(Menorca, 21/02/2017)

Eludirá la prisión debido a que es una pena menor de dos años y que sus antecedentes penales no son computables a efectos de reincidencia. La sentencia del caso expediente desaparecido le impone cuatro años de inhabilitación, una multa de 3.650 euros y el pago de las costas procesales

J.G.V. EFE. La exconcejal de Ciutadella, Antònia Salord (PP-UMe) ha sido condenada a un año y medio de cárcel por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, según la sentencia del caso del expediente desaparecido hecha pública este lunes.

El Tribunal Popular ya dictaminó el pasado 1 de febrero la culpabilidad de Salord al constatar su intención de beneficiar a un funcionario afin. Estaba pendiente de que la juez de la Audiencia Provincial redactara la sentencia, aunque debido al delito consumado se enfrentaba a una condena de entre 1 a 4 años de cárcel. El fiscal solicitaba una pena de dos años, mientras que UPCM, como acusación particular, la elevaba a tres años. Al final serán 1,5 años. Salord eludirá la cárcel, debido a que a una pena menor de dos años y que sus antecedentes penales no son computables a efectos de reincidencia.

Asimismo la sentencia le impone cuatro años de inhabilitación especial para ocupar cargo público, una multa de 3.650 euros y el pago de las costas procesales, incluido los de la acusación particular (UPCM), personada en la causa.

La argumentación

La jueza, a partir del veredicto del jurado, declara probado que la exconcejal, en febrero de 2009, solicitó 12 expedientes originales sancionadores de disciplina urbanística, de los que unos días después devolvió 11 e «intencionadamente no devolvió» el que correspondía a un policía local con el que tenía amistad.

El 9 de marzo de 2009, Salord se reunió con el policía para hablar del expediente sancionador, fecha en la que dicho documento estaba en el despacho de la ahora condenada. El 17 de marzo de 2009, cuando pasó a ocupar ese mismo despacho Maite Salord, el expediente no estaba allí, según declaró ésta en el juicio.

La jueza recuerda en la sentencia que, según el veredicto del jurado, la exconcejal, que gestionó el área de policía entre 2003 y 2009, no respondió a un requerimiento de información sobre el paradero del expediente por parte del ayuntamiento en junio de 2010.
A consecuencia de no devolver ese expediente, la tramitación de la sanción se retrasó al menos durante varios meses.
La jueza descarta que la exconcejal dejara el expediente en su despacho cuando cesó del cargo, tanto por su voluntad de hacerlo desaparecer como porque su sucesora nunca lo vio. Añade que el expediente acabó con una sanción para el policía, «lo que explica el interés en ocultarlo».

También descarta la versión de la acusada de que pidió los expedientes para hacer una estadística, cuando no se hizo, tampoco era su competencia ni tenía conocimientos para ello.

Destaca además que no respondió a la reclamación del ayuntamiento: «La conducta posterior revela asimismo mala fe pues lejos de preocuparse no responde a la petición formal que se le realiza».

Para fijar la pena, la jueza ha tenido en cuenta que los expedientes le fueron entregados a Salord en atención a su cargo y que no hizo nada para reparar el delito cometido.

También ha destacado que Salord «ocupó los más altos cargos del Ayuntamiento, lo que le obligaba justamente a representar a su pueblo con la máxima dignidad», y también que además «benefició a una persona llamada por la ley a hacerla cumplir» como es un agente de policía.

Además ha tenido en cuenta en beneficio de la exteniente de alcalde el largo lapso de tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos en 2009 y la condena en 2017.

La jueza no fija indemnización al estimar que el perjudicado por el delito es «la sociedad en general, el buen funcionamiento de la Administración y la confianza de lso ciudadanos en la honestidad de los funcionarios y el correcto actuar de los cargos públicos», sin daño evaluable económicamente para el Ayuntamiento.