(Diario de Ibiza, 19/01/2018)

Agustín Sales asegura que un informe de una arquitecta técnica avala la legalización de su casa de Sant Antoni, sobre la que pesa una orden de derribo municipal

El propietario del chalé patera de Sant Antoni, en la calle Gotarredona, defiende que no trata de «aprovecharse» de nadie y destaca que sus beneficios se sitúan en torno a 43.000 euros al año, «una cifra escasa si se tiene en cuenta la inversión y la cantidad de trabajo que hacen dos personas». En un artículo remitido a este diario, Agustín Sales explica que en la tramitación del impuesto de sociedades de 2016, Envases d'Eivissa S. L., la empresa que alquila la vivienda a un centenar de personas en la temporada de verano, declaró el ingreso de casi 175.000 euros. Descontando gastos y «el pago de 14.200 euros en impuestos», se obtiene «el beneficio» apuntado.

El número máximo de inquilinos ha superado el centenar (102), pero el propietario apunta que durante la temporada hay entre 90 y 95 personas (ningún turista), que pagan una media de 335 euros al mes. La mayoría de las habitaciones (compartidas) tienen un precio de entre 300 y 375 euros por persona, pero algunas individuales tienen un coste de 500 euros. «Cobrar este precio a un trabajador que gana entre 1.300 y 3.000 euros mensuales, y algunos incluso más? es un precio más que razonable», justifica.

Sales también niega que los inquilinos vivan hacinados en el chalé patera. Para tratar de evitar la demolición de casi todo el inmueble, el propietario ha presentado en el Ayuntamiento de Sant Antoni un estudio de viabilidad para la legalización de la vivienda firmado por una arquitecta técnica que concluye que la casa «cumple con las condiciones de habitabilidad y seguridad que marca el decreto de habitabilidad vigente [145/1997 de 21 de noviembre] para 55 personas [en 42 dormitorios: 29 individuales y 13 dobles]», que es poco más de la mitad del aforo que en realidad se explota.

Para tratar de justificar la capacidad real que se explota en verano, Sales señala que el mismo informe apunta que, si se aplicara el decreto de habitabilidad anterior (111/86 de 18 de diciembre), podría haber hasta 92 plazas repartidas en 11 dormitorios cuádruples, cinco triples, siete dobles y 19 individuales. «La anterior normativa contempla ciertos aspectos técnicos que no se reflejan en la nueva, aunque tampoco los prohíbe», puntualiza Sales, para agregar acto seguido: «Sea como fuere, [el estudio de viabilidad] demuestra que esta casa es capaz de albergar a 92 personas en perfectas condiciones de habitabilidad y salubridad. Además, la casa ofrece algunos lujos, como son piscina, wifi, Canal Plus, barbacoa y limpieza dos veces al día de las zonas comunes. Esto demuestra que no es una casa patera. Tendría que denominarse la casa de los trabajadores», argumenta.

Obras ilegales

Pese a que a mediados de noviembre aseguraba a este diario que no se iba a derribar nada porque «todo es legal», Sales admite que entre los años 2002 y 2005 amplió la casa, sin la correspondiente licencia de obra, en una superficie de180 metros cuadrados, pero defiende que los hechos «han prescrito» y, «como se cumplen los parámetros urbanísticos, se puede legalizar».

De hecho, la arquitecta técnica que ha elaborado el estudio de viabilidad sobre la legalización de la casa concluye que «la construcción principal se ajustaría a las condiciones urbanísticas con pequeñas medidas correctoras que serían fácilmente subsanables».

Por otra parte, la propiedad también amplió la vivienda sin el correspondiente permiso con estructura de chapas y aluminio. «No deberían considerarse como obra pues son fácilmente desmontables y están en el exterior de la vivienda», indica Sales. Así, como el exceso de obra (los 180 metros cuadrados) se pueden legalizar, según su criterio, el propietario admite que difícilmente podrá mantener los porches construidos con las estructuras metálicas porque «exceden la capacidad de la parcela».

La propiedad se aferra a «la situación de emergencia habitacional de Ibiza» para mantener su negocio, pese a la falta de permisos y las obras ilegales acometidas para aumentar la capacidad de acogida. Critica al Ayuntamiento por «movilizar un despliegue de fuezas inaudito y nunca visto en la isla, para intentar derribar una vivienda perfectamente preparada para albergar la cantidad de personas que la ocupan en una condiciones envidiables en comparación con las condiciones en las que viven en general los temporeros».

«Irregularidad insignificante»

Como la Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas sobre el caso, el Consell anda «rebuscando algún indicio de actividad turística donde no la hay y la Policía no ve más que trabajadores y calma en la casa», Sales señala que el Consistorio «no ha tenido más remedio que apoyarse en una irregularidad urbanística, ya prescrita e insignificante, comparada con las cientos y cientos de barbaridades que se cometen en la isla... para intentar acabar con una actividad legal y de tremendo interés para los ciudadanos». Por ello, el propietario reclama al Consistorio y al Consell que «salven todo lo que se pueda salvar de la casa con objetividad, espíritu constructivo y responsabilidad política hacia sus ciudadanos».

Orden de derribo y multas coercitivas de 100.000€

La junta de gobierno de Sant Antoni aprobó a mediados de diciembre la orden de demolición que afecta a casi toda la casa. Desde entonces, el propietario tiene un plazo de dos meses para la presentación del proyecto de derribo de la vivienda. En el caso de que el promotor no lo haga, empezarán a recaer sobre él multas coercitivas cada mes (hasta llegar a 12 mensualidades) equivalentes al 10% del valor de la construcción, que en este caso asciende a poco más de un millón de euros (unos 100.000 euros mensuales de sanción). Transcurrido este plazo, el Consistorio podrá proceder a la demolición subsidiaria.