(Menorca, 19/09/2017)

Desestima su recurso de apelación y confirma la pena de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación para ocupar un cargo público

R.D. La exconcejal del Ayuntamiento de Ciutadella, Antònia Salord, ha sido condenada a un año y medio de prisión, además de cuatro de inhabilitación para ocupar un cargo público y una sanción de 3.600 euros por el caso de la desaparición de un expediente de disciplina urbanística cuando estaba al frente del área municipal de Urbanismo.

Así lo ha ratificado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears, quien ha desestimado el recurso presentado por la exedil contra la sentencia condenatoria tras el juicio al que se enfrentó a principios de este año. A pesar de ello, aun puede recurrir ante el Supremo.

La Sala de lo Civil y Penal desestima los motivos de la apelación y manifiesta que «en absoluto se ha quebrantado el derecho a la presunción de inocencia; la prueba de indicios ha sido válidamente obtenida; las inferencias son ajustadas a la lógica; y no es posible sustituir las valoraciones debidamente razonadas por el Jurado en su veredicto».

Salord fue condenada en febrero por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos. Según la sentencia, quedó probado que en febrero de 2009, solicitó 12 expedientes originales sancionadores de disciplina urbanística, de los que unos días después devolvió 11 e «intencionadamente no devolvió» el que correspondía a un policía local con el que tenía amistad.

El 9 de marzo de 2009, Salord se reunió con el policía para hablar del expediente sancionador, fecha en la que dicho documento estaba en el despacho de la ahora condenada. El 17 de marzo de 2009, cuando pasó a ocupar ese mismo despacho Maite Salord, el expediente no estaba allí, según declaró ésta en el juicio.

La jueza recuerda en la sentencia que, según el veredicto del jurado, la exconcejal, que gestionó el área de policía entre 2003 y 2009, no respondió a un requerimiento de información sobre el paradero del expediente por parte del ayuntamiento en junio de 2010.

A consecuencia de no devolver ese expediente, la tramitación de la sanción se retrasó al menos durante varios meses.

El caso fue denunciado por el concejal de UPCM, Joan Triay.