(Diario de Ibiza, 20/04/2018)

El Ayuntamiento coloca un cartel anunciando la medida para que los ocupantes desalojen el edificio antes de ese día

Joan Lluís Ferrer. Ya hay fecha para que el chalé-patera de Sant Antoni deje de funcionar como tal: el 30 de abril a las 12 del mediodía. Ese día, la Policía Local procederá al precinto de todas sus entradas y accesos para garantizar que nadie pueda penetrar en el edificio. Mientras tanto, se sigue tramitando la orden de derribo del inmueble.

El equipo de gobierno que dirige Josep Tur, Cires, emitió ayer una nota en la que da a conocer esta medida y recuerda que el Consistorio ordenó el verano pasado «la suspensión de todos los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo» en este emplazamiento. Además, el pasado diciembre, la junta de gobierno adoptó el acuerdo de demoler la práctica totalidad del inmueble. En concreto, se tienen que derribar 333 metros cuadrados de reforma realizada sin permiso, otros 436 metros cuadrados de ampliación ilegal y otros 103 metros de almacén reconvertido en vivienda. Los trámites para la demolición continúan adelante.

Recurso rechazado

El precinto del edificio se producirá después de que en febrero la junta de gobierno desestimara el recurso de reposición que había presentado el administrador de la empresa propietaria. El Ayuntamiento considera «constatado el incumplimiento de la orden de suspensión de todos los actos de uso del suelo» y «comprobado que la edificación se sigue dedicando al alquiler de habitaciones».

En el caso de que el propietario del inmueble vulnerara o tratara de impedir el precinto, se expone a las consecuencias derivadas de las nuevas leyes urbanísticas, amén de arriesgarse a ser denunciado ante la Fiscalía, advierte la nota municipal.

En concreto, en caso de quebrantar el precinto, la ley prevé la imposición de sucesivas multas coercitivas al dueño, a razón de una cada mes mientras perdure la infracción, y por un importe equivalente a un porcentaje del valor de la vivienda.

Ayer por la mañana fue colocado junto a la puerta principal de acceso un cartel del Ayuntamiento dirigido a «los posibles ocupantes para que tengan conocimiento del precinto que se llevará a cabo el día 30», señala el equipo de gobierno en la nota emitida.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ya había declarado que no estaba dispuesto a permitir que se prolongara la infracción que supone el chalé-patera de la calle General Gotarredona una temporada más.

Un hotel ilegal sucesivamente ampliado

Los técnicos del Ayuntamiento de Sant Antoni tienen evidencias sobradas de que la vivienda de la calle General Gotarredona ha sido sucesivamente ampliada y reformada en los últimos años para dar cabida a más habitaciones. Estas dependencias, según han relatado a este diario algunos inquilinos, son de dimensiones ínfimas en muchas ocasiones y carecen de las condiciones básicas de habitabilidad. Además, y pese a los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento, el dueño de la casa, Agustín Sales, ha continuado alojando a huéspedes a lo largo de todo el invierno, tal y como él mismo confirmó hace unos meses a este diario. A su juicio, no hay motivo ni para derribar el edificio ni para imponer las sanciones anunciadas.