(Diario de Ibiza, 15/12/2017)

«Es una bestialidad que no tiene nombre», dice el propietario | Tiene dos meses para presentar el proyecto de derribo y luego será multado con 100.000 euros todos los meses si desobedece

Joan Lluís Ferrer. La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó anteayer la orden de demolición del chalé patera de la avenida del General Gotarredona, 2, en esta localidad, que viene funcionando de forma ilegal desde hace años y que tiene expedientes abiertos desde 2002. La casa llega a tener un centenar de huéspedes alojados de forma ilegal durante los meses de verano, aunque ayer mismo aún tenía personas durmiendo en sus habitaciones.

La decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni, que ayer por la mañana aún no había sido notificada a su propietario, obliga al titular a aportar, en el plazo máximo de dos meses, el correspondiente proyecto de demolición para ser aprobado por el Consistorio.

La orden de derribo afecta a prácticamente toda la casa, que ronda los 1.000 metros cuadrados de superficie. El núcleo originario del inmueble, que tenía licencia, ha quedado tan ampliado y tan alterado por las sucesivas ampliaciones realizadas de forma fraudulenta que la concejala de Urbanismo, Cristina Marí, vio difícil que pueda salvarse algo de dicha construcción.

En el caso de que, transcurridos los dos meses que prevé la ley, el promotor no haya presentado el proyecto de derribo, empezarán a recaer sobre él multas coercitivas de periodicidad mensual por un importe equivalente al 10 por ciento del valor de la construcción, que en este caso asciende a 1.051.213 euros, según la nota emitida por el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Ello supone que cada mes, y de forma reiterada hasta llegar a doce mensualidades, el propietario de la casa deberá abonar algo más de 100.000 euros.

Transcurridos estos plazos, la Corporación quedará legalmente facultada para proceder ella misma a la demolición de la casa, aunque cargando los gastos de todo ello al propietario, tal y como también establece la ley.

Recursos posibles

Por su parte, el promotor tiene treinta días a partir de ahora para presentar un recurso de reposición contra la orden municipal de demolición, pero como dicho recurso debe ser presentado ante el propio Ayuntamiento, lo más probable es que sea desestimado, con lo que ya sólo quedaría acudir a la vía judicial para tratar de eludir la demolición o, al menos, retrasarla al máximo.

Sin embargo, como explicó la concejala de Urbanismo, si el infractor optara por acudir a la vía judicial, «no habría que esperar a que finalizara la tramitación del recurso contencioso-administrativo para imponer las multas coercitivas».

Cristina Ribas admitió, sin embargo, que los trámites para la demolición «no serán rápidos», pero se declaró «satisfecha» por el hecho de que «por fin se haya terminado el expediente», después de los primeros intentos, nunca finalizados, del PP desde el año 2002.

Por su parte, el dueño y explotador del chalé patera, Agustín Sales, se enteró por este diario de la aprobación de la orden de derribo, motivo por el cual declinó pronunciarse sobre la estrategia que seguirá de ahora en adelante. «No puedo decir nada porque no he recibido nada», declaró. «Dudo de que haya ningún informe real que diga que esto es así, porque todo lo que se ha dicho hasta ahora es mentira», añadió. También dijo que la demolición de la construcción «es una bestialidad que no tiene nombre».

«Eso de que la casa esté tan mal es algo que sólo han dicho tres inquilinos», afirmó. En todo caso, evitó anticipar su actuación, a la espera de «hablar con quien haya que hablar primero».

Por otra parte, la concejala de Urbanismo recordó que, al margen de la orden de derribo y sus consiguientes multas coercitivas, el Ayuntamiento ha de tramitar todavía el expediente sancionador propiamente dicho para dictaminar qué multa le corresponde a Sales por haber desarrollado esta actividad ilegal y haber construido estas obras sin licencia. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha iniciado aún esta parte del procedimiento, que tendrá lugar después de la demolición.

Un escándalo que saltó a la actualidad nacional

El caso del chalé patera de Sant Antoni era conocido en los despachos del Ayuntamiento de Sant Antoni desde hacía tiempo por los expedientes que tenía abiertos (y que nunca se cerraron), pero no fue conocido por el gran público hasta que lo dio a conocer un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia. Un centenar de personas estaban alojadas en ese momento en la casa, a menudo en condiciones indignas y sin reunir los mínimos requisitos. Hace sólo un mes, una exinquilina afirmaba a este diario que en su habitación «no podía extender en horizontal los dos brazos, porque chocaban contra las paredes, de tan pequeña que era la habitación». El propio dueño admitió ayer mismo que todavía tiene gente alquilada, «pero a mitad de precio». En anteriores declaraciones, aseguró que su negocio prestaba «un gran servicio» a la sociedad. También afirmó entonces que no tenía intención de derribar nada y que todo era legal, salvo una pequeña dependencia.