(Diario de Ibiza, 18/05/2017)

Sant Josep recurre la sentencia que le condena a pagar casi 400.000 euros por la anulación de la licencia | Marí Ribas admite que el Consistorio habrá de pagar algo por culpa del exalcalde del PP

Eugenio Rodríguez. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, lamenta «mucho» la indemnización de casi 400.000 euros que, en principio, por «desgracia» el Ayuntamiento de Sant Josep tiene que afrontar por la licencia que en 2006 el gobierno del PP encabezado por José Serra Escandell concedió a la propiedad de la carpintería Alba para legalizar su actividad, clandestina desde principios de los años 90.

Dicha licencia fue anulada por los tribunales en 2011 tras la denuncia presentada por los vecinos, que, desde hacía años, se quejaban infructuosamente ante el Consistorio de las molestias que provocaba esta carpintería, así como de su situación de ilegalidad.

El exalcalde Serra Escandell ha sido condenado a seis años de inhabilitación para el ejercicio de profesión o cargo público por la comisión de un delito continuado de prevaricación al «tolerar de una forma caprichosa e irrazonable por motivos desconocidos la actividad de la carpintería (taller y venta de muebles)», según la sentencia.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado la indemnización de 393.836 que el Consistorio tiene que abonar a la propiedad de la carpintería Alba por la anulación de la licencia por el lucro cesante y la maquinaria del negocio, entre otras cuestiones. El Consistorio y la propiedad han recurrido la sentencia ante el Supremo, según el alcalde. Marí Ribas asume que el Consistorio tendrá que pagar «algo» al tener «una parte de responsabilidad» al conceder la licencia de actividad en un terreno rústico para un uso no permitido en el planeamiento urbanístico, pero confía en que, con el recurso presentado, se reduzca la factura.

Lucro cesante durante cinco años

En este sentido, la defensa del Consistorio considera que se tienen que asumir los gastos que haya causado el cierre de las instalaciones y que «se puedan justificar», pero «en ningún caso» por el del lucro cesante en los cinco años posteriores a la clausura del negocio, en enero de 2012. El TSJB ha cifrado en 165.189 euros este concepto, a cuyo pago se opone el Consistorio. «Lamentándolo mucho el Ayuntamiento deberá pagar los gastos que ha causado Serra Escandell. Más o menos [cuantía económica], pero por desgracia se tendrá que hacer. Me gustaría que no fuera así, pero hay que reconocerlo», recalca.

El alcalde destaca que inicialmente la propiedad de la carpintería exigía el pago de 5,4 millones de euros, petición que luego se redujo a 2,3 y finalmente a 1,9 millones.

Marí Ribas critica que «una vez más» hay que afrontar «las consecuencias de un gobierno del PP que tenía más interés en satisfacer a particulares que en hacer cumplir la ley». Para empezar, destaca, «no se tendría que haber concedido la licencia urbanística» pero, además, «la de actividad debería haberse tramitado conjuntamente». El alcalde recuerda además que la concesión del permiso urbanístico ya fue «polémica».

Serra Escandell admitió en un pleno, cuando era alcalde, que su cuñado había vendido a la propiedad de la carpintería un terreno adyacente cuya superficie, sumada a la del negocio, amparaba la edificación existente. Esto fue lo que permitió que la comisión de gobierno legalizara la construcción. No obstante, el uso que se desarrollaba no estaba permitido en el planeamiento urbanístico y, pese a ello, el Ayuntamiento del PP dio luego la licencia de actividad, posteriormente anulada por el TSJB.

Marí Ribas arremete contra «las prácticas» del gobierno de Serra Escandell, que, resaltó, estaba «anclado en el siglo XIX» ya que «pensaba que se podían hacer favores a la gente y que al final todo acabaría arreglándose».