(Última Hora, 2/03/2018)

Nekane Domblàs. Levantar porches en fincas rústicas, construir una piscina sin permiso, ampliar viviendas o incluso levantarlas por completo sin licencia o en parcelas que no cumplen el tamaño mínimo ya no sale gratis: el Consell de Mallorca ha impuesto más de 14,7 millones de euros en multas desde 2009 a quienes se atreven a hacer obras en fincas rústicas sin tener permiso para ello.

Ese año se puso en marcha la Agència de Defensa del Territori (ADT) y su actuación ha sido determinante para que los infractores se den cuenta de que sus acciones tienen consecuencias.

Hace años que la ADT recurre a imágenes tomadas por avionetas que sobrevuelan Mallorca para detectar las obras ilegales en el campo mallorquín, pero ahora ha incorporado otro elemento tecnológico que permite agilizar la tramitación de los expedientes. El director de la Agència, Bartomeu Tugores, explica que los inspectores de este organismo disponen desde hace dos semanas de una aplicación móvil que les permite llegar en tiempo récord a la finca donde se está cometiendo la presunta infracción.

Mayor rapidez

La aplicación ha sido diseñada por un policía local de Llucmajor y permite acceder a la zona de la infracción con mucha más celeridad que en estos momentos. Tugores explica que en cuanto llega el aviso de un posible delito, los inspectores disponen de un plano detallado de cómo llegar a la finca sin necesidad de acudir al catastro, encontrar su posición después y finalmente buscar la ruta.

Cuanto antes llegan los inspectores a una obra ilegal, menores consecuencias tiene la infracción para quien la promueve. El protocolo de actuación obliga a parar las obras en cuanto se accede a ellas y, por eso, a menor obra realizada por el promotor, más facilidades para demolerla y una menor multa.