(Diario de Mallorca, 12/04/2018)

El juez deniega la petición de la entidad para impedir la ejecución de la sentencia - Sa Nostra concedió un crédito de 6,6 millones

Mercè Pinya. La justicia ha dado un nuevo paso en su rumbo hacia el derribo de los 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp (Andratx) después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 haya desestimado la petición de la entidad BMN, que pretendía paralizar la ejecución de la sentencia que declaró nula la licencia de las polémicas construcciones.

Sa Nostra - posteriormente integrada en BMN y actualmente Bankia - había concedido el año 2005 un préstamo hipotecario por valor de 6,6 millones de euros a Marmacen Sol SL, una sociedad formada por el promotor inmobiliario Manolo Zapata, para construir los apartamentos. En su acción judicial, intentaba paralizar todo el proceso amparándose en un defecto formal. Pero los deseos de la entidad bancaria de evitar la demolición se han visto truncados.

La entidad aportó al magistrado toda la información financiera de la operación, incluyendo el crédito inicial otorgado al promotor de 6,6 millones, del que quedan más de 4 sin liquidar. El escenario cada vez más probable de una demolición complicaría, sin duda, una hipotética ejecución en el caso de que los deudores no cumplieran con sus obligaciones.

El juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha desestimado la petición de nulidad de BMN por "extemporaneidad", ya que han transcurrido más de 5 años entre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que en 2011 declaró nula de pleno derecho la licencia municipal otorgada en 2005 por el consistorio de Eugenio Hidalgo para construir 24 apartamentos – de los que solo se acabaron levantando 12 -, aparcamientos y una piscina.

Sentencia de 2011

La sentencia del TSJB de 2011 no hacía sino ratificar una de 2009 en la que ya se declaraba nula la licencia municipal para la construcción de los apartamentos, que concedió el entonces alcalde Eugenio Hidalgo a Marmacen Sol. La denuncia la había formulado el GOB en el marco de sus diferentes actuaciones contra el urbanismo practicado por el entonces alcalde y que acabaron por desencadenar la operación Voramar.

Desde entonces, los propietarios han intentado dilatar la demolición. El penúltimo escollo había venido precisamente desde el ámbito municipal. El consistorio aseguró en más de una ocasión al juez que no podía acceder a los apartamentos para realizar las mediciones necesarias y elaborar el proyecto de demolición. Argumentaba que los vecinos no facilitaban dicha actuación.

El magistrado titular del Juzgado contencioso administrativo numero dos, a petición del GOB, decidió agilizar el cumplimiento de la sentencia el año pasado, y dictó una interlocutoria en la que autorizaba a los funcionarios del ayuntamiento 'andritxol' a acompañarse de miembros y fuerzas de seguridad necesarios para garantizar la entrada en los apartamentos y tomar las medidas que fueran necesarias para cumplir inexorablemente con la demolición.

Así pues, casi una década después de la sentencia que por primera vez anuló la licencia municipal otorgada por el popular Eugenio Hidalgo, parece que la demolición de los apartamentos ilegales de Cala Llamp está cada vez más cerca.