(Última Hora, 5/05/2017)

M. Nadal. Los agentes de la Guardia Civil del Seprona que el pasado miércoles se personaron en el Ajuntament de Pollença se llevaron información sobre 1.400 expedientes de infracciones urbanísticas desde el año 2004 hasta la actualidad. Esta acción vino dada después de que el fiscal anticorrupción, Joan Carrau, iniciara hace meses una investigación a raíz de una denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes que podrían haber provocado un fraude sistemático que podría alcanzar los 169 millones de euros.

Tras la actuación policial, el regidor de Urbanismo de Pollença, Bartomeu Cifre, explicó este jueves que el Ajuntament trabaja ahora en reforzar el área de Urbanismo y dotarla de los medios adecuados. «Queremos un servicio bien dotado y estable», según Cifre. 

Para conseguirlo, el edil asegura que hay que «analizar la situación del área». Justamente debido a la falta de este análisis en profundidad, el equipo de gobierno se abstuvo a la propuesta de Alternativa de adherirse a la Agència de Defensa del Territorio. Este hecho provocó las fuertes críticas de la oposición que denunció en un comunicado que «esperamos que la Fiscalía escuche el pleno ya que tanto los otros grupos de la oposición como el equipo de gobierno demostraron que conocen perfectamente el incumplimiento de la ley de disciplina urbanística en Pollença». Alternativa añade que «desde hace meses, no se ha abierto ningún expediente de infracción urbanística y solo se han recaudado 3.000 euros de los 680.000 euros previstos». Cifre señaló que «actualmente, las infracciones urbanísticas son más leves que hace años» y añadió que «la propuesta de Alternativa no contemplaba ningún informe sobre la situación real del urbanismo en Pollença».