(Diario de Ibiza, 9/11/2017)

La casa sigue funcionando como alojamiento mientras el Ayuntamiento tramita la orden de demolición

Joan Lluís Ferrer. Impasible ante los reiterados requerimientos del Ayuntamiento, el dueño del 'chalé patera' de Sant Antoni, que este verano salió a la palestra por albergar a más de cien huéspedes sin permiso, continúa alojando a inquilinos en sus habitaciones y, además, está realizando obras que no contarían con las licencias necesarias.

Una persona que ha permanecido alojada en esta vivienda hasta hace pocos días confirmó ayer a este diario que dicha explotación continúa funcionando en la actualidad y lo ha seguido haciendo todo el verano, pese al revuelo organizado tras revelarse su existencia en un programa nacional de televisión. Una veintena de personas continuarían viviendo en su interior, en pleno mes de noviembre.

Además, el responsable del inmueble está realizando obras de reforma interior, derribando tabiques y haciendo cambios de diversa índole, como acreditan las imágenes tomadas estos días dentro de la casa.

Un particular ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Sant Antoni comunicando estos hechos. Ayer mismo, una pareja de la Policía Local y la inspectora de Urbanismo acudieron a la vivienda, ubicada en la Avenida General Gotarredona, 2, para realizar una comprobación de los hechos. Sin embargo, el propietario de la casa se negó a franquearles la entrada, según confirmó la concejala de Urbanismo y Actividades, Cristina Ribas.

Estos hechos serán incluidos en el expediente que ya tiene abierto esta persona con anterioridad y que, según afirmó la concejala, desembocarán en una orden de derribo que será dictada aproximadamente dentro de un mes por parte de la junta de gobierno municipal.

La demolición afectará a toda o casi toda la contrucción, según añadió Ribas, quien explicó que el infractor tendrá entonces un plazo de dos meses para presentar el correspondiente proyecto de demolición. En caso de no hacerlo, será objeto de sanciones coercitivas a razón de una cada mes y por un máximo de doce meses. Finalizado ese plazo, el Ayuntamiento quedará facultado para realizar él mismo el derribo, cargando el coste al propietario.

Las multas mensuales podrían arrancar con una de 100.000 euros, que es el 10% el valor que se ha estimado para la contrucción: un millón de euros.

Posteriormente al derribo, se abrirá un expediente sancionador para determinar la cuantía de la multa que corresponde por haber funcionado como alojamiento sin permiso y haber construido sin autorización.

Burlando las leyes desde el año 2002

El caso de esta vivienda patera es fiel reflejo de la proverbial tolerancia del Ayuntamiento de Sant Antoni hacia las obras ilegales. Ya con José Sala como alcalde, en 2002, se ordenó su precinto, pero nunca llegó a ejecutarse. En 2004 volvió a suceder lo mismo. El tercer expediente sancionador se ha abierto este año pero, de momento, no ha conseguido interrumpir la actividad ilegal, que continúa generando beneficios al infractor.