(Diario de Ibiza, 12/01/2018)

El abogado del músico destaca que «lo más grave» es «la inseguridad jurídica» que afecta a la propiedad

Eugenio Rodríguez. La defensa del músico Michel Cretu presentará un recurso en el Ayuntamiento de Sant Antoni en contra del acuerdo de la junta de gobierno que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, por un valor de 20,1 millones, por el derribo, en 2009, de su mansión en Santa Agnès. Acto seguido presentará el correspondiente contencioso administrativo en el juzgado. Su abogado, Jaume Roig, discrepa del dictamen del Consell Consultiu, que presenta «contradicciones», en el que se basa el Consistorio para denegar la petición de la propiedad. «La argumentación se orienta hacia la conclusión que se pretende», señala Roig.

El letrado apunta que el Consell Consultiu «no es un tribunal, y menos de orden penal, para introducir en un procedimiento conceptos dolosos». En concreto, el dictamen del máximo órgano asesor de la Comunitat Autònoma concluye que el Consistorio debe rechazar la pretensiones de la promotora de la antigua vivienda porque cometió «una negligencia grave» al escoger el emplazamiento de la vivienda más impactante, en lo alto de una cima, en contra de lo que determina la Ley de Espacios Naturales (LEN). Además, por este motivo los juzgados anularon la licencia que el Ayuntamiento de Sant Antoni concedió en 1997 para la construcción de una vivienda de 708 metros cuadrados.

Roig niega que la casa se construyera en lo alto de una cima y recuerda que desde la puerta de entrada hasta el punto más alto del promontorio había una altura de algo más de dos metros. «Se construyó abrazando la ladera», dijo.

En todo caso, destaca por encima de todo que la vivienda se levantó en el emplazamiento que fue «autorizado» por «el Govern balear, el Consell Insular y el Ayuntamiento de Sant Antoni».

«Cambio de criterio»

El letrado de Cretu destaca que «lo más grave de todo» es «la inseguridad jurídica» que ha afectado a su defendido en el momento, una vez construída la casa, en que «se cambió de criterio». «Si alguien quiere construir una casa no va al juzgado o al Obispado a pedir licencia, sino al Ayuntamiento y al Consell; y si se la conceden tiene, como mínimo, la sensación de que todo es correcto», recalca.

Sobre la parte de la edificación ilegal, que se construyó al margen de la licencia, Roig recuerda que durante las obras de perforación para instalar los cimientos hubo «problemas» al hallarse «huecos en el subsuelo de ocho metros de altura». «Había dos posibilidades: se rellenaban de hormigón o se les daba un destino. La mayor parte eran galerías», indica.