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Balears (Ideib) y la documentación del catastro.

La arquitecta municipal cuantificó el coste de las obras ilegales en poco más de 390.000 euros. La multa, de 341.305 euros, se obtiene de la aplicación del 87,5% de la valoración de las construcciones ejecutadas sin licencia. Los hechos están tipificados como una infracción grave que deviene muy grave por ubicarse en suelo especialmente protegido forestal según las Normas Subsidiarias.

El proceso para que la propiedad lleve a cabo el derribo de las construcciones ilegales y restituya el terreno a su situación original ya está abierto, según explica el segundo teniente de alcalde y responsable del departamento de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero. «Ya se ha ordenado el derribo, ahora hay que hacer que lo ejecuten», indica. Para ello, el equipo de gobierno aplicará a partir de septiembre «multas coercitivas» cada mes, cuyo valor será del 10% del coste del derrumbe de las ilegalidades, hasta que se eliminen las construcciones.

Si transcurridos 12 meses, el plazo máximo en el que se pueden imponer las sanciones coercitivas, aún no se ha ejecutado el derribo, el Consistorio procederá a hacerlo de forma subsidiaria.

A diferencia de Casa Lola, el expediente de infracción urbanística de Casa Paola está mucho más avanzado porque la propiedad agotó los plazos sin presentar un recurso en el juzgado.

Tras cumplir una pena de prisión por delitos fiscales, Francisca Sánchez emprendió en 2016 un nuevo proyecto ilegal en Casa Paola aprovechando una licencia concedida para una vivienda. Tal como ya hizo con Casa Lola, Sánchez incumplió las órdenes de paralización de la autoridad municipal y rompió los precintos. A finales de octubre de 2016, vecinos de la zona manifestaban su total impotencia al ver cómo «esta señora hace lo que le da la gana sin que nadie pueda pararla».

Obras ilegales en Casa Lola

Recientemente, el juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma rechazó el recurso contra la orden de demolición dictada por el Ayuntamiento en 2011 y que afectaba a unas obras ilegales en Casa Lola, después de que ya se hubiera abierto un expediente similar contra las edificaciones originalmente levantadas, también sin licencia.

Las obras que se deben demoler, las de la segunda tanda que se suman a las del primer expediente abierto, abarcan una superficie de unos 400 metros cuadrados y consisten en una piscina y terraza anexa, un porche y edificación anexa de 50 metros cuadrados, los cimientos de otra edificación de 30 metros, otra de 50 metros, dos estructuras en forma de L con una superficie de 200 metros cuadrados y una estructura de piscina y depósito de agua de 52 metros.