(Menorca, 23/08/2017)

Tras un preaviso de 2 meses, el ente protector de la legalidad urbanística aplicará sanciones coercitivas

Javier Gilabert. Después de dar dos meses de plazo a los propietarios sobre los que pesa una orden firme de demolición por haber llevado a cabo obras ilegales en suelo rústico, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico va a empezar a remitir a los infractores las notificaciones en que se les indica la imposición de multas «coercitivas», con cantidades que pueden llegar a alcanzar el 120 por ciento del coste de las obras, si no restituyen la situación original de los terrenos, una medida de carácter disuasorio.

El director insular de Ordenación del Territorio del Consell, Eduard Soriano, explicó este martes que existen unos 20 casos con expediente en tramitación que se encuentran en esta situación. Se arriesgan a una sanción progresiva, que arrancará con el diez por ciento del valor de la obra (con un mínimo de 600 euros) que se irá repitiendo durante doce meses, hasta que no ejecuten la demolición. A esa cantidad habrá que sumarle la multa por la infracción. Y si no derriban la construcción, el Consell lo hará y pasará la factura al propietario.