(Diario de Mallorca, 31/01/2018)

Tanto la propiedad como el titular de la actividad se enfrentan a una multa de 960.000 euros, además de a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento

Josep Capó. El Ayuntamiento de Palma ordenó ayer a la Fundació Natzaret, como propietaria de los terrenos, y a la empresa de Bartolomé Cursach que explotaba Pachá la demolición de las obras realizadas sin licencia en la discoteca del paseo Marítimo.

La gerencia de Urbanismo celebrada ayer cerró el expediente de reposición de la legalidad urbanística con esta orden de demolición, tras comprobar que se han realizado obras sin licencia en la antigua discoteca por un importe de 880.000 euros. En este caso, la sanción económica se agrava por el hecho de que los terrenos y la edificación en los que se ha realizado la ilegalidad están protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según informó el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, los celadores municipales detectaron hasta nueve obras realizadas en el local o en su exterior sin la correspondiente licencia municipal, que ahora deben ser demolidas.

Entre ellas, citó la instalación de vallas publicitarias con seis focos de iluminación, la ampliación de la terraza principal y de la zona del patio y de la sala VIP y la ejecución de un sótano, además de dos reformas interiores y de otras dos en el exterior.

Hila explicó que ahora el Ayuntamiento notificará la resolución a las partes y, una vez realizado este trámite, que puede durar meses, la propiedad y el antiguo gestor de la discoteca dispondrán de dos meses para ejecutar las obras demolición.

En caso contrario, el Ayuntamiento las ejecutará de forma subsidiaria, pasándoles la factura de los gastos ocasionados, además de imponerles una multa mensual durante un máximo de doce meses por un importe equivalente al 10% del valor de las obras realizadas sin permiso.

En este caso, el importe mensual de la sanción sería de 80.000 euros, lo que multiplicado por 12 da una cifra de 960.000 euros que deberán hacer efectiva, si se da el caso, la Fundació Natzaret y Cursach.

Al margen de este expediente de reposición de la legalidad urbanística, el Ayuntamiento abrió en su momento también otro de infracción, que aún no está resuelto y que acabará con una multa económica que, en este caso, deberá abonar la empresa que ejercía la actividad y no el propietario de las instalaciones.

La representante del empresario de ocio comunicó el pasado mes de diciembre su voluntad de renunciar a la licencia de actividad de la discoteca, después de que el Ayuntamiento determinara que el aforo del local no superaba las 277 personas en lugar de las 668 que reclamaban. En aquel momento ya se advirtió que la renuncia no implicaba el archivo de los expedientes de demolición ni el de disciplina urbanística.