(El Mundo, 22/01/2018)

Paquita Marsans, conocida como la casera de famosos como Aznar y Esperanza Aguirre, alegó «indefensión». El juez pidió una traducción en castellano al Ministerio hace más de 15 meses. El Ayuntamiento denuncia que los abogados de la propiedad saben hablar catalán

Francisca Sánchez Ordóñez, más conocida como Paquita Marsans, y más conocida como la casera de los famosos de Ibiza, lleva más de quince meses librándose de derribar gran parte de su mansión en la zona Es Cubells, conocida como Casa Lola, porque la sentencia que la condenaba a su derribo por realizar obras ilegales está redactada en catalán. [Nota de Disúrbia: en aquests casos, la sentència no condena a esbucar res, sinó que confirma l'ordre de demolició dictada prèviament per l'ajuntament]

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca decidió redactar en este idioma la orden de derribo el 11 de octubre de 2016, y la defensa de la propietaria, la empresa Inversiones Hoteleras El Faro S.L, que pertenece a Paquita, alegó «indefensión» por desconocimiento del idioma.

Cuando eso sucede el Juzgado debe pedir una traducción a Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Baleares, cosa que hizo el 28 de octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya vuelto a saber nada, por lo que el macrocomplejo de 21 dormitorios y con capacidad para cuarenta personas sigue ahora mismo ofertándose en al menos dos páginas web por 60.000 euros a la semana.

El Ayuntamiento de San José abrió el expediente de disciplina urbanística de Casa Lola en el año 2010, después de que el celador municipal constatara que se estaban ejecutando obras sin licencia, concretamente más habitaciones, terrazas y dos piscinas, hasta completar 2.000 metros cuadrados de construcción.

El expediente concluyó además con que prácticamente la totalidad de la edificación era ilegal. Seis años después, y tras un largo periplo judicial que incluía nuevos contenciosos porque la propiedad rompía el precinto de la Policía Local para continuar las obras, la Justicia dio la razón al Ayuntamiento. Con esta sentencia el Consistorio tendría derecho a demoler el complejo en el caso de que la propiedad no ejecute la sentencia, pero de momento ni siquiera se da por notificada por estar redactada en catalán.

La Ley no obliga a jueces, ni fiscales, ni secretarios, ni otros funcionarios, y mucho menos a las partes, a conocer la lengua propia de una comunidad autónoma, pero son libres de utilizarla, lo que provoca la necesidad en esos casos de un servicio de traducción, ya sea durante el juicio o en los escritos de notificación a las partes.

«No es chino ni es japonés, es catalán, que es la lengua vehicular de esta Comunidad Autónoma, además sus abogados son catalanoparlantes, esto es una cosa que se sale de lo normal», denunció la semana pasada a IB3 el regidor de urbanismo de San José, Ángel Luis Guerrero, del PSOE.

La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Baleares hace años que se hace eco de la falta de traductores en la época estival, así como que la gerencia territorial da prioridad a los asuntos penales, provocando que las traducciones de los contenciosos lleguen a alcanzar el año de retraso. «No podemos hacer nada, nos sentimos impotentes», explica Guerrero, que recuerda además que una vez traducida y enviada a la propiedad, ésta todavía tendría un mes para presentar nuevas alegaciones.

Paquita Marsans es conocida por llevar años en el negocio del alojamiento de vips en Málaga e Ibiza. En su círculo de inquilinos y amistades, recopilado por Vanitatis, figura el ex presidente Aznar, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Jacqueline de la Vega, Vicky Martín Berrocal, Paulina Rubio, Rafael Amargo, Cari Lapique, Javier Merino, Manu Tenorio o Falete.

Las ilegalidades de su complejo de Ibiza no son ni mucho menos sus únicos problemas con la justicia. Paquita fue detenida a las puertas de Pacha Ibiza y rodeada de famosos en agosto de 2013. Sobre ella pesaba una orden de busca y captura del juzgado de lo penal número 4 de Málaga desde febrero de 2008, que la condenaba a dos años de prisión por defraudar 867.469 euros. Por este motivo llegaría a pasar diez meses en la prisión de Ibiza.